Puntos Clave
• En junio 2025, 4,700 tropas federales desplegadas en Los Ángeles para apoyar redadas masivas.
• Se reactivó la Ley de Registro de Extranjeros de 1940 para inmigrantes indocumentados.
• Suspensión de TPS, DACA y ampliación de prohibiciones de viaje afectan a miles de personas.
En junio de 2025, el presidente Donald Trump ha intensificado su campaña contra los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos 🇺🇸, declarando una guerra abierta contra lo que él llama “millones y millones” de inmigrantes indocumentados que viven en grandes ciudades dirigidas por demócratas, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Esta ofensiva incluye una expansión masiva de las operaciones de detención y deportación, la movilización de fuerzas federales y la reactivación de leyes antiguas para forzar el registro obligatorio de los inmigrantes sin papeles. Estas medidas han generado un clima de tensión, miedo y enfrentamientos legales que afectan a millones de personas y a las comunidades donde residen.
Expansión de Operaciones de Deportación en Grandes Ciudades
El 2025 ha visto un aumento sin precedentes en las acciones federales para detener y deportar a inmigrantes ilegales en ciudades como Los Ángeles. Trump ordenó el despliegue de 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles para apoyar las redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), a pesar de la oposición de autoridades locales y estatales de California. Esta intervención federal ha provocado protestas y episodios de violencia, además de una demanda presentada por el estado para recuperar el control de su Guardia Nacional, actualmente en litigio en tribunales federales.
Trump justificó estas acciones afirmando que es necesario “expandir los esfuerzos para detener y deportar a los inmigrantes ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones y millones de inmigrantes ilegales”[7]. Esta retórica ha sido central en su campaña y política, presentando la inmigración ilegal como una amenaza para la seguridad nacional y la economía.
Reactivación de la Ley de Registro de Extranjeros de 1940
Una de las medidas más controvertidas ha sido la reactivación de la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, que obliga a los inmigrantes indocumentados a registrarse ante el gobierno federal. Esta ley, poco usada en décadas recientes, ha sido retomada para crear un dilema legal: los inmigrantes deben registrarse y exponerse a posibles arrestos o enfrentar cargos criminales por no hacerlo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha descrito esta estrategia como un método para fomentar la “auto-deportación masiva”[1][10].
Hasta junio de 2025, se estima que hay 3.2 millones de inmigrantes indocumentados sin registrar en el país, y solo 47,000 han completado el formulario de registro que requiere información detallada sobre su identidad, fecha y lugar de entrada, y residencia actual[10]. Este formulario oficial, disponible en el sitio web del DHS, consta de siete páginas y es obligatorio para todos los inmigrantes sin estatus legal.
Implicaciones Legales y Sociales del Registro Obligatorio
La exigencia de registro ha generado múltiples demandas legales que cuestionan su constitucionalidad y la claridad del proceso. Un juez federal ha desestimado varios casos criminales contra inmigrantes por no registrarse, argumentando que muchos no estaban informados adecuadamente y que las instrucciones eran confusas. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha apelado estas decisiones y se espera que continúen las persecuciones judiciales[10].
Este ambiente legal ha creado un clima de miedo y desconfianza en las comunidades inmigrantes, especialmente en ciudades como Los Ángeles, donde muchos evitan acudir a hospitales, escuelas o denunciar delitos por temor a ser arrestados. Organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos de apoyo a inmigrantes, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), han denunciado estas políticas como inhumanas y contrarias a los valores estadounidenses[10].
Suspensión de Programas Humanitarios y Ampliación de Prohibiciones de Viaje
Además de las deportaciones y el registro, la administración Trump ha suspendido o busca terminar con programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y visas para víctimas de delitos, dejando a cientos de miles sin protección legal[9]. Estas medidas afectan directamente a personas que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante años, aumentando su vulnerabilidad a la deportación.
En paralelo, el 4 de junio de 2025, Trump firmó una proclamación que amplía las prohibiciones de viaje a nacionales de 19 países, con restricciones totales para 12 de ellos y limitaciones parciales para otros siete. Aunque hay excepciones para ciertos tipos de visas y casos humanitarios, esta política dificulta la entrada legal de personas provenientes de esas naciones[2][8].
Conflicto entre el Gobierno Federal y Autoridades Locales
El despliegue de fuerzas federales en Los Ángeles y otras ciudades ha generado un choque directo con gobiernos estatales y locales, que argumentan que estas acciones violan la autonomía local y dañan la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades. California ha presentado demandas para recuperar el control de su Guardia Nacional y limitar la intervención federal, mientras que alcaldes y gobernadores demócratas critican la militarización y la criminalización de los inmigrantes[7].
Este conflicto refleja una división política profunda sobre la inmigración, con la administración Trump impulsando medidas estrictas y los gobiernos locales defendiendo políticas más inclusivas y protectoras.
Procedimiento para el Registro y Deportación
El proceso que enfrentan los inmigrantes indocumentados bajo estas nuevas políticas es el siguiente:
- Registro obligatorio: Los inmigrantes deben completar un formulario oficial de siete páginas, proporcionando datos personales, fecha y lugar de entrada, y residencia actual. El formulario está disponible en la página oficial del DHS Formulario de Registro de Extranjeros.
- Revisión y selección: El DHS revisa la información para identificar posibles casos para detención o deportación.
- Operaciones de detención: ICE realiza redadas en hogares, lugares de trabajo y ahora en “lugares sensibles” como escuelas, hospitales y sitios religiosos, donde antes había restricciones.
- Detención y deportación: Los detenidos pueden ser sometidos a procesos acelerados de deportación, con menos acceso a audiencias judiciales.
- Procesos legales: Los inmigrantes pueden enfrentar cargos criminales por no registrarse o ser procesados en tribunales de inmigración, con una capacidad mayor de detención y menos opciones para defensa legal[9][10].
Impacto en la Comunidad de Los Ángeles
Los Ángeles, con una población inmigrante muy grande y diversa, es uno de los principales focos de esta ofensiva. La presencia de miles de soldados y marines ha alterado la vida cotidiana y generado miedo en barrios con alta concentración de inmigrantes. Las escuelas y hospitales reportan una caída en la asistencia de personas que temen ser arrestadas, lo que afecta la salud pública y la educación.
Además, la incertidumbre legal y la amenaza constante de deportación han provocado estrés y ansiedad en familias, separaciones y dificultades económicas. Los empleadores locales también enfrentan retos para contratar y mantener trabajadores, lo que puede afectar la economía regional.
Perspectivas y Reacciones de Expertos y Grupos de Defensa
- Académicos legales advierten que la ley de registro crea un “atrapa-22” para los inmigrantes, obligándolos a elegir entre exponerse o infringir la ley, lo que genera problemas de debido proceso y derechos humanos[1][10].
- Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch señalan que estas políticas violan obligaciones internacionales, incluyendo el derecho a solicitar asilo y la protección contra la devolución forzada (refoulement)[5].
- Abogados de inmigración alertan que la ampliación de redadas en lugares sensibles disuade a los inmigrantes de buscar atención médica, educación o denunciar crímenes, lo que puede perjudicar la seguridad pública[9].
- Analistas económicos advierten que la deportación masiva puede desestabilizar mercados laborales y economías locales, especialmente en ciudades con alta dependencia de trabajadores inmigrantes[6].
Contexto Histórico y Político
La actual ofensiva de Trump representa un regreso a las políticas restrictivas de su primera administración (2017-2021), que incluyeron prohibiciones de viaje, separación familiar y reducción de admisiones de refugiados. Durante la administración Biden (2021-2025), muchas de estas medidas fueron revertidas, ampliando las protecciones para inmigrantes indocumentados y priorizando la ayuda humanitaria.
Sin embargo, la segunda administración Trump ha revertido rápidamente estas reformas, cerrando la frontera sur a solicitantes de asilo, imponiendo órdenes ejecutivas para la deportación masiva y reactivando leyes antiguas para controlar la inmigración ilegal[4][5][6].
Futuro y Expectativas
Se esperan más desafíos legales que podrían modificar o detener algunas de estas políticas, pero si las cortes fallan a favor del gobierno federal, la expansión de redadas y deportaciones continuará. La división política en el Congreso dificulta una reforma migratoria integral, por lo que las medidas ejecutivas seguirán siendo el principal instrumento.
Además, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos advierten que estas políticas podrían influir en otros países para adoptar medidas similares, afectando la protección de migrantes a nivel global[5].
Recomendaciones para Inmigrantes Afectados
- Mantenerse informados a través de fuentes oficiales como el Departamento de Seguridad Nacional (www.dhs.gov) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (www.uscis.gov).
- Buscar asesoría legal especializada para entender derechos y opciones disponibles.
- Evitar proporcionar información a fuentes no oficiales o desconocidas.
- Participar en redes comunitarias y organizaciones de apoyo como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (chirla.org).
La ofensiva de Trump contra los inmigrantes ilegales en ciudades como Los Ángeles marca un cambio radical en la política migratoria estadounidense, con consecuencias profundas para millones de personas y sus comunidades. La combinación de medidas legales, despliegue militar y suspensión de programas humanitarios crea un escenario complejo y tenso que seguirá evolucionando en los próximos meses. Según análisis de VisaVerge.com, esta estrategia busca presionar a los inmigrantes para que abandonen el país voluntariamente, pero también genera un aumento en la incertidumbre y el conflicto social.
Para quienes viven esta realidad, la clave está en informarse bien, buscar apoyo legal y mantenerse atentos a los cambios en las políticas y las decisiones judiciales que puedan afectar su futuro en Estados Unidos 🇺🇸.
Aprende Hoy
Inmigrantes Indocumentados → Personas que residen en EE. UU. sin autorización legal o estatus migratorio válido.
Ley de Registro de Extranjeros → Ley de 1940 que obliga a los no ciudadanos a registrarse ante el gobierno federal.
ICE → Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., encargado de la deportación y redadas.
Estatus de Protección Temporal (TPS) → Programa humanitario que permite estadía temporal a personas de países en crisis.
Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) → Protección contra deportación para inmigrantes indocumentados traídos de niños.
Este Artículo en Resumen
En 2025, Trump intensificó la ofensiva contra inmigrantes ilegales, desplegando tropas y reactivando la ley de registro. En Los Ángeles, miles enfrentan miedo, detenciones y crisis legal, mientras programas humanitarios quedan suspendidos, generando impacto social y económico en las comunidades afectadas.
— Por VisaVerge.com
