Puntos Clave
• La Asamblea de Wisconsin aprobó en marzo de 2025 obligar a los 72 alguaciles a cooperar con ICE.
• El gobernador Evers, demócrata, prometió vetar la ley de cooperación obligatoria con ICE si se aprueba.
• La administración Trump exige 1,200 arrestos diarios por ICE, con 140,000 deportaciones reportadas desde abril de 2025.
Las propuestas de los Republicanos de Wisconsin para aumentar la cooperación con ICE han puesto el debate migratorio estatal en el centro de la conversación nacional. La discusión, que cobró fuerza en marzo de 2025, sucede en medio de la intensificación de los esfuerzos de deportación promovidos por la administración Trump. Esta serie de acontecimientos no solo afecta a los inmigrantes y sus familias, sino también a autoridades locales, trabajadores estatales y representantes políticos. Así se ha estructurado la batalla política y legal sobre cómo debe ser la relación entre los departamentos del orden público locales y las autoridades federales de inmigración.
¿Qué han propuesto los Republicanos de Wisconsin?
En marzo de 2025, la Asamblea Legislativa de Wisconsin, bajo el liderazgo de los Republicanos de Wisconsin, aprobó un proyecto de ley para obligar a los 72 alguaciles del estado a trabajar directamente con ICE. Según los promotores, esto garantizaría que ningún condado o ciudad deje de colaborar con las autoridades federales de inmigración, homogenizando la respuesta estatal. El presidente de la Asamblea, Robin Vos, resumió el espíritu de la medida afirmando: “muchos alguaciles ya colaboran con ICE, por eso garantizar que todos los condados sigan la ley debería ser simple”.
Actualmente, la ley de Wisconsin permite que la policía local decida, según cada caso, si investiga el estatus migratorio de una persona detenida. No existe la obligación de cumplir con las llamadas “peticiones de detención” (detainers) que ICE puede emitir cuando pide mantener a una persona en la cárcel hasta que lleguen agentes federales. De hecho, solo nueve condados ya tienen algún tipo de cooperación formal con ICE, según la ACLU de Wisconsin. No obstante, como reportó VisaVerge.com, en abril de 2025, cuatro alguaciles más firmaron acuerdos oficiales con ICE, evidencia clara de la presión que la propuesta legislativa está ejerciendo en el estado.
Las organizaciones policiales como la Badger State Sheriffs’ Association y la Wisconsin Sheriffs and Deputy Sheriffs Association apoyan la intención de mejorar la comunicación con ICE porque, según ellos, puede “beneficiar la seguridad pública”. Sin embargo, en sus declaraciones también han insistido en que la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley de inmigración es fundalmentalmente “un asunto federal”, por lo que implicar más a las fuerzas locales puede causar problemas de presupuesto y personal. Este doble discurso refleja las tensiones internas entre las prioridades locales y las expectativas federales.
Reacciones del gobernador y la oposición demócrata
La iniciativa de los Republicanos de Wisconsin ha encendido también la lucha partidista. El gobernador demócrata, Tony Evers, ha anticipado que probablemente vetará el proyecto de ley. Para él y para sus aliados políticos, la propuesta representa el riesgo de exponer tanto a trabajadores estatales como a comunidades inmigrantes a políticas federales que consideran poco justas.
El alcance de la tensión se hizo evidente cuando Evers envió instrucción oficial a los empleados públicos del estado acerca de cómo proceder si agentes federales de inmigración (ICE) se presentan en sus lugares de trabajo. Rápidamente, figuras republicanas lo acusaron de obstaculizar el cumplimiento de la ley. El representante federal Tom Tiffany criticó a Evers, diciendo que el gobernador estaba “ordenando a los empleados del estado que bloqueen a ICE para que no hagan su trabajo”. Por su parte, el presidente del Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming, calificó la medida de Evers como una orden para “impedir la justicia”.
La escalada llegó a un punto más tenso cuando Tom Homan, quien fuera el principal asesor de la frontera de Trump, declaró públicamente que, si un funcionario como el gobernador Evers era hallado culpable de obstruir la labor de ICE, podría enfrentar una acusación grave. Según Homan: “Si se cruza la línea de impedir deliberadamente o de esconder a un extranjero de manera consciente, es un delito grave y lo trataremos como tal”.
El contexto nacional y la postura de la administración Trump
El debate estatal refleja el clima nacional que se vive con la nueva ofensiva en materia migratoria de la administración Trump durante su segundo mandato. Desde enero de 2025, el gobierno federal ha tomado decisiones claras para lograr que ICE intensifique el arresto y la deportación de personas indocumentadas. El 23 de enero de 2025, ICE inició redadas en ciudades “santuario” (aquellas que limitan el apoyo local para identificar a inmigrantes indocumentados).
La administración asegura que, desde abril de 2025, se han deportado a alrededor de 140,000 personas. Sin embargo, estimaciones externas sugieren que el número real es aproximadamente la mitad. Además, el gobierno de Trump ha ordenado que cada día, a nivel nacional, los agentes federales arresten al menos a 1,200 inmigrantes indocumentados. Este objetivo es más del doble del promedio diario registrado en 2014, que era de 500 detenciones. Solo entre enero y principios de febrero de 2025, ICE reportó haber arrestado a 11,000 personas, es decir, un promedio de 600 arrestos diarios.
Frente a este panorama, el debate en Wisconsin se convierte en un reflejo de la lucha nacional entre las órdenes federales de la administración Trump y la autonomía de los estados y municipios para decidir el grado de involucramiento de sus autoridades en asuntos migratorios.
Respuestas desde el lado demócrata en Wisconsin
En reacción a los movimientos de los Republicanos de Wisconsin y las recientes acciones federales, los demócratas del estado han presentado una propuesta alternativa. Esta legislación busca impedir que los funcionarios estatales y locales colaboren con ICE, salvo que haya una orden judicial (warrant). Es decir, solo un juez podría autorizar que las autoridades de Wisconsin respondan a los pedidos de ICE, reforzando así la protección de los residentes frente a posibles extralimitaciones federales.
A pesar de la iniciativa, es poco probable que la propuesta demócrata avance en un Parlamento estatal controlado en mayoría por los Republicanos de Wisconsin. Esto consolida la tensión y hace prever que la batalla legal continuará en los tribunales y en las urnas.
Qué significa esto para los inmigrantes y las familias
Las decisiones tomadas en este debate tienen un impacto claro y directo sobre la vida de miles de inmigrantes en Wisconsin. Quienes se oponen a aumentar la cooperación local con ICE argumentan que esto podría disminuir la confianza entre las comunidades inmigrantes y la policía local. Dicen que las personas podrían temer denunciar accidentes, robos o situaciones de violencia doméstica por miedo a ser identificadas y entregadas a ICE.
Por el contrario, los partidarios piensan que trabajar de cerca con ICE mejora la seguridad, favoreciendo la deportación de personas que han cometido delitos. No obstante, incluso algunas asociaciones policiales recuerdan que el manejo del tema migratorio es complicado y requiere recursos que los departamentos locales muchas veces no tienen.
El rol de los trabajadores estatales y la protección legal
Una de las aristas más polémicas de este debate es el papel de los empleados estatales y locales cuando ICE acude a sus lugares de trabajo. La guía emitida por el gobernador Evers, criticada duramente por los Republicanos de Wisconsin, aconseja que los trabajadores públicos pidan ver órdenes oficiales antes de permitir la entrada de agentes federales a zonas de acceso restringido o privadas.
Este tipo de indicaciones busca proteger a los empleados de posibles responsabilidades legales y aclarar sus derechos y deberes. Sin embargo, como señalan los críticos, esto puede parecer un intento de esconder o proteger a personas con estatus migratorio irregular. Así, la confrontación entre requisitos federales y reglas estatales coloca a los trabajadores en una situación difícil, en medio de amenazas públicas de posibles procesamientos penales por “obstruir” la labor de ICE.
Implicaciones legales y futuras batallas
El choque de interpretaciones sobre hasta dónde debe llegar la cooperación local reaviva el viejo debate sobre los límites entre jurisdicción estatal y federal. Aunque la ley de Estados Unidos establece que la inmigración es competencia principal del gobierno federal, existen muchas zonas grises sobre cómo y cuándo las autoridades locales deben colaborar.
Mientras tanto, los inmigrantes y sus familias deben informarse sobre sus derechos y las normas en su condado, ya que la política puede variar entre distintas jurisdicciones. Para orientación directa y actualizaciones legales, es aconsejable consultar fuentes oficiales, como la página de ICE sobre cooperación con agencias locales.
La batalla también se librará en los tribunales si el gobernador Evers vetara la propuesta y los Republicanos de Wisconsin buscaran anular el veto o desafiar la negativa en instancias judiciales. Como ya ocurrió en otros estados, podrían presentarse demandas que retrasen o modifiquen la aplicación de la ley estatal.
Perspectiva nacional: debates, datos y controversias
Lo que sucede en Wisconsin forma parte de una tendencia nacional donde varios estados, bajo presión de la administración Trump, estudian leyes para forzar o impedir la cooperación con ICE. Según análisis recientes, la administración ha puesto como meta un ritmo de detenciones diarias sin precedentes, muy por encima de cifras de gestiones anteriores.
Pero, como resaltan grupos a favor de los derechos civiles y de los inmigrantes, los números oficiales de deportaciones pueden estar inflados, y no todos los arrestos corresponden a personas que hayan cometido delitos graves. En muchos casos, se trata de trabajadores, padres y madres de familia con muchos años de residencia.
Además, estos cambios en las políticas de detención y deportación suelen ir acompañados de un clima de miedo y desinformación en las comunidades inmigrantes. Las discusiones públicas y políticas se tornan más intensas, haciendo que cada estado sea un laboratorio de pruebas sobre cuánto poder conceder a ICE y cómo proteger los derechos de todos los residentes.
¿Qué viene después?
El desenlace inmediato dependerá de dos hechos clave: si el gobernador Evers finalmente veta el proyecto y si los Republicanos de Wisconsin cuentan con los votos necesarios para anular el veto o decidir una nueva acción legal. A largo plazo, el rumbo de la cooperación local con ICE en Wisconsin influirá en debates en otros estados, marcando un precedente sobre cómo equilibrar la seguridad, la autonomía y los derechos humanos.
Mientras tanto, los inmigrantes y sus familias deben seguir atentos, buscar ayuda legal si es necesario y mantenerse informados usando vías oficiales y fuentes confiables como VisaVerge.com.
La lucha en Wisconsin muestra que los temas migratorios no son solo cifras o códigos legales, sino decisiones que afectan vidas, presupuestos y el clima social de pequeñas y grandes comunidades en todo el país. La colaboración o la resistencia ante ICE seguirá siendo, sin duda, uno de los grandes retos de la política migratoria en Estados Unidos 🇺🇸 bajo la administración Trump.
Aprende Hoy
Petición de detención (Detainer) → Requerimiento de ICE a cárceles locales para retener a una persona más allá de su fecha de liberación programada.
Ciudad santuario → Ciudad donde las autoridades limitan la cooperación con ICE para proteger a inmigrantes indocumentados.
Acuerdo 287(g) → Convenio que permite a policías estatales o locales ejercer funciones de control migratorio en colaboración con ICE.
Veto → Rechazo oficial de una ley por parte del gobernador, impidiendo su entrada en vigor.
ICE (Immigration and Customs Enforcement) → Agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y ejecutar deportaciones.
Este Artículo en Resumen
Los Republicanos de Wisconsin buscan forzar la cooperación de los alguaciles estatales con ICE, siguiendo la agenda migratoria de Trump. El gobernador Evers promete veto. El debate enfrenta derechos, autonomía y seguridad en comunidades migrantes, y podría marcar el rumbo nacional de la colaboración local-federal en temas migratorios.
— Por VisaVerge.com
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