Puntos Clave
- Un memorando del DOJ de junio de 2025 prioriza los casos de denaturalización contra ciudadanos vinculados a atrocidades contra los derechos humanos.
- El fallo Maslenjak de 2017 requiere demostrar que las declaraciones falsas fueron materiales para la decisión de otorgar la ciudadanía estadounidense.
- La denaturalización civil no tiene prescripción y requiere evidencia clara e inequívoca de una tergiversación sustancial o adquisición ilícita.
(UNITED STATES) — El Departamento de Justicia ha puesto en prioridad la denaturalización de ciudadanos naturalizados implicados en crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, según un memorando interno del 11 de junio de 2025. La nota señala que estas acciones deben avanzar cuando exista evidencia clara de declaración falsa o de adquisición ilícita de la ciudadanía.
El memorando, difundido entre divisiones civiles, subraya que la denaturalización puede ocurrir por vía de procedimientos civiles o, cuando exista condena penal, bajo 18 U.S.C. § 1425. En ambos escenarios, requiere pruebas claras de que la obtención de la ciudadanía fue obtenida por tergiversaciones sustanciales o por representación ilícita, sin límite de prescripción, y la carga de la prueba recae en el gobierno más allá de toda duda razonable. El documento también menciona que la prioridad se concentra en casos de ciudadanos naturalizados que participaron en torturas, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos.
En la jurisprudencia estadounidense, Divna Maslenjak v. United States (2017) figura como una referencia clave. Este caso estableció que la retirada de la ciudadanía de Divna Maslenjak, obtenida tras ocultar que su esposo Ratko Maslenjak era comandante de la Brigada Bratunac del Ejército Serbio de Bosnia, solo podía realizarse si sus declaraciones falsas eran materiales para la naturalización. Maslenjak fue privada de la ciudadanía en 2014 tras una condena por declaraciones falsas; la sentencia de la Corte Suprema clarificó el umbral de materialidad, y la decisión fue sostenida por el Sexto Circuito en 2015. En esa línea, el memorando del DOJ ayuda a trazar un marco operativo para casos de denaturalización cuando la materialidad de la falsedad o la obtención ilícita de la ciudadanía es evidente.
La revisión histórica de la práctica también ofrece otros ejemplos. Un antiguo caso, descrito en fuentes oficiales como un “convicted Bosnian war criminal” y apodado “Sammy” en un extracto de un comunicado de prensa del DOJ, fue objeto de denaturalización ante la Corte Distrital de Oregon y luego fue respaldada por un tribunal de apelaciones. Este rastro judicial reseña que, incluso sin un nombre completo público, los tribunales han sostenido la denaturalización ante pruebas firmes de fraude o de participación en crímenes graves. Estas resoluciones han servido como precedentes operativos para las agencias que actualmente evalúan posibles casos en el ámbito de naturalizados con conexiones a crímenes de guerra.
En octubre de 2024, un caso en el que un individuo de origen bosnio, identificado como Mrndzic, fue condenado por fraude y por otras declaraciones falsas relacionadas con gestiones migratorias, desencadenó una denuncia de denaturalización por parte del Departamento de Justicia. Este fallo, que terminó en una condena penal, ha sido citado como precedente en discusiones recientes sobre el alcance de las herramientas de denaturalización cuando existen condenas por fraude vinculadas a procesos de inmigración. La confluencia entre condenas y acciones administrativas señala que la vía penal puede catalizar medidas de retirada de la ciudadanía cuando corresponde.
Aun con estos precedentes, no hay en este momento, según las fuentes disponibles, un caso confirmado en 2025 que involucre a una persona de origen bosnio con nombres, tribunales o fechas de efecto que coincidan exactamente con la consulta. Las revisiones indican que las referencias consistentes se dirigen a casos históricos como Maslenjak, además de menciones a casos anteriores de denaturalización en tribunales de Oregon y a condenas en 2024 relacionadas con fraude migratorio. En ese sentido, el memorando de junio de 2025 parece establecer una agenda de prioridades sin revelar acciones específicas en curso contra individuos vinculados a Bosnia o a crímenes de guerra en el año en curso.
Desplazando la atención hacia el procedimiento, la denaturalización exige una orden judicial derivada de procesos civiles o, cuando exista condena penal, puede sustentarse bajo 18 U.S.C. § 1425, con estándares que requieren una prueba más allá de toda duda razonable en el caso de condenas. El documento de la División Civil de DOJ resalta la posibilidad de que las autoridades ejerzan estas herramientas cuando la naturaleza de los delitos incluye torturas, crímenes de guerra o violaciones graves de derechos humanos. Esta orientación sugiere que, incluso sin un caso 2025 con nombres a la vista, la maquinaria legal está preparada para actuar cuando se confirmen violaciones materiales durante la búsqueda de naturalizados, y que la prioridad se orienta hacia individuos cuyas acciones o declaraciones hayan afectado de forma sustancial su estatus migratorio.
Para los observadores, las implicaciones de estas pautas pueden ser profundas. La posibilidad de revocar la ciudadanía en casos de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos puede alterar el cálculo de la seguridad nacional y la integridad de los procesos de naturalización. Las defensas y grupos de defensa ya han advertido sobre las complejidades de probar la materialidad y la relación entre declaraciones falsas y la obtención de la ciudadanía, pero el marco legal existente ofrece una ruta clara para que las autoridades persigan denaturalización cuando existan pruebas contundentes. En el cruce entre justicia penal, derechos humanos y migración, cada caso puede convertirse en un precedente que afecte a futuras decisiones sobre quién pertenece a la comunidad cívica estadounidense y bajo qué condiciones.
Analistas señalan que la dinámica entre casos históricos y acciones recientes subraya una tensión constante: la necesidad de proteger el proceso de naturalización frente a la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a engaños y abusos, y al mismo tiempo evitar la estigmatización de comunidades enteras por incidentes individuales. A medida que las agencias revisan expedientes y clarifican criterios, la línea entre el escrutinio legítimo y la vigilancia excesiva puede convertirse en un tema central de debate público y judicial. Mientras tanto, las autoridades reiteran que la denaturalización no es un proceder automático ante toda acusación de crímenes de guerra, sino una respuesta basada en pruebas específicas de falsedad material o de adquisición ilícita de la naturalización.
La conversación continúa, y el Departamento de Justicia mantiene su postura de que, cuando exista evidencia sustancial de violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra, la ciudadanía puede ser retirada. En un entorno donde la historia y el derecho se entrelazan, cada fallo y cada expediente acercan a la sociedad a una definición más clara de quiénes pueden pertenecer plenamente a la nación. En palabras de las autoridades, la justicia migratoria y penal no son esferas separadas, sino partes de un mismo esfuerzo por mantener la integridad de las leyes y la memoria de las víctimas.
Aprende Hoy
Denaturalización → El proceso legal para revocar la ciudadanía estadounidense de personas que la obtuvieron de manera ilícita o mediante declaraciones falsas materiales.
Materialidad → Un estándar legal que exige que una declaración falsa haya sido lo suficientemente importante como para influir en la decisión de naturalización.
18 U.S.C. § 1425 → Estatuto federal utilizado para el procesamiento penal de personas que obtienen la ciudadanía de manera ilegal o mediante fraude a sabiendas.
Este Artículo en Resumen
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha priorizado la revocación de la ciudadanía a naturalizados involucrados en crímenes de guerra. Bajo el precedente Maslenjak, el gobierno debe probar que las mentiras en el proceso migratorio fueron esenciales para la aprobación. Esta política utiliza vías civiles y penales para responsabilizar a violadores de derechos humanos que ocultaron su pasado para entrar al país.
— Por VisaVerge.com
