Puntos Clave
• El 27 de mayo de 2025, el DOJ pidió a la Corte Suprema levantar una orden que bloquea deportaciones rápidas.
• La orden exige aviso y evaluación de riesgos antes de deportar a terceros países sin vínculos del migrante.
• La administración Trump busca acelerar deportaciones para reducir retrasos en más de 3.5 millones de casos migratorios.
El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos 🇺🇸 solicitó a la Corte Suprema intervenir en una disputa legal crucial sobre las deportaciones rápidas de inmigrantes a países donde no tienen vínculos, un caso que podría cambiar la forma en que se aplican las políticas migratorias en el país. Esta petición, presentada el 27 de mayo de 2025, busca levantar una orden judicial que impide al gobierno deportar rápidamente a extranjeros a terceros países sin ofrecer ciertas protecciones procesales. La controversia refleja un choque entre el poder ejecutivo y el sistema judicial sobre cómo manejar las deportaciones, con implicaciones directas para miles de inmigrantes y la política migratoria estadounidense.
Contexto del Caso y la Orden Judicial Vigente
El conflicto legal gira en torno a una orden preliminar emitida por el juez federal Brian Murphy en Massachusetts. Esta orden prohíbe al gobierno federal deportar inmigrantes a países que no estén específicamente mencionados en sus órdenes de deportación, a menos que se cumplan ciertos requisitos para garantizar que los migrantes no enfrentarán tortura o persecución en esos países. Esta medida busca proteger los derechos humanos de los inmigrantes y asegurar que el proceso de deportación respete las garantías legales básicas.
El 27 de mayo, el DOJ presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema para que se levante esta orden, argumentando que las reglas impuestas por el juez Murphy están causando un caos en el proceso de deportación a terceros países y que interfieren con la autoridad del Ejecutivo en materia de inmigración. Según el gobierno, estas restricciones afectan también esfuerzos diplomáticos y de seguridad nacional sensibles.
Esta solicitud de intervención llegó después de que el juez Murphy rechazara el 26 de mayo la petición del gobierno para suspender temporalmente su orden. Mientras el caso sigue su curso en los tribunales inferiores, el DOJ busca que la Corte Suprema permita continuar con las deportaciones rápidas.
El Incidente de Deportación a Sudán del Sur
El caso más inmediato que desató esta disputa ocurrió el 20 de mayo de 2025, cuando la administración intentó deportar a varios inmigrantes a Sudán del Sur, un país africano donde estas personas no tenían vínculos claros. Según documentos judiciales, los migrantes provenían de países como Vietnam, Myanmar, Cuba, Laos y México. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que estas personas tenían antecedentes penales graves en Estados Unidos, incluyendo cargos por asesinato, incendio provocado, secuestro y robo a mano armada.
Un día después, el juez Murphy determinó que esta deportación violaba su orden de abril, porque el gobierno no había dado a los inmigrantes tiempo suficiente para expresar preocupaciones sobre posibles torturas en Sudán del Sur. Murphy estableció que se debe ofrecer un mínimo de diez días de aviso para que los afectados puedan presentar sus temores y argumentos.
Actualmente, los migrantes que fueron enviados hacia Sudán del Sur están detenidos en una base militar en Djibouti, en el Cuerno de África. El juez ordenó que el gobierno mantenga la custodia de estas personas y, tras un aviso de 72 horas, les permita entrevistas privadas para que puedan expresar sus temores sobre tortura o persecución.
Marco Político y Legal de la Administración Trump
Esta disputa tiene sus raíces en una política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva el 20 de enero de 2025 que instruía al DHS a tomar “todas las acciones apropiadas” para deportar a extranjeros que estuvieran en Estados Unidos a pesar de tener órdenes de deportación vigentes.
En febrero de 2025, el DHS comenzó a evaluar si personas que antes tenían protecciones contra la deportación a sus países de origen podían ser detenidas nuevamente y enviadas a terceros países. En marzo, la administración emitió una guía que permitía deportar a migrantes a terceros países si estos ofrecían “garantías diplomáticas creíbles” de que no los perseguirían ni torturarían, sin necesidad de procedimientos adicionales.
Se ha informado que la administración ha contactado a países como Libia, Ruanda y Costa Rica para aceptar migrantes que no son ciudadanos de esos países. Además, se reporta que más de 200 venezolanos han sido enviados a El Salvador, donde están detenidos en un centro de confinamiento para terrorismo.
Argumentos Legales del Gobierno y la Oposición
Posición del Departamento de Justicia
En su presentación ante la Corte Suprema, el DOJ sostiene que la orden del juez Murphy está bloqueando miles de deportaciones pendientes y que su política cumple con los requisitos de debido proceso. El gobierno argumenta que la orden judicial interfiere indebidamente con la autoridad ejecutiva para hacer cumplir las leyes migratorias.
El Procurador General Adjunto, D. John Sauer, describió el caso como una cuestión sobre la capacidad del gobierno para deportar a “los peores de los peores” inmigrantes ilegales. Además, la administración afirma que las deportaciones rápidas ayudarán a aliviar la saturación del sistema judicial migratorio, que actualmente tiene más de 3.5 millones de casos pendientes, cifra que se ha triplicado desde 2020.
El presidente Trump ha expresado públicamente su apoyo a esta postura, señalando que hay miles de personas listas para ser deportadas y que no es posible realizar un juicio para cada caso. Tras la orden del juez Murphy, Trump pidió a la Corte Suprema que ponga fin a lo que llamó la interferencia judicial en sus esfuerzos migratorios, criticando a los jueces por desconocer las situaciones particulares.
Posición de los Grupos de Derechos de los Inmigrantes
Por otro lado, grupos que defienden los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda colectiva para impedir las deportaciones rápidas a terceros países sin aviso ni oportunidad de expresar posibles daños. Su argumento se basa en las protecciones del debido proceso que establece la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que exige que el gobierno dé aviso y oportunidad de audiencia antes de tomar acciones adversas.
El juez Murphy, en su orden preliminar de abril, concluyó que la política de deportar a terceros países sin aviso ni oportunidad de presentar reclamos de temor a tortura probablemente viola estas protecciones constitucionales. En sus palabras, “Estados Unidos no puede enviar a un extranjero deportable a un país que no es su origen, ni donde un juez de inmigración haya ordenado, donde pueda ser torturado o asesinado sin darle la oportunidad de informar a las autoridades”.
Murphy destacó que esta opinión es compartida por los nueve jueces actuales de la Corte Suprema, el asistente del Procurador General, el Congreso, el sentido común y la decencia básica. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, rechazó el 16 de mayo la solicitud del gobierno para suspender la orden del juez.
Otros Casos Legales Relacionados
Caso de El Salvador
El 19 de mayo de 2025, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito confirmó una orden que obliga a la administración a facilitar el regreso de Daniel Lozano-Camargo, un joven venezolano de 20 años deportado a El Salvador en violación de un acuerdo de 2024 que protege a solicitantes de asilo que llegaron como menores no acompañados.
La corte rechazó el argumento del gobierno de que su retorno causaría “graves daños a la política exterior”, señalando que esta afirmación carece de fundamento dado que su deportación violó un acuerdo judicial.
Caso de Pomona, California
En California, la administración retiró recientemente su intento de deportar rápidamente a tres trabajadores guatemaltecos detenidos a 200 millas al norte de la frontera con México, tras una orden judicial temporal emitida por la jueza Dana Sabraw.
El gobierno quería aplicar una política de deportación acelerada que antes se usaba casi exclusivamente en la frontera. Sin embargo, la jueza bloqueó la deportación porque los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a los trabajadores sin sospecha razonable, violando sus derechos bajo la Cuarta Enmienda.
El 26 de mayo, la administración admitió que ya no procesaría a estos hombres para deportación rápida sin audiencia ante un juez de inmigración.
Implicaciones para Inmigrantes y el Sistema Migratorio
Las políticas de deportación rápida buscan reducir el retraso en los tribunales migratorios, donde muchos inmigrantes esperan meses o años para sus audiencias. Sin embargo, defensores de los derechos humanos advierten que estas medidas reducen las protecciones legales y ponen en riesgo a personas que podrían enfrentar tortura o persecución si son enviadas a países donde no tienen vínculos ni garantías.
Entre las acciones relacionadas que preocupan a los defensores están:
- La cancelación de fondos para representación legal de niños y familias separadas durante el primer mandato de Trump.
- El despido de decenas de jueces de inmigración en estados como Massachusetts, California y Luisiana.
- La deportación de personas a lugares remotos fuera de Estados Unidos sin audiencias, incluyendo prisiones de alta seguridad en El Salvador.
La administración sostiene que estas medidas son necesarias para enfrentar el enorme retraso en los tribunales migratorios y mejorar la eficiencia del sistema.
Estado Actual y Próximos Pasos
Hasta el 28 de mayo de 2025, la Corte Suprema no ha emitido una decisión sobre la solicitud de emergencia del DOJ. Los migrantes que se intentaron deportar a Sudán del Sur permanecen bajo custodia estadounidense en la base militar de Djibouti.
Este caso es uno de varios en los que la administración Trump ha pedido a la Corte Suprema que intervenga en disputas legales relacionadas con su agenda migratoria de segundo mandato. El resultado de esta apelación podría afectar significativamente la capacidad del gobierno para aplicar sus políticas de deportación y establecer precedentes sobre cómo se deben manejar estos procesos en el futuro.
Para quienes deseen más información oficial sobre las políticas migratorias y procedimientos de deportación, el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional ofrece recursos actualizados y detallados: U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).
Este caso refleja la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo en materia de inmigración, con consecuencias directas para miles de personas sujetas a deportación. La Corte Suprema tendrá que decidir si permite que el gobierno continúe con deportaciones rápidas a terceros países sin las protecciones procesales que los jueces han considerado necesarias para evitar violaciones de derechos humanos. Según análisis de VisaVerge.com, esta decisión podría marcar un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense, afectando tanto a inmigrantes como a empleadores y comunidades en todo el país.
Aprende Hoy
Departamento de Justicia (DOJ) → Agencia federal de EE.UU. encargada de hacer cumplir leyes, incluyendo las de inmigración.
Orden judicial (inhibitorio) → Mandato temporal que bloquea una acción del gobierno, como deportaciones inmediatas.
Terceros países → Naciones diferentes del país de origen o listado en órdenes originales de deportación.
Procurador General Adjunto → Abogado que representa al gobierno federal ante la Corte Suprema.
Debido proceso → Garantía legal que exige respeto a los derechos legales de una persona durante procedimientos.
Este Artículo en Resumen
El DOJ solicitó a la Corte Suprema suspender una orden que frena deportaciones rápidas a terceros países sin vínculos. El conflicto enfrenta autoridad ejecutiva y derechos migratorios, y podría cambiar la política migratoria para miles de personas con antecedentes penales en proceso de deportación.
— Por VisaVerge.com
