Puntos Clave
• Ley en Nueva York sanciona aerolíneas que colaboran con ICE sin orden judicial.
• CSI Aviation recibió contrato por $128 millones para vuelos de deportación.
• Administración Trump impuso multas diarias hasta $998 por incumplimiento migratorio.
Legisladores Demócratas en Nueva York Buscan Sancionar Aerolíneas que Colaboran con ICE para Deportaciones
En un nuevo capítulo de la creciente resistencia estatal a las políticas migratorias federales, legisladores demócratas de Nueva York han presentado una iniciativa para sancionar a las aerolíneas que colaboran con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en vuelos de deportación de personas detenidas. Esta medida refleja la tensión entre las autoridades estatales y la administración Trump, que desde enero de 2025 ha intensificado las operaciones de deportación y endurecido las medidas migratorias.
¿Qué propone la legislación y quiénes están detrás?
El 27 de mayo de 2025, la senadora estatal Pat Fahy y la asambleísta Michaelle Solages presentaron un proyecto de ley que apunta directamente a las aerolíneas que transportan detenidos hacia instalaciones de ICE sin que se haya garantizado el debido proceso legal. La iniciativa busca:
- Prohibir que las aerolíneas que realicen vuelos de deportación sin órdenes judiciales válidas puedan obtener contratos estatales.
- Eliminar beneficios fiscales, como exenciones en impuestos sobre el combustible, para las aerolíneas consideradas cómplices en la violación de derechos procesales.
- Aplicar estas sanciones de manera prospectiva, es decir, para vuelos futuros donde no se asegure que los detenidos hayan tenido acceso a asesoría legal y audiencias migratorias.
La asambleísta Phara Souffrant Forrest expresó su rechazo a las políticas migratorias federales, diciendo: “Él está yendo demasiado lejos. Cuando se pasa la línea, aquí en el estado de Nueva York decimos que no”[1].
Esta propuesta forma parte de un paquete más amplio de medidas estatales para limitar la colaboración con las autoridades migratorias federales, como la Ley Nueva York para Todos, que busca restringir la cooperación entre la policía estatal y local con ICE[1].
¿Quiénes son las aerolíneas involucradas y cómo operan?
La principal empresa que realiza vuelos de deportación para ICE es CSI Aviation, que obtuvo un contrato sin licitación el 28 de febrero de 2025 por un valor de hasta 128 millones de dólares. Este contrato tiene una duración inicial de seis meses, con posibilidad de extenderse hasta un año, y fue modificado en marzo para aumentar la cantidad de vuelos de deportación, coincidiendo con una orden ejecutiva del presidente Trump que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798[2].
CSI Aviation trabaja con una red de subcontratistas, siendo GlobalX uno de los más importantes. En 2024, el 74% de los 1,564 vuelos de deportación de ICE se realizaron en aviones de GlobalX, según datos recopilados por el activista migratorio Tom Cartwright[2].
Operaciones recientes y controversias
En febrero y marzo de 2025, GlobalX fue utilizada para deportar a 238 personas presuntamente vinculadas con la pandilla Tren de Aragua y a 23 supuestos miembros de la pandilla MS-13 hacia El Salvador y Honduras. Estos vuelos partieron desde Harlingen, Texas, a pesar de que un tribunal había emitido una orden para detenerlos más de 45 minutos antes de que aterrizara el primer vuelo. La administración Trump negó haber desobedecido la orden judicial deliberadamente[2].
Familiares de al menos cuatro deportados han negado que sus parientes tengan vínculos con pandillas, lo que ha generado preocupación sobre posibles errores en las deportaciones.
Contexto más amplio de la política migratoria
Cambios legislativos recientes
En enero de 2025, el Congreso aprobó la Ley Laken Riley con apoyo bipartidista (263 votos a favor y 156 en contra en la Cámara de Representantes, incluyendo 46 demócratas). Esta ley obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a detener a cualquier persona indocumentada acusada o condenada por delitos como robo, hurto o allanamiento. El Senado amplió la ley para incluir crímenes que causen muerte, lesiones graves o agresión a oficiales de policía[7][4].
Aunque ICE advirtió que implementar esta ley costaría 26.9 mil millones de dólares en el primer año, cifra que supera ampliamente su presupuesto anual de aproximadamente 9 mil millones, la medida fue aprobada y está en vigor[4].
Medidas administrativas agresivas
Desde enero de 2025, la administración Trump ha tomado varias acciones para endurecer el control migratorio:
- Revocó protecciones de libertad condicional para casi un millón de migrantes que entraron usando la aplicación CBP One, creada durante la administración Biden.
- Impuso multas diarias de hasta 998 dólares a personas que no abandonen el país tras una orden de deportación, aplicando estas multas retroactivamente hasta cinco años.
- Estudió la posibilidad de confiscar bienes a migrantes que no puedan pagar estas multas.
- Revocó números de Seguro Social a migrantes cuyo estatus legal fue cancelado, bloqueando su acceso a empleo, servicios financieros y beneficios gubernamentales.
- Añadió a más de 6,000 migrantes a la base de datos de fallecimientos de la Administración del Seguro Social, incluyendo menores y personas marcadas como “sospechosos de terrorismo” o con antecedentes penales[5].
Preocupaciones sobre privacidad y recopilación de datos
Un aspecto preocupante es la colaboración de las aerolíneas con agencias federales para compartir datos de pasajeros. La empresa Airlines Reporting Corporation tiene contratos con ICE y otras agencias para proporcionar información detallada, incluyendo itinerarios completos, nombres y datos financieros de pasajeros. Esta empresa ha recibido más de 600,000 dólares en contratos federales en 2025 y cerca de 700,000 en 2024[6].
Defensores de la privacidad advierten que esta práctica puede facilitar abusos, especialmente en el contexto de la intensificación de las operaciones migratorias.
Tensiones políticas y supervisión congresional
El aumento en las operaciones de ICE ha generado fuertes debates políticos. En una audiencia del subcomité judicial de la Cámara el 20 de mayo de 2025, se discutieron las acusaciones contra la representante demócrata de Nueva Jersey, LaMonica McIver, por participar en una protesta frente al centro de detención Delaney Hall el 9 de mayo. Los demócratas denunciaron que estas acusaciones son un intento de intimidar a funcionarios electos, mientras que los republicanos calificaron la conducta de McIver y otros legisladores demócratas como inapropiada y una maniobra política peligrosa[3].
Reacción de la industria y posibles impactos económicos
Avelo Airlines, principal objetivo de la legislación en Nueva York, respondió con cautela: “Avelo Airlines se enorgullece de ofrecer tarifas bajas y el servicio más confiable en el país. Seguiremos de cerca la legislación propuesta para entender cómo podría afectar nuestro servicio en el estado de Nueva York”[1].
Avelo tiene presencia comercial en los aeropuertos de Albany, Rochester, Long Island MacArthur y Binghamton, por lo que la nueva ley podría afectar sus operaciones y finanzas en la región.
El líder de la minoría en la Asamblea de Nueva York, Will Barclay, criticó la estrategia demócrata, acusándolos de recurrir con frecuencia a “guerra económica” y mencionó intentos previos de sancionar a empresas como Chick-fil-A y Tesla[1].
¿Qué significa todo esto para los inmigrantes y otros actores?
Para las personas detenidas y sus familias, estas medidas estatales buscan proteger derechos básicos como el acceso a un abogado y audiencias justas antes de ser deportados. Sin embargo, la intensificación de las deportaciones y las multas elevadas complican la situación de muchos migrantes, que enfrentan riesgos legales y económicos graves.
Las aerolíneas que colaboran con ICE podrían enfrentar pérdidas económicas si pierden contratos estatales o beneficios fiscales, lo que podría llevar a que algunas reconsideren su participación en vuelos de deportación.
Para los legisladores demócratas en Nueva York y otros estados, estas iniciativas representan una forma de resistir políticas federales que consideran injustas y dañinas para sus comunidades.
Perspectivas a futuro
Con el fin de la sesión legislativa en Albany acercándose, los demócratas buscan aprobar estas medidas antes de que termine el año fiscal. Se espera que:
- Otros estados con gobiernos demócratas consideren medidas similares para limitar la colaboración con ICE.
- Las operaciones de deportación continúen expandiéndose a través de contratistas como CSI Aviation y GlobalX.
- Se presenten desafíos legales tanto contra las acciones federales como contra las leyes estatales de resistencia.
- La polarización política en torno a la inmigración se mantenga o incluso aumente, con algunos demócratas adoptando posiciones más duras en ciertos aspectos, como el apoyo a la Ley Laken Riley.
El impacto económico para las aerolíneas y empresas relacionadas dependerá de la efectividad de estas leyes y de la disposición de las compañías para enfrentar sanciones y presiones públicas.
Para quienes deseen más información oficial sobre las políticas migratorias y procedimientos de ICE, el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 🇺🇸 ofrece recursos actualizados y detallados: https://www.dhs.gov/immigration-enforcement.
Además, según análisis de VisaVerge.com, la colaboración entre aerolíneas y agencias migratorias es un área crítica que está generando cada vez más atención pública y política, lo que podría cambiar el panorama de la aviación comercial en relación con la inmigración en los próximos años.
Referencias
[1] Legislación y declaraciones de legisladores demócratas de Nueva York, mayo 2025.
[2] Datos sobre contratos y vuelos de deportación de CSI Aviation y GlobalX, febrero-marzo 2025.
[3] Audiencia del subcomité judicial de la Cámara, mayo 2025.
[4] Ley Laken Riley y costos estimados para ICE, enero 2025.
[5] Medidas administrativas de la administración Trump, 2025.
[6] Contratos de Airlines Reporting Corporation con ICE, 2024-2025.
[7] Votación y contenido de la Ley Laken Riley, Congreso de EE.UU.
Este análisis busca ofrecer una visión clara y detallada sobre las recientes acciones legislativas en Nueva York y su contexto nacional, explicando cómo afectan a migrantes, aerolíneas y actores políticos en un momento de alta tensión en la política migratoria estadounidense.
Aprende Hoy
ICE → Agencia federal estadounidense encargada de la vigilancia y deportación de inmigrantes en situación irregular.
Debido proceso → Derecho legal que garantiza acceso a asesoría legal y audiencias justas antes de una deportación.
Contrato sin licitación → Contrato gubernamental otorgado sin competencia pública, para agilizar o servicios especializados.
Vuelos de deportación → Transporte aéreo usado por ICE para trasladar a inmigrantes detenidos fuera del país.
Ley Laken Riley → Ley federal de 2025 que obliga a detener inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos.
Este Artículo en Resumen
Legisladores demócratas en Nueva York proponen sanciones a aerolíneas que ayudan a deportaciones de ICE sin debido proceso. La ley afecta contratos estatales y exenciones fiscales, reflejando tensiones crecientes entre políticas estatales y federales en migración y protección de derechos de inmigrantes.
— Por VisaVerge.com
