Puntos Clave
- En 2025 se formaron al menos ocho Comunidades de Santuario en Nuevo Hampshire para vigilar la actividad de ICE.
- En marzo de 2025 la prisión federal en Berlín se convirtió en el segundo centro de detención en el estado.
- Los grupos ofrecen entrenamientos de derechos, documentan allanamientos y usan el ICE Activity Tracker para coordinar respuestas.
(NEW HAMPSHIRE) Activistas en Nuevo Hampshire han formado al menos ocho Comunidades de Santuario en 2025 para rastrear, documentar y oponerse públicamente a la actividad de ICE, organizando redes de ciudadanos para vigilar allanamientos, apoyar a inmigrantes y abogar contra lo que describen como “tácticas de estado policial”. Los grupos operan en ciudades y pueblos como Lancaster, Albany y la región Monadnock, y han generado tanto apoyo entre los defensores de inmigrantes como críticas afiladas por parte de los funcionarios estatales.
En el corazón de este movimiento están los esfuerzos de individuos que dicen que están respondiendo a experiencias directas con el despliegue de ICE. J. Larry Brown y Judi Garfinkel, de Lancaster, fueron quienes originaron el concepto de Comunidades de Santuario, afirmando:
“Any community—groups of concerned people from nearby towns, churches and institutions—can informally come together and declare themselves a Sanctuary Community, ready to provide assistance to people whose lives and well-being are threatened by federal security forces”[1].
Las palabras resuenan en un estado que, según los promotores, busca conciliar la seguridad pública con la protección de derechos humanos en un marco que consideran cada vez más agresivo.
Megan Chapman, abogada de derechos humanos de Albany y miembro del grupo Mount Washington Valley and Lakes Region, ofrece una evaluación contundente de la evolución de ICE en la región:
“At the beginning of 2025, there was just one ICE detention center in New Hampshire, at the Strafford County Jail. In March, the federal prison in Berlin became the second. Now ICE is trying to negotiate with three more counties in our state to use their jails to incarcerate our neighbors. We must push back in Rockingham, Merrimack and Hillsborough County, and any/everywhere else”[1].
Las palabras subrayan la percepción de que el alcance de ICE se está expandiendo más allá de los centros tradicionales, extendiéndose a jurisdicciones donde los residentes creen que el control migratorio ha dejado de ser local para convertirse en un fenómeno nacional.
Chapman también enfatizó otro punto clave del movimiento:
“By forming a citizens’ movement, No. 1, we make it not about towns and cities and authorities. It’s about human beings and citizens saying, ‘We don’t accept this’”[4].
Este énfasis en la humanidad detrás de la resistencia ha sido repetidamente citado por los organizadores como motor de su acción cívica y pacífica, buscando convertir a la ciudadanía en un mecanismo de vigilancia y respuesta ante lo que describen como incremento de vigilancia y detención.
David Blair, organizador de Monadnock Immigrant Solidarity Collaborative, describe la amplitud de la labor comunitaria:
“Immigrants in general, not just asylum seekers, were going to need more assistance, more support, more solidarity, I would say, from the community”[4].
Su comentario ha sido clave para explicar por qué, desde estas comunidades, la acción va más allá de la resistencia a mecanismos específicos de ICE y se orienta a crear un sistema de acompañamiento legal, derechos y apoyo práctico para personas en situación precaria. Su grupo, que tuvo su primera reunión con más de 100 asistentes, ahora ofrece entrenamientos de derechos legales y seguimiento de la actividad de ICE a nivel local, transformándose en un nodal de redes de apoyo que conecta a activistas con abogados y servicios de asesoría.
En la visión de Brown, la naturaleza de este movimiento es deliberadamente orgánica:
“We’re going step by step. We’re not highly sophisticated. We’re just relatively ordinary citizens. This is what citizen movements are about. They grow, and they turn here and there. We don’t know where this is going. We don’t know … if we’re going to be successful, whatever that might mean. This is truly the David and Goliath moment in our history”[4].
Sus palabras pintan una imagen de un movimiento descentralizado que crece de manera incremental, con cada grupo tomando decisiones autónomas y, a su vez, compartiendo información y estrategias para ampliar la red conforme avance la campaña de documentación y resistencia.
Las acciones concretas de estas Comunidades de Santuario son variadas, pero comparten un eje claro: vigilar y documentar las actividades de ICE, proporcionar información de testigos a los medios y a las fuerzas del orden, informar a instituciones locales sobre las acciones de ICE y oponerse públicamente a tácticas que, según los activistas, amenazan a inmigrantes legales y a ciudadanos. En su repertorio, también hay advertencias sobre el marco legal en el que operan: videotorear a agentes de ICE es, sostienen, una actividad legal y una expresión de derechos de primera enmienda para organizarse y hablar; se apoyan en esa base para sostener su presencia pública sin cruzar líneas legales.
Como herramienta de transparencia y respuesta, el ICE Activity Tracker y herramientas afines permiten al público reportar y rastrear avistamientos de ICE en tiempo real, compartir alertas y acceder a líneas de ayuda legal y redes de respuesta rápida[2]. Esta infraestructura de información es vista por los activistas como esencial para empoderar a comunidades que, de otro modo, podrían quedar fuera de la ventana de visibilidad pública, permitiendo que La Sociedad de Nuevo Hampshire tenga una voz activa frente a la vigilancia migratoria en expansión.
La respuesta oficial ha sido rápida y contundente. La gobernadora Kell y Ayotte, republicana, ha señalado un giro duro frente a lo que llama “amenazas a la aplicación de la ley o esfuerzos para obstruirla”, enfatizando que Nuevo Hampshire no es “sanctuario para criminales que han entrado al país ilegalmente” y que la ley que firmó a principios de año refuerza esa posición.
“Threats to law enforcement or efforts to obstruct them will not be tolerated in New Hampshire. We are not a sanctuary for criminals who have come into this country illegally, and the law I signed earlier this year reinforces that. If you disrupt law enforcement activity, you will be prosecuted”[1][4].
Estas palabras, repetidas en distintos foros estatales, han sostenido la línea de que las políticas locales deben alinearse con las políticas federales de control migratorio, aun cuando la ciudadanía organizada intenta ejercer presión desde la base.
Los gobiernos estatales cercanos y otros legisladores republicanos, como el senador Bill Gannon y el representante Joe Sweeney, también han mostrado su oposición al movimiento, con declaraciones que subrayan la intención de no permitir la existencia de “Sanctuary Cities” o políticas de bienvenida. Gannon afirmó:
“We have seen the consequences of Democrats’ continual support for open border policies, and we will never have Sanctuary Cities in New Hampshire.”
Sweeney, por su parte, añadió:
“If you are here illegally, you are not welcome in New Hampshire. You cannot hide. We will find you and deport you”[1][4].
Estas declaraciones subrayan una brecha entre las iniciativas de solidaridad de la sociedad civil y la agenda de seguridad pública promovida por la mayoría republicana en el estado.
La legislación impulsada a principios de 2025, que prohíbe a ciudades y pueblos adoptar políticas de santuario o de “bienvenida”, ha sido citada por activistas como una restricción que no se aplica a individuos que se organizan de forma independiente. Aun así, para los defensores, la acción coordinada de las Comunidades de Santuario persiste como un canal de presión y visibilidad, incluso ante una estructura legal que, según ellos, se está volviendo más restrictiva. En este sentido, la crítica de los activistas no se limita a la retórica, sino que apunta a la necesidad de contrapesos cívicos y a la vigilancia pública para garantizar que las detenciones y las políticas migratorias no se conviertan en herramientas de represión indiscriminada.
En cuanto a la realidad operativa de ICE en Nuevo Hampshire, para principios de 2025 el estado contaba con dos centros de detención: Strafford County Jail y la prisión federal en Berlín, con negociaciones en curso para añadir más cárceles de condados a la lista. En el panorama general de EE. UU., casi 60,000 personas estaban detenidas por ICE en ese periodo; menos de un tercio tenía antecedentes penales, alrededor de 15,000 tenían cargos pendientes y más de 27,700 estaban clasificados como “other immigration violators”[4]. El retrato que emergía de estas cifras, recogido por activistas y abogados consultados, era claro: la detención migratoria se estaba expandiendo y, con ella, las tensiones entre las autoridades y las comunidades que sienten que su seguridad y sus derechos están en juego.
Bernice Baker, abogada inmigrante en Columbia, ofreció una visión que muchos activistas citan para describir lo que perciben como una táctica de endurecimiento:
“Federal agents arresting and detaining people off the streets — sometimes while masked and in unmarked vehicles — denies those people of due process in the courts”[4].
Sus palabras calan en el uso que otros hacen de la vigilancia para justificar detenciones fuera de los procesos judiciales normales, una crítica que impulsa la demanda de mayor transparencia y derechos procesales para los detenidos.
La estructura organizativa de este movimiento es deliberadamente horizontal. Cualquier grupo de 6–10 personas de distintas localidades puede declararse una Comunidad de Santuario, redactar una declaración de propósito, elegir acciones, publicitar su existencia y coordinarse con otros grupos a nivel nacional[1]. La descentralización es, para los organizadores, un rasgo central, ya que cada grupo opera de forma independiente, a la vez que comparte información y estrategias para sostener la movilización conforme la energía crece [1][4].
Las historias humanas que acompañan a este fenómeno son tan variadas como los pueblos de Nuevo Hampshire. Organizers y participantes son ciudadanos comunes, abogados, inmigrantes y vecinos que relatan experiencias directas con allanamientos y detenciones de ICE en sus barrios. Las reuniones que dieron origen a estas comunidades han reunido a más de 100 personas en Monadnock, y los grupos están activando programas de entrenamiento en derechos legales y protocolos de respuesta rápida, con la idea de que cada vecino puede convertirse en un observador, un testigo y un recurso legal para otros ante la presencia de las fuerzas federales de migración. En ese sentido, la narrativa de los activistas se entrelaza con historias de miedo y resiliencia, de miedo ante las detenciones y la vigilancia, y de una determinación que busca convertir a la ciudadanía en un muro de contención frente a lo que perciben como un aumento de la intrusión estatal.
El impacto humano de estas dinámicas no es abstracto. Familias que esperan ver a sus seres queridos o que temen por su estatus migratorio, comunidades de santuario que se coordinan para ofrecer asesoría legal, y ferias de derechos trabajadas con abogados y voluntarios crean una red que, según los organizadores, transforma el miedo en acción cívica. Los organizadores señalan que, más allá de la defensa de derechos, estas comunidades también buscan abrir un cauce de apoyo práctico: asesoría legal, acompañamiento a audiencias, y información verificada para evitar rumores o desinformación que puedan poner en riesgo a las personas.
En última instancia, este movimiento en expansión plantea preguntas sobre el equilibrio entre el Estado de derecho y la seguridad, entre la protección de derechos individuales y la aplicación de la ley migratoria. Para quienes viven en Comunidades de Santuario, su existencia es una afirmación de que la ley y la justicia deben coexistir con la dignidad humana y la solidaridad comunitaria. Para otros, es una señal de alerta sobre la necesidad de reforzar el control de fronteras y la seguridad local frente a lo que perciben como una amenaza de liberación de estrictos controles migratorios.
El debate continúa, mientras Nuevo Hampshire permanece en el centro de una conversación nacional sobre justicia, derechos y política migratoria. En estas conversaciones, las voces de J. Larry Brown, Judi Garfinkel y Megan Chapman, entre otros, quedan entrelazadas con las de gobernadores y legisladores que sostienen posturas firmes sobre la seguridad y el orden, y con la comunidad de activistas que insiste en la presencia de una ciudadanía vigilante y responsable que exige transparencia y cuentas claras. La pregunta que persiste es si estas Comunidades de Santuario lograrán convertir su labor en un cambio visible y sostenible que proteja a las personas sin debilitar las instituciones, o si la respuesta política y legal terminará por redefinir el paisaje de la migración en Nuevo Hampshire.
Para quienes siguen de cerca la cuestión, el camino parece estar en la construcción de puentes entre derechos, seguridad y comunidad. El movimiento se mantiene en marcha, con la promesa de que la vigilancia y la documentación, cuando se realizan dentro de los parámetros legales y cívicos, pueden convertirse en una herramienta de defensa para quienes viven bajo la amenaza real de acciones de ICE. En la práctica, eso significa que los activistas de Comunidades de Santuario seguirán registrando, informando y denunciando, al tiempo que promueven entrenamiento legal y redes de apoyo para vecinos que, en muchos casos, ya han enfrentado procesos de detención y deportación que han cambiado para siempre sus vidas.
Para la audiencia internacional, la historia de Nuevo Hampshire ilustra una tensa coexistencia entre una administración que refuerza las políticas de control migratorio y una ciudadanía que, desde las bases, intenta forjar un escudo de derechos y apoyo. El tema no es menor: activar la vigilancia ciudadana, documentar el accionar de las autoridades y, al mismo tiempo, defender a las personas vulnerables puede definir el pulso de la política migratoria del país en los años por venir. En este cruce entre seguridad y derechos, la experiencia de las Comunidades de Santuario y la respuesta de las autoridades estatales ofrecen una instantánea de un país que sigue lidiando con preguntas difíciles sobre quiénes somos cuando enfrentamos el desafío de una migración cada vez más compleja y un sistema que, para muchos, parece inaccesible y distante.
Un recurso oficial para entender el marco general de la seguridad y las políticas migratorias de Estados Unidos, y para las personas que buscan información sobre procesos y derechos, es la página oficial de ICE, que ofrece orientación y recursos para comunidades y individuos. Los lectores que deseen profundizar pueden consultar la información disponible en la web del gobierno para entender mejor las políticas y las posibles vías legales de acción y defensa. Para aquellos que participen o estén interesados en formación o asesoría, las comunidades pueden buscar apoyo a través de redes de derechos civiles y servicios legales que trabajan en conjunción con organizaciones comunitarias para garantizar que la vigilancia y la respuesta se mantengan dentro de los cauces legales y democráticos.
En este marco, el papel de los formularios y procesos oficiales también es relevante para quienes buscan orientación práctica. Si una persona necesita información sobre procesos migratorios, puede encontrar referencias y enlaces a formularios oficiales y a guías de derechos y procedimientos en las plataformas gubernamentales pertinentes, asegurando que cualquier acción que tomen se ajuste a la normativa vigente. Este tipo de información, cuando se presenta en un formato claro y accesible, es clave para reforzar la responsabilidad cívica y la confianza pública en un sistema que, para muchos, parece tan complejo como crucial. Y en medio de todo, la presencia de las Comunidades de Santuario en Nuevo Hampshire marca un capítulo nuevo en la historia de la participación ciudadana frente a la migración, un capítulo que puede redefinir, para mejor o para peor, la forma en que las comunidades locales se relacionan con las fuerzas de seguridad y con las personas que migran en busca de una vida mejor.
[1] Fuente de declaraciones de activistas y líderes comunitarios citadas en el texto.
[4] Fuente de reflexiones y declaraciones de activistas y autoridades estatales citadas en el texto.
[2] Referencias al ICE Activity Tracker y herramientas similares mencionadas en el contexto de vigilancia y reporte.
[8] Menciones a las redes de apoyo y asesoría legal disponibles a través de estas plataformas.
Nota: Este artículo incorpora citas textuales tal como aparecen en las fuentes citadas, sin alteraciones, y las contextualiza dentro del marco de las Comunidades de Santuario, la actividad de ICE y la situación en Nuevo Hampshire. Para lectores que buscan información actualizada o recursos oficiales, se recomienda consultar la página oficial de ICE y las autoridades estatales para ver el estado más reciente de políticas y procedimientos.
Aprende Hoy
Comunidades de Santuario → Grupos ciudadanos locales y descentralizados que documentan la actividad de ICE y brindan apoyo a inmigrantes sin depender de ordenanzas municipales.
ICE Activity Tracker → Herramienta digital que permite reportar avistamientos, compartir alertas y acceder a recursos legales relacionados con operaciones de ICE.
Centro de detención → Instalación penitenciaria donde ICE retiene a personas mientras avanzan los procesos migratorios o de deportación.
Entrenamiento de derechos → Sesiones breves que enseñan acciones legales básicas al enfrentar a agentes migratorios, como filmar y el derecho a guardar silencio.
Este Artículo en Resumen
En 2025 activistas en Nuevo Hampshire formaron al menos ocho Comunidades de Santuario para vigilar la expansión de ICE. Operando en pueblos pequeños, los grupos documentan allanamientos, ofrecen entrenamientos sobre derechos, usan el ICE Activity Tracker y mantienen redes de apoyo legal y logístico. El estado sumó un segundo centro de detención en Berlín en marzo, y hay negociaciones para añadir más cárceles de condado. Las autoridades advierten contra la obstrucción; los organizadores aseguran trabajar dentro de la ley y priorizan la protección de familias y la documentación pública.
— Por VisaVerge.com
