Puntos Clave
• El Tribunal de Apelaciones revisa si Nueva Jersey puede prohibir contratos privados de detención migratoria en 2025.
• La ley estatal fue parcialmente bloqueada; CoreCivic y GEO Group mantienen operaciones bajo contratos federales vigentes.
• El fallo sentará precedente nacional sobre los límites entre autoridad estatal y federal en detención migratoria.
El Tribunal federal de apelaciones revisará una importante disputa sobre la detención de inmigrantes en Nueva Jersey 🇺🇸. La audiencia, prevista para el 1 de mayo de 2025 a las 9:30 a.m. ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos en Filadelfia, podría cambiar la forma en que el estado maneja los centros donde ICE, la agencia de inmigración federal, mantiene a personas detenidas. Este caso es clave no solo para Nueva Jersey 🇺🇸, sino también para otros estados que buscan limitar la presencia de instalaciones dedicadas a la detención de inmigrantes operadas por empresas privadas.
¿Cómo comenzó este caso?

En agosto de 2021, el gobernador Phil Murphy firmó el proyecto de ley A5207. Esta ley prohíbe que entidades públicas y privadas firmen o renueven contratos con el gobierno federal para detener inmigrantes en Nueva Jersey 🇺🇸. La medida surgió tras años de presión de grupos de derechos de los inmigrantes, quienes pedían a los condados cortar lazos con ICE debido a preocupaciones sobre el trato y las condiciones de las personas detenidas.
Gracias a la nueva ley, para finales de 2023 la mayoría de cárceles del condado cerraron sus contratos con ICE. Sin embargo, CoreCivic, una empresa privada que gestiona cárceles, continuó operando el Centro de Detención Elizabeth. Lo hizo apoyándose en un contrato anterior a la nueva ley.
El desafío legal de CoreCivic
En febrero de 2023, CoreCivic demandó al estado de Nueva Jersey 🇺🇸 porque esta empresa no pudo renovar su contrato para administrar el Centro de Detención Elizabeth bajo la nueva ley. En el proceso legal, el gobierno de President Biden respaldó a CoreCivic, diciendo que prohibir estos contratos pondría en grave riesgo los esfuerzos federales de control migratorio en la región. Según el gobierno federal, sería “catastrófico” para la labor de ICE no poder usar centros operados por empresas privadas en esa zona.
El caso llegó ante el juez Robert Kirsch, quien en su fallo permitió que Nueva Jersey 🇺🇸 siga prohibiendo contratos entre entidades públicas (como los condados) e ICE. Sin embargo, el juez bloqueó la parte de la ley que impedía a empresas privadas, como CoreCivic o GEO Group, firmar contratos directos con ICE para gestionar centros de detención de inmigrantes. Según el juez, impedir eso interferiría en la autoridad federal sobre políticas de inmigración, que según la Constitución, solo corresponde al gobierno nacional.
Qué se discute ahora en el Tribunal federal de apelaciones
Nueva Jersey 🇺🇸 apeló la decisión del juez Kirsch. Ahora, el Tribunal federal de apelaciones del Tercer Circuito tiene que decidir si el estado puede, o no, prohibir a empresas privadas hacer contratos con ICE para la detención de inmigrantes en su territorio.
Mientras dura la apelación, la prohibición estatal no se puede aplicar a empresas privadas como CoreCivic o GEO Group. Por eso, GEO Group anunció planes de abrir una nueva instalación de 1,000 camas llamada Delaney Hall en Newark, también bajo contrato con ICE. Este plan encontró fuerte resistencia entre las comunidades locales y enfrentó desafíos legales adicionales.
Argumentos de ambas partes
En el proceso ante el Tribunal federal de apelaciones, cada parte presenta argumentos importantes.
- Nueva Jersey 🇺🇸: El estado sostiene que tiene derecho, bajo sus poderes internos (“police powers”), de regular lo que sucede en centros dentro de su territorio. Si los legisladores consideran que la detención de inmigrantes por parte de empresas privadas es dañina para la comunidad, quieren tener el poder legal de prohibir esos contratos.
- CoreCivic y ICE: Estas entidades argumentan que sólo el Congreso puede decidir cómo y dónde el gobierno federal detiene personas bajo leyes migratorias. Cualquier intento de estados de regular esto, aunque sea indirectamente, iría en contra de la autoridad superior de las leyes federales.
El resultado podría influir en leyes similares a la de Nueva Jersey 🇺🇸 en otros estados, ya que fijará un precedente sobre hasta dónde puede llegar la autoridad estatal frente a la federal en temas de detención migratoria.
¿Por qué hay tanta discusión en torno a estos centros?
Los centros de detención de inmigrantes están en el centro de un intenso debate social y político. Muchos defensores de derechos humanos afirman que las personas migrantes detenidas sufren riesgos para su salud y su bienestar, algo que preocupa especialmente a las comunidades cercanas a estos centros y a los grupos activistas. Por otro lado, ICE y las empresas privadas insisten en que las instalaciones son necesarias para el funcionamiento del sistema migratorio, en especial cuando se trata de lidiar con detenciones, traslados o deportaciones.
En 2021, Nueva Jersey 🇺🇸 se convirtió en uno de los primeros estados en buscar el fin de la detención migratoria por empresas privadas, gracias a la presión de grupos comunitarios y de defensa de los inmigrantes. Estos grupos alegan que no solo existen riesgos de abusos y malas condiciones, sino que además los centros causan daño a las personas que allí permanecen, incluyendo separación familiar, barreras para acceder a asesoría legal y falta de atención médica adecuada.
Sin embargo, los operadores de estos centros y el gobierno federal aseguran que cerrar estas instalaciones puede saturar otras cárceles federales, impedir traslados rápidos y dificultar el cumplimiento de órdenes de deportación. Según análisis de VisaVerge.com, este tema pone a prueba la relación entre el gobierno federal y los estados, ya que cada uno defiende sus competencias sobre quién puede operar y regular los lugares donde se detienen personas por razones migratorias.
¿Qué implica esta batalla legal para el futuro?
La decisión que tome el Tribunal federal de apelaciones será importante, no solo para Nueva Jersey 🇺🇸, sino para todo el país. Si el tribunal decide que los estados pueden prohibir contratos entre el gobierno federal y empresas privadas para la detención de inmigrantes, otros estados podrían imitar a Nueva Jersey 🇺🇸 y cerrar o limitar más centros de este tipo. Si el tribunal decide lo contrario, las empresas privadas podrán seguir trabajando con ICE incluso cuando un estado no esté de acuerdo.
Esto afecta, por ejemplo:
– A los inmigrantes detenidos, que podrían ser trasladados más lejos de sus familias si cierran los centros cercanos.
– A los gobiernos locales, que pueden enfrentar menos presión para albergar estos centros, pero también perder ingresos de los contratos con el gobierno federal.
– A las empresas privadas, que dependen de estos contratos para operar.
– A los defensores de derechos humanos, que desean eliminar el uso masivo de la detención migratoria.
Detalles sobre el proceso en curso
Aunque la audiencia pública será el 1 de mayo de 2025, no se espera una decisión final inmediata. Los jueces suelen tomarse varios meses para analizar los argumentos y redactar el fallo. Mientras tanto, la ley de Nueva Jersey 🇺🇸 no puede aplicarse a nuevas instalaciones privadas, y empresas como CoreCivic o GEO Group pueden seguir buscando contratos con ICE. Por ejemplo, GEO Group ya intenta abrir un nuevo centro en Newark, pero hay recursos legales y presión comunitaria en contra.
Los activistas consideran este juicio como decisivo: esperan que el tribunal reconozca los peligros y el sufrimiento de las personas en detención migratoria, y dé al estado la capacidad de prohibir nuevas instalaciones. Por su parte, el gobierno federal alerta que una victoria estatal haría que la aplicación de leyes migratorias sea mucho más difícil, en especial en estados con grandes comunidades inmigrantes. ICE argumenta que necesita flexibilidad para responder a cambios en el flujo migratorio y que la colaboración con empresas privadas les permite ampliar o reducir la capacidad de detención según las necesidades del momento.
Contexto legal e histórico
La disputa se inserta en una vieja discusión sobre quién tiene la última palabra en políticas migratorias: ¿los estados o el gobierno federal? Según la Constitución de Estados Unidos 🇺🇸, el gobierno federal tiene control principal sobre el tema de inmigración. Sin embargo, los estados pueden regular actividades comerciales o de salud dentro de sus fronteras usando sus “police powers”. El conflicto surge cuando estas dos áreas se superponen, como cuando un estado prohíbe un tipo de contrato que el gobierno federal dice necesitar para sus operaciones migratorias.
Este no es el primer caso en el que un estado choca con políticas federales de detención migratoria, pero sí uno de los más claros al tratar de impedir los contratos con empresas privadas. Por eso, grupos de derechos humanos y abogados de inmigración están muy atentos a la decisión.
¿Qué podría pasar después del fallo?
Cualquiera sea el resultado, la parte que pierda podría intentar llevar el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos 🇺🇸. Hasta entonces, la ley sigue sin poder aplicarse plenamente a las empresas que quieren operar centros de detención bajo contrato federal en Nueva Jersey 🇺🇸.
Además, dependiendo del fallo, podríamos ver:
– Más estados impulsando leyes parecidas para cerrar centros de detención privada.
– Un aumento de demandas de empresas privadas que buscan mantener o expandir su participación en la detención migratoria.
– Cambios en cómo ICE gestiona la detención en estados que buscan limitar su cooperación.
El impacto en la vida cotidiana
Para los inmigrantes y sus familias, la existencia de estos centros es una preocupación constante. Muchos temen ser detenidos lejos de sus seres queridos o enfrentar condiciones difíciles. Los defensores legales afirman que la distancia o la falta de recursos en estos centros dificulta aún más conseguir ayuda jurídica, mientras que líderes comunitarios insisten en que poner fin a la detención privada respetaría los derechos humanos.
Por su parte, los responsables estatales argumentan que permitir más centros privados dañaría la salud y la seguridad de los residentes, además de enfrentar el rechazo de la población local. Los operadores privados, como CoreCivic y GEO Group, dicen que sus servicios son necesarios para suplir la demanda federal y que operan bajo estándares nacionales de seguridad y salud.
¿Dónde obtener más información oficial?
Para quienes están interesados en seguir de cerca este caso, el sitio oficial de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos ofrece información detallada sobre fechas, documentos y sentencias del proceso. Puedes consultar detalles sobre audiencias y documentos judiciales en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito.
Panorama final
En resumen, la decisión del Tribunal federal de apelaciones tendrá mucho peso para el futuro de la detención de inmigrantes en Nueva Jersey 🇺🇸 y otros estados. La discusión de fondo gira alrededor de la pregunta: ¿quién manda cuando se trata de detener migrantes, el estado anfitrión o el gobierno federal? Además, la manera en que el tribunal resuelva este caso podría marcar la próxima década de política migratoria en Estados Unidos 🇺🇸.
Mientras tanto, el debate seguirá vigente: familias, comunidades, empresas privadas y autoridades federales observan de cerca, cada uno con distintas esperanzas y preocupaciones. Si deseas conocer otros ángulos de la noticia o cómo ha sido la cobertura mediática y legal a lo largo del proceso, VisaVerge.com ha seguido el caso y sus posibles impactos con profundidad y claridad.
La audiencia del 1 de mayo será solo el inicio de la etapa más decisiva de este proceso. El desenlace podría cambiar el mapa de la detención de inmigrantes en Nueva Jersey 🇺🇸 y sentar nuevos límites en la complicada relación entre poderes estatales y federales en materia migratoria.
Aprende Hoy
Tribunal federal de apelaciones → Corte estadounidense que revisa decisiones de tribunales inferiores, clave para definir precedentes legales generales y migratorios.
ICE → Agencia federal de control migratorio y aduanas encargada de detener y deportar inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Poderes internos (police powers) → Autoridad estatal para dictar leyes que protejan la salud y seguridad pública dentro de su territorio.
CoreCivic → Empresa privada operadora de prisiones y centros de detención bajo contratos con gobiernos, como el Centro de Detención Elizabeth.
Supremacía federal → Principio constitucional que da prioridad a las leyes federales sobre las estatales cuando existe conflicto de competencias.
Este Artículo en Resumen
La disputa en el Tribunal federal de apelaciones sobre la detención migratoria en Nueva Jersey podría transformar la política migratoria estatal y nacional. El fallo esperado tras la audiencia del 1 de mayo de 2025 determinará si los estados pueden frenar a ICE y las empresas privadas en contratos de detención de inmigrantes.
— Por VisaVerge.com
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