Puntos Clave
- Tres acusados en Washington County por un fraude de inmigración de $563,700 a feligreses hispanos.
- El esquema, del 1 ene 2023 al 3 nov 2025, afectó al menos a 25 víctimas que pagaron miles.
- Kira Pinto enfrenta 12 cargos, incluida extorsión (racketeering) con hasta 20 años; otros cargos conllevan hasta 10 años.
(WOODBURY, MINNESOTA) A tres de la tarde, la noticia de una trama de fraude de inmigración sacudió a dos comunidades hispanohablantes en Minnesota cuando tres individuos fueron acusados de orquestar un esquema que, según la fiscalía, dejó un saldo de más de medio millón de dólares robados a feligreses de habla hispana en Woodbury e Inver Grove Heights. Detalles presentados por la fiscalía de Washington County señalan que Luis Baltazar Leiva Aquino, de 48 años, y Kira Milany Romero Pinto, de 40, ambos residentes en Lakeville, junto con Denis Rigoberto Aquino Martinez, de 40 y vecino de Lake Elmo, coordinaban un esquema que utilizaba un supuesto abogado llamado “Isabella Jason” para prometer servicios legales, empleos y, supuestamente, la ciudadanía expedita, a cambio de pagos que iban desde miles hasta decenas de miles de dólares. Las acusaciones, presentadas el miércoles, 5 de noviembre de 2025, señalan múltiples cargos de robo por engaño, y en el caso de Pinto, además, un cargo de extorsión que podría acarrear hasta 20 años de prisión; los otros cargos por robo por engaño pueden acarrear hasta 10 años cada uno.
La investigación describe un modus operandi que empezó cuando el trío se acercó a inmigrantes de habla hispana en parroquias locales, presentando vínculos con un supuesto abogado y ofreciendo servicios que iban desde trámites legales hasta colocaciones laborales y la promesa de ciudadanía acelerada. Las víctimas, según la acusación, entregaron sumas que variaban entre miles y decenas de miles de dólares para obtener resultados que nunca se materializaron. Uno de los casos destacados involucra a un pastor que pagó a Pinto casi $30,000 en el verano de 2024 con la promesa de conseguir trabajos para varios feligreses de la parroquia. También se le ofreció un supuesto crédito de ciudadanía por $12,000 identificado como “golden card”. En total, al menos 25 víctimas perdieron $563,700 en la década de 2023 a 2025.
“The defendants defrauded at least 25 people of $563,700.”
afirmó la fiscalía, en palabras citadas en la acusación.
Las autoridades señalan que la operación se llevó a cabo entre el 1 de enero de 2023 y el 3 de noviembre de 2025, con un alcance que abarcó comunidades de Woodbury e Inver Grove Heights, donde parroquias afectadas se convirtieron en el centro de un fraude que explotaba la confianza de los creyentes. En una fase decisiva de la investigación, cuando el pastor descubrió la estafa en julio de 2025, los acusados visitaron su iglesia y lo amenazaron con llamar a la policía o al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si informaba a las autoridades, según la acusación presentada por los fiscales. Este detalle subraya no solo el fraude económico, sino también un intento de intimidación que amplía las repercusiones humanas de una operación que manipulaba la fe y la esperanza de los migrantes que buscan una vía legal en un país de oportunidades.
La naturaleza del caso ha atrapado la atención de las comunidades afectadas y de los observadores de políticas migratorias por su particularidad: una red que se presentó como un puente hacia la legalidad y, en la práctica, se convirtió en un conducto de dinero y promesas incumplidas. Los cargos señalan que Leiva Aquino y Martinez, además de otras acciones, participaron en un esquema que dejó a cada víctima con pérdidas que, en total, superan el medio millón de dólares. Pinto, en particular, enfrenta una batería de 12 cargos, incluido el de extorsión, que añade una amenaza adicional de hasta 20 años de prisión si es hallada culpable de ese cargo. La fiscalía del condado de Washington mantiene que la cantidad total de víctimas y el monto sustraído reflejan un fraude de inmigración que socavó la confianza de una comunidad que, además de sufrir pérdidas económicas, vivió una experiencia de miedo y desconfianza que persiste en las parroquias y entre los feligreses de habla hispana.
Las parroquias de Woodbury e Inver Grove Heights, que se citan como escenarios del fraude, son lugar de encuentro para comunidades diversas que han buscado apoyo social y orientación legal en un momento en que la inmigración continúa siendo un tema central en la vida cotidiana de Minnesota. Las autoridades enfatizan que la investigación contó con la participación de la fiscalía de Washington County y está siendo seguida de cerca por la red de servicios sociales y religiosos locales. El caso también arroja luz sobre las tensiones que pueden surgir cuando personas vulnerables confían en terceros que prometen salvaguardas legales y un camino a la ciudadanía, pero en realidad buscan beneficios personales sin brindar la asistencia prometida. En este sentido, el fraude de inmigración no es solo un delito financiero; es una experiencia que puede desatar una red de consecuencias para comunidades enteras cuando se manipula la fe y la esperanza de quienes buscan un futuro en los Estados Unidos.
Entre las víctimas destacan los nombres de individuos y sus historias, que, si bien algunos detalles no se han hecho públicos para proteger la privacidad de los involucrados, quedan documentados en las acusaciones y en las declaraciones que rodean el caso. El propio Pastor, que permanece en anonimato en el expediente, declaró ante la policía que
“I gave Pinto nearly $30,000 in the summer of 2024 after she promised to help several members of the parish get jobs.”
Esta línea, reproducida en las presentaciones oficiales, subraya la magnitud de la promesa incumplida y la trampa que la organización presentó ante aquellos que buscaban una vía legítima para mejorar su situación migratoria. En paralelo, la acusación detalla la oferta de la paridad de un “golden card” por un monto de $12,000, una propuesta que, al no materializarse, revela el patrón de fraude que combinaba servicios falsos con promesas de ventajas migratorias. Estas declaraciones, que ya han sido citadas por las autoridades, enfatizan el daño específico causado a la parroquia y a otros feligreses que, según el recuento oficial, perdieron cientos de miles de dólares.
La acción legal, que fue presentada en la víspera, subraya que la investigación continúa y que los tres acusados podrían enfrentar múltiples cargos y potenciales condenas si son hallados culpables en juicio. Pinto, en particular, enfrenta una carga adicional de racketeering, que representa un eje central de la acusación y que añade un matiz de organización criminal a una supuesta operación que, según la fiscalía, utilizó federaciones de fe para extraer dinero de personas vulnerables. En la práctica, la figura de racketeering implica un patrón de conducta criminal que se extiende a través de un conjunto coordinado de actos, como robo por engaño, con el objetivo de obtener beneficios económicos significativos. Este cargo, junto con los otros presentes en la acusación, configura un caso complejo que podría prolongarse mientras las autoridades recaban más testimonios y evidencias para demostrar la estructura y la ejecución del fraude.
Los investigadores señalan que la totalidad de las pérdidas registradas asciende a $563,700 y que las víctimas ascienden a al menos 25 personas. Este número, que podría crecer a medida que se revisen expedientes y se añadan nuevos testimonios, subraya la escala del fraude de inmigración que, según las autoridades, se llevó a cabo a través de una red local que operaba bajo la apariencia de asesoría legal y servicios de inmigración. En este marco, la historia de Woodbury e Inver Grove Heights se convierte en un recordatorio duro de la vulnerabilidad de comunidades migrantes y de la necesidad de transparencia y supervisión en la prestación de servicios legales y de migración. La necesidad de mecanismos de verificación y una oferta de real apoyo a quienes buscan un camino hacia la ciudadanía no debería verse ensombrecida por individuos que, como se detalla en el expediente, se sirvieron de la fe y la confianza de la gente para su beneficio privado.
A medida que el caso avanza, las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier caso de fraude de inmigración y de buscar servicios legales a través de canales acreditados. Para quienes necesiten orientación básica sobre fraude de inmigración y formas seguras de navegar por el proceso, la página de información oficial de inmigración ofrece recursos y guías para identificar servicios legítimos y evitar estafas, con la advertencia clara de que nunca se debe entregar dinero a alguien que promete resultados rápidos o ciudadanía a cambio de pagos sustanciales. En este punto, la investigación está centrada en confirmar la identidad de todas las víctimas y reconstruir exactamente cómo funcionaba la red para catalogar cada transacción y asignar la responsabilidad de las pérdidas. Las autoridades han señalado explícitamente la necesidad de que las parroquias y líderes comunitarios sigan denunciando cualquier práctica sospechosa para evitar que otros migrantes caigan en esquemas similares.
La cobertura continúa a medida que Washington County avanza con la investigación y los fiscales presentan el caso ante un tribunal. Mientras tanto, las comunidades afectadas esperan respuestas y justicia, con un recordatorio de que la lucha contra el fraude de inmigración y la extorsión (racketeering) requiere cooperación entre la policía, los servicios legales y las comunidades para proteger a aquellos que buscan un camino legal hacia una vida mejor. Para lectores que buscan información oficial sobre fraudes y cómo protegerse, la página de USCIS ofrece recursos sobre fraude y seguridad en procesos migratorios: fraud information. Este enlace sirve como guía básica para entender, de forma oficial, qué señales buscar y cómo reportar sospechas para evitar que otros caigan en trampas semejantes. Además, si este caso despierta preguntas respecto a rutas legales disponibles para la ciudadanía, se recomienda consultar directamente a las autoridades migratorias o a abogados acreditados para obtener asesoría precisa y basada en la ley vigente.
Con el proceso judicial en curso y el peso de las acusaciones ante ellos, Leiva Aquino, Pinto y Martinez enfrentan un escrutinio público y legal significativo. Las cifras, que incluyen 25 víctimas y más de medio millón de dólares en pérdidas, subrayan la magnitud de la estafa y la necesidad de respuestas rápidas y transparentes para proteger a las comunidades vulnerables y restaurar la confianza en los sistemas de inmigración y asesoría legal. En el corazón del caso yace la experiencia humana de personas que, buscando una salida digna y una oportunidad legítima, fueron arrastradas por una trama que mezclaba promesas grandiosas con amenazas veladas, poniendo en juego no solo su dinero, sino su seguridad y su sentido de pertenencia en una nación que suelen ver como un faro de oportunidades.
Aprende Hoy
extorsión (racketeering) → Acusación que implica un patrón de actividad criminal coordinada para obtener ganancias económicas ilegales.
robo por engaño → Delito de obtener dinero o bienes mediante falsas promesas o engaños.
USCIS Avoid Scams → Recurso oficial que ofrece orientación sobre cómo identificar y denunciar estafas migratorias.
Este Artículo en Resumen
El 5 de noviembre de 2025 la fiscalía acusó a tres personas de un fraude de inmigración de $563,700 que se centró en feligreses hispanohablantes en Woodbury e Inver Grove Heights. El trío prometía empleos, trámites legales y ciudadanía rápida mediante una supuesta abogada entre el 1 de enero de 2023 y el 3 de noviembre de 2025. Al menos 25 víctimas pagaron miles o decenas de miles de dólares y no recibieron servicios. Pinto enfrenta cargos de extorsión; la investigación sigue abierta con la cooperación de las parroquias.
— Por VisaVerge.com
