Puntos Clave
- Más de 13,000 trabajadores de la UC, liderados por UAW Local 4811, pidieron prohibir a ICE en campus.
- Al menos 100 académicos de la UC perdieron estatus migratorio en 2025; 44 terminaciones de I-20 ocurrieron en una semana.
- La SB 627 prohíbe agentes enmascarados y restringe entrada sin orden a escuelas y hospitales desde el 1/1/2026.
(CALIFORNIA, UNITED STATES) Más de 13,000 miembros del sindicato de la Universidad de California, principalmente de UAW Local 4811, han presentado formalmente una petición al sistema UC para prohibir a los agentes de ICE de las campuses y para brindar apoyo legal y financiero a trabajadores internacionales que enfrentan cambios en su estatus migratorio. La iniciativa llega en medio de un incremento de las revocaciones de estatus de visa e intercambio, con al menos 100 académicos y recién graduados de la UC perdiendo su estatus solo en 2025, según las estimaciones difundidas por los representantes de los trabajadores y actores académicos involucrados. La demanda de los sindicatos y organizaciones docentes es firme: proteger a quienes estudian, investigan y trabajan en la UC ante lo que describen como un clima de temor institucional y de represión administrativa, y garantizar que estudiantes y personal reciban asistencia legal y continuidad educativa incluso ante decisiones migratorias adversas.
La petición, impulsada por la Unión de Trabajadores de la UC (con fuerte apoyo de la rama local de AFSCME 3299), subraya que las políticas actuales no pueden permitirse sin contrapesos claros frente a las funciones federales de seguridad. En este marco, las partes señaladas demandan medidas concretas: prohibir a los agentes federales de inmigración la entrada a campus no públicos, asegurar acompañamiento y asesoría legal, y garantizar la continuidad de matrícula y financiamiento para los estudiantes y el personal afectados. El movimiento se ha expandido a la vida cotidiana de miles de personas que viven entre la urgencia de su estatus migratorio y la necesidad de verse como parte de la comunidad universitaria. En las protestas que acompañan la campaña, cientos de estudiantes y docentes en Berkeley han salido a la calle para pedir protecciones más fuertes, y la retórica de miedo que circula entre campus aparece como un denominador común de las historias y testimonios de quienes ven amenazados sus planes académicos y profesionales.
Entre las voces más citadas está la de Michael Avant, presidente de AFSCME 3299, quien afirmó:
“We will not stand by as the Trump administration destroys one of the largest public university higher education systems in the country and bludgeons academic freedom at the University of California, the heart of the revered free speech movement. Worse, it has created a climate of fear and uncertainty for UC students, patients and staff who can no longer go to work, speak their minds, seek care, or enforce their rights on the job without fear of reprisals from masked federal agents or a vengeful, lawless President.”
Aunque el lenguaje del grupo suele centrarse en cambios políticos de la administración federal, la frase citada resuena con fuerza en un movimiento que pretende presionar a la UC para que adopte políticas más claras de no cooperación con determinadas funciones migratorias y para que, al mismo tiempo, ofrezca salvaguardas procesales y laborales a quienes podrían verse afectados por decisiones de migración.
Otra voz destacada pertenece a Sandy Reding, RN, presidenta de CNA/NNU, quien afirmó:
“Nurses know that gender-affirming care is safe and effective. Blocking coverage for potentially life-saving care will cause direct and immediate harm to trans patients. We never want to put our patients at risk. Trans care is health care. Hospitals are a place of healing. That’s why we also say ICE has no place there.”
Su declaración contextualiza la preocupación por la seguridad de los pacientes y la integridad de los hospitales como escenarios donde la presencia de agentes de ICE se percibe como una amenaza para la atención médica y la autonomía de las personas, especialmente entre comunidades vulnerables.
En un ámbito más legal y técnico, Ahilan Arulanantham, co-director del Center for Immigration Law and Policy de UCLA, comentó críticamente sobre la postura de la UC en cuestiones de contratación y arenas de empleo.
“The court’s powerful opinion rejects the UC’s attempt to justify its policy discriminating against undocumented students. It is wrong — both morally and legally — to bar our state’s most talented students from access to crucial educational employment opportunities based on their immigration status.”
Sus palabras subrayan un eje central del debate: la tensión entre políticas institucionales y criterios de igualdad de acceso a oportunidades educativas y laborales para personas sin estatus regular.
La experiencia de Iliana G. Perez, quien fue profesora universitaria y estaba entre los afectados por cambios de estatus, añadió una dimensión personal al debate.
“As someone who was undocumented and a UC lecturer, I know firsthand the transformative power of on-campus work opportunities. UC must now act with urgency to dismantle exclusionary policies and ensure all students, regardless of immigration status, can fully participate in their education, contribute to their campuses, and shape California’s future.”
Sus palabras subrayan la idea de que estas políticas no son abstractas: tienen efectos directos sobre la vida profesional y el desarrollo académico de personas que ya cumplen roles sustantivos en las universidades.
Entre los hechos citados por las partes interesadas, destacan incidentes concretos que han marcado la realidad reciente. Por ejemplo, al menos 44 estudiantes de la UC vieron terminadas sus fichas SEVIS I-20 en una semana de abril de 2025, con al menos una deportación reportada durante ese periodo, un dato que cristaliza el peso humano de las decisiones migratorias en un mundo universitario que depende de la movilidad y la diversidad. En otro episodio, la UC se ha enfrentado a un requerimiento federal y ha entregado información personal de aproximadamente 900 docentes que habían firmado cartas abiertas sobre políticas universitarias, un gesto que ha sido visto por los defensores de los derechos de los inmigrantes como una señal de la tensiones entre la vigilancia federal y la vida académica. Parallelamente, al menos 70 estudiantes internacionales en California State University (CSU), entre ellos varios en Sacramento State, sufrieron la revocación de sus visas sin aviso, hasta el 7 de abril de 2025. Estos ejemplos, tal como los presentan los sindicatos, subrayan un aumento de las revocaciones de estatus de visa e intercambio que, según los organizadores, afecta a la UC y a otras instituciones públicas en California.
La administración de la UC mantiene una postura cauta ante estas tensiones. Su argumento oficial es que no puede prohibir de forma general a los oficiales de inmigración de campo (ICE/CBP) ingresar a los campus, dada la naturaleza de la ley federal, aunque sí puede restringir el acceso a áreas no públicas y proporcionar recursos de “know-your-rights” para estudiantes y personal. En este marco, las fuerzas policiales del campus han adoptado una política de no cooperación con esfuerzos de ejecución migratoria y no detendrán, interrogarán ni arrestarán a personas solamente por su estatus migratorio. Este enfoque se contrapone con iniciativas del estado, como la SB 627, conocido como “No Secret Police Act”, que fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom y que, con efecto a partir del 1 de enero de 2026, prohíbe a los agentes de ICE usar máscaras para ocultar su identidad y restringe su entrada en escuelas y hospitales sin una orden judicial; la ley también exige que las instituciones educativas notifiquen a los padres cuando ICE esté en el campus. Estos cambios estatales buscan una mayor transparencia y límites a la presencia de fuerzas federales en entornos educativos y médicos, incluso cuando la jurisdicción federal continúa siendo legalmente compleja. En el episodio de SB 98, aún pendiente, se plantea requerir a las instituciones educativas notificar a las comunidades del campus cuando haya presencia de agentes de aplicación migratoria federal. Esta constelación de normas estatales sugiere un campo de batalla legal y político en el que la acción de la UC se ve inevitablemente condicionada por presiones tanto internas como externas.
Al interior de estas tensiones, el movimiento de defensa de los trabajadores y de la academia insiste en que la UC debe avanzar con medidas concretas para proteger a los trabajadores de la UC y a los estudiantes con estatus irregular. Entre las demandas figura la provisión de apoyo legal inmediato para quienes han visto revocaciones de estatus de visa e intercambio, la posibilidad de que estudiantes deportados continúen sus estudios a distancia y la garantía de financiación continua para académicos y personal que se vea obligado a abandonar el campus por razones migratorias. Además, exigen que la UC se niegue a cumplir órdenes federales que impliquen la divulgación de información personal o la cooperación con ICE, un punto que ha cobrado fuerza en un contexto en el que la seguridad y la seguridad jurídica de los trabajadores y estudiantes son vistas como pilares de una institución que insiste en el papel de la universidad como refugio académico y lugar de derechos.
Más allá de las declaraciones y las cifras, el tema tiene un costado humano palpable: algunos de los trabajadores y estudiantes afectados ven en la UC y en su comunidad universitaria un refugio que, si se debilita, podría afectar su capacidad para estudiar, enseñar o investigar. En las últimas semanas se han organizado demostraciones que han reunido a cientos de personas en campus de la UC, donde se han visto consignas y consignas que piden un marco más claro para proteger a la población internacional y a las personas que se encuentran en procesos de regularización o de obtención de estatus. Las voces que rodean a estas movilizaciones insisten en que la acción política debe ir acompañada de respuestas tangibles: la revisión de políticas de empleo para personas con estatus irregular, la continuidad educativa para quienes están en vías de revocación de su estatus y un marco de protección que permita a estas personas continuar participando plenamente en la vida universitaria.
La conversación, sin embargo, no se detiene en la retórica. El debate sobre prohibir a los agentes del ICE de los campus y las estrategias para salvaguardar a los trabajadores de la UC, así como para gestionar las revocaciones de estatus de visa e intercambio, continúa siendo un punto de fricción entre la administración universitaria, las familias y las comunidades académicas. La respuesta de California ante estas dinámicas —a través de SB 627 y, potencialmente, SB 98— sugiere una voluntad de endurecer la postura estatal frente a la interacción de las autoridades federales con instituciones educativas y de salud, mientras que la UC, en su posicionamiento público, recalca la necesidad de respetar la legalidad federal al mismo tiempo que busca salvaguardar los derechos y la dignidad de sus comunidades.
En este entramado, la narrativa no es solo de políticas y regulaciones, sino de las vidas que quedan atrapadas entre decisiones migratorias y oportunidades de aprendizaje. La petición de prohibir a los agentes del ICE de las campus, la promesa de apoyo legal y financiero para quienes enfrentan cambios en su estatus, y la promesa de continuar con el empleo y la educación de quienes ya forman parte de la UC son piezas de un rompecabezas que aún no tiene una solución clara. Entre las lealtades institucionales y las tensiones con las fuerzas migratorias, la UC debe equilibrar una misión educativa con un panorama de seguridad nacional que, al parecer, seguirá siendo objeto de debate público y judicial durante los próximos meses.
Para quienes viven esta realidad, cada fecha tiene un peso especial. Los avances legislativos de California con fechas clave como el 1 de enero de 2026, cuando SB 627 entra en vigor, y las promesas de notificación a las comunidades universitarias en presencia de ICE, se leen no solo como cambios administrativos sino como señales de cómo una institución académica puede responder a un entorno de políticas migratorias en constante cambio. En ese marco, la exigencia de prohibir a los agentes del ICE de la UC, la labor de los trabajadores de la UC y la defensa de los derechos de estudiantes e investigadores frente a revocaciones de estatus de visa e intercambio han surgido como un tema de actualidad que podría redefinir el papel de las universidades públicas en Estados Unidos y su relación con el sistema migratorio federal.
Para informar de manera completa, se debe prestar atención a cómo evolucionan estos debates, las resoluciones que adopten las juntas y las autoridades universitarias, y, sobre todo, el impacto humano inmediato de las decisiones migratorias. La conversación entre la comunidad universitaria, las autoridades estatales y las comunidades afectadas continúa, con la certeza de que cada paso será observado muy de cerca por quienes ven en la Universidad de California no solo una fuente de conocimiento, sino un espacio de derechos, oportunidades y seguridad para miles de personas cuyo futuro está entrelazado con la vida académica de California.
Para ampliar la información sobre el marco legal relevante, la página oficial que detalla el SB 627, conocido como No Secret Police Act, proporciona el texto y las disposiciones que regirán a partir de 2026: No Secret Police Act (SB 627) – California Legislative Information. En este contexto, la conversación sobre la prohibición de prácticas que afecten a trabajadores de la UC y a estudiantes internacionales, junto con la cuestión de las revocaciones de estatus de visa e intercambio, se mantiene activa y a la espera de resoluciones que afectarán a miles de personas y a la vida académica de California.
Aprende Hoy
SEVIS → Sistema informático del gobierno que registra y supervisa a estudiantes y visitantes de intercambio internacionales.
Formulario I-20 → Documento que certifica el estatus de estudiante F-1 en SEVIS; su terminación puede dejar al estudiante sin estatus legal.
SB 627 → Ley de California (No Secret Police Act) que prohíbe agentes de ICE enmascarados y restringe entradas sin orden judicial a escuelas y hospitales.
Este Artículo en Resumen
Más de 13,000 miembros sindicales de la Universidad de California, liderados por UAW Local 4811, exigen prohibir a ICE en áreas no públicas del campus y crear apoyo legal y financiero inmediato tras un aumento de revocaciones de estatus en 2025. Organizadores citan al menos 100 académicos afectados y piden líneas legales de respuesta rápida, protección de empleos y fondos, y cláusulas que impidan cooperación voluntaria con la aplicación federal, mientras California avanza con SB 627.
— Por VisaVerge.com
