Puntos Clave
- DPS de Texas detuvo a más de 3.000 inmigrantes indocumentados entre enero y septiembre de 2025.
- Un 88% de las detenciones se relacionaron con supuestas violaciones de leyes migratorias federales.
- La Legislatura aprobó 3.400 millones de dólares para seguridad fronteriza en 2025, un tercio destinado a DPS.
(TEXAS, UNITED STATES) A partir de 2025, Texas ha colocado a la Policía de Texas (DPS) en el centro de una expansión agresiva de su programa de control migratorio, Operación Lone Star 2.0, con nuevas operaciones, autoridades y coordinación con agencias federales que marcan un giro significativo respecto a años previos.
En septiembre de 2025, DPS encabeza esfuerzos que se extienden desde la frontera hasta el interior del estado, elevando el tono de la seguridad pública y, al mismo tiempo, desatando un intenso debate sobre derechos, debido proceso y el impacto comunitario.
Operación Lone Star 2.0 y el nuevo despliegue
Desde principios de 2025, DPS ha pasado de centrarse principalmente en la frontera a ejecutar vigilancia y arrestos a lo largo de todo Texas. Según informes oficiales y análisis de la cobertura:
- Se han detenido más de 3.000 inmigrantes indocumentados entre finales de enero y principios de septiembre.
- Aproximadamente el 88% de esos casos están vinculados a presuntas violaciones de leyes migratorias federales.
Esa proporción ha desplazado, en la práctica, funciones que antes recaían principalmente en autoridades federales.
Además, bajo instrucciones del gobernador, se formaron equipos tácticos especializados (conocidos como “strike teams” o unidades de acción rápida) para apoyar operaciones de deportación a gran escala. Estas unidades:
- Operan en la frontera y también en ciudades grandes como Austin, Dallas y Houston.
- Focalizan en individuos sospechosos de entrada ilegal y en personas con antecedentes penales.
La expansión no se limita a la acción policial directa: la agencia ha recibido un aumento de recursos para ampliar su presencia y capacidad operativa, con un presupuesto estatal adicional considerable para la seguridad fronteriza, del cual aproximadamente un tercio se asigna a DPS para ampliar la vigilancia dentro del estado.
Alcance interior y financiación
El programa ha avanzado notablemente hacia ciudades grandes y zonas del interior.
- Casi 1 de cada 5 detenciones reportadas en el periodo analizado ocurrió fuera de las áreas fronterizas, en ciudades de alto volumen poblacional.
- Esto indica una modificación sustancial de la misión de DPS, que ya no se limita a la frontera sino que asume un papel de primer plano en la aplicación de políticas migratorias estatales.
Sobre financiación:
- La Legislatura de Texas aprobó en 2025 un incremento de 3,4 mil millones de dólares para seguridad fronteriza.
- Aproximadamente un tercio de esos fondos está destinado a ampliar las funciones de control migratorio dentro del interior del estado.
Este flujo de recursos refuerza la percepción de una estrategia de doble vía: endurecimiento de la frontera y mayor presencia de agencias estatales en el control migratorio interno.
Nuevo marco legal y autoridad estatal
Texas aprobó leyes para otorgar más poder a las fuerzas estatales en la detención y, cuando corresponda, expulsión de personas indocumentadas. Entre las normas destacadas:
- SB4, SB8, SB36 y HB354 — cada una con matices distintos sobre el alcance y la forma de colaboración entre DPS y agencias federales.
- SB4 busca ampliar la detención y deportación por parte de autoridades estatales. A septiembre de 2025, SB4 enfrentaba apelaciones que podrían dejarla sin efecto si las impugnaciones prosperan; sin embargo, su reactivación implicaría mayor cooperación entre niveles de gobierno y una expansión de capacidades estatales.
Cooperación federal-estatal:
- En enero de 2025 se firmó un acuerdo 287(g) que permite a fuerzas estatales participar en funciones de aplicación de la ley migratoria a nivel federal (identificación, detención e inicio de procesos de removal para no ciudadanos).
- Este acuerdo marca una modalidad inédita para Texas y establece un modelo que otros estados podrían seguir, pese a la cautela legal sobre su alcance e interpretación constitucional.
Impacto en comunidades y actores relevantes
El endurecimiento de la política migratoria en Texas tiene consecuencias destacadas para inmigrantes, familias y empleadores.
Principales efectos reportados:
- Incremento en el riesgo de arrestos y detenciones para inmigrantes indocumentados y personas con estatus migratorio mixto (por ejemplo, beneficiarios de DACA o solicitantes de asilo).
- Aumento de la desconfianza entre comunidades inmigrantes, especialmente en zonas interiores donde la presencia policial es percibida como más cercana y omnipresente.
- Mayor cautela en la contratación y gestión de la fuerza laboral; se han planteado restricciones adicionales para trámites de propiedad o derechos vinculados a estatus migratorio conforme entran en vigor nuevas normativas.
Preocupaciones de derechos civiles:
- Defensores han denunciado reportes de perfilamiento racial, arrestos por delitos de baja gravedad y falta de transparencia operativa en programas de DPS.
- Organizaciones como la ACLU de Texas han pedido salvaguardas para evitar abusos y garantizar procesos justos.
Argumentos de los partidarios:
- Consideran que la seguridad pública mejora cuando la aplicación de la ley migratoria está más coordinada con autoridades federales.
- Sostienen que el estado tiene el deber de proteger a sus residentes frente a crímenes cometidos por personas en situación irregular.
Contexto histórico y perspectivas legales
Breve cronología y tensiones:
- Operación Lone Star comenzó en 2021 con enfoque inicial en la frontera y ha evolucionado hacia una estrategia que combina mayor despliegue de DPS y herramientas legales para actuar en el interior.
- El giro ha generado tensiones entre autoridades estatales y federales, con pleitos judiciales centrados en la constitucionalidad de SB4 y en las potestades conferidas por el acuerdo 287(g).
Perspectivas sobre decisiones futuras:
- Las apelaciones sobre SB4 podrían resolverse a finales de 2025 o principios de 2026, fechas que podrían marcar decisiones relevantes.
- Dependiendo de los fallos, la implementación de operaciones de DPS podría experimentar cambios significativos.
Los expertos señalan que la jurisprudencia no solo definirá límites de autoridad, sino que podría establecer precedentes para futuras colaboraciones entre estados y el gobierno federal en materia migratoria.
Perspectivas de actores y análisis especializados
Posturas a favor:
- Afirman que mover a DPS a un rol protagonista fortalece la seguridad pública.
- Sostienen que acusar a criminales migratorios y actuar con apoyo federal mejora la respuesta ante delitos que ponen en riesgo a residentes.
Críticas y riesgos señalados:
- La expansión podría generar perfiles injustos y tensión entre comunidades inmigrantes y la policía local.
- Esa erosión de confianza puede reducir la disposición de víctimas o testigos a denunciar delitos o colaborar con autoridades.
Debate técnico:
- Expertos legales advierten que la interacción entre jurisdicciones crea escenarios complejos donde las salvaguardas procesales y la protección de derechos fundamentales deben ser prioridad.
- La posibilidad de que otros estados tomen a Texas como modelo añade presión a estas discusiones.
Guía práctica para afectados y comunidades
- Mantente informado:
- Si perteneces a comunidades con alta presencia de inmigrantes, sigue cambios en políticas y directrices locales.
- La claridad en las reglas y la transparencia de las operaciones afectan la confianza en las autoridades.
- Para empleadores:
- Revisa prácticas de contratación y evita que se conviertan en vías para la desconfianza o discriminación.
- La interacción entre la ley y el cumplimiento laboral puede volverse más compleja con la cooperación estatal-federal.
- Si recibes una notificación o cargo:
- Busca asesoría legal inmediata.
- Las situaciones migratorias involucran derechos de debido proceso, plazos de apelación y posibles medidas de detención que requieren respuesta informada y oportuna.
- Recursos y orientación:
- En casos de duda sobre derechos y procesos, consulta recursos oficiales y organizaciones de defensa que ofrezcan orientación legal y vías de recurso.
- Para información general, el portal oficial de DPS ofrece guías y contactos de asistencia.
Contexto de referencia y datos oficiales
- Texas DPS ha comunicado públicamente su involucramiento en Operación Lone Star 2.0, con datos de detenciones y el fortalecimiento de equipos tácticos para operaciones en interior y frontera.
- Para información oficial y actualizaciones institucionales, se recomienda consultar el sitio de la agencia: https://www.dps.texas.gov. Este portal concentra comunicados, metodologías y contactos útiles para residentes y comunidades afectadas.
- El marco legal y la interacción con el proceso migratorio federal se discuten en foros y análisis especializados. Según un análisis de VisaVerge.com, la dinámica entre la autoridad estatal y la autoridad federal está en un punto crítico que podría redefinir la cooperación interagencial y sus límites en los próximos meses.
Importante: la cobertura mediática y las declaraciones públicas subrayan la necesidad de cautela y revisión constante de las políticas para proteger derechos y garantías procesales.
Conclusiones y notas finales
La evolución de Operación Lone Star 2.0 sitúa a Texas DPS en una posición de liderazgo dentro de un marco de endurecimiento migratorio que se extiende por todo el estado. Con un arsenal legal que incluye SB4, SB8, SB36 y HB354, así como la alianza 287(g) con ICE, el estado impulsa una agenda de seguridad pública que, según sus defensores, busca proteger a las comunidades y reforzar la cooperación entre niveles de gobierno.
A la vez, persisten cuestionamientos sobre derechos civiles, procesos y el impacto real en inmigrantes indocumentados y sus familias. La región observa con atención cómo se resuelven las disputas legales y qué efectos tendrán estas políticas en la vida cotidiana.
La pregunta central sigue siendo: ¿hasta qué punto un estado puede asumir funciones que tradicionalmente han sido federales, sin socavar garantías esenciales para las personas? En medio de ese debate, las comunidades migrantes y sus defensores demandan claridad, protección de derechos y un marco que equilibre seguridad y justicia para todos los residentes del estado.
Aprende Hoy
Operación Lone Star 2.0 → Estrategia de 2025 que amplía las operaciones de DPS en control migratorio dentro de todo Texas, incluyendo equipos tácticos.
DPS de Texas → Departamento de Seguridad Pública de Texas, la agencia estatal que lidera la expansión de la aplicación migratoria.
Acuerdo 287(g) → Convenio federal que permite capacitar a agentes estatales para realizar funciones migratorias como identificación y detención.
SB4 → Proyecto de ley estatal que busca autorizar a oficiales a detener y deportar a personas sospechosas de residir ilegalmente; en apelación.
SB8 → Norma que exige mayor cooperación con ICE en condados con más de 100,000 habitantes para transferencias de custodia.
SB36 → Ley que incrementa fondos y crea una división de Homeland Security dentro de DPS para centralizar trabajo migratorio.
HB354 → Iniciativa que establece la Texas Border Protection Unit, una fuerza estatal armada para detener migrantes indocumentados.
Debido proceso → Garantías legales que protegen a las personas frente a detenciones arbitrarias, apelaciones y procedimientos justos.
Este Artículo en Resumen
En 2025 Texas reforzó el papel de la Policía de Texas (DPS) en la aplicación migratoria con Operación Lone Star 2.0, nueva legislación y un acuerdo 287(g) con ICE. DPS creó equipos tácticos y, entre enero y septiembre, reportó más de 3.000 detenciones, con 88% vinculadas a presuntas violaciones federales y casi 700 arrestos en grandes áreas metropolitanas. La Legislatura aprobó 3.400 millones de dólares para seguridad fronteriza, destinando cerca de un tercio a DPS. Los defensores destacan mejoras en la seguridad y coordinación federal; los críticos alertan sobre perfilamiento racial, riesgos de debido proceso y pérdida de confianza comunitaria. La apelación de SB4 y el litigio en curso definirán los límites futuros de la aplicación estatal.
— Por VisaVerge.com
