Puntos Clave
- Operación Flood the Zone detuvo cerca de 500 conductores y casi 200 migrantes entre el 3 y 4 de mayo de 2025.
- ICE informó 94 personas retenidas para investigación y traslado; fuentes locales reportaron entre 150 y 500 paradas de tráfico.
- TIRRC identificó 62 detenidos vía familias y denuncia falta de citaciones, transparencia y violaciones al debido proceso.
(NASHVILLE) La operación de fiscales federales y estatales dirigida por ICE y la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP) en Nashville, realizada desde la noche del 3 de mayo hasta las primeras horas del 4 de mayo de 2025, dejó al menos 500 conductores detenidos en puestos de control y a casi 200 migrantes bajo custodia para investigación y traslado, según registros y reportes oficiales de la operación denominada “Operación Flood the Zone” que buscaba concentrar esfuerzos en zonas con alta población latina en el sureste de Nashville. La acción, que se llevó a cabo con la coordinación entre ICE y THP, se enfrentó a críticas por parte de grupos de defensa de los inmigrantes y a cuestionamientos sobre transparencia y debido proceso, mientras las autoridades sostienen que se trató de objetivos específicos de seguridad pública.
La información recuperada indica que se realizaron entre 150 y 500 paradas de tráfico durante los días de la operación, y que ICE afirmó que 94 personas fueron detenidas para una investigación y traslado adicional. En paralelo, las autoridades señalan que la operación se dirigió a vecindarios con comunidades latinas significativas, lo que ha desencadenado acusaciones de perfilamiento racial por parte de grupos defensores de inmigrantes. En medio de estas tensiones, ICE afirmó que entre los detenidos se encontraban un delincuente convicto por delitos sexuales contra menores y un supuesto miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua, según los reportes de la operación. En respuesta, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, afirmó:
“A child sex trafficker has been caught, a gang member, multiple felons. These people don’t need to be in our backyard. And these kinds of efforts will help remove them.”
Estas palabras, difundidas por las autoridades estatales, subrayan la lectura oficial de la seguridad pública como razón central de la operación, aunque las observaciones de defensa ven un riesgo de deshumanización y estigmatización de comunidades enteras.
Entre las historias humanas que emergen de los datos, Ingrid Martinez describió el impacto directo en su familia: su madre fue detenida durante la operación.
“I didn’t know that after five minutes of barely being with her, I wasn’t going to be able to see her anymore,”
relató Martinez, cuya madre fue trasladada a Louisiana en una hora, tras la detención.
“She serves a church. She takes care of her grandkids. So, I don’t know how she can be seen as a criminal,”
agregó, ilustrando la fricción entre las políticas de seguridad y la vida cotidiana de familias que dependen de personas detenidas para el cuidado de sus hijos y comunidades.
La respuesta de la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC) ha sido particularmente contundente. Su directora ejecutiva, Lisa Sherman Luna, afirmó:
“They are kidnapping our people off the street based on nothing but the color of their skin,”
y añadió que,
“Fathers, brothers, mothers, sisters, friends, and neighbors are all languishing in immigration detention centers because of the color of their skin.”
El abogado Allen King, director jurídico de TIRRC, comentó que
“Our full focus right now is making sure that families and friends are reunited with their loved ones, and that everyone affected has their fair day in court.”
Estas declaraciones subrayan la preocupación por la transparencia y la protección de los derechos procesales en un operativo que, según los defensores, no proporcionó suficiente información para rastrear a los detenidos ni sus cargos.
Uno de los temas más controvertidos es la falta de transparencia. TIRRC y abogados de la región sostienen que ICE y THP han ocultado información clave sobre las identidades de las personas detenidas, sus cargos y su ubicación actual, dificultando el trabajo de las familias y de los representantes legales. Según los defensores, solo 62 de las personas detenidas han sido identificadas a través de sus familiares. En la misma línea, Luna afirmó:
“Any Tennessean who cares about families, about safety, about our state and about belonging should be deeply alarmed and concerned about the lack of due process and violations of our most fundamental constitutional rights.”
Estas declaraciones enfatizan la preocupación por el debido proceso en un marco que, según críticos, dejó a los detenidos y sus familias sin una ruta clara para la defensa legal.
En Nashville, la participación de las autoridades locales ha sido objeto de escrutinio. El director de la Oficina de Legal de Metro Nashville, Wally Dietz, declaró que la policía metropolitana “no estuvo involucrada y no fue notificada de antemano” sobre la operación. Dietz envió cartas a ICE solicitando los nombres y cargos de las personas arrestadas; sin embargo, las autoridades municipales dijeron que no habían recibido información detallada a la fecha de los reportes más recientes. Estas declaraciones señalan una fractura percibida entre las agencias federales y las autoridades locales, que alimenta la narrativa de una intervención que, para algunos, se realizó sin la coordinación necesaria con las instituciones municipales de seguridad pública.
La cronología operativa, descrita por las fuentes, señala que la operación fue coordinada entre THP e ICE, con funcionarios federales solicitando refuerzos de la Policía Metropolitana de Nashville para enfrentar posibles reacciones de la comunidad o protestas en instalaciones de ICE. Los registros de comunicaciones de despacho corroboran que el inspector Jackson Sanders, de la Servicio Federal de Protección (Federal Protective Service), llamó al despacho de Metro para solicitar patrullas extras cerca del Brick Church Park, anticipando la respuesta comunitaria. En respuesta, la policía metropolitana acudió al recinto de la instalación de ICE después de recibir un mensaje automatizado del Departamento de Comunicaciones de Emergencias, pero su función se limitó a vigilar la escena y gestionar multitudes tras la operación, sin una implicación operativa amplia en la detención de personas.
La opacidad de la información ha sido un tema persistente. Los registros oficiales liberados al público y a los medios han sido mínimos, y las agrupaciones de defensa y las autoridades municipales expresaron frustración por la falta de detalles sobre identidades, cargos y ubicaciones actuales de los detenidos. El operativo ha generado una controversia considerable en Nashville, dando lugar a llamados para una mayor transparencia, para salvaguardas adicionales de debido proceso y para frenar la colaboración local con la aplicación federal de la inmigración. En respuesta a estas preocupaciones, TIRRC ha establecido una línea de ayuda para información legal y recursos para quienes hayan resultado afectados por la operación: 615-414-1030. Este recurso ha sido destacado como un puente entre las familias afectadas y las vías legales disponibles para buscar apoyo y orientación frente a las detenciones y los procedimientos que podrían seguir.
El conjunto de eventos ha dejado a la comunidad en un estado de alerta y a las autoridades locales en un dilema de política pública: cómo equilibrar la seguridad pública con los derechos de los inmigrantes y la estabilidad de las familias afectadas. Las críticas sobre la falta de transparencia no se limitan a grupos de defensa; también han aparecido voces dentro de Nashville que piden una revisión de la coordinación entre los cuerpos de seguridad estatales y federales, a fin de evitar abusos de poder y para garantizar que las respuestas ante la migración no se conviertan en acciones que desbaraten comunidades enteras. En un marco más amplio, la operación ha intensificado el debate sobre la estrategia de “Encuadre de la Zona” utilizada por ICE para concentrar recursos en distritos de alta presencia latina, y sobre la necesidad de salvaguardar derechos y procesos para las personas afectadas, tanto como para sus familias y comunidades que dependen de ellas.
Para los afectados, la pregunta central es qué sucede después y cómo pueden acceder a la información necesaria para entender la razón de la detención, el estado de sus casos y las vías disponibles para la defensa. Las familias afectadas buscan claridad sobre la situación de sus seres queridos, especialmente cuando algunas personas ya han sido trasladadas a otros estados o detenidos sin un plan claro de lo que ocurrirá a continuación. En este contexto, la intervención de Nashville, con su dinámica local, se ha convertido en un foco de atención no solo para migrantes y sus redes de apoyo, sino también para defensores de derechos civiles y abogados que temen que la práctica de detener y trasladar a personas a otros estados sin notificarlas adecuadamente a sus familias pueda convertirse en una norma preocupante si persiste sin una mayor supervisión y transparencia.
La conversación permanece abierta sobre la naturaleza exacta de los hallazgos de la Operación Flood the Zone, y sobre si el énfasis en la seguridad y en la eliminación de individuos catalogados como peligrosos puede justificarse ante la ausencia de un marco de rendición de cuentas que permita a las comunidades entender quiénes fueron detenidos, con qué cargos y dónde se encuentran exactamente. En un estado donde las tensiones entre seguridad, derechos civiles y confianza comunitaria están siempre en juego, Nashville se convierte en un escenario donde la política de inmigración y las prácticas de aplicación de la ley requieren una vigilancia constante y una comunicación más clara con quienes están siendo más directamente afectados: las familias que esperan noticias sobre sus seres queridos y la comunidad que, de una u otra forma, comparte el tejado común de la ciudad.
Para la gente que podría haber sido afectada, TIRRC sugiere buscar información a través de su línea de ayuda, y la organización continúa pidiendo a ICE y THP que publiquen información adicional de manera más transparente. En palabras de la propia TIRRC,
“They are kidnapping our people off the street based on nothing but the color of their skin,”
y
“Fathers, brothers, mothers, sisters, friends, and neighbors are all languishing in immigration detention centers because of the color of their skin.”
Estas frases, repetidas por la coalición de defensa de los inmigrantes, resumen una preocupación que va más allá de un operativo particular: el modo en que el miedo, la desinformación y la imposibilidad de entender la situación de las personas detenidas pueden afectar la confianza de las comunidades en las instituciones públicas y en el principio de que la ley protege a todos por igual.
ICE, por su parte, sostiene que la operación no se trató de un abuso sino de una acción orientada a identificar y detener individuos que podrían representar riesgos para la seguridad pública. En Nashville, la resonancia de estas afirmaciones se da en un contexto en el que las comunidades latinas suelen ser objeto de vigilancia y presiones por parte de las fuerzas de seguridad, y donde la verdad sobre la experiencia de cada persona detenida —su ruta, su estado, sus planes de defensa— se convierte en un asunto de derechos humanos y de responsabilidad institucional. En la actualidad, la conversación en Nashville parece moverse entre la necesidad de proteger a la comunidad y la obligación de mantener la integridad de un sistema de inmigración que debe operar bajo principios de transparencia y debido proceso.
Para quienes quieran seguir el tema, hay indicios de que las autoridades podrían proporcionar más información en los próximos días y semanas, y las voces de los defensores siguen pidiendo rendición de cuentas claras. En paralelo, la ciudad y sus comunidades continúan lidiando con las consecuencias humanas: familias que deben reconstruir sus redes de apoyo y comunidades que buscan entender qué ocurrió, por qué ocurrió y qué debe hacerse para evitar que una operación de este tipo se repita sin salvaguardas adecuadas. En este sentido, la historia de Nashville durante la Operación Flood the Zone se presenta como un examen de la capacidad de las instituciones para equilibrar seguridad y derechos, y de la voluntad de las agencias para actuar con la transparencia que demanda una sociedad que valora la dignidad de cada persona, independientemente de su estatus migratorio.
Para las personas afectadas o para obtener información legal, la línea de asistencia de TIRRC sigue disponible al número proporcionado y se mantiene como un recurso clave para quienes buscan asesoría durante un periodo de incertidumbre. En resumen, la operación deja varias preguntas abiertas sobre la práctica de cooperación entre ICE y THP, la respuesta de las autoridades locales y las garantías procesales para las personas detenidas y sus familias. Mientras Nashville evalúa las repercusiones, la comunidad observa cómo se desarrollan las respuestas oficiales, y cómo estas pueden influir en futuras decisiones sobre la forma en que se implementan operaciones de este tipo en áreas con fuertes concentraciones de población latina.
En cualquier caso, el tema se mantiene vigente en una ciudad que, como muchas otras en Estados Unidos, se enfrenta al desafío de fusionar seguridad pública y derechos civiles en un marco donde la confianza entre las comunidades y las autoridades es un bien cada vez más valioso. Aquellos que deseen informarse sobre posibles cambios en políticas de migración o en la forma en que se realizan operaciones de este tipo pueden consultar recursos oficiales, como la página de ICE, que ofrece información actualizada sobre procedimientos y normativas a nivel federal. Además, para quienes buscan información específica sobre procesos migratorios, las instituciones gubernamentales mantienen recursos y guías para entender los derechos y las vías disponibles para presentar peticiones o defender casos ante las autoridades competentes. El debate en Nashville, alimentado por testimonios de familias afectadas y por la labor de defensa de TIRRC, continúa en un momento en que la ciudad se sitúa en el centro de un tema nacional que sigue evolucionando ante los ojos de una ciudadanía cada vez más consciente de la importancia de un proceso justo y humano.
ICE, Operación Flood the Zone y Nashville figuran ahora en el radar público no solo como un hecho policial, sino como un recordatorio de que la seguridad de una comunidad no puede lograrse a expensas de la dignidad y los derechos de quienes buscan una vida mejor. Como se ha visto en Nashville, la tensión entre el objetivo de detener personas sospechosas de delito y la necesidad de respetar el debido proceso exige respuestas claras y un marco de supervisión que asegure que las acciones de las agencias federales y estatales se lleven a cabo con la mayor transparencia posible y con la debida responsabilidad hacia las familias y comunidades afectadas. Esto podría traducirse, en el corto plazo, en mayor demanda de información por parte de las familias, más apoyo legal a través de líneas como la de TIRRC y, a medio plazo, en posibles revisiones de protocolos de coordinación entre ICE, THP y las autoridades locales para futuras operaciones que demanden una respuesta contundente sin sacrificar derechos fundamentales. Para quienes buscan comprender qué ocurrió exactamente y qué podría venir después, la historia de Nashville ofrece un marco claro para observar cómo las políticas de inmigración siguen afectando vidas reales, y cómo la ciudad, con sus voces diversas, intenta navegar entre la seguridad y la justicia.
Aprende Hoy
ICE → U.S. Immigration and Customs Enforcement; agencia federal encargada de la aplicación civil de leyes migratorias.
Operación Flood the Zone → Nombre de la redada coordinada entre ICE y THP en Nashville los días 3–4 de mayo de 2025.
TIRRC → Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee; organización que asiste a detenidos y familias.
Este Artículo en Resumen
La operación conjunta de ICE y la Patrulla de Carreteras de Tennessee en el sureste de Nashville (3–4 de mayo de 2025) produjo aproximadamente 500 paradas de tráfico y cerca de 200 detenciones; ICE reportó 94 retenidos para investigación y traslado. Defensores alegan perfilamiento racial, falta de citaciones estatales y escasa transparencia, mientras familias denuncian traslados rápidos fuera del estado que dificultan el acceso legal. TIRRC ha identificado 62 detenidos mediante familiares y ofrece asesoría en la línea 615-414-1030.
— Por VisaVerge.com
