Puntos Clave
- El senador Bernie Moreno presentó la Acta USA HIRE el 5 de septiembre de 2025 con un impuesto especial del 25%.
- La propuesta impide deducciones de pagos a extranjeros y crea un Domestic Workforce Fund para formación y reciclaje.
- En noviembre de 2025 la iniciativa no tiene cosponsors y está pendiente en el Comité de Finanzas del Senado.
(UNITED STATES) Un nuevo eje de debate migratorio y comercial sacude los pasillos del Capitolio y podría reconfigurar la relación entre empleo, tecnología y outsourcing global. El 5 de septiembre de 2025, el senador republicano Bernie Moreno, de Ohio, presentó lo que él denomina la Halting International Relocation of Employment Act, abreviada como HIRE Act, también conocida en el debate público como la Acta USA HIRE. La propuesta propone gravar con un impuesto especial del 25% a los pagos realizados por empresas estadounidenses a entidades o personas extranjeras para servicios que, en última instancia, beneficien a consumidores en Estados Unidos. Además, plantea impedir que estas partidas sean deducibles de impuestos y destinar los ingresos a un nuevo Domestic Workforce Fund, orientado a la formación y recapacitación de trabajadores estadounidenses. En términos simples, el proyecto busca desincentivar la externalización y, en caso de aprobarse, cambiaría de forma drástica los costos de contratación fuera del país, con efectos directos para firmas de tecnología, servicios de atención al cliente, finanzas y manufactura.
La idea central, según Moreno, es clara:
“American taxpayers should not subsidize companies that ship jobs overseas.”
Esta declaración forma parte de un marco más amplio que promete reducir la dependencia de mano de obra extranjera y reforzar los empleos domésticos, al tiempo que financia programas de desarrollo y recualificación de trabajadores estadounidenses. Moreno no se limita a vender la idea en términos abstractos; en sus intervenciones en el Senado, critica a las corporaciones por “perseguir salarios de esclavitud en otras partes del mundo donde pueden pagar a la gente $5 al día”, y añade que “nuestras llamadas, nuestros consumidores estadounidenses que necesitan ayuda, están llamando a esos países extranjeros. Tienen una barrera idiomática, una barrera cultural y, lo más importante, ese dinero está abandonando nuestro país para ir a esas comunidades en lugar de quedarse aquí en Estados Unidos”. Estas frases, que forman parte del cruce de argumentos entre proteccionismo económico y defensa del mercado interno, están entre las que el proyecto ha dejado como hilo conductor en el debate público.
La medida, pese a su ambición, se mantiene en una fase legislativa crucial. En noviembre de 2025, el proyecto figura como pendiente en el Comité de Finanzas del Senado y, a esa altura, no tenía cosponsors. El proceso hacia la aprobación involucra un camino de revisión en comité, posible enmienda, eventual votación en el Senado, aprobación por la Cámara y, finalmente, firma presidencial si logra avanzar. En su curso inmediato, la iniciativa ha sido objeto de intensas gestiones de cabildeo, con asociaciones industriales, empresas de outsourcing y grupos comerciales que exigen claridad y, en algunos casos, exenciones para ciertas actividades o sectores.
La dimensión internacional del debate es, por supuesto, amplia y particularmente sensible para la India, un país que ha dependido de estrechos lazos con el mercado de Estados Unidos para su industria de tecnología de la información y servicios de externalización (BPO). Según la narrativa del borrador, la India representa aproximadamente dos tercios de las exportaciones de servicios de TI de ese país, con firmas como TCS, Infosys, Wipro y HCL entre las más destacadas en el conjunto de proveedores que podrían verse afectados si la tasa del 25% se aplica de forma amplia. En el panorama de empleo, la industria IT-BPM de la India emplea más de 5 millones de personas; una desaceleración en la externalización hacia EE. UU. podría traducirse en estancamiento de contrataciones o incluso despidos, especialmente en puestos de entrada y operaciones de servicios.
El proyecto también cambia el prisma para los profesionales indios que trabajan con visados como H-1B o L-1. Por un lado, una reducción de la externalización podría empujar a más profesionales a buscar empleo directo en Estados Unidos; por otro, si la adopción de proteccionismo laboral se amplía, podría restringir nuevas oportunidades de visa o favorecer la contratación local. En paralelo, Nueva Delhi podría buscar exenciones o clarificaciones a través de vías diplomáticas o comerciales, argumentando que las exportaciones de servicios de India son beneficiosas para ambas partes. En la dinámica de adaptación empresarial, las grandes firmas de TI de la India ya están expandiendo su presencia en territorio estadounidense, creando hubs de innovación y combinando equipos locales y offshore para mitigar riesgos ante una posible reducción de contratos desde Estados Unidos.
El debate no se limita a un marco bilateral o a consideraciones de costo. Expertos señalan que la definición amplia de “pagos a extranjeros” y lo que exactamente constituye un “beneficio para los consumidores estadounidenses” generan incertidumbres regulatorias y posibles mecanismos de elusión que podrían complicar la aplicación de la norma. En la arena política, el propio Moreno indicó que la medida busca no sólo castigar a las firmas que trasladan empleos, sino también fomentar el retorno de esos puestos a suelo nacional y financiar una red de capacitación que prepare a trabajadores para las demandas de una economía que, según sus críticos y defensores, se estaría terminando por reconfigurar.
Entre las voces del Senado, el cuño de la conversación incluye objeciones y apoyos parciales. El protagonista de la iniciativa ha intentado, en varias ocasiones, llevar el proyecto adelante mediante consentimientos unánimes en el Senado, una estrategia que se topó con la oposición de algunos senadores del Partido Demócrata. En particular, la senadora Jacky Rosen, de Nevada, expresó:
“For some things, this isn’t the way we make laws. For complex legislation, committee review and work with colleagues is necessary. But… you have my commitment to move forward. I am with you.”
Sus palabras sitúan el debate en una línea de cooperación y método persuasivo, señalando que el objetivo subyacente —el fortalecimiento de la clase trabajadora estadounidense— merece un desarrollo más detenido y consensuado que una vía legislativa expedita.
El marco de la Ley HIRE —referida en el debate también como la Acta HIRE de Estados Unidos— está estructurado alrededor de varias piezas centrales. En primer lugar, la imposición de un impuesto especial del 25% sobre pagos que los negocios estadounidenses realicen a personas o entidades extranjeras por servicios que benefician a consumidores estadounidenses. En segundo lugar, la prohibición de deducibilidad de ese tipo de pagos, lo que añadiría un costo directo para las empresas que opten por externalizar. En tercer lugar, la creación del Domestic Workforce Fund, diseñado para financiar programas de desarrollo de la fuerza laboral, con énfasis en capacitación, aprendizaje y subvenciones a estados que enfrenten desplazamiento laboral. En cuarto lugar, se contemplan requisitos de reporte y certificación para las empresas, con mayores sanciones ante incumplimientos y medidas antiembalaje para evitar esquemas de elusión. Y, por último, se subraya que no habrá excepciones para pagos a afiliados o filiales extranjeras, lo que mantiene un alcance amplio y complejo para la aplicación de la norma.
La fecha de introducción figura con una precisión que contrasta con la discusión que ya llevaba meses circulando. Según el registro, la fecha de introducción fue el 5 de septiembre de 2025 y, a mes y medio de ese momento, el proyecto estaba en una fase de revisión en el Comité de Finanzas del Senado, con la ausencia de cosponsors en ese momento, lo que sugiere una trayectoria en la que la dinámica de votos y alianzas podría decidir el destino de la iniciativa. Se ha señalado que el intento de Moreno de obtener aprobación por consentimiento unánime el 17 de septiembre de 2025 fue bloqueado por senadores demócratas, con la senadora Jacky Rosen señalando que “for some things, this isn’t the way we make laws. For complex legislation, committee review and work with colleagues is necessary. But… you have my commitment to move forward. I am with you.” Este episodio ilustra el delicado equilibrio entre la urgencia de la agenda de empleo doméstico y la necesidad de un proceso deliberativo que permita un marco más claro y menos susceptible a controversias.
La discusión global que rodea a la Ley HIRE se mueve, por supuesto, en un plano de política económica y de política exterior. Si se aprueba, la norma podría marcar un giro hacia el nacionalismo económico en una era de globalización avanzada, con costos de operación más altos para corporaciones que dependan de talento y servicios internacionalizados. Expertos advierten que tal cambio podría socavar la movilidad laboral global y provocar medidas recíprocas por parte de otras naciones que busquen proteger a sus trabajadores. En el plano empresarial, la propia idea de gravar pagos de servicios hacia proveedores extranjeros podría empujar a las empresas estadounidenses a reducir la externalización o a crear centros de entrega locales en Estados Unidos operados por firmas extranjeras, una dinámica que podría beneficiar o golpear a economías como la india, dependiendo de la estructura de cada contrato y de las respuestas regulatorias que surjan.
En el cruce entre empleo, tecnología y primer plano de competencia global, la Ley HIRE propone, a la vez, un paquete de incentivos para reconsiderar la estrategia de costos. Las empresas podrían decidir trasladar más operaciones a territorio nacional para evitar el peso del impuesto, o, alternativamente, redimensionar sus estructuras para mantener operaciones offshore, pero dentro de un marco fiscal más oneroso. Ese costo adicional se traduciría en una mayor presión para reordenar cadenas de suministro y en una mayor necesidad de inversión en capacitación de trabajadores locales para sacarle provecho a la economía del conocimiento sin depender tanto de proveedores extranjeros.
Para India y otros grandes proveedores de servicios, el tablero es especialmente sensible. El borrador señala que la dependencia de Estados Unidos hacia los servicios de TI indios podría verse afectada, con estimaciones que apuntan a un impacto de ingresos de la región entre el 10% y el 20% si se reduce significativamente la demanda de externalización. Si bien la industria india ha respondido aumentando su presencia en Estados Unidos, con más contratación de talento local y desarrollo de hubs de innovación, la cuestión no es meramente económica: está ligada a las perspectivas de movilidad laboral, a la evolución de visas y a una posible reorganización de las relaciones comerciales que podrían afectar a millones de trabajadores y estudiantes vinculados a flujos transnacionales.
A nivel humano, las implicaciones de la HIRE Act para individuos y familias están determinadas por la magnitud de los cambios en la demanda de servicios externalizados y en la claridad de las reglas. En India, y entre la diáspora, se contempla un espectro de respuestas: desde la posibilidad de buscar empleo directo en Estados Unidos, hasta la necesidad de adaptarse a un marco de visas más restrictivo si la externalización disminuye. En ciudades con una fuerte presencia de firmas de TI, como Bangalore, Hyderabad o Pune, la conversación pública ya gira en torno a la posibilidad de que menos contratos desde Estados Unidos signifiquen ajustes en los planes de contratación y en la orientación de la formación profesional para jóvenes y recién graduados.
El cuestionamiento ético y práctico sobre la Ley HIRE es también un espejo de la conversación global sobre cómo equilibrar crecimiento económico, salarios dignos y oportunidades para los trabajadores locales. Moreno, al presentar el proyecto, ha afirmado que su propósito es:
“pelear por los trabajadores estadounidenses y asegurar que puedan trabajar y retirarse con dignidad”
una declaración que busca unir la retórica de defensa de empleo doméstico con un programa de inversión en capacitación que, en teoría, debería beneficiar a comunidades alejadas de los centros de poder corporativos. Sin embargo, para que ese beneficio se materialice, el proyecto debe avanzar por un túnel legislativo que, de momento, está sembrado de preguntas y llamados a aclaraciones, y que podría requerir compromisos para ganar el apoyo necesario en un Senado dividido y ante un Congreso convulsionado por otras prioridades.
En este contexto, el término Ley HIRE se ha convertido en un símbolo de cómo Estados Unidos evalúa la globalización de su economía y la externalización como un fenómeno que, para muchos, ha sido sinónimo de eficiencia y crecimiento, y para otros, una amenaza para la seguridad y la prosperidad de la clase trabajadora nacional. La promesa de que se destinen recursos para la formación de trabajadores y la creación de oportunidades en el mercado laboral estadounidense logra cierta resonancia entre sindicatos y defensores de empleo, pero la letra pequeña de la norma —su alcance, su definición de “beneficio para los consumidores estadounidenses” y su aplicabilidad a transacciones complejas entre filiales y terceros— es precisamente la que podría decidir si la Ley HIRE se mantiene como proyecto o se convierte en un marco regulatorio completo.
En la práctica, la historia de la HIRE Act —con sus números, sus citas y sus momentos de bloqueo— se lee como un ensayo de la economía mundial en la que la frontera entre empleo nacional y servicios globales se ha vuelto cada vez más difusa. Si prospera, podría apoyar un reacomodo de la geografía laboral internacional, con menos dependencia de mano de obra en el extranjero y un impulso mayor hacia capacidades y educación para la fuerza laboral estadounidense. Si, por el contrario, no alcanza la votación necesaria, la discusión en torno a la externalización podría seguir evolucionando en un mosaico de políticas sectoriales y de incentivos a la producción nacional que, a fin de cuentas, tratarán de proteger a las personas que, día a día, sostienen el tejido económico de ciudades y comunidades en Estados Unidos y en aquellos países que alimentan con talento y servicios la economía norteamericana.
Para los observadores internacionales, la historia de la Ley HIRE sirve como medida de cuán rápido pueden cambiar las reglas del juego en un mundo interconectado. El debate sobre externalización, la protección de empleo y el diseño de un programa de recualificación masivo no es solamente una cuestión de costos, sino de cómo se define la relación entre empresas, trabajadores y estados en una época de cambios tecnológicos acelerados. En ese sentido, el proyecto de Moreno, a través de su ambición y de su resistencia parlamentaria, está mostrando una visión de Estados Unidos que intenta replantear el costo de la globalización para los propios trabajadores, sin negar la necesidad de que la economía permanezca competitiva frente a mercados emergentes y a una demanda de servicios que, en la era digital, rara vez se detiene.
Para el público hispanohablante, la narrativa que circula alrededor de la Ley HIRE es una historia de empleo, tecnología y política que se escribe a golpe de cifras, citas y estrategias legislativas. Es una historia que, de confirmarse, llevaría a grandes empresas a revisar no solo dónde pagan impuestos o dónde pagan a sus proveedores, sino dónde y cómo forman a sus equipos, qué roles se vuelven más caros por la nueva estructura fiscal y qué planes de ubicación de talento deben desarrollar para sostener el crecimiento sin perder competitividad. En resumen, la Ley HIRE no es sólo un proyecto de impuestos; es una pregunta sobre el futuro de las cadenas de valor globales, el lugar de Estados Unidos en una economía cada vez más interconectada y, sobre todo, el peso que la protección de empleo interno quiere tener frente a la lógica de la eficiencia y la innovación que ha definido la era moderna.
Para quienes siguen de cerca el tema, un único mensaje queda claro: la Ley HIRE, la Ley de Estados Unidos para la externalización y la formación de la fuerza laboral, está en el centro de una disputa sobre el cómo y el dónde se crean los empleos, y si el costo de esa defensa debe recaer sobre las empresas, los trabajadores extranjeros o el aparato del Estado que los regula. En este momento, el camino a seguir permanece por decidir, con un calendario que marca fechas críticas, como el 5 de septiembre de 2025 y las rondas subsiguientes de revisión en el Senado, que podrían redefinir no solo la forma en que Estados Unidos organiza su mercado laboral, sino también su relación con socios y mercados en Asia, Europa y América Latina. Para India y otros países dependientes de la demanda de servicios estadounidenses, la HIRE Act podría convertirse en un catalizador de cambios profundos en contratos, oportunidades de empleo y rutas migratorias, o, como señalan algunos analistas, en un incentivo para que las firmas se reorganicen y fortalezcan su presencia en el mercado interno y en Estados Unidos, manteniendo, por ahora, una cuota de incertidumbre que podría cristalizar en decisiones de negocio y políticas a lo largo de 2026 y más allá.
Para quienes buscan comprender la evolución de este tema, conviene seguir el proceso legislativo y las respuestas de las partes interesadas, incluidas las reacciones de senadores como Rosen y la postura de Moreno, que siguen marcando el pulso de un debate que no sólo aborda impuestos, sino el rumbo de la globalización y la forma en que Estados Unidos pretende competir en un siglo de cambios tecnológicos y migratorios. La próxima etapa, que podría definir si la Acta HIRE de Estados Unidos avanza o se queda en propuesta, estará sujeta a ajustes, clarificaciones y, sobre todo, a un diálogo entre intereses corporativos, legisladores y la ciudadanía que observa con interés cómo se construye la economía del mañana. Mientras tanto, el tema permanece en la órbita de las noticias que asoman en los despachos y en la conversación pública, recordando que las palabras de los protagonistas —tanto a favor como en contra— podrían resonar en decisiones que afectarán a millones de personas, de Bangalore a Silicon Valley y de Ohio a Mumbai. Para quienes deseen profundizar en el marco legislativo y las referencias oficiales, un punto de partida es el debate sobre la HIRE Act y su trayectoria en el Congreso, disponible en los archivos parlamentarios y páginas oficiales, que ofrecen el contexto para entender el alcance y las posibles interpretaciones de una norma que, de materializarse, cambiaría para siempre el paisaje de la externalización y la política de empleo en Estados Unidos. Lee más sobre la Ley HIRE y su estatus en el Congreso.
Aprende Hoy
Impuesto especial (excise tax) → Cargo fiscal aplicado a una transacción concreta; en este caso, un 25% sobre pagos de outsourcing que benefician a consumidores estadounidenses.
Domestic Workforce Fund → Fondo propuesto para financiar programas de recapacitación, aprendizajes y subvenciones estatales a trabajadores estadounidenses.
Pago a extranjeros → Categoría amplia en el texto que incluye a cualquier persona o entidad que no sea considerada ‘U.S. person’, y determina la sujeción al impuesto.
Este Artículo en Resumen
La Acta USA HIRE, presentada el 5 de septiembre de 2025 por el senador Bernie Moreno, propone un impuesto especial del 25% sobre pagos de empresas estadounidenses a personas o entidades extranjeras que beneficien a consumidores en EE. UU., y la eliminación de la deducibilidad de esos pagos. El proyecto crea un Domestic Workforce Fund para financiar formación. Con definiciones y reglas de reporte amplias, la iniciativa está en revisión en el Comité de Finanzas del Senado y genera incertidumbre en sectores como TI y atención al cliente.
— Por VisaVerge.com
