Puntos Clave
• Delaware propone prohibir a la policía preguntar o actuar por estado migratorio con la House Bill 58.
• Colorado busca restaurar cooperación policial y migratoria mediante el Senate Bill 25-047.
• Los estados adoptan leyes divergentes, generando incertidumbre y confusión en comunidades inmigrantes y autoridades locales.
Las recientes discusiones sobre la función de la policía local en asuntos migratorios en Estados Unidos 🇺🇸 están marcando una etapa importante para las relaciones entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden. Legisladores estatales están presentando una serie de Proyectos de ley para definir y, en algunos casos, limitar el papel que la policía local puede desempeñar en la aplicación de políticas migratorias. Esta tendencia evidencia el debate sobre dónde debe trazarse la línea entre la seguridad comunitaria y la colaboración con el gobierno federal en temas de inmigración, un asunto que impacta a residentes de muchas ciudades y pueblos.
Proyectos de ley recientes: ¿De qué se tratan exactamente?

Durante el año, varios estados han impulsado Proyectos de ley enfocados en establecer límites al involucramiento policial en temas de estado migratorio. Por ejemplo, en Delaware, la Cámara de Representantes ha presentado la House Bill 58, que busca prohibir a los policías detener, interrogar, arrestar, registrar o retener a una persona solo por su estado migratorio. También impide hacer preguntas sobre ciudadanía, lugar de nacimiento o si la persona califica para un número de Seguro Social.
De forma clara, House Bill 58 señala que los policías no deben arrestar ni retener a alguien debido a órdenes civiles de inmigración, que comúnmente expiden las autoridades federales de inmigración cuando sospechan que una persona está sin documentos. Además, otro proyecto, House Bill 96, exige al Departamento de Justicia de Delaware enviar, cada tres meses, reportes detallando cualquier pedido de ayuda realizado por las autoridades federales respecto a residentes sin papeles.
En Colorado, la discusión gira en torno al Senate Bill 25-047. Este proyecto busca restaurar reglas que en 2006 exigían a los gobiernos locales no evitar la cooperación de los policías con los oficiales federales en relación al estado migratorio de las personas. Sin embargo, esas reglas se derogaron en 2013. El nuevo proyecto intenta revivir esas provisiones y, además, eliminar leyes actuales que restringen la cooperación entre fuerzas policiales locales y autoridades federales en temas de inmigración.
Diferentes caminos: Estados versus gobierno federal
Hay un contraste importante en los enfoques que adoptan distintos estados y el gobierno federal en lo relacionado con el trabajo de la policía local y el estado migratorio de las personas encontradas en la vía pública o durante operativos. Mientras algunos estados proponen limitar la participación de los policías locales en tareas migratorias, el gobierno federal quiere reafirmar y ampliar esa cooperación.
Estados que limitan la cooperación policial en inmigración
Oregon e Illinois tienen leyes estatales que dejan claro que las autoridades municipales y estatales no pueden transferir personas a las manos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los esfuerzos de Massachusetts también destacan: el llamado Safe Communities Act busca evitar que la policía local haga preguntas sobre el estado migratorio de las personas y acabar con los convenios que permiten que cárceles estatales y de condados retengan a personas para las autoridades federales de inmigración.
Estados y el gobierno federal que impulsan cooperación
A inicios de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva pidiendo que el Secretario de Seguridad Nacional tome medidas “apropiadas” para establecer acuerdos bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Estos convenios otorgan a la policía local la autoridad para cumplir funciones propias de los agentes de inmigración federales, ampliando de forma notable el margen de acción de las fuerzas policiales estatales y locales respecto al estado migratorio de los residentes y visitantes.
Estos contrastes muestran cómo cada estado evalúa las necesidades y los riesgos para su población, mientras que el gobierno federal insiste en políticas que buscan mayor alineación entre diferentes niveles de gobierno.
¿Por qué limitar el papel de la policía local en inmigración?
Los que apoyan Proyectos de ley que buscan reducir el rol de la policía local en temas migratorios argumentan varias cosas. Primero, la construcción de lazos de confianza entre policías y la comunidad es esencial. Institutos y jefes de policía han declarado que el miedo a la deportación puede impedir que las personas colaboren como testigos, víctimas o denunciantes de delitos.
Por ejemplo, el informe de The Policing Institute señala que la efectividad policial depende mucho de que la gente confíe en que los policías no actuarán como agentes migratorios. Si las personas temen que su estado migratorio será investigado al pedir ayuda, podrían evitar contactar a la policía incluso si son víctimas o testigos de un delito. Así, toda la comunidad pierde.
Otro argumento repetido es el uso de recursos locales. Cuando la policía invierte tiempo en asuntos de inmigración, se desvían recursos y energías que podrían dedicarse a la seguridad directa de la comunidad. Un estudio citado por la organización American Civil Liberties Union (ACLU) resalta que esta manera de actuar puede convertirse en discriminación racial y hacer que los residentes dejen de percibir la seguridad policial como un derecho, volviéndose desconfiados y aislados.
Por si fuera poco, muchas policías locales, como el Departamento de Lone Tree en Colorado, han afirmado públicamente que ellos “no están autorizados para aplicar leyes federales de inmigración”, ya que eso corresponde a instancias federales. Esto crea una separación clara del trabajo policial cotidiano respecto a tareas migratorias.
Finalmente, organizaciones defensoras de derechos civiles insisten en que, según la ley, las personas no están obligadas a compartir información sobre su estado migratorio con la policía local. La ACLU recuerda que todos, sin importar su estatus o ciudadanía, tienen derecho a guardar silencio ante preguntas de inmigración.
Contexto histórico: cómo empezó este debate
La convergencia de intereses estatales y federales respecto a la inmigración no es reciente. En 2006, varias leyes obligaban a la policía local a trabajar junto a las autoridades migratorias federales. Esta cooperación, sin embargo, fue cuestionada durante los años siguientes, argumentando que afectaba a la confianza comunitaria y aumentaban los temores de discriminación y perfil racial.
En 2013, Colorado decidió cambiar de rumbo, revocando esas leyes y reduciendo la participación de su policía local en asuntos migratorios. A partir de entonces, otros estados han seguido caminos distintos: unos reforzando sus propias leyes para proteger a los inmigrantes de pesquisas sobre estado migratorio, y otros buscando recuperar o fortalecer esos vínculos con el gobierno federal.
¿Cuáles son los riesgos de la cooperación policial con agentes federales de inmigración?
Uno de los mayores temores es la erosión de la confianza entre las personas inmigrantes y la policía local. Cuando todo el mundo asocia a los policías con agentes migratorios, hay menos denuncias, menos cooperación para esclarecer crímenes y un sentimiento fuerte de inseguridad cotidiana.
Además, hay evidencia de uso desafortunado de recursos en tareas que podrían no corresponder al interés directo de la comunidad local. Diversos estudios muestran que desviar a los policías municipales hacia la investigación del estado migratorio puede saturar los sistemas judiciales locales y aumentar tensiones raciales.
Por último, el hecho de que la policía local actúe siguiendo instrucciones principalmente federales puede hacer que se minimicen las prioridades del vecindario o la ciudad, generando desconexión con las verdaderas necesidades del entorno.
¿Cuáles serían las consecuencias de aprobar los Proyectos de ley restrictivos?
La aprobación de estos Proyectos de ley supondría varios cambios en la vida diaria de residentes, trabajadores y familias inmigrantes. Podría transformar la relación que existe entre inmigrantes y autoridades de las siguientes maneras:
- Mejoraría la disposición de inmigrantes a denunciar delitos y cooperar como testigos, sintiendo que no estarán en peligro por su estado migratorio.
- Reduciría el temor de los padres a llevar a sus hijos a la escuela o visitar hospitales por miedo a ser interrogados sobre su situación migratoria.
- Daría claridad a la policía sobre hasta dónde puede actuar y qué está fuera de su competencia, permitiendo centralizar su labor en la seguridad real de la comunidad.
Del lado contrario, quienes se oponen sostienen que estos límites podrían dejar lagunas en la cooperación necesaria para detener delitos graves cometidos por personas buscadas a nivel federal. Temen que prohibir la consulta sobre estado migratorio dificulte la identificación de sospechosos y obstaculice investigaciones.
Opiniones diversas sobre la función de la policía y las leyes migratorias
Los defensores de leyes que impiden a la policía local preguntar, investigar o actuar con base en el estado migratorio aseguran que estas protecciones ofrecen seguridad y estabilidad para todos los habitantes, no solo para los inmigrantes. Explican que todos ganan cuando hay confianza y respeto entre la ciudadanía y la policía.
Asociaciones como la ACLU recalcan que todos los individuos, sin importar origen, tienen derechos básicos y que los policías deben saber y respetar esos derechos. Puedes encontrar más información sobre los derechos de los inmigrantes ante la policía en la página oficial de ACLU – Know Your Rights.
Por otro lado, quienes apoyan la colaboración plena entre policía y autoridades federales de inmigración creen que eso ayuda a combatir delitos graves y mantener la integridad de las leyes nacionales.
¿Cómo se mueve el debate hoy en día?
Actualmente, la tendencia de más estados a buscar límites claros para la policía local en cuestión de inmigración muestra que existe preocupación por los daños colaterales que puede causar la mezcla entre roles policiales y funciones migratorias. Cada vez más comunidades y legisladores entienden que poner al centro la confianza y la colaboración entre policía y residentes trae más beneficios que los controles migratorios abusivos o indiscriminados.
Los Proyectos de ley que avanzan en estados como Delaware y la discusión en Colorado ilustran bien estas tensiones. Según VisaVerge.com, estos movimientos legislativos representan la búsqueda de equilibrio entre la seguridad y la protección de los derechos civiles de todas las personas, sin importar el estado migratorio.
En resumen: lo que está en juego y los próximos pasos
El debate sobre si la policía local debe o no involucrarse en asuntos de estado migratorio es mucho más que un tema de leyes: toca la vida de millones de familias, afecta el clima de seguridad y cohesión social y define qué valores se priorizan desde el gobierno estatal y federal.
Queda claro que delimitar la participación de la policía local en temas de inmigración es un camino complejo, donde hay que equilibrar la seguridad, la confianza pública, el uso de recursos y el respeto a los derechos humanos.
Para quienes desean revisar estos Proyectos de ley y los procedimientos oficiales, pueden consultar el texto completo del Senate Bill 25-047 de Colorado y otras leyes recientes en las páginas legislativas estatales.
Como lector, puedes informarte, compartir estos temas en tu comunidad y, si eres inmigrante, conocer y ejercer tus derechos. La manera en que evolucione este debate definirá el futuro de las relaciones entre la policía, los inmigrantes y el resto de la sociedad estadounidense durante los próximos años.
Aprende Hoy
House Bill 58 → Proyecto de ley en Delaware que prohíbe a policías actuar o preguntar solo por estado migratorio o ciudadanía.
Orden civil de inmigración → Documento emitido por autoridades migratorias federales para cuestiones no penales, como permanencia excedida o documentos vencidos.
Sección 287(g) → Acuerdo que faculta a policías estatales a ejecutar funciones de agentes migratorios federales bajo la Ley INA.
ACLU → Organización de derechos civiles en Estados Unidos que defiende los derechos de migrantes ante actuaciones policiales.
Safe Communities Act → Proyecto de ley de Massachusetts que impide preguntar o detener a personas por su estatus migratorio.
Este Artículo en Resumen
Estados Unidos enfrenta debates sobre el rol de la policía local en inmigración. Proyectos de ley, como el House Bill 58 en Delaware, buscan limitar la participación policial. Colorado, en cambio, propone mayor cooperación con el gobierno federal. Esta controversia afecta la confianza social, derechos humanos y la seguridad en las comunidades inmigrantes.
— Por VisaVerge.com
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