Puntos Clave
- SB 25‑276, firmada 23 de mayo de 2025, exige orden judicial para compartir datos protegidos con ICE.
- Multas de hasta $50,000 por violaciones locales; ingresos destinados al Fondo de Defensa Legal de Inmigración.
- DOC no puede extender custodia por detainers civiles; transferencias requieren orden judicial federal o mandato judicial.
(COLORADO) El Departamento de Correcciones de Colorado limita aún más la cooperación con ICE tras detenciones de dos internos y la aprobación de una ley estatal que restringe el intercambio de datos y el acceso de agentes federales. La norma, SB 25‑276, entró en vigor después de su firma el 23 de mayo de 2025 y busca exigir órdenes judiciales para la mayoría de solicitudes de información y acceso.
Qué cambió y por qué importa
La nueva ley SB 25‑276 amplía protecciones ya existentes y prohíbe que entidades estatales y locales entreguen datos personales o faciliten acceso de ICE sin una orden judicial válida. Fue impulsada por una serie de redadas en el área de Denver y la detención de residentes que movilizó a legisladores y grupos de derechos civiles. Según la narrativa de patrocinadores, la intención es frenar tácticas de aplicación que separan familias y socavan procesos judiciales.
Datos clave
– Firma: 23 de mayo de 2025.
– Multas: hasta $50,000 por violaciones locales, con ingresos dirigidos al Fondo de Defensa Legal de Inmigración.
– Alcance: Extiende límites de intercambio de datos y acceso a gobiernos locales, ramas judicial y legislativa, y protege “lugares sensibles” como escuelas, hospitales y guarderías.
Cómo afecta al Departamento de Correcciones (DOC)
En la práctica, el DOC ya debía seguir reglas que impedían retener a una persona más allá de su hora de liberación por motivos migratorios. SB 25‑276 refuerza ese marco y añade pasos concretos:
– No se debe extender la custodia a petición de ICE sin una orden judicial o mandato de un tribunal.
– Las solicitudes de datos personales deben rechazarse salvo que acompañen una orden judicial.
– El acceso físico de agentes federales a áreas no públicas de instalaciones estatales se limita salvo autorización legal.
Estas reglas buscan garantizar que las detenciones migratorias civiles no se realicen de forma automática en establecimientos estatales y que se respete el debido proceso.
Impacto para reclusos y familias
- Menor riesgo de detenciones migratorias en las prisiones estatales sin aviso ni orden judicial.
- Imposibilidad de mantener a una persona detenida más allá del tiempo legal de liberación simplemente por un detainer de
ICE. - Más recursos legales: las multas recaudadas por violaciones se dirigen a un fondo de defensa legal, lo cual puede aumentar ayuda para personas que enfrentan procesos migratorios.
Qué significa para ICE
Con SB 25‑276, ICE enfrenta mayores barreras para obtener datos y realizar operaciones dentro de instalaciones y oficinas locales sin respaldo judicial. A la vez, la ley no impide que ICE busque expansión de capacidad en instalaciones privadas, un punto señalado en documentos internos revisados por organizaciones de vigilancia.
Contexto: intentos de revertir la política
Un proyecto presentado en enero de 2025, SB 25‑047, buscaba eliminar límites y obligar a las autoridades locales a informar a ICE bajo sospecha de presencia ilegal. Ese proyecto no prosperó y no ha reemplazado la actual SB 25‑276, que rige hoy.
Investigación pública y preocupaciones sobre expansión de detenciones
Documentos obtenidos por la ACLU de Colorado en julio de 2025 muestran que el gobierno federal considera ampliar la capacidad de detención y evaluó seis sitios privados en Colorado. El estado prohíbe desde 2023 que cárceles públicas se asocien para detenciones civiles, lo que deja abiertas las instalaciones privadas. El gobernador Jared Polis dijo que ICE no ha compartido planes formales con su oficina y pidió priorizar a ofensores violentos, no a residentes sin antecedentes penales.
Procedimientos concretos para agencias locales y DOC
- Requerir orden judicial para transferencias al momento de la liberación.
- Negar solicitudes de datos personales sin mandato judicial.
- Proteger acceso en lugares sensibles y capacitar al personal en las nuevas reglas.
- Registrar cada solicitud de
ICEy documentar respuestas; esto crea evidencia en caso de investigación o reclamos.
Para ver el texto de SB 25‑276 y su historial legislativo, consulte la página oficial de la Asamblea General de Colorado: https://leg.colorado.gov/bills/sb25-276
Posibles tensiones legales
La ley estatal choca en la práctica con la autoridad federal de inmigración; los patrocinadores reconocen incertidumbre sobre la reacción operativa de ICE. Podrían surgir demandas federales o disputas sobre preeminencia legal si ICE actúa en formas que el estado considera violatorias de la ley local.
Perspectivas y próximos pasos
- Vigilancia pública: se esperan más solicitudes FOIA, compras federales y comunicaciones que clarifiquen si
ICEavanzará con ampliaciones en instalaciones privadas en Colorado. - Cumplimiento: agencias estatales y locales deben emitir directrices internas, capacitar personal, y establecer canales de denuncia y revisión para evitar multas.
- Defensa legal: organizaciones de derechos civiles continuarán monitorizando y, de ser necesario, litigando para proteger espacios sensibles y limitar prácticas que separen familias.
Casos y ejemplos prácticos
- Caso hipotético: un hombre es liberado del DOC a las 10:00. Sin una orden judicial, el DOC no puede retenerlo más tiempo para que
ICElo recoja. El personal debe documentar cualquier intento de detención y rechazar retenciones basadas en detainers civiles. - Ejemplo de cumplimiento administrativo: una comisaría local recibe una solicitud de
ICEpara acceder a registros internos. BajoSB 25‑276el funcionario solicita la orden judicial y deniega acceso hasta que llegue la documentación.
Recursos y recomendaciones para familias y comunidades
- Mantenga documentos de identidad y registros de contacto legal actualizados en caso de intervención.
- Si un familiar enfrenta detención migratoria, busque asistencia legal inmediata. El flujo de multas bajo la nueva ley puede aumentar fondos para defensa legal.
- Organizaciones como ACLU de Colorado publican documentos y actualizaciones; también conviene seguir comunicados oficiales del Departamento de Correcciones.
Según análisis de VisaVerge.com, la tendencia nacional hacia expansión de capacidad de detención choca con políticas estatales que limitan la cooperación, creando un escenario de fricción y vigilancia pública que continuará en 2025.
Acción práctica: agencias deben revisar políticas internas y formar personal en el nuevo estándar de orden judicial requerida, mientras que comunidades deben identificar recursos legales locales. Para preguntas sobre procedimientos del DOC, consulte la oficina pública del Departamento de Correcciones de Colorado y la página legislativa citada más arriba.
Aprende Hoy
SB 25‑276 → Ley estatal de Colorado (23 de mayo de 2025) que regula cooperación con ICE y exige órdenes judiciales para accesos.
Orden judicial → Mandato emitido por un juez que autoriza legalmente acceso a datos, entrada o transferencia para acciones migratorias.
Detainer civil → Solicitud no penal de ICE para que una instalación retrase la liberación de una persona por asuntos migratorios.
Fondo de Defensa Legal de Inmigración → Fondo que recibe multas por violaciones para financiar asistencia legal a inmigrantes en Colorado.
Lugares sensibles → Escuelas, hospitales y guarderías donde ICE no puede acceder sin una orden judicial válida.
Este Artículo en Resumen
SB 25‑276, firmada 23 de mayo de 2025, limita la cooperación con ICE: requiere orden judicial para datos, acceso a instalaciones y transferencias al salir, destinando multas a defensa legal y protegiendo a familias contra detenciones civiles sorpresivas.
— Por VisaVerge.com
