Puntos Clave
- MTC compró la antigua prisión de Marana en julio de 2025 por 15 millones de dólares.
- Más de 350 residentes protestaron el 24 de octubre de 2025 contra la posible conversión a centro de ICE.
- Documentos internos y un contrato IDIQ de mayo de 2025 sugieren capacidad aproximada de 500 camas hasta mayo de 2027.
(MARANA, ARIZONA) Una controversia comunitaria estalla en Marana, Arizona, mientras crece la preocupación por la posible conversión de una prisión estatal ya cerrada en una instalación de detención de inmigración gestionada por ICE. Aunque Management and Training Corporation (MTC), operador privado de prisiones con sede en Utah, no ha confirmado oficialmente planes para convertir la antigua Marana Community Correctional Treatment Facility en un centro de detención de ICE, los indicios y las declaraciones de actores clave alimentan un debate intenso sobre transparencia, control local y el alcance de la expulsión masiva de personas que ha impulsado un aumento sin precedentes de la capacidad de detención a nivel federal.
La operación de compra es un primer acto decisivo. En julio de 2025, MTC adquirió la antigua instalación de Marana a la Arizona Department of Administration por 15 millones de dólares, según la información disponible. El centro fue operado previamente como una prisión de seguridad mínima desde mediados de la década de 1990 hasta 2013, y fue cerrado por el gobierno estatal en 2023 cuando la población carcelaria cayó a 225 personas, frente a una capacidad contratada de casi 475 camas. Ese cierre, señalan las crónicas oficiales, costaba al estado alrededor de 5 millones de dólares anuales en pagos por camas sin uso. La pregunta de qué ocurriría con el recinto, y con los empleos asociados, ha quedado en el centro de un debate que ahora cruza fronteras entre jurisdicciones y responsabilidades.
Aunque la empresa aún no ha dicho oficialmente que el inmueble vaya a convertirse en una instalación de detención de inmigración, varios indicios apuntan en esa dirección. En mayo de 2025, un portavoz de MTC señaló a los medios locales que la instalación sería utilizada para “detention purposes” —propósito de detención— decía la frase textual. Poco después de que comenzara el segundo mandato de la administración de un presidente anterior, MTC contrató a Upstream Consulting, Inc., una firma de cabildeo con sede en Washington, DC, para promover específicamente “Funding for ICE detention beds” (financiamiento para camas de detención de ICE). Esa firma también cerró en mayo de 2025 un contrato de entrega indefinida/ cantidad indefinida con ICE, que permite a la agencia ordenar cantidades no especificadas de servicios de detención hasta mayo de 2027. En ese marco, un documento de planificación interno obtenido por The Washington Post identificó a Marana como un sitio prioritario para las autoridades migratorias, con proyecciones que indicaban la posibilidad de añadir 500 camas de detención adicionales. En su conjunto, estas señales se traducen en un plan más amplio de expansión de la capacidad de detención a nivel nacional, con la meta de aproximarse a unas 107.000 camas en todo el país, según el recuento de la propia publicación, un aumento que duplicaría la capacidad previamente financiada; y en el caso de Arizona, la capacidad de detención de ICE se acercaría a duplicarse si estas proyecciones se materializan.
La reacción comunitaria ha sido contundente. El 24 de octubre de 2025, más de 350 residentes de Marana y comunidades vecinas de sudeste de Arizona llenaron un foro público para expresar su rechazo a la posibilidad de que la instalación se convierta en un centro de detención de ICE. El encuentro, descrito por The Arizona Republic como un evento cargado de abucheos y silbidos, dio muestra de una frustración creciente ante la falta de confirmaciones o negaciones claras por parte de MTC sobre el uso previsto del inmueble.
“The company’s refusal to communicate is an insult to our community,” declaró un residente de Marana durante la sesión.
Esa cita subraya la sensación de haber sido impelidos a tomar una posición sin información suficiente. Esa noche, la veterana Stevie Rendino expresó su incredulidad ante la situación:
“I fought for freedom or so they told me, and now here I am having to protest a secret police,”
y un vecino, Bennett Burke, describió su reacción como
“outrage, I’m outraged at all of this.”
Estas palabras, dichas en el marco de la sesión, evidencian la carga emocional que acompaña a una discusión que muchos describen como una amenaza a la convivencia y a los principios de un sistema de asilo y migración que, en plena expansión, está sometido a tensiones políticas y presupuestarias.
El foro fue moderado por la supervisora del condado de Pima, Jennifer Allen, y entre los asistentes, la mayoría se mostró opuesta a la posible instalación. A la sesión asistió apenas un miembro del ayuntamiento de Marana, el concejal Patrick Cavanaugh, quien subrayó la limitación de poder local en una cuestión que se percibe como de alcance estatal.
“We’re not paying their bills, so there’s really nothing we can do,” dijo, subrayando la sensación de impotencia frente a un proceso que, según él, carece de los mecanismos de participación y de debido proceso que ordinarily rigen la vida cívica local.
Esto articuló una preocupación que trasciende la mera gestión de un terreno y se sitúa en el terreno de las personas que viven en la comunidad. Añadió asimismo: “In everything we’re seeing across this country, they’re not giving any due process. These are our neighbors, you know? That’s the problem here.”
La ausencia de control local es uno de los temas centrales de la controversia. Dado que el estado es el propietario de la instalación y la había zonificado para uso carcelario, la venta a MTC no requirió aprobación local, una realidad que ha encendido el debate sobre la capacidad de las autoridades de Marana para influir en un proyecto de repercusiones federales. En agosto de 2025, el Ayuntamiento de Marana anunció que no había participado en el proceso de adquisición y, por ende, no había realizado un seguimiento de las reacciones o inquietudes a nivel local. En su momento, Noah Schramm, estratega de derechos de inmigrantes y políticas fronterizas en la ACLU de Arizona, subrayó este punto:
“I just want to point out that the state of Arizona did sell this to MTC. They didn’t have to.”
Sus palabras, citadas en el foro, reflejan la preocupación de que una decisión de alto impacto para la comunidad se haya tomado fuera de su control habitual.
Desde la esfera estatal, Liliana Soto, secretaria de prensa de la oficina de la gobernadora Hobbs, defendió la venta como una medida fiscalmente responsable, afirmando que el estado buscaba rentabilizar un inmueble que ya no era de utilidad.
“The administration had a choice: either keep wasting taxpayer dollars maintaining a building the state wasn’t using, or sell it for money that can be used to expand access to affordable child care, invest in public education and fight veteran homelessness,” declaró la funcionaria.
Y, al tiempo que defendía la transacción en términos de gasto público, Soto intentó distanciarse de la idea de que la venta hubiera sido diseñada para facilitar un uso migratorio:
“The Governor’s Office is not in contact with the federal government about immigration detention facilities and will not partner with the federal government on immigration detention.”
Sus palabras, citadas en la cobertura, buscan garantizar una frontera entre la administración estatal y iniciativas federales en materia de detención migratoria.
El marco más amplio en el que se inscribe este debate es de por sí volátil. El tema de la detención de inmigrantes ha recibido un impulso fiscal significativo: el Congreso aprobó 45 mil millones de dólares para nuevas instalaciones de detención este año, lo que representa un aumento anual del 256% respecto al presupuesto actual de ICE, según el American Immigration Council. En 2025, al menos 60.000 personas han estado bajo detención de ICE, una cifra que marca uno de los picos recientes en el volumen de detenciones y que, según los observadores, está asociada a un incremento de las muertes en custodia. Según el propio reporte, ya se han registrado al menos 20 muertes en custodia en 2025, destacando la crudeza de un sistema que se halla en el centro de un intenso escrutinio público y político. En este contexto, el papel de Arizona —con una potencial duplicación de su capacidad de detención gracias a proyectos como el de Marana— adquiere un peso simbólico y práctico para el conjunto de la región y para el país.
El pulso político en torno a la instalación también ha mostrado una división que trasciende la frontera de Marana. El exsenador estatal republicano John Kavanagh ha expresado su apoyo a convertir la instalación en un centro de detención de ICE, argumentando que
“While they’re being processed, we don’t want to overcrowd them in office jail cells or local jails – let’s have a nice facility and they can get their due process, or they can wait for their flight out there.”
Sus palabras, citadas en las crónicas de la reunión, reflejan una lógica de soluciones que muchos críticos consideran pragmática pero insuficiente en cuanto a salvaguardas procesales y transparencia. En el plano legislativo, Kavanagh presentó en 2025 una iniciativa, la Senate Bill 1294, que habría permitido alquilar la instalación a ICE por un dólar al año, una propuesta que finalmente no prosperó en la Cámara.
Si el proyecto llega a materializarse, Marana no sería un caso aislado: la instalación de detención de inmigración sería la sexta instalación para ICE gestionada por MTC en Estados Unidos, según reportes que sitúan a la empresa entre los operadores privados más activos en el ámbito de la detención de migrantes. En la actualidad, la compañía opera cinco centros de detención de inmigrantes en el país, además de una instalación en Australia, y mantiene una red de prisiones, centros de aprendizaje y programas de tratamiento que la sitúan como una pieza central del mapa de detención privado en Norteamérica. En términos de empleo, cuando la instalación operaba a plena capacidad en 2017, con 487 reclusos, MTC llegó a emplear a 119 personas en ese recinto. Esa cifra, que se cita con frecuencia en el contexto de debates sobre el impacto laboral de la venta, se sitúa como un punto de referencia para evaluar las posibles consecuencias económicas de un cambio de uso.
A medida que crecen las señales de que la antigua prisión podría transformarse en una instalación de detención de inmigración, la comunidad de Marana y los pueblos vecinos exhortan a un proceso más claro y participativo. El contexto en el que se da este debate no puede ser ignorado: la expansión de capacidades de detención se presenta como una herramienta para gestionar flujos migratorios que, a nivel nacional, siguen aumentando en volumen y complejidad. Por ejemplo, Liz Casey, de la Florence Project, ha seguido de cerca las ofertas de empleo y otras señales en línea como indicio de cuándo podrían arrancar las operaciones, señalando un posible horizonte de contratación que anticipa un inicio de actividad.
En el límite, el caso de Marana plantea preguntas fundamentales sobre la distribución de costos y beneficios de la detención de migrantes. Si el inmueble se convertirá en una instalación de detención de inmigración bajo la administración de ICE, las implicaciones para la comunidad local serán profundas: empleo, seguridad, servicios públicos y el impacto social de vivir en un entorno donde el estado y una entidad privada definen nuevas circunstancias de confinamiento y control. Si, por otro lado, el uso se mantiene en un ámbito distinto o se difiere su destino, la narrativa de transparencia y participación cívica continuará siendo un eje central del debate.
Para quienes observan con atención el curso de la política migratoria en Estados Unidos, la posibilidad de una instalación de detención de inmigración en Marana ofrece una prueba concreta de una tendencia más amplia: la combinación de inversión pública y gestión privada para ampliar la capacidad de retener a personas en procesos de detención. En este punto, la comunidad de Marana y el estado de Arizona se encuentran en una encrucijada que podría definir no solo el destino de un antiguo bloque de vivienda y rehabilitación, sino también el tono del debate público sobre la detención de migrantes en la era contemporánea.
La historia continúa mientras se esperan nuevas señales oficiales de MTC y de las autoridades federales. En el frente, un eje de incertidumbre persiste: qué ocurrirá con la operación de la instalación, qué salvaguardas se pretenden para las comunidades vecinas y cómo se articulará la responsabilidad entre un operador privado y una agencia federal que, en la práctica, se ha convertido en la sombra que moldea decisiones a gran escala. En todo este proceso, los residentes de Marana, como los de las comunidades aledañas, buscan claridad, procesos transparentes y una conversación que reconozca su papel como actores directos en una cuestión que afectará sus vidas y su entorno en un futuro previsible.
Para un contexto institucional, vale señalar que la autoridad gubernamental ha insistido en que no hay confirmación de un uso migratorio específico para la instalación y que no existe un compromiso formal para convertirla en un centro de detención de inmigración. En cualquier caso, las señales y las deliberaciones actuales dibujan un paisaje en el que Marana, Arizona, y Management and Training Corporation se encuentran en el centro de un debate que podría definir, en los próximos meses, el grado de intervención del sector privado en la gestión de la detención migratoria y la manera en que las comunidades locales participan en estas decisiones.
Si se confirma la conversión, Marana, Arizona, podría convertirse en un claro ejemplo de cómo una instalación de detención de inmigración puede pasar de ser un proyecto corporativo a un tema de marea social que involucra a residentes, autoridades estatales y federales y a los defensores de derechos civiles. En medio de este escenario, el impacto humano queda al margen de las lecturas estadísticas y los balances presupuestarios: madres y padres, jóvenes y adultos que esperan respuestas sobre su estatus y su vida, y una comunidad que exige transparencia, responsabilidad y un proceso que proteja derechos fundamentales frente a decisiones que podrían transformar su entorno para siempre. Mientras tanto, el reloj avanza, y las autoridades, los defensores y la propia comunidad deben encontrar una forma de dar respuestas claras a una pregunta que ya no admite demora:
“¿qué ocurrirá realmente en Marana?”
Y, sobre todo, ¿cómo se equilibran las necesidades de seguridad con los derechos humanos en una nación que, al abordar la migración, prometió también dignidad y debido proceso para todos.
Para ampliar la información sobre la detención de inmigrantes y las políticas relevantes, pueden consultarse recursos oficiales como el sitio de ICE, que ofrece antecedentes y actualizaciones sobre la gestión de las instalaciones de detención en Estados Unidos. En particular, el portal de detención de ICE proporciona información sobre las condiciones, la supervisión y las normas aplicables a las instalaciones que manejan a personas en procesos de detención. Quien desee profundizar puede revisar la página oficial de ICE relacionada con la detención y las políticas que regulan estas instalaciones para entender mejor el marco en el que se plantean debates como el que se está viviendo en Marana. Para información adicional sobre trámites y procedimientos de inmigración, puede consultarse el portal oficial del gobierno de EE. UU. y, cuando corresponda, enlazar a formularios relevantes desde sus páginas oficiales, como el compromiso de los procesos migratorios que se lleven a cabo en estas instalaciones.
Es importante mantener la atención en estas dinámicas, ya que la situación en Marana no solo afecta a sus residentes, sino que también podría servir como barómetro de la dirección futura de la política de detención a nivel nacional, en un momento en que el país se encuentra ante decisiones que involucran recursos, derechos y la forma en que se equilibra la seguridad con la humanidad de las personas sometidas a procesos migratorios. La comunidad de Marana, sus líderes y sus vecinos ahora esperan respuestas claras, con un marco de transparencia que les permita entender qué ocurrirá y cómo se protegerán sus derechos, mientras se define, o reitera, el papel de private operators como Management and Training Corporation en el complejo y cada vez más sensible mundo de la detención de inmigrantes.
Aprende Hoy
MTC → Management and Training Corporation, empresa privada con sede en Utah que opera prisiones y centros de detención.
Contrato IDIQ → Contrato federal de ‘entrega indefinida/cantidad indefinida’ que permite ordenar servicios en cantidades no fijadas durante un periodo.
ICE → U.S. Immigration and Customs Enforcement, la agencia federal encargada de detención y cumplimiento de inmigración.
Capacidad de camas → Número de plazas disponibles para detenidos que una instalación puede alojar y que determina transferencias y operaciones.
Este Artículo en Resumen
La venta en julio de 2025 de la antigua prisión de Marana a MTC por 15 millones generó protestas ciudadanas el 24 de octubre, con más de 350 asistentes que denunciaron falta de transparencia ante la posible conversión al uso de ICE. Documentos internos y un contrato IDIQ de mayo de 2025 señalan que la instalación podría sumar alrededor de 500 camas como parte de una expansión federal hacia unas 107,000 camas. El ayuntamiento sostiene que la venta no requirió aprobación local; los residentes piden detalles contractuales y garantías para los detenidos.
— Por VisaVerge.com
