Puntos Clave
- Pakistán expulsó casi 8.000 migrantes afganos el 1 de noviembre de 2025 por varios pasos fronterizos.
- Funcionarios procesaron unas 1.400 familias; la Comisión talibán informó al menos 7.945 llegadas ese día.
- Campamentos en Kandahar y Nimroz están abarrotados, con escasez de agua, medicinas y refugio.
(PAKISTAN) El cruce fronterizo Spin Boldak ha sido escenario de una de las expulsiones masivas más grandes de migrantes afganos en un día, cuando Pakistan expulsó a casi 8,000 migrantes en una única jornada, el 1 de noviembre de 2025, en medio de un endurecimiento general de su campaña contra extranjeros indocumentados tras la expiración de un plazo establecido para la regularización. Las deportaciones, que también incluyeron a personas detenidas y familias que habían vivido años, se llevaron a cabo principalmente a través de cruces mayores como Spin Boldak, Bahramcha, Islam Qala y Pul-e-Abrisham, en un movimiento que ha dejado a muchos afganos varados entre Kabul y el frente fronterizo con Pakistán. Según el propio régimen talibán, al menos 7,945 retornados entraron a Afganistán a través de los puentes fronterizos principales ese mismo día, una cifra que la Comisión de Refugiados, autoproclamada por los talibanes, dio a conocer, mientras otras informaciones sitúan el número en más de 10,000 personas deportadas por la ruta Chaman–Spin Boldak, con informes de 1,400 familias involucradas, según confirmaron funcionarios paquistaníes.
La explicación oficial de Islamabad no admite extensiones de plazo para las deportaciones. El viceministro del Interior, Talal Chaudhry, afirmó:
“There is no deadline extension [to deport illegal foreigners] being considered or given, nor will there be any extension,”
una declaración que llega en un momento en que las autoridades dicen haber repatriado a más de 850,000 personas desde el inicio de la operación a fines de 2023. Estas palabras llegaron a la vez que las autoridades subrayan que el plan de repatriación de extranjeros ilegales exige que todos los nacionales afganos abandonen Islamabad y Rawalpindi antes del 31 de marzo de 2025, con titulares de la Tarjeta de Ciudadano afgana (ACC) y migrantes indocumentados enfrentando deportaciones inmediatas. El marco, que ha sido objeto de críticas por parte de grupos de derechos humanos por violar el derecho internacional y el principio de no devolución, permanece vigente y sin indicios de flexibilización.
El fenómeno no es meramente un acto de salida de personas, sino un movimiento que ha dejado a muchos en una situación precaria en las provincias fronterizas de Afganistán. Los retornados están quedando varados en provincias como Kandahar y Nimroz, donde los campamentos se describen como abarrotados e insalubres, con recursos de agua, medicinas o refugio muy limitados. En Nangarhar y Helmand, residentes locales han informado que los talibanes han desviado envíos de ayuda o han vendido suministros en mercados negros, lo que agrava la crisis humanitaria en una región ya afectada por años de conflicto y pobreza.
Entre los testimonios que circulan en la prensa local, un investigador de migración con base en Kabul, que solicitó permanecer en el anonimato, dijo:
“The Taliban have neither the administrative infrastructure nor the international partnerships to absorb or support these returnees. People are simply being pushed into destitution.”
La afirmación, inalterada en inglés en la transcripción de la entrevista, subraya la frustración y la desesperación de familias que de pronto se ven sin un techo, sin empleo y sin una red de seguridad social en una región que ha enfrentado décadas de desplazamientos y lucha. En la frontera de Torkham, el funcionario fronterizo talibán, Qari Zahid, confirmó que el cruce se ha reabierto exclusivamente para deportaciones, y afirmó que el proceso comenzó con la expulsión de
“about 1,400 families.”
Estas palabras, citadas tal cual y atribuidas al cargo, sitúan el inicio de las operaciones de retorno en un punto clave del frente norte, donde las operaciones de migración y repatriación se han convertido en una rutina de alto costo humano.
A lo largo de la planificación y ejecución de estas deportaciones, la comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. Isabelle Lassée, directora adjunta regional para Asia del Sur de Amnistía Internacional, condenó la política y señaló que:
“The Pakistani authorities are violating the rights of Afghan refugees with impunity, subjecting them to arbitrary decisions that are shrouded in secrecy, totally lacking transparency and accountability.”
En un contexto en el que la ONU advierte que más de la mitad de la población afgana depende de la ayuda humanitaria, el incremento repentino de retornos podría empujar a un sistema ya frágil al borde del colapso. Diversos actores humanitarios han expresado su temor a que la falta de una red de seguridad para los retornados agrave las necesidades básicas, con impactos especialmente agudos en áreas ya sobrecargadas por la violencia y el desabastecimiento.
Además de las dimensiones humanitarias, las acusaciones de abusos y violaciones de derechos humanos llegan a través de reportes en varias provincias paquistaníes, como Khyber Pakhtunkhwa y Balochistán, donde se ha indicado que la policía paquistaní expulsó a familias afganas, saqueó sus pertenencias y negó a refugiados el debido proceso, incluida la posibilidad de presentar documentos o acceso a representación legal. En este marco, Moniza Kakar, abogada de derechos humanos, subrayó el daño humano de estas medidas:
“Many PoR card holders are people who’ve been here for decades, asking them to relocate means you’re asking them to leave homes, businesses, communities and lives they’ve built for years.”
Sus palabras resaltan el Efecto doméstico de una decisión que cambia el tejido social de comunidades completas y que amenaza con deshacer años de trabajo y lazos comunitarios.
La respuesta internacional se organiza en un plano que combina condena y preocupación por la seguridad humana. Por un lado, Amnistía Internacional y agencias de Naciones Unidas advierten sobre el peligro de la desprotección de refugiados y la ausencia de marcos que aseguren necesidades básicas como agua, alimento, vivienda y atención médica. Por otro lado, las naciones y organizaciones que trabajan en cooperación para la migración y el asilo han insistido en la necesidad de salvaguardar el principio de no devolución y de garantizar que las operaciones de repatriación se lleven a cabo con protección para quienes regresan y, al mismo tiempo, con claridad y rendición de cuentas para las autoridades. En este punto, la ONU ha subrayado que la magnitud de la operación podría erosionar la ya frágil capacidad de respuesta humanitaria en Afghanistan, donde la población depende en gran medida de la ayuda internacional para sobrevivir. En las semanas previas a la jornada del 1 de noviembre, los analistas advierten que la presión migratoria en la región, sumada a las tensiones militares entre Pakistán y el Taliban, podría intensificar la crisis humanitaria y prolongar un ciclo de repatriaciones que a su vez encarece la vida de quienes regresan a un país que ha enfrentado años de inestabilidad y conflicto.
La compleja dinámica fronteriza no se limita a consideraciones políticas; también implica un reproche sustantivo a la gobernanza de la repatriación. Las operaciones se enmarcan en una “plan de repatriación de extranjeros ilegales,” una política que, desde su concepción, ha sido objeto de críticas por su enfoque acelerado y, según defensores de derechos, por la falta de procedimientos claros que aseguren que las personas no sean expulsadas hacia situaciones de peligro o de privación extrema. Elces de la política, su ejecución y el método de selección de quienes deben abandonar Pakistán se ven en la mira de observadores y relatores, que señalan inconsistencias en la implementación y la necesidad de salvaguardias para garantizar que no se violen derechos fundamentales.
En términos de contexto histórico, estas deportaciones se insertan en una serie de eventos que han tensado las relaciones entre Pakistán y el gobierno talibán de Kabul. Islamabad ha señalado repetidamente que algunos de los problemas en la frontera están ligados a tensiones y choques entre las fuerzas pakistaníes y combatientes del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), lo que ha llevado a una mayor vigilancia y control de las rutas migratorias en las zonas de frontera. Desde septiembre de 2023, se han producido movimientos masivos de regreso de afganos a Afganistán desde Irán y Pakistán, con estimaciones de más de 4,000,000 de afganos que han retornado a su país y un número cercano a 844,499 de nacionales afganos deportados desde Pakistán entre septiembre de 2023 y febrero de 2025. Aun así, la crisis humanitaria se mantiene por la reducción de la operativa de las ONG extranjeras, debido a restricciones impuestas por los talibanes, especialmente en provincias donde las mujeres no pueden trabajar en terreno, lo que agrava las dificultades para asistir a los descartados por el proceso de repatriación.
Para las comunidades afectadas, cada expulsión se traduce en historias de ruptura: casas vendidas, deudas contraídas para sostenerse y la ruptura de lazos comunitarios que han sostenido a familias durante generaciones. En Kandahar y Nimroz, donde se han asentado numerosos asentamientos de retorno, la falta de servicios básicos y la imposibilidad de configurar una vida estable en los campamentos o en las ciudades de la frontera alimentan un estado de vulnerabilidad que difícilmente se resuelve en el corto plazo. En el contexto de Spin Boldak, Bahramcha y otros cruces, la experiencia de aquellos que regresan se ve marcada por la incertidumbre: la posibilidad de reanudar una vida que, para muchos, ya no existe tal como la conocían.
La evidencia de la jornada del 1 de noviembre se ha difundido a través de reportes oficiales y testimonios de organizaciones de derechos humanos. El propio proceso ha generado llamados para reforzar la protección de migrantes afganos y para garantizar que todas las medidas se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos y al principio de no devolución. Las voces que se elevan desde Kabul, desde Islamabad y desde las ciudades fronterizas de Kandahar y Nimroz articulan una preocupación compartida: la necesidad de que las autoridades ofrezcan rutas seguras de retorno y un marco que permita a las personas desplazadas reconstruir su vida dignamente, sin inducir a una precariedad que podría agudizar un conflicto regional ya tenso.
El peso de estas expulsiones también recae sobre la ciudad de Spin Boldak, que ha visto a miles de personas cruzar de vuelta a Afganistán durante una jornada marcada por la movilización de fuerzas de seguridad y por la vigilancia estricta de las fronteras. Spin Boldak, junto con otros puntos críticos como Islam Qala y Chaman–Spin Boldak, ha quedado registrado en las crónicas de una crisis humanitaria que no es meramente política, sino profundamente humana. Las imágenes de caravanas que se desintegran al llegar a la frontera, de tiendas improvisadas que intentan sostener a familias que se quedan sin empleo y sin una vivienda estable, y de autoridades que anuncian nuevas fases de deportación, se entrelazan con las voces de quienes ahora deben vivir con un retorno precipitado a un país que, para muchos, ya no representa un refugio seguro.
En este marco, las autoridades paquistaníes sostienen que las operaciones de repatriación continuarán en función de las condiciones y de la seguridad en el país de origen, mientras que la comunidad internacional mantiene la expectativa de que se adopten medidas que minimicen el daño a la población desplazada y que garanticen que las deportaciones se lleven a cabo de manera que respeten la dignidad y los derechos humanos. El resultado, por ahora, es una realidad que afecta a migrantes afganos, a sus familias, a las comunidades fronterizas y a la población afgana que depende de la ayuda humanitaria para vivir. En Spin Boldak y más allá, la vida continúa bajo una nube de incertidumbre, mientras la gente contempla un mañana que podría verse alterado para siempre por unas políticas que, en su esencia, buscan resolver un problema de seguridad, pero que trastocan la vida de miles de personas que buscan un hogar, un futuro para sus hijos y una forma de sobrevivir.
Para ampliar la perspectiva, organizaciones como Amnistía Internacional y agencias de las Naciones Unidas siguen pidiendo claridad y rendición de cuentas en el proceso. En su conjunto, estos mensajes enfatizan que la protección de los derechos de migrantes afganos debe ser una prioridad integral al evaluar la eficacia de las políticas de repatriación. Mientras tanto, las cifras de la jornada del 1 de noviembre y las historias humanas que emergen de Spin Boldak y sus alrededores dejan una impresión duradera: el costo humano de las decisiones políticas que cruzan la frontera entre dos países vecinos y que, en un solo día, redibujan el mapa de la dignidad y la seguridad para miles de personas que ya habían hecho de Pakistán o Afganistán su hogar durante décadas.
Para entender la magnitud de la operación y su impacto, es crucial seguir el rastro de los nombres de las personas y los lugares que figuran en cada declaración y cada reporte. Talal Chaudhry, como ministro adjunto del Interior, afirmó en una conferencia de prensa en noviembre de 2025 que no habrá prórroga de plazo para la deportación de extranjeros ilegales. Qari Zahid, la autoridad fronteriza talibán en Torkham, confirmó que el cruce se reabrió exclusivamente para deportaciones y señaló que el proceso comenzó con la expulsión de aproximadamente 1,400 familias. Moniza Kakar, abogada de derechos humanos, advirtió que la relocación de titulares de PoR podría significar
“dejar hogares, negocios, comunidades y vidas que se han construido durante años”.
Isabelle Lassée, en representación de Amnistía Internacional, añadió que las autoridades paquistaníes están
“violating the rights of Afghan refugees with impunity”
y que las decisiones son “arbitrary,” “shrouded in secrecy” y “totally lacking transparency and accountability.” Estas voces, junto con los testimonios de investigadores y residentes locales, trazan un cuadro de una frontera que se ha convertido en un tablero de presión política, social y humanitaria.
Para la audiencia internacional, es importante destacar que las deportaciones masivas se inscriben en un marco de tensiones regionales y en un contexto en el que el regreso de afganos desde Irán y Pakistán ha sido constante desde 2023, con un cúmulo de millones que han regresado a su país y una cifra de deportaciones que ha superado el medio millón en los últimos años, según informes de Naciones Unidas y grupos de derechos humanos. Aunque el objetivo declarado es regularizar la situación de extranjeros en Pakistán y devolver migrantes a un país de origen, las críticas persisten y advierten que la falta de un plan claro de reintegración, la debilidad de la infraestructura de absorción y la vulnerabilidad de las comunidades en las fronteras podrían convertir la repatriación en una crisis sostenida.
Para citación oficial y contexto, las autoridades paquistaníes señalan que la iniciativa forma parte de su plan nacional para la repatriación de extranjeros ilegales y que la ejecución debe llevarse a cabo con la debida protección de los derechos humanos. En este marco, la tecnología y la logística de las operaciones han sido objeto de escrutinio por parte de observadores independientes, que piden que la transparencia y la responsabilidad vayan de la mano con medidas de seguridad. Las condiciones en los refugios temporales afganos, tanto en Kandahar como en Nimroz, y la distribución de la ayuda humanitaria, permanecerán como indicadores clave de si la repatriación se gestiona de manera que no agrave la crisis humanitaria endémica del otro lado de la frontera. Mientras tanto, Spin Boldak y sus cercanías continúan siendo un espejo de una política migratoria que se debate entre la seguridad, la responsabilidad humanitaria y la dignidad de quienes, durante décadas, vieron en Pakistán un hogar.
Para los migrantes afganos que regresan, las secuelas son visibles: enfrentan destitución, inseguridad alimentaria, falta de vivienda y la fragilidad de una reintegración que, en muchos casos, no llega a tiempo para salvar a familias enteras. Los campamentos en la frontera afgano-paquistaní están saturados, y las condiciones en Kandahar y Nimroz muestran señales de colapso humanitario si no se implementan apoyos continuos y coordinados. En Spin Boldak, Bahramcha, Islam Qala y Pul-e-Abrisham, cada día de operación añade una capa de complejidad a un proceso que no solo cierra una brecha migratoria, sino que abre una herida social, económica y emocional para migrantes afganos que ya habían afrontado tanto en el pasado como en el presente.
Mientras la conversación internacional continúa, queda claro que estas deportaciones han reconfigurado la geografía de la migración en la región. Se extienden más allá de un ejercicio de control de fronteras: afectan a familias, comunidades enteras, y a la institucionalidad que intenta responder a una crisis de refugiados que, en algunos lugares, ha dejado de ser una noticia temporal para convertirse en una realidad cotidiana. Spin Boldak, esa arteria de entrada y salida entre Afganistán y Pakistán, se ha convertido en un símbolo de un dilema urgente: la necesidad de proteger a quienes buscan refugio y una vida mejor, y al mismo tiempo la responsabilidad de los gobiernos de contener riesgos de seguridad y gestionar la migración de manera humana y conforme al derecho internacional. En la actualidad, esa tensión se expresa en cada cifra, en cada testimonio y en cada cruce que, como el de Spin Boldak, continúa marcando el pulso de una región que observa con atención si la repatriación masiva puede –y debe– coexistir con la dignidad y la seguridad de los migrantes afganos. Para aquellos que observan el fenómeno desde afuera, este capítulo de la frontera plantea la pregunta central: ¿qué sucede cuando la seguridad se impone a la protección de las personas que, por décadas, han buscado en Pakistán o Afganistán un hogar y una forma de vida?
Para mayor contexto oficial, pueden consultarse los comunicados y documentos gubernamentales que detallan la política de repatriación de extranjeros ilegales, disponibles a través de las páginas oficiales del Ministerio del Interior de Pakistán. Esta cobertura se sustenta en declaraciones de funcionarios y en los reportes de organizaciones de derechos humanos que vigilan las condiciones de los retornos y la respuesta humanitaria en las zonas fronterizas. En todo momento, las autoridades y observadores advierten que la situación exige no solo una evaluación de seguridad, sino también un compromiso claro con la protección de los derechos de migrantes afganos, así como la coordinación entre agencias para evitar la cronificación de una crisis que podría afectar a millones en la región y más allá. A medida que avanzan las semanas, la atención internacional seguirá centrada en Spin Boldak y en el resto de cruces, para observar si la promesa de control fronterizo puede armonizarse con la necesidad de proteger a quienes han vivido años, a veces toda una vida, como migrantes afganos en Pakistán y ahora, una vez más, como retornados a su país de origen. En ese equilibrio, el mundo espera respuestas claras, procedimientos transparentes y una red de apoyo que permita a quienes regresan hacerlo con dignidad y seguridad.
Enlaces oficiales y recursos: para más información sobre las políticas de repatriación de extranjeros ilegales en Pakistán, consulte la página oficial del Ministerio del Interior de Pakistán. Ministerio del Interior de Pakistán.
Aprende Hoy
Spin Boldak → Paso fronterizo clave entre Pakistán y Afganistán, utilizado intensamente para devoluciones y retornos.
Tarjeta PoR (Proof of Registration) → Documento emitido en registros anteriores a refugiados afganos; muchos creían que ofrecía protección contra expulsiones.
Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales → Política pakistaní de 2025 que ordenó a extranjeros sin estatus legal abandonar ciertas ciudades antes del 31 de marzo de 2025.
ACC (Tarjeta de Ciudadano afgano) → Documento de identidad para afganos sin estatus de refugiado; los titulares han estado sujetos a deportación.
Este Artículo en Resumen
El 1 de noviembre de 2025 Pakistán llevó a cabo una de sus mayores deportaciones en un día, expulsando a casi 8.000 afganos y procesando alrededor de 1.400 familias por pasos como Spin Boldak y Chaman–Spin Boldak. La medida forma parte del Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales, que estableció un plazo hasta el 31 de marzo de 2025 y afecta a titulares de PoR y ACC. Organizaciones humanitarias advierten que los retornos masivos saturan campamentos en Kandahar y Nimroz, con escasez de agua, medicinas y refugio.
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