Puntos Clave
- Una coalición de 20 estados presentó demanda el 12 de diciembre para impugnar la tarifa de $100,000 H‑1B.
- Los demandantes sostienen que la tarifa supera costos de procesamiento de $960–$7,595 y viola la APA.
- La proclamación entró en vigor para solicitudes tras el 21 de septiembre de 2025, generando incertidumbre en contrataciones.
(MASSACHUSETTS) El nuevo desafío legal que sacudió el panorama migratorio estadounidense este diciembre toma forma en Michigan y se extiende a otros 19 estados, con California y Massachusetts liderando la coalición. Un grupo de fiscales generales presentó una demanda federal el 12 de diciembre de 2025 en una corte de Massachusetts, cuestionando la tarifa de $100,000 impuesta a las peticiones de visa H-1B para nuevos solicitantes, decretada por la administración del presidente Trump el 19 de septiembre de 2025 y vigente para las solicitudes presentadas a partir del 21 de ese mes. La coalición, que reúne a los estados Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan y otros, sostiene que la medida excede la autoridad del Congreso para fijar tasas y, además, viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Constitución de los Estados Unidos.
Objetos de la demanda y argumentos principales
En el centro del litigio está la afirmación de que la tarifa impone un sistema de “pagas para participar” que socava el objetivo del programa H-1B, concebido para atraer trabajadores altamente calificados cuando hay carencias en sectores como la salud, la educación, la investigación, la industria automotriz y servicios públicos.
Los argumentos clave de la coalición demandante incluyen:
- Que la tarifa de $100,000 excede la autoridad legal para establecer tasas administrativas.
- Que la tarifa no se basa en un marco de costos reales de procesamiento, sino que actúa como una barrera económica.
- Que la medida crea un obstáculo desproporcionado para empleadores que buscan cubrir vacantes críticas en sectores estratégicos.
- Que la discrecionalidad de exenciones otorgada por la Secretaría de Seguridad Nacional podría permitir sesgos en la aplicación de la tarifa.
“El programa H-1B está destinado a atraer y retener trabajadores altamente cualificados, y aplicar una tarifa tan elevada a las personas que ayudan a educar a nuestros estudiantes, mantener la industria automotriz competitiva y brindar atención médica crítica no solo es ilegal, sino perjudicial para los habitantes de Michigan.”
— Dana Nessel, fiscal general de Michigan“La tarifa crea barreras innecesarias” y socava el fin del programa.
— Rob Bonta, fiscal general de California
Impactos señalados por los demandantes
La demanda subraya riesgos prácticos y sectoriales que podrían derivarse de la medida:
- Intensificación de la escasez de mano de obra en sectores estratégicos.
- Agravamiento de problemas en atención médica, docencia e investigación.
- Obstáculos a la contratación de especialistas para proyectos de tecnología, investigación médica y desarrollo industrial.
- Riesgo de sesgos en la concesión de exenciones por parte de autoridades administrativas.
Expertos citados por medios como VisaVerge.com advierten que la incertidumbre legal añade complejidad para empleadores en centros de investigación, hospitales regionales y universidades.
Procedimiento legal y acciones relacionadas
Entre las piezas clave del caso figura la fecha y alcance de la proclamación, que exige a los empleadores patrocinar nuevas peticiones de visa H-1B con la tarifa cuestionada. Los demandantes buscan:
- Una declaración judicial que declare la tarifa como ilegal.
- Una orden de suspensión (injunction) para impedir su aplicación mientras continúa el litigio.
Esta acción legal se enmarca en otras iniciativas judiciales previas, entre ellas:
- Una demanda presentada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y universidades de investigación, que alegan violaciones a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
- En octubre de 2025, organizaciones del sector salud, sindicatos y académicos presentaron una demanda en el Distrito Norte de California por motivos similares, enfatizando el impacto adverso en comunidades desatendidas y programas de atención médica.
Marco oficial y defensa de la administración
La proclamación se titula “Restricción de la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes” y, según la narrativa oficial promulgada por el presidente, se apoya en:
- La necesidad de dar prioridad a trabajadores estadounidenses.
- Frenar lo que la administración describe como un aumento desmedido de solicitudes que podría afectar salarios y condiciones laborales.
- Reducir el “spam” en el sistema de peticiones y evitar presiones salariales indebidas, según la Casa Blanca.
Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que la política busca equilibrar la demanda de empleo y frenar abusos, aunque el lenguaje de la política ha suscitado críticas entre empleadores y gremios que dependen de talento extranjero.
Consecuencias prácticas y estado actual del litigio
Al momento de la presentación, el caso se encuentra en una fase inicial: no se han dictado fallos. Las posibles consecuencias incluyen:
- Retrasos en procesos de contratación y afectación de la continuidad de proyectos que requieren especialistas.
- Reevaluación de estrategias de contratación por parte de empresas para priorizar candidatos con estatus ya existente en EEUU.
- Potencial efecto dominó en el mercado laboral de áreas críticas que eleve la demanda de talento local.
La Sala Federal de Massachusetts, donde se tramitó la demanda, aún no ha emitido resolución, por lo que los efectos prácticos dependerán de futuras determinaciones judiciales y de eventuales cambios administrativos.
Impacto humano y comunitario
Para trabajadores extranjeros y sus familias la disputa tiene un fuerte componente personal. El artículo destaca:
- Testimonios de trabajadores y empleadores que ilustran el impacto en proyectos educativos y médicos.
- La preocupación por que una tarifa tan sustancial obstaculice la entrada de especialistas en comunidades que ya viven con incertidumbre administrativa.
- Observaciones académicas sobre que el costo de la incertidumbre puede superar cualquier ahorro teórico de la política.
Orientación para empleadores y solicitantes
Las autoridades ofrecen recursos oficiales para orientar a empleadores y solicitantes en medio de la controversia. Recomendaciones y recursos clave:
- Revisar las pautas de USCIS sobre H-1B y la guía de gastos y costos asociados.
- Consultar el Formulario I-129, pieza clave para iniciar peticiones de H-1B.
- Consultar las guías del Departamento de Estado sobre requisitos de visa y entrevistas en el extranjero.
Puntos prácticos para empleadores:
- Verificar requisitos de patrocinio y pruebas de elegibilidad.
- Evaluar ajustes presupuestarios y estrategias de retención en caso de que la tarifa se mantenga.
- Seguir actualizaciones oficiales para entender plazos, costos y documentación necesaria.
Consideraciones legales y políticas
El uso de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) como eje del reclamo es central en la disputa, ya que los demandantes argumentan que la tarifa:
- Excede la autoridad de agencias federales.
- No sigue el debido proceso reglamentario exigido por la APA.
El debate en la arena federal contrapone visiones sobre el equilibrio entre protección laboral nacional y la apertura a la fuerza laboral global.
Resumen y posibles escenarios
- La demanda busca declarar ilegal la tarifa de $100,000 y obtener una orden que suspenda su aplicación.
- El caso podría convertirse en un hito sobre cargas administrativas y barreras financieras dentro del programa H-1B.
- Las empresas, universidades y hospitales deben prepararse para distintos escenarios y monitorear decisiones judiciales y administrativas que definirán el acceso a talento internacional.
Nota práctica: para información oficial sobre el programa H-1B, el proceso de presentación y los formularios correspondientes (incluido el Formulario I-129), los interesados deben consultar las páginas gubernamentales de USCIS y del Departamento de Estado, donde están disponibles las guías, requisitos y enlaces para iniciar solicitudes.
Aprende Hoy
Visa H-1B → Permiso no inmigrante que permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para ocupaciones especializadas.
Ley de Procedimiento Administrativo (APA) → Norma federal que regula cómo las agencias adoptan reglas, exigiendo procesos y decisiones fundamentadas.
Proclamación presidencial → Directiva del presidente que introduce o modifica políticas; aquí impuso la tarifa de $100,000.
Formulario I-129 → Formulario de USCIS que empleadores presentan para solicitar la clasificación de trabajador no inmigrante, incluido H‑1B.
Este Artículo en Resumen
El 12 de diciembre de 2025, 20 estados demandaron para anular la tarifa de $100,000 sobre nuevas peticiones H‑1B, alegando que excede los costos de procesamiento autorizados por el Congreso y viola la Ley de Procedimiento Administrativo. Piden que la corte declare la tarifa ilegal y emita una suspensión mientras avanza el litigio. Vigente para solicitudes después del 21 de septiembre de 2025, la tarifa podría afectar a hospitales, universidades y empresas que dependen de talento extranjero.
— Por VisaVerge.com
