Puntos Clave
- El TPS terminó el 7 de julio de 2025, afectando a 76,000 hondureños y nicaragüenses con riesgo de deportación.
- Más de 2,000 nicaragüenses fueron deportados en 19 vuelos durante la primera mitad de 2025.
- Un juez federal bloqueó temporalmente la cancelación del TPS para más de 60,000 migrantes hasta noviembre de 2025.
Desde principios de 2025, los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos 🇺🇸 enfrentan una situación crítica marcada por el fin de protecciones legales y un aumento en las deportaciones bajo la administración del presidente Trump. Al mismo tiempo, el régimen de Ortega en Nicaragua mantiene una política represiva que pone en peligro a quienes regresan. Esta combinación genera miedo y mucha incertidumbre para miles de personas que han vivido años en Estados Unidos y ahora se ven amenazadas por perder su estatus legal y ser enviadas a un país donde su seguridad no está garantizada.
El 7 de julio de 2025, la administración Trump canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 76,000 hondureños y nicaragüenses, incluyendo a 4,000 nicaragüenses. Este programa, que había protegido a estas personas de la deportación durante más de 25 años, expiró el fin de semana del 5 y 6 de julio, dejando a los beneficiarios en riesgo de ser deportados en un plazo de 60 días. Además, el 25 de marzo de 2025, se terminó el programa de libertad condicional humanitaria (CHNV), que había permitido la entrada legal a casi 95,000 nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos. Los beneficiarios de este programa debían salir de Estados Unidos antes del 25 de abril, salvo que recibieran una excepción individual.
Durante la primera mitad de 2025, más de 2,000 migrantes nicaragüenses fueron deportados en 19 vuelos desde Estados Unidos. La mitad de estos vuelos pasaron por la base naval de Guantánamo y los deportados fueron recibidos en secreto por el régimen de Ortega en Managua. Aunque el gobierno nicaragüense critica públicamente a Estados Unidos, ha cooperado plenamente en la recepción de deportados, a diferencia de Cuba y Venezuela, que se resisten a aceptar a sus nacionales deportados.
El 31 de julio de 2025, un juez federal en California bloqueó temporalmente la cancelación del TPS para inmigrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua, posponiendo la pérdida de su estatus legal y protección contra la deportación para más de 60,000 personas hasta al menos el 18 de noviembre de 2025. Esta medida podría extenderse o ser revocada por tribunales superiores. Una orden similar en marzo de 2025 protegió temporalmente a venezolanos con TPS.
Datos clave sobre la situación:
- Personas afectadas: 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses con TPS; casi 95,000 nicaragüenses con libertad condicional humanitaria; 126,766 nicaragüenses con órdenes de deportación pendientes.
- Deportaciones: Desde 2014, Nicaragua ha recibido 18,660 deportados desde Estados Unidos.
- Recursos para deportaciones: El gobierno de Trump aprobó un presupuesto de 45 mil millones de dólares para detenciones, deportaciones, seguridad fronteriza y construcción del muro, con la meta de hasta un millón de deportaciones en 2025, aunque expertos estiman que la cifra real será menor.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, defendió la cancelación del TPS argumentando que este estatus “nunca estuvo pensado para durar 25 años” y que ahora es seguro para los nicaragüenses regresar a su país. Por su parte, el presidente Trump ha declarado la migración como una “invasión” y ha declarado emergencia nacional en la frontera para justificar sus políticas migratorias.
El régimen de Ortega, a pesar de su retórica antiestadounidense, ha aceptado deportados y a menudo trata a los retornados como amenazas políticas. Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en inmigración, como Angélica Salas de CHIRLA, advierten que el estatus legal de los antiguos beneficiarios del programa CHNV es “altamente vulnerable” y puede perderse en cualquier momento, dejando a miles en situación irregular. Claudio Acevedo, defensor de migrantes en Miami, señala que los deportados enfrentan riesgos de detención arbitraria y desaparición en Nicaragua.
Para los migrantes, la pérdida del TPS y del estatus de libertad condicional significa la pérdida inmediata de autorización para trabajar y el riesgo de deportación. Muchos han vivido en Estados Unidos durante décadas, tienen propiedades y familiares nacidos en el país. Algunos han logrado obtener residencia permanente (más de 20,000 hondureños y 1,100 nicaragüenses), lo que les protege de la deportación. Sin embargo, la mayoría vive con miedo, cambia de domicilio y evita contacto con autoridades para no ser detenidos.
Los empleadores, especialmente pequeñas empresas, a menudo desconocen estos cambios legales, lo que genera confusión sobre la elegibilidad laboral de sus empleados. Al regresar a Nicaragua, los deportados enfrentan persecución, prisión o desaparición, ya que el régimen de Ortega considera a muchos como opositores políticos.
El proceso de deportación se realiza en coordinación entre el DHS y el gobierno nicaragüense, con vuelos que suelen ser secretos. Los migrantes que pierden su estatus legal entran en procesos de remoción. Aunque existen recursos legales que pueden detener temporalmente las deportaciones, estos están sujetos a apelaciones y pueden ser revocados.
Algunos migrantes intentan solicitar asilo u otras formas de protección, pero una orden ejecutiva firmada por Trump el 22 de enero de 2025 suspendió todos los procesos migratorios en curso para los afectados, incluyendo solicitudes de asilo, peticiones familiares y visas de trabajo o estudio.
El TPS para nicaragüenses y hondureños se otorgó inicialmente tras el huracán Mitch en 1998 y se extendió repetidamente debido a la inestabilidad continua en sus países. El programa CHNV fue creado por la administración Biden en 2023 para ofrecer una vía legal y reducir la migración irregular, pero fue cancelado por Trump en 2025.
El régimen de Ortega ha intensificado la represión interna, cerrando más de 5,600 organizaciones no gubernamentales y 60 medios de comunicación, y persiguiendo a opositores políticos, incluidos deportados.
El futuro de los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos depende de decisiones judiciales próximas, con una audiencia clave programada para el 18 de noviembre de 2025. La administración Trump probablemente continuará con sus esfuerzos de deportación, aunque limitaciones legales y logísticas podrían frenar el alcance total.
Si la Corte Suprema respalda las acciones del gobierno, cientos de miles perderán protección y enfrentarán la deportación. Además, Estados Unidos podría aumentar la presión sobre gobiernos latinoamericanos para que acepten deportados y aplicar sanciones a quienes no cooperen.
Para quienes buscan información oficial y actualizada, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ofrece recursos en https://www.uscis.gov, incluyendo formularios como el I-821 para solicitar TPS, disponible en https://www.uscis.gov/i-821.
En resumen, la situación de los migrantes nicaragüenses en Estados Unidos en 2025 es crítica. La combinación de políticas migratorias estrictas bajo Trump y la represión del régimen de Ortega crea un ambiente de miedo y riesgo constante. Miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos enfrentan la posibilidad de ser deportadas a un país donde su seguridad no está garantizada. La incertidumbre legal y las limitadas opciones de protección hacen que esta crisis humanitaria requiera atención urgente y soluciones que consideren tanto la seguridad como los derechos humanos de los migrantes.
Según análisis de VisaVerge.com, esta situación refleja un patrón preocupante de políticas migratorias que no solo afectan a los individuos deportados, sino que también desestabilizan comunidades enteras y generan un impacto social y económico negativo en ambos países. La vigilancia de las decisiones judiciales y las políticas futuras será clave para quienes buscan proteger a estas poblaciones vulnerables.
Para los migrantes nicaragüenses afectados, es fundamental mantenerse informados, buscar asesoría legal especializada y aprovechar cualquier recurso disponible para defender sus derechos. Organizaciones como CHIRLA y HIAS ofrecen apoyo y orientación en estos procesos. La colaboración entre comunidades, abogados y defensores puede marcar la diferencia en un contexto tan complejo y desafiante.
Aprende Hoy
TPS → Estatus de Protección Temporal que permite a nacionales de países afectados permanecer legalmente en EE.UU. temporalmente.
CHNV → Programa de libertad condicional humanitaria que permite la entrada legal temporal de ciertos nacionales, como nicaragüenses.
Deportación → Expulsión forzosa de personas de Estados Unidos hacia su país de origen o residencia anterior.
Órdenes de remoción → Procesos legales para expulsar extranjeros que violan las leyes migratorias estadounidenses.
Orden ejecutiva → Directiva presidencial que regula operaciones gubernamentales y afecta políticas migratorias.
Este Artículo en Resumen
En 2025, migrantes nicaragüenses en EE.UU. enfrentan la cancelación del TPS y CHNV. El régimen de Ortega coopera en secretó. Batallas legales ofrecen alivios temporales, mientras miles viven con miedo e incertidumbre sobre su futuro migratorio y seguridad.
— Por VisaVerge.com
