Puntos Clave
- Más de 1,700 empleadores apoyan la Ley de la Dignidad y la Modernización Agrícola para 2025.
- ABIC Action reunió a 200+ empresas el 18 de julio de 2025 para pedir permisos y estatus legal.
- La Ley propone estatus ganado de siete años, 100,000 camas de detención y $2.56 mil millones para USCIS.
(UNITED STATES) En una jugada audazmente orquestada por la Coalición Americana de Inmigración Empresarial (ABIC), un sector creciente de empleadores estadounidenses intensifica sus esfuerzos para impulsar una reforma migratoria integral en 2025, centrada en asegurar la frontera y establecer vías legales de trabajo a largo plazo para trabajadores migrantes. A menos de un mes de una conferencia clave en Washington, los vídeos y las declaraciones de empresas representadas por ABIC recalcan que la solución no es solo cuestión de justicia social, sino de estabilidad económica para industrias que van desde la agricultura y la hostelería hasta la construcción y la salud. ABIC —que agrupa a más de 1,700 empleadores— ha puesto la esperanza en una combinación de medidas, entre ellas la Ley de la Dignidad y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, para sostener el crecimiento económico y contener la inflación que, advierten, podría acelerarse si se desmantela la fuerza laboral esencial.
El latido de la campaña creció el 18 de julio de 2025, cuando ABIC Action divulgó una carta firmada por más de 200 empresas y pequeños negocios dirigida al Presidente Trump y al Congreso, abogando por “soluciones migratorias sensatas para asegurar la fuerza laboral de Estados Unidos,” con un claro respaldo a dos iniciativas bipartidistas: la Ley de la Dignidad y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola. En la misiva se subraya que “propietarios de restaurantes, agricultores, empresas constructoras y proveedores de atención sanitaria” comparten el reclamo de permisos de trabajo y estatus legal para trabajadores migrantes esenciales. En palabras de Rebecca Shi, CEO de ABIC Action, la afirmación es contundente:
“The Dignity Act mirrors what President Trump has said multiple times about work permits for long-term, law-abiding immigrants. This bill offers a real solution backing the President’s vision, and the American people — 76 percent in recent polls — are on board. Let’s get it done.”
La cita, reproducida en el propio texto de la campaña, resume el tono optimista del momento e insinúa el apoyo público que persiguen los aliados empresariales para una reforma que se presenta como necesaria para sostener cadenas de suministro y empleos en multitud de sectores.
La narrativa de ABIC no se limita a firmas y firmas: también convierte la política en una conversación que incluye a actores regionales y trabajadores. En la carta, el mensaje se acompaña de un elenco de sectores impactados: “restaurant owners, farmers, construction companies and healthcare providers” se suman a un coro de interés por permisos de trabajo y estatus legal para quienes ya están trabajando en el país, a menudo sin un marco regulatorio claro. Este enfoque práctico busca traducir las propuestas en resultados concretos para salarios, productividad y precios al consumidor, un tema que, según los empresarios, tiene implicaciones directas para la inflación si la fuerza laboral migrante se ve afectada por medidas de deportación o por procesos de regularización ineficientes.
La conversación se traslada a la capital en la primera mitad de la temporada, cuando ABIC anunció su próxima cumbre en Washington, D.C., del 21 al 23 de octubre de 2025. Bajo el título Secure America’s Workforce, el encuentro reúne a líderes empresariales, defensores y aliados de la coalición para conversar con legisladores y presionar por soluciones bipartidistas. El objetivo declarado es enfrentar la escasez de mano de obra, estimada en aproximadamente 1.7 millones de puestos de trabajo en riesgo, y abogar por vías prácticas para que los trabajadores migrantes permanezcan en el país de forma sostenible y contribuyan a la economía. El propio encuentro está diseñado para transformar la retórica política en compromisos tangibles, con grupos de trabajo y sesiones de cabildeo que planean convertir las propuestas en proyectos de ley con calendario concreto.
Entre las historias que pacean en el corazón de ABIC, destaca la experiencia de empresarios que han visto a trabajadores inmigrantes sostener sus negocios en momentos de presión. Marc Schulman, propietario de Eli’s Cheesecake en Chicago, desarrollo en una intervención pública que la presencia de inmigrantes y refugiados ha sido crucial para mantener la empresa a flote y que la expulsión masiva podría
“gut their industries and drive further inflation for consumers.”
Schulman trazó una narrativa que conecta directamente a la economía local con el tejido humano de las comunidades; sus palabras, recogidas por ABIC, subrayan el costo humano y económico de políticas de deportación o de irregularidad prolongada.
En la misma línea, la ejecutiva de ABIC, Rebecca Shi, no sólo presentó cifras, sino también proyecciones macroeconómicas.
“Removing undocumented labor could slash the gross domestic product by 4.2%,”
afirmó Shi en un contexto de análisis que acompaña la campaña. Estas estimaciones no son casuales: detrás están cálculos que buscan traducir la experiencia de empresas en un marco de política pública, con la esperanza de presentar un caso convincente para una reforma que pueda superar el eterno escollo de la polarización partidaria.
El eje de las propuestas legislativas está definido por la Ley de la Dignidad, una iniciativa presentada en el Congreso que intenta trazar un mapa claro para una reforma amplia. La versión 2025 de la Ley de la Dignidad fue introducida por la Representante Maria Salazar (R-FL) y la Representante Veronica Escobar (D-TX), con una coalición de 20 copatrocinadores bipartidistas. Entre sus puntos clave se encuentran inversiones en seguridad fronteriza, con la creación de 100,000 camas de detención para la gestión de flujos migratorios, y un programa de estatus legal ganado de siete años para inmigrantes indocumentados, renovable en función del estatus y con revisiones cada dos años, acompañado de requisitos de pago de tasas y demostración de lazos comunitarios. En el terreno de los derechos civiles y sociales, el proyecto incluye la protección de Dreamers y la creación de rutas hacia la ciudadanía para ellos, además de un mandato de verificación de empleo a nivel nacional mediante un sistema de E-Verify obligatorio para todos los nuevos empleos. Los que llegan a través de este marco podrían enfrentar procesos acelerados de entrevistas de credibilidad para asilo, con apoyo legal designado, y un esfuerzo para reducir el rezago de visados mediante la duplicación de los cupos por país, la recaptura de visas no utilizadas y la financiación de la reducción de atrasos en USCIS y el Departamento de Estado. También se contemplan nuevas categorías de visa, incluidas visas de propósito familiar para visitas cortas y vías más eficientes para miembros de las fuerzas armadas.
En paralelo, la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola emerge como un complemento práctico para uno de los sectores más sensibles a la variabilidad migratoria: el agrícola. Este marco buscaría ordenar y modernizar las formas en que los trabajadores agrícolas pueden participar en la economía estadounidense, con un paquete de incentivos y salvaguardas que prometen estabilidad para las cosechas y los puestos de trabajo temporales que dependen de un flujo de mano de obra continuo. En un país que depende cada año de millones de horas de trabajo estacional para sostener su seguridad alimentaria, la promesa de un sistema que integre a trabajadores de forma legal y previsible es uno de los puntos más discutidos entre la coalición empresarial y los legisladores que buscan una solución de largo plazo.
En el ámbito político, el debate se presenta como una lucha por equilibrar dos meses: por un lado, los demócratas que abogan por un camino claro hacia la ciudadanía y crecimiento económico, y por otro, los republicanos que ponen el énfasis en la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley. En este esquema, el senador Ruben Gallego (D-AZ) dio una charla en mayo de 2025 que se ha convertido en un referente para la conversación: describió su marco de cinco pilares, “Securing the Border and Fueling Economic Prosperity,” y explicó:
“Talking to a lot of Mexican-American immigrants, a lot of them were very disturbed with what they saw at the border. They wanted legal pathways to get into this country. They wanted to deal with the people that were in this country illegally but had largely kept their nose clean, had […] a work history.”
Sus palabras subrayan una demanda de soluciones realistas y bipartidistas que reflejen preocupaciones de votantes y que reconozcan la realidad de millones de personas que han vivido y trabajado en el país durante años.
En términos de impacto económico, ABIC y sus miembros sostienen que la reforma migratoria no es un lujo sino una necesidad para solventar desigualdades y vacíos de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería, la salud y la tecnología. Según la coalición, la reducción de la creación de vías legales y el endurecimiento de las políticas podrían normalizar la presión sobre salarios y precios, con efectos secundarios en la productividad y la capacidad de las empresas para competir en un mercado global. En contraposición, sostienen que una migración regulada y con capacidad de adaptarse a las demandas del mercado laboral podría estabilizar la economía y ampliar el crecimiento del PIB a largo plazo, con estimaciones que algunas personas citan con optimismo, como el rango de un posible impulso de cientos de miles de millones en la próxima década, dependiendo de la implementación y la rapidez con la que se avancen las reformas.
La dimensión de la campaña de ABIC no se limita a ideas y retórica. La organización ha diseñado una estrategia de movilización que combina encuentros cara a cara con responsables políticos y una presencia sostenida en foros de influencia para convertir principios en políticas. En octubre de 2025, la cumbre pretende convertirse en un punto de inflexión para el impulso de reformas de gran alcance, con la participación de propietarios de empresas, cámaras de comercio hispanas y asociaciones de empresarios locales como la Arizona Hispanic Chamber of Commerce, entre otros. Monica Villalobos, de la Arizona Hispanic Chamber of Commerce, ha participado en estas discusiones para explicar que las reformas no son abstractas sino vitales para la supervivencia de numerosas empresas familiares que dependen de una mano de obra que ha trabajado de forma estable durante años y que, en muchos casos, ya se encuentra integrada en comunidades locales.
Este mosaico de voces y cifras resuena incluso en la esfera más práctica de las operaciones diarias. El propio ABIC ha mostrado cómo su red de empresarios puede presionar de forma directa a los legisladores, no solo con argumentos de política sino con experiencias vividas en las cadenas de suministro, restaurantes, fábricas y laboratorios hospitalarios. En Chicago, la sede de Eli’s Cheesecake se ve como un ejemplo de resiliencia empresarial que se ha visto fortalecida por la presencia de trabajadores migrantes que, según Schulman, “ha mantenido la negocio vivo” y han permitido que la empresa continúe operando, pese a los costos y desafíos que conlleva la gestión de un equipo diverso. Pero la narrativa de la coalición no evita la complejidad: se reconoce que la transición a un marco más amplio de inmigración regulada podría necesitar ajustes y concesiones, especialmente por parte de aliados republicanos y moderados que exigen pruebas de eficacia y de seguridad fronteriza.
En su conjunto, el esfuerzo de ABIC y de sus aliados se posiciona como una estrategia para forjar un compromiso nacional que combine seguridad, justicia y crecimiento económico. Las cifras que acompañan su relato, como el dato de que la eliminación de mano de obra indocumentada podría afectar al 4.2% del PIB, no se presentan como una profecía, sino como un argumento para mantener una ruta de reformas que permita a las empresas planificar a futuro con mayor certeza. En un país donde la demanda por trabajadores migrantes es especialmente pronunciada en sectores como la agricultura, los servicios de comida y la salud, las propuestas de la Ley de la Dignidad y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola buscan presentar una salida viable a un dilema de larga data: cómo sostener la economía sin perder el tejido humano que ha construido ese crecimiento.
Con miras a la cumbre de octubre, ABIC ha reforzado su cabildeo y está organizando reuniones directas con legisladores y sesiones de capacitación para que empresarios aprendan a presentar argumentos efectivos ante sus representantes. Esta estrategia, dicen, busca no sólo presionar por un marco específico, sino también crear un consenso que permita que las propuestas no se diluyan en la bruma de la negociación política. En este marco, las fechas de referencia —la carta de julio, la cumbre de octubre, los debates en torno a la frontera y al sistema de asilo— adquieren un peso que va más allá de la retórica: son hitos que podrían definir el curso de la política migratoria estadounidense para los próximos años.
Para la Coalición Americana de Inmigración Empresarial y para las industrias que dependen de la mano de obra migrante, la pregunta central es cuánto tiempo tardarán en consolidar una convergencia entre las aspiraciones de seguridad y las necesidades de una economía que no puede permitirse dejar de lado a millones de trabajadores que han construido cadenas productivas, comunidades y hogares. Si bien la política sigue estancada en un paisaje que alterna entre optimismo y escepticismo, los líderes de ABIC sostienen que la ventana para la acción está abierta y creada por un conjunto de fuerzas que van desde la presión de las empresas hasta la demanda de miles de trabajadores que esperan una oportunidad para permanecer, trabajar y contribuir de forma legal y digna al país que dicen querer llamar su hogar.
En este contexto, las palabras de Reed Shi —quizá no literalmente— pueden convertirse en un pronóstico tácito de la dirección que podría tomar la reforma migratoria: una mezcla de pragmatismo económico y compromiso humano. Con una economía que, según las estimaciones citadas por ABIC, podría verse beneficiada por un marco que reconozca el valor de la migración laboral regular y que, a la vez, refuerce la seguridad en la frontera, el debate se desplaza a un terreno en el que las cifras, las historias de negocio y las experiencias de trabajadores pueden converger para impulsar cambios que, a dos años de iniciar el ciclo legislativo, siguen siendo una promesa con un plazo aún por definir.
Para quienes siguen de cerca el tema, la promesa de la Coalición Americana de Inmigración Empresarial es clara: la reforma migratoria debe ser rentable, humana y viable políticamente. El objetivo explícito es que el Congreso y la Administración de la Casa Blanca actúen con un sentido de urgencia que no parezca una campaña menor, sino una transformación estructural de la economía y del tejido social de Estados Unidos. A su vez, el cauteloso optimismo de los empresarios y la experiencia de los trabajadores migrantes que ya contribuyen cada día a la economía subrayan que la Ley de la Dignidad, la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola y otras reformas no son un lujo, sino una necesidad que podría definirse por el grado de voluntad política para traducir las promesas en un marco de políticas públicas con consecuencias concretas para millones de vidas.
Para completar el cuadro, la conversación continúa en foros regionales y nacionales, con la expectativa de que una legislación viable pueda tomar forma en los próximos meses. ABIC ha anunciado su objetivo de lograr una acción bipartidista que logre avances sustantivos, y la narrativa de estas semanas indica que el tema migratorio se mantiene en el centro de la agenda económica y política: un debate que no sólo determina el destino de las leyes, sino también el bienestar de comunidades enteras que han tejido sus vidas en el paisaje laboral de Estados Unidos. En el centro de todo, personajes como Rebecca Shi, Marc Schulman y Senador Ruben Gallego dejan claro que, más allá de las cifras, hay personas y negocios que dependen de una respuesta que combine seguridad, dignidad y oportunidades.
Para vincular estas aspiraciones con la realidad operativa, la evidencia de la coyuntura actual se apoya en hitos tangibles: la adhesión de más de 200 firmas a la carta de julio; la promesa de 100,000 camas de detención para la frontera; el marco de siete años de estatus legal para quienes ya están aquí; la verificación de empleo obligatoria a nivel nacional; y el programa de entrevistas de credibilidad aceleradas para inmigrantes que buscan asilo. Todo ello, presentado dentro de un paquete que enfatiza la estabilización de la fuerza laboral agrícola a través de vías específicas para trabajadores estacionales, promete un cambio que, si llega, tendría efectos en la economía real y en la vida de miles de familias que esperan una solución a décadas de incertidumbre.
Para quienes deseen explorar los componentes técnicos de estas propuestas, la Ley de la Dignidad y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola se yerguen como dos columnas vertebrales. En paralelo, la experiencia de negocios como Eli’s Cheesecake y la visión de la Coalición de Empresarios quieren convertir la reforma en una realidad palpable para comunidades laborales que, durante años, han hecho posible que Washington, DC, y ciudades en todo el país funcionen como motores de prosperidad. La conversación continúa, y cada declaración, cada cifra, cada testimonio, convierte el debate en un diálogo que podría dar forma a la política migratoria estadounidense en los meses venideros.
Para los lectores que buscan un marco institucional de referencia, la conversación también recuerda la necesidad de soluciones que permitan verificar y regular los movimientos laborales sin sacrificar la dignidad de las personas involucradas. En ese sentido, la discusión sobre E-Verify y las políticas de asilo en el marco de la Ley de la Dignidad se mantiene como un hilo conductor que podría convertir a las propuestas en una pieza práctica de gobernanza migratoria. La expectativa es que la administración y el Congreso encuentren un espacio para avanzar con diligencia, sin ceder ante la presión de intereses reduccionistas, y con la mirada puesta en un conjunto de soluciones que apunten a un crecimiento económico más equitativo y sostenible.
A medida que el año electoral se acerca, la promesa de ABIC y de las voces que respaldan la reforma migratoria se mantiene firme: una reforma que una seguridad reforzada con un sistema de permisos de trabajo para los migrantes que ya están en el país, que ofrezca rutas claras hacia la ciudadanía para Dreamers, y que, al mismo tiempo, respete la necesidad de las empresas de planificar y prosperar en un entorno regulatorio estable. En ese marco, las fechas y los hitos que componen el programa —desde la carta de julio hasta la cumbre de octubre— adquieren una relevancia cada vez mayor, pues podrían convertirse en la base de una nueva etapa en la historia de la migración en Estados Unidos.
Para quienes siguen la historia de cerca, y para quienes han visto de primera mano cómo la inmigración impulsa la economía, la campaña de ABIC se presenta como un esfuerzo para traducir aspiraciones en resultados. Con un tejido de historias humanas que van desde los dueños de negocios hasta los trabajadores que han forjado su vida en comunidades locales, la pregunta sigue siendo si la política logrará estar a la altura de la realidad diaria de millones de familias y trabajadores que esperan soluciones justas, dignas y efectivas. Mientras tanto, la coalición continúa su marcha hacia la cumbre de octubre y las conversaciones en el Congreso, confiando en que la combinación de pruebas económicas y testimonios humanos pueda abrir una vía bipartidista para una reforma que muchos ya consideran inevitable, si no urgente.
Aprende Hoy
Coalición Americana de Inmigración Empresarial (ABIC) → Grupo de empleadores que promueven reformas migratorias bipartidistas enfocadas en mano de obra y seguridad fronteriza.
Ley de la Dignidad → Proyecto de 2025 que combina inversión en seguridad fronteriza con un estatus legal ganado de siete años y reformas de asilo.
E-Verify → Sistema federal para verificar la elegibilidad laboral de nuevos empleados y prevenir contrataciones no autorizadas.
USCIS y reducción de atrasos → Propuesta de $2.56 mil millones para aumentar personal y acelerar trámites de inmigración en USCIS.
Este Artículo en Resumen
ABIC, que reúne a más de 1,700 empleadores, impulsa en 2025 la Ley de la Dignidad y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola para combinar control fronterizo con vías legales para trabajadores a largo plazo. Tras una carta del 18 de julio firmada por 200+ empresas, el grupo advierte sobre una escasez de 1.7 millones de trabajadores y riesgos inflacionarios. La Ley de la Dignidad propone 100,000 camas de detención, E-Verify obligatorio, un estatus ganado de siete años, reformas al asilo y $2.56 mil millones para reducir atrasos en USCIS. ABIC celebrará una cumbre en Washington el 21–23 de octubre para presionar a legisladores y presentar datos sectoriales.
— Por VisaVerge.com
