Puntos Clave
- En marzo se cerró el Programa de Niños No Acompañados que financiaba abogados para menores en tribunales migratorios.
- ORR comenzó a compartir datos de posibles patrocinadores con ICE, lo que disuadió a familiares de reclamar a los niños.
- Title 42 y la terminación del programa CAM eliminaron vías de asilo; más de 4,000 niños perdieron acceso.
(UNITED STATES) Las políticas de la administración de Trump dirigidas a los niños migrantes no acompañados se materializaron en una campaña de endurecimiento que desplazó el foco de la protección infantil hacia la deportación y el control migratorio, aumentando la detención, acelerando los procesos de expulsión y reduciendo las protecciones legales para miles de menores vulnerables. En marzo, la administración cerró de golpe el Programa de Niños No Acompañados, que brindaba asesoría legal a miles de menores, incluyendo a bebés, obligando a niños de apenas dos años a defenderse en los tribunales de inmigración. Según activistas, > “immigration judges are 24 times more likely to grant relief to unaccompanied children with legal representation than to those without it” (los jueces de inmigración tienen 24 veces más probabilidad de conceder alivio a los menores no acompañados cuando cuentan con representación legal que cuando no la tienen). Esta afirmación refleja la cruda realidad de que la representación legal no es un lujo, sino una diferencia crítica entre la detención prolongada y la posibilidad de quedarse en el país con protección.
La eliminación del acceso a asilo para quienes llegan por la frontera —con exclusiones aparentes para los niños no acompañados— dejó expuestos a estos menores a procesos de deportación rápidos sin la oportunidad de buscar protección internacional. En ese periodo, las agencias responsables de la seguridad de los niños, como la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), quedaron obligadas a compartir información sensible sobre los posibles cuidadores con ICE, lo que llevó a un aumento de las acciones de estas autoridades contra las personas que se ofrecían a cuidar a los menores. Project 2025 llamó abiertamente a fusionar ORR con el Departamento de Seguridad Nacional, convirtiendo de facto a la agencia de bienestar infantil en un brazo de cumplimiento para ICE.
El legado de la política de cero tolerancia se hizo palpable en las historias de familias separadas en la frontera y en la detención de niños que, en muchos casos, quedaron solos en instalaciones para menores o bajo custodia de la ORR, con traumas acumulados y un sistema ya sobrecargado. Las familias, a menudo reunidas solo fragmentariamente, vieron a sus hijos pasar por un entramado de procedimientos que les impedían presentar sus casos de manera adecuada, y la presión institucional llevó a que muchos procesos se aceleraran a costa de salvaguardias mínimas. En este marco, oficiales de derechos de los migrantes aseguraron que las políticas buscaban disuadir a las personas que albergaban a menores de emigrar con ellos, en un esfuerzo por endurecer la presencia de EE. UU. en la región y disminuir la llegada de solicitantes de asilo y otros refugiados potenciales.
Entre las acciones más visibles estuvo la separación de familias en la frontera bajo la política de “tolerancia cero”, que condujo a que muchos niños quedaran en detención sin la debida estructura de protección y sin un acceso claro a vías legales para resolver sus casos. En este contexto, la gestión de las instalaciones pasó a depender en gran medida de centros como la South Texas Family Residential Center y el Karnes County Detention Facility, parte de la red de instalaciones de ICE para detenidos, incluyendo a familias y menores que llegaban por vías vulnerables. Estos centros, ubicados en áreas estratégicas de Texas, se convirtieron en símbolos de una política que priorizó la expulsión y el control por encima de las garantías de protección, con un impacto directo en niños migrantes no acompañados que a menudo terminaban en un limbo legal, sin acceso claro a la representación legal y con dudas sobre su acceso a asilo.
Las cifras y las descripciones de los procedimientos reflejan una realidad de alta presión para el sistema de protección de menores y para quienes se presentaron voluntariamente para cuidar a los niños. ORR opera 240 shelters across 27 states para migrantes menores no acompañados, una red que, de forma teórica, debía garantizar la supervisión, la atención básica y la posible canalización hacia rutas legales de protección. En este marco, el programa CAM (Central American Minors) —que permitía a algunos niños solicitar refugio desde sus países de origen— fue terminado de forma abrupta, dejando a más de 4,000 niños sin la posibilidad de una entrevista para su situación migratoria. Esa decisión dejó una brecha de protección que, en la práctica, convirtió a muchos menores en figuras vulnerables ante un sistema que priorizaba la expulsión rápida sobre la evaluación cuidadosa de sus circunstancias y del posible reconocimiento de un derecho humano básico a buscar refugio.
Las autoridades federales modificaron procedimientos judiciales para reforzar una postura menos favorable a las reclamaciones de los niños no acompañados. La DoJ emitió memorandos que instruían a los jueces de inmigración a ser más escépticos con las reclamaciones de estos menores y a reevaluar su estatus a mitad del proceso, un cambio que socavaba las salvaguardas diseñadas para proteger a los menores y que, según críticos, debilitaba la protección prevista por tratados y acuerdos de justicia para los menores migrantes. En paralelo, equipos de ICE realizaron operaciones de presión que buscaban desincentivar la continuación de las solicitudes de protección. Se describen cartas que ofertaban incentivos económicos y presentaban la amenaza de detención a quienes no abandonaran sus solicitudes, con la posibilidad de que los menores fueran trasladados a custodia de ICE una vez cumplieran 18 años. Se ha reportado que las cartas inclusive sugerían la posibilidad de arrestar a los padres de los niños si se encontraban en EE. UU., lo que añade una dimensión de miedo y vigilancia que afecta directamente a la dinámica familiar y a la confianza en quienes serían responsables de proteger a los niños durante el proceso.
En el plano de medidas de emergencia, la administración se apoyó en la política de expulsión bajo el marco de Title 42 para expulsar de forma sumaria a miles de menores no acompañados sin un debido proceso claro, exponiéndolos a riesgos en sus países de origen y reduciendo la posibilidad de presentar una solicitud de asilo por vías regulares. Esta práctica, que fue objeto de críticas y disputas legales, consolidó la narrativa de un sistema que, en palabras de sus críticos, prioriza la expulsión por encima de la evaluación individual de cada caso y de la protección de derechos básicos para los niños.
La política de refugiados también se vio afectada por la retirada de programas clave. La desaparición del CAM dejó a más de 4,000 niños sin una vía para solicitar refugio desde sus países de origen. En paralelo, las reformas en los procedimientos ante la corte migratoria redujeron las protecciones específicas para los menores durante el proceso judicial, recabando una revisión más estricta y menos favorable a la protección de estos niños. Todo ello, en conjunto, se tradujo en un aumento de la detención y de las expulsiones, con un impacto directo sobre los niños migrantes no acompañados, sus familias y las comunidades que, a menudo, los habían recibido con la esperanza de un futuro más seguro.
El marco legal y de supervisión también estuvo sujeto a tensiones. El acuerdo Flores, un fallo histórico que regula el trato de los menores no acompañados y permite que abogados de organizaciones como el National Center for Youth Law, Children’s Rights y el Center for Human Rights and Constitutional Law proporcionen vigilancia en las instalaciones y hablen con los niños sobre sus experiencias, quedó en la mira de los críticos de las políticas de la era Trump. Quienes defendían estas salvaguardas argumentaban que el endurecimiento de las políticas, la reducción de la representación legal y la limitación del acceso a vías de protección ponían a los menores en una posición de mayor vulnerabilidad.
Las implicaciones de estas medidas se miden de manera directa en la vida de niños y familias que, a menudo, ya venían enfrentando la travesía migratoria. En un marco en el que la prioridad de las autoridades era cerrar rutas y acelerar procesos, muchos niños migrantes no acompañados enfrentaron un futuro incierto: detención prolongada, procedimientos judiciales que no siempre consideraban las particularidades de la infancia y, en muchos casos, la retirada de oportunidades para buscar asilo bajo criterios aceptables para su situación específica. Las cifras, en su conjunto, señalan un incremento en las acciones de vigilancia y control, y un descenso en la protección y la posibilidad de obtener un estatus legal que evitara la expulsión.
La preocupación entre defensores de derechos y expertos es clara: sin acceso a asesoría legal adecuada, sin un marco específico de protección para menores y con restricciones a la posibilidad de solicitar asilo, los niños migrantes no acompañados quedan expuestos a un sistema que a menudo prioriza la seguridad fronteriza sobre el bienestar infantil. En este contexto, las voces de las organizaciones que trabajan directamente con estas poblaciones —con experiencia en representar a niños ante los tribunales, y en vigilar, día a día, las condiciones de las instalaciones— son un recordatorio constante de que la protección de los derechos de estos menores no es una cuestión meramente administrativa, sino una cuestión humanitaria.
En el retrato humano de estas políticas, las cifras no son sólo números. Representan historias de niños que dejaron sus hogares en busca de un futuro, de familias que arriesgaron todo para cuidarlos y, a veces, de cuidadores que se ofrecieron a abrir sus casas para garantizar que esos menores no quedaran desprotegidos ante un sistema que, según las críticas, se inclinó hacia la expulsión y la detención. En este marco, el lenguaje de las políticas —las palabras “representación legal”, “acceso a asilo”, “niños migrantes no acompañados”— se vuelven más que conceptos: son derechos que, en la práctica, se determinan en salas de tribunales, en centros de detención, en shelters y en las oficinas de las agencias encargadas de la protección de la infancia.
A medida que el debate migratorio continúa evolucionando en el país, las voces a favor de restaurar un marco de protección integral para los menores no acompañados, que asegure su acceso a una representación legal adecuada y respete su derecho al acceso a asilo, se mantienen firmes. Se arguye que cualquier política futura debe buscar un equilibrio que no sacrifique la seguridad por la protección de los derechos humanos. En medio de estas discusiones, las historias de miles de niños y sus familias siguen simbolizando la urgencia de un enfoque que priorice la dignidad, el bienestar y la protección de la infancia, incluso en tiempos de tensiones migratorias y de una frontera que continúa enfrentando crecientes flujos y desafíos.
Quedan preguntas abiertas sobre el alcance real de los cambios propuestos por las autoridades, sobre cómo se aplicarán las salvaguardas para evitar que menores sean objeto de detenciones prolongadas o de expulsiones rápidas sin un debido proceso. Y mientras se discuten reformas futuras, la memoria de lo ocurrido permanece en las comunidades afectadas y en las organizaciones que trabajaron para garantizar, al menos, que los niños tuviesen una voz dentro de un sistema que, para muchos, parecía haber dejado de escuchar a los más vulnerables. En esta historia, la necesidad de una protección robusta para niños migrantes no acompañados —con una representación legal efectiva y un acceso a asilo real y tangible— se mantiene como un eje central de la conversación pública, un recordatorio de que las políticas migratorias no son abstractas, sino profundamente humanas.
Para quienes buscan comprender el alcance de estas políticas y su legado, el marco de ORR, con su red de 240 shelters en 27 estados, y las decisiones que afectaron a programas como CAM, ofrecen una mirada crítica a cómo las decisiones administrativas pueden desterrar de manera abrupta rutas de protección y colocar a miles de menores en una situación de mayor vulnerabilidad. Los defensores sostienen que sin una revisión sustantiva de estas prácticas, y sin un compromiso claro con la protección de la infancia, el equilibrio entre seguridad y derechos humanos continuará estando desequilibrado. Y, en última instancia, lo que está en juego es la vida de niños migrantes no acompañados que, a través de un sistema complejo y a veces implacable, buscan un refugio y una oportunidad para un futuro más seguro.
Para quienes deseen profundizar en las rutas oficiales y las salvaguardas que, en teoría, deben proteger a estos menores, existen recursos institucionales que detallan las políticas, procedimientos y opciones disponibles para familias y cuidadores, como las páginas oficiales de ORR y de las agencias federales responsables. Entre ellas, el sitio de ORR ofrece información sobre el cuidado y la protección de los niños no acompañados, así como las condiciones de las instalaciones y las rutas para solicitar protección a través de vías legales. Sitio oficial de ORR
El contexto histórico y legal de estas políticas también se sitúa, en el marco de la jurisprudencia y la supervisión de derechos, en acuerdos como Flores, que regulan la atención y protección de los menores migrantes y permiten la supervisión por parte de organizaciones dedicadas a vigilar el trato a estos niños. Este legado jurídico y social continúa influyendo en la forma en que las autoridades abordan la protección de la infancia frente a la migración y la seguridad nacional, recordando que la dignidad de cada niño debe guiar cualquier decisión en materia de asilo, detención o repatriación.
Aprende Hoy
Programa de Niños No Acompañados → Programa federal que proporcionaba asesoría legal financiada por el gobierno y colocación en shelters para menores sin padres.
ORR → Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS, que opera los alojamientos temporales y coordina la colocación con patrocinadores.
Title 42 → Norma de salud pública usada para expulsar sumariamente a migrantes en la frontera, evitando exámenes de asilo habituales.
Programa CAM → Programa Central American Minors que permitía a ciertos niños solicitar protección desde sus países de origen.
Este Artículo en Resumen
La administración cerró el Programa de Niños No Acompañados y restringió vías de asilo usando Title 42 y la cancelación del CAM, mientras ORR compartía datos de patrocinadores con ICE. Estas acciones, según defensores, aumentaron la detención, aceleraron deportaciones y socavaron protecciones diseñadas para menores, incluyendo el acceso a asesoría legal y la reunificación familiar.
— Por VisaVerge.com
