Puntos Clave
- Al menos 139 jueces de inmigración fueron removidos desde el 20 de enero de 2025, según el sindicato.
- El backlog de casos alcanzó cerca de cuatro millones a mediados de 2025, apunta la unión.
- Evento en National Press Club: 13 de noviembre de 2025, 10:00 a.m., para denunciar los despidos masivos.
(WASHINGTON, DC) En lo que las autoridades y sindicatos de jueces de inmigración califican como una purga sin precedentes, al menos 139 jueces de inmigración han sido removidos de sus cargos desde el 20 de enero de 2025, según fuentes sindicales y declaraciones de jueces afectados. Este grupo de expulsiones se suma a una crisis que ya contaba con una carga creciente en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, y ahora plantea preguntas agudas sobre la independencia judicial, la equidad de los procesos y el funcionamiento diario de un sistema que maneja millones de casos en juego. Este jueves, tres jueces recientemente apartados —entre ellos Anam Petit y Emmett Soper— junto con el presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ/Consejo Judicial IFPTE 2), conocido como Biggs, anunciarán su posición en una conferencia de prensa del National Press Club programada para el 13 de noviembre de 2025, a las 10:00 a.m., en Washington, DC, en un evento que promete ser el más contundente hasta la fecha sobre las reestructuraciones y sus efectos en el debido proceso.
La magnitud de la purga ha dejado entretejida una narrativa de despidos masivos que se ha ido gestando en distintas oleadas a lo largo de 2025. En febrero, por ejemplo, 20 jueces de inmigración, incluidos siete jueces jefes adjuntos de inmigración y 13 jueces recién contratados, fueron terminados por correo electrónico sin explicación pública, de acuerdo con las fuentes sindicales y los comentaristas afectados. Más tarde, en julio, otros 15 jueces en varias jurisdicciones recibieron notificaciones sobre su colocación en licencia y, posteriormente, su despido antes del 22 de julio, con algunos informando apenas días de antelación y sin un proceso formal claro. Estas secuencias se han sumado a la evidencia de un patrón que la unión de jueces describe como
“sweeping and unprecedented”
y que, según sus palabras,
“removing judges en masse in this way deeply disrupts court operations”
y
“undermines due process”.
Entre los expulsados figura la Jueza Anam Petit y el Juez Emmett Soper, cuyas participaciones en el evento del National Press Club se han confirmado como parte de la agenda para exponer las preocupaciones sobre el porqué de estas medidas y el impacto que su ejecución tiene en el sistema. También está la Jueza Jennifer Peyton, ex Asistente Jefe de Inmigración (Chicago), quien describió haber recibido su terminación a través de un correo electrónico enviado durante un fin de semana festivo cuando estaba de vacaciones, conteniendo solo “tres frases y sin causa declarada”. Peyton afirmó:
“My performance reviews had been consistently strong, including recognition from EOIR leadership,”
y añadió que cree que su despido fue una retaliación tras oponerse a una directiva que le ordenaba encauzar las consultas parlamentarias a través de la sede. Estas declaraciones, registradas por las fuentes y citadas en comunicaciones públicas, subrayan el tono del debate que ahora se centra en la forma en que se gestiona la rendición de cuentas y la transparencia en el poder judicial de inmigración.
En Texas, la purga también dejó su marca: cinco jueces fueron despedidos a principios de 2025, entre ellos Brandon Jaroch y Noelle Sharp, ambos de Houston, quienes confirmaron su salida pero prefirieron no comentar en profundidad. En el Área de la Bahía de San Francisco, el panorama fue particularmente áspero para dos veteranos: la Jueza Ila Deiss y la Jueza Kyra Lilien (probatoria) fueron desvinculadas en julio de 2025. La destitución de Deiss, que contaba con años de servicio y una reputación de desempeño estable, fue interpretada por la comunidad legal como un acto con posibles motivos políticos, una lectura que ha sido objeto de intensos debates entre abogados, activistas y, sobre todo, entre quienes dependen de estas decisiones para continuar sus procesos de inmigración.
La conversación pública ha sido amplificada por la figura de Biggs, quien dirige la unión que representa a los jueces de inmigración. En declaraciones previas a otros foros y a través de comunicados oficiales, la organización ha descrito las expulsiones como
“sweeping and unprecedented”
y ha argumentado que
“removing judges en masse in this way deeply disrupts court operations”
y
“undermines due process”.
Las palabras de Petit, que se han difundido con rapidez entre abogados y legisladores, son categóricas:
“What is lost when immigration judges are taken off the bench is the guarantee of a fair and impartial hearing for every person who comes before the court.”
Estas observaciones, junto con los testimonios de otros jueces y líderes sindicales, representan una denuncia pública de lo que dicen es una reconfiguración completa de la judicatura de inmigración.
El impacto en el sistema es innegable. Las estimaciones de la unión señalan que, en total, más de 100 jueces habrían sido despedidos o se habrían presentado renuncias bajo la actual reestructuración administrativa, un volumen que, dicen, constituye la mayor rotación en la historia del EOIR, el sistema de tribunales de inmigración. El resultado práctico de estas salidas, sostienen los observadores, es el incremento de la carga de trabajo para los jueces restantes y un aplastante backlog que ya se sitúa cerca de cuatro millones de casos a mediados de 2025. Esa cifra, que se ha mencionado en varias entrevistas y comunicados, refleja un cúmulo de solicitudes de asilo, apelaciones y revisiones que, dicen expertos y abogados defensores, podrían verse afectados por la experiencia y la experiencia jurídica diversa que aportaban los jueces destituidos.
El encuentro del National Press Club está diseñado para que las víctimas directas cuenten, en primera persona, sus experiencias. Entre los contenidos previstos figura el testimonio directo de jueces recientemente apartados sobre cómo fueron notificadas, el alcance de la falta de causa para sus despidos y el modo abrupto e impersonal en que se llevaron a cabo las comunicaciones. También participarán líderes sindicales, incluido Biggs, para debatir sobre las implicaciones más amplias para la independencia judicial y el debido proceso. Una discusión central girará en torno a la preocupación por el reemplazo de jueces experimentados por sustitutos menos experimentados o por militares abogados que, según las críticas, “no tienen experiencia en Inmigración o derecho administrativo” y, por tanto, podrían no interpretar con la misma precisión la complejidad de los casos de inmigración. Esa preocupación ha sido un tema constante en la cobertura de estos hechos, y el propio equipo de la unión ha insistido en que la calidad de las decisiones y la confianza en el sistema están en juego.
La cobertura de este tema no se limita a los casos humanos inmediatos. Los observadores señalan que, más allá de las historias de las personas que están a la espera de una resolución de su estatus, hay un efecto sistémico más amplio: la percepción de debilitamiento de la independencia judicial en un área tan sensible como la inmigración, donde las decisiones tienen consecuencias vitales para la vida de familias enteras y, en algunos casos, para comunidades enteras. Letras de las víctimas y denuncias de represalias se han convertido en una parte visible del debate, y el evento del National Press Club está concebido para convertir esas voces en una plataforma pública que amplifique las preocupaciones ante una audiencia amplia y, ojalá, ante responsables políticos que vigilan estas dinámicas.
En este contexto, el tema de la independencia judicial de la inmigración se cruza con preguntas más amplias sobre derechos humanos y estándares de debido proceso. Las declaraciones de Peyton, Petit y otros jueces, junto con los comunicados de la NAIJ que repiten y refuerzan estas preocupaciones, buscan situar la discusión en un marco de derechos fundamentales y garantías procesales. El discurso gira en torno a cuánto de la justicia de un sistema depende de la continuidad y la experiencia de sus jueces, y cuánto del proceso depende de la claridad de las causas para cada decisión de destitución. En ese marco, la figura de jueces de inmigración, cuya función es salvaguardar derechos tan sensibles como el derecho a presentar pruebas, a impugnar, a ser oídos y a recibir una decisión fundamentada, aparece en el centro de un debate que ha capturado la atención de expertos, abogados y la ciudadanía.
La agenda del evento en el National Press Club incluirá también una discusión sobre el futuro de la judicatura de inmigración y su capacidad para gestionar un crecimiento de la carga de casos y una complejidad creciente en las políticas públicas. En ese marco, voces de la comunidad legal han enfatizado la necesidad de transparencia, de procedimientos que respeten la independencia judicial y de salvaguardias para evitar que decisiones administrativas afecten de manera desproporcionada el acceso a la justicia para migrantes y sus familias. La conversación se da en un momento de tensiones políticas y sociales, donde la inmigración sigue siendo un tema de alta prioridad para muchas comunidades y para los responsables de formular políticas en Washington.
La cobertura de este tema ha sido amplia y ha abarcado, entre otros aspectos, las reacciones de la comunidad legal y de los defensores de los derechos de los migrantes. Quienes apoyan a los jueces apuntan a un sistema que, al eliminar años de experiencia, podría empujar a fallos más básicos y a interpretaciones menos matizadas de las leyes de inmigración, con la consecuencia de decisiones que podrían afectar a personas que han esperado años por una resolución. Quienes, en cambio, expresan preocupaciones sobre el manejo de los procesos administrativos señalan que la seguridad jurídica y la coherencia de las decisiones deben ser un objetivo central, especialmente para casos que implican derechos humanos fundamentales.
Entre los datos clave que emergen de las declaraciones y comunicados está la constatación de un backlog que, para mediados de 2025, alcanza un volumen cercano a cuatro millones de casos. Este dato, que se menciona repetidamente en los comunicados de la unión y entre las partes interesadas, ilustra la magnitud de la presión que enfrenta el sistema y subraya por qué la purga ha generado una respuesta tan enérgica de los defensores de la independencia judicial y de la equidad procesal. En la memoria de quienes siguen de cerca estas dinámicas, se dibuja la imagen de una institución que, para funcionar con confianza, necesita continuidad, experiencia y una línea clara de responsabilidad que explique por qué las decisiones de despido se han llevado a cabo y qué salvaguardias se han puesto para proteger a las personas que llegan a la frontera buscando refugio o una vía legal para permanecer en el país.
El National Press Club Headliners event, abierto a la prensa acreditada y a los miembros del club, con registro previo, se presenta así como una oportunidad para que el público escuche de primera mano a quienes han vivido en carne propia el coste humano de estas decisiones. Los organizadores esperan que el diálogo abierto, las preguntas y las respuestas permitan arrojar luz sobre la naturaleza de estas removals y su impacto a corto y mediano plazo en el funcionamiento del sistema de inmigración. En última instancia, la conversación apunta a respuestas claras sobre qué cambios, si es que hay alguno, se requieren para garantizar que el sistema de inmigración, con jueces de inmigración, pueda cumplir su misión de manera justa, eficiente y compatible con los estándares de un sistema judicial independiente.
Para quienes estudian o cubren estos temas, la conversación del 13 de noviembre promete enriquecer la comprensión de una dinámica que ha cambiado la cara del EOIR y ha puesto en evidencia tensiones entre la gestión administrativa y la integridad judicial. El espíritu de la declaración de la unión es claro: mantener la independencia de los jueces, proteger el debido proceso y asegurar que cada caso de inmigración reciba la atención que la ley y la justicia exigen. Este episodio, que ya se perfila como la purga más pública de jueces de inmigración en la historia de Estados Unidos, invita a observar con atención quién asuma la versión de los hechos, cuál es la narrativa oficial y qué pruebas se presentan para respaldar cualquier afirmación sobre motivos, procedimientos y futuros pasos.
Además de las denuncias de despidos en masa, el foco del debate también está en las consecuencias para las comunidades afectadas. Organizaciones de derechos de los migrantes y abogados defensores advierten que la salida de jueces experimentados puede traducirse en retrasos más profundos, resoluciones inconsistentes y menos oportunidades para que las personas presenten pruebas y argumentos ante un tribunal que, por su propia naturaleza, debe equilibrar seguridad nacional y derechos humanos. En un momento de la historia en que las políticas de inmigración siguen evolucionando y generando controversia, la voz de quienes trabajan en la trinchera judicial de inmigración cobra especial relevancia para entender no solo lo que ha ocurrido, sino hacia dónde podría dirigirse este sistema en el corto y mediano plazo.
El público, y especialmente aquellos que trabajan o estudian derecho migratorio, esperan respuestas claras sobre cómo se gestionarán las remociones, qué procedimientos se están adoptando para garantizar que las nuevas designaciones tengan experiencia adecuada y cómo se intentará mitigar la acumulación de casos. En el propio foro del National Press Club se espera que se discutan propuestas para mayor transparencia, posibles reformas para salvaguardar la independencia judicial y, en última instancia, medidas que ayuden a restaurar la confianza en el proceso de inmigración de Estados Unidos. Mientras tanto, las voces que ya han sido interrumpidas en su carrera y quienes las han seguido expresan un deseo compartido: que la justicia no sea una mercancía sujeta a una purga, sino una garantía que se respeta incluso cuando las dinámicas políticas cambian.
Para los lectores, las imágenes de este episodio son claras: jueces que ya no están en sus puestos, reemplazados o colocados en licencia, y una ola de críticas que llega a un punto de inflexión en una nación que se define por el estado de derecho y la promesa de un debido proceso para quienes buscan ser parte de ella. En este contexto, el lenguaje de las autoridades, las declaraciones de las víctimas y las respuestas de la unión de jueces se convertirán en una guía para entender qué está en juego en estas fechas críticas de noviembre y qué podría significar para el futuro inmediato del sistema de inmigración de Estados Unidos.
Las próximas semanas serán decisivas para observar si el evento del National Press Club logra intensificar una presión institucional que conduzca a aclaraciones, revisiones de procedimientos y, tal vez, reformas que fortalezcan la independencia de los jueces de inmigración. En un momento en que el backlog y las tensiones políticas se cruzan, la conversación sobre jueces de inmigración, la necesidad de un proceso justo y las condiciones de trabajo de quienes deben impartir justicia se ha convertido en un tema de interés no solo para abogados y académicos, sino para cualquier persona afectada por una de las ramas más visibles del sistema de inmigración. Se espera que el evento del 13 de noviembre, con presencia de figuras como Petit, Soper y Biggs, marque un hito en una historia que, por su amplitud y profundidad, podría redefinir el rumbo del derecho migratorio en los años venideros.
Para lectores interesados en la evolución de estas noticias, fuentes oficiales y actualizaciones pueden consultarse a través de los portales gubernamentales relevantes sobre inmigración. En particular, para quienes quieran entender las vías formales, aplicaciones y procesos que rigen la materia, es útil revisar las guías oficiales sobre trámites migratorios y, cuando se mencionen formularios, vincularlos a sus páginas oficiales. En este contexto, consideren consultar la página de Form I-485 para información detallada sobre ajustes de estatus y procesos aplicables a casos de residencia en Estados Unidos. Además, una vez publicada la cobertura, se esperan declaraciones y respuestas oficiales de las agencias pertinentes y más detalles sobre el programa de formación y nominación de nuevos jueces para la jurisdicción de inmigración.
Notas finales antes de cerrar: este informe se centra en lo que ha ocurrido, quiénes son los actores clave y qué se sabe de forma documentada hasta ahora. En el momento de la publicación, la fecha del evento del National Press Club, la lista completa de jueces afectados y las reacciones oficiales siguen evolucionando, y se espera que la cobertura continúe con nuevas declaraciones, datos de la unión y, sobre todo, los discursos que emerjan del encuentro del 13 de noviembre, cuando la comunidad legal y la sociedad civil esperan escuchar no solo testimonios directos sino también respuestas claras de las autoridades sobre el futuro de un sistema de inmigración que, por su naturaleza, debe equilibrar seguridad, justicia y humanidad.
Aprende Hoy
EOIR → Executive Office for Immigration Review; agencia del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración.
backlog → Acumulación de casos pendientes en los tribunales de inmigración que esperan audiencias o decisiones.
National Press Club → Foro en Washington, D.C., para eventos públicos y comparecencias ante la prensa.
Este Artículo en Resumen
Tres jueces apartados y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración hablarán el 13 de noviembre de 2025 en el National Press Club para denunciar una purga que, según el sindicato, ha removido al menos 139 jueces desde el 20 de enero de 2025. El sindicato vincula las remociones a un backlog cercano a cuatro millones de casos y advierte que la sustitución de jueces experimentados por abogados militares sin experiencia en inmigración amenaza la imparcialidad y la operación de los tribunales.
— Por VisaVerge.com
