Gobernador y fiscal de Washington respaldan notificaciones a ICE desde prisiones estatales

Puntos Clave

1. El DOJ advirtió en agosto de 2025 que las restricciones de Washington podrían poner en riesgo fondos federales.
2. La KWW (2019) permite compartir estatus migratorio exigido por ley federal, pero no fechas ni domicilios sin orden judicial.
3. La AGO reafirmó el 20 de febrero de 2025 las políticas modelo; las solicitudes de ICE se remiten a supervisores.

(WASHINGTON) El gobernador Jay Inslee y el fiscal general Bob Ferguson mantienen firmemente las restricciones del estado sobre las notificaciones a ICE relativas a la liberación de personas encarceladas, conforme a las disposiciones centrales de la Keep Washington Working Act.

El conflicto entre el estado y el gobierno federal escaló en agosto de 2025 cuando el Departamento de Justicia del United States 🇺🇸 emitió una carta formal advirtiendo que las políticas del estado podrían violar 8 U.S.C. § 1373 y poner en riesgo la financiación federal. Los funcionarios estatales respondieron de inmediato reafirmando que la ley de Washington no prohíbe compartir información sobre el estatus migratorio cuando esto sea requerido por la ley federal, pero sí limita la entrega de información no pública —como fechas de liberación o domicilios— sin una orden judicial.

En febrero de 2025 la Oficina del Fiscal General confirmó que la orientación y los modelos de política relacionados con KWW siguen vigentes.

Cambios recientes y respuesta estatal

En el verano de 2025 el Departamento de Justicia intensificó la presión sobre Washington al enviar una carta formal expresando preocupación por las restricciones estatales a las notificaciones a ICE y advirtiendo sobre la posibilidad de recortar fondos federales si no hay mayor cooperación.

El gobernador Inslee declaró que las políticas buscan proteger la seguridad pública y la confianza comunitaria, y que la ley estatal respeta los límites de la ley federal. El fiscal general Ferguson señaló que el estado defenderá la ley en los tribunales si el gobierno federal inicia acciones legales.

Importante: la AGO confirmó el 20 de febrero de 2025 que la orientación y los modelos de política permanecen plenamente en vigor.

Qué permite y qué prohíbe la ley

La Keep Washington Working Act, aprobada en 2019, limita la participación de agencias estatales y locales en la ejecución de la ley migratoria civil. Sus puntos claves son:

• Prohibiciones principales:
  • No preguntar ni recopilar información sobre estatus migratorio salvo cuando sea directamente relevante para una investigación criminal.
  • No compartir información personal no pública con autoridades federales de inmigración para la ejecución civil.
  • No celebrar acuerdos con agencias federales para ese tipo de ejecución sin autorización estatal explícita.
• Permisos y límites:
  • Permite compartir información sobre estatus migratorio cuando eso sea requerido por la ley federal, pero no obliga a las agencias locales a ir más allá de ese requisito.
  • Las escuelas públicas, tribunales, centros de salud y agencias policiales deben adoptar las políticas modelo de la Oficina del Fiscal General o someter sus propias políticas para revisión.

Efectos prácticos para comunidades y agencias

Para personas no ciudadanas liberadas de prisiones o cárceles estatales, la práctica de no notificar a ICE sobre fechas de liberación reduce el riesgo de detención administrativa inmediatamente después de su puesta en libertad.

Para agencias policiales, la ley exige formación y protocolos específicos:

• Los oficiales deben evitar recopilar o compartir información sobre estatus migratorio salvo cuando la ley lo requiera.
• Las solicitudes de ICE deben remitir a asesoría legal o a supervisores.
• Las agencias deben verificar si existe una orden judicial o mandato para proporcionar información; sin orden, la solicitud suele rechazarse salvo que se trate de datos sobre estatus exigidos por la ley federal.
• Las agencias deben remitir sus políticas a la AGO para revisión y publicación; las que no cumplan deben justificar por escrito sus alternativas.

Las organizaciones comunitarias han intensificado la difusión de recursos, líneas de ayuda y asesoría legal. Grupos como CAIR-WA y la Washington Immigration Solidarity Network (WAISN) operan líneas legales y ofrecen instrucciones sobre derechos en encuentros con ICE.

Consecuencias prácticas y ejemplos

• Ejemplo 1: María, liberada sin previo aviso a ICE, gracias a la KWW tiene más tiempo para contactar a su familia y buscar representación legal antes de un posible proceso migratorio.
• Ejemplo 2: Un departamento policial recibe una solicitud verbal de ICE sobre la hora de liberación; la política estatal exige solicitar documentación legal o una orden judicial antes de suministrar esos datos.

Impacto en empleadores y servicios públicos:

• Aunque la KWW se centra en la colaboración policial, su efecto alcanza a otras entidades públicas que deben revisar políticas para no compartir datos no públicos.
• Departamentos de recursos humanos y administradores de servicios deben coordinar con la AGO para adaptar plantillas y evitar violaciones accidentales.

Riesgos legales y estrategia estatal

La carta del DOJ de agosto de 2025 abre la posibilidad de litigio federal o recortes de fondos. Los líderes estatales han prometido defender la normativa en tribunales con:

1. Preparación legal.
2. Movilización de aliados comunitarios.
3. Difusión de recursos para quienes puedan verse afectados por un aumento de actividad de ICE.

Si el gobierno federal decide recortar fondos, el estado podría impugnar la acción ante la corte argumentando que tales recortes violan principios de autonomía estatal o exceden la autoridad federal. Los tribunales evaluarán si el Congreso ha exigido una cooperación concreta o si la ley estatal se limita a proteger la privacidad y el orden público.

Cuestiones legales que evaluarán los tribunales

Los temas clave que posiblemente analicen los tribunales incluyen:

• Si la ley federal contiene un mandato expreso que obligue a los estados a compartir fechas y lugares de liberación, o si únicamente exige la comunicación de información sobre estatus.
• Si las amenazas de retirada de fondos cumplen criterios legales para imponer condiciones federales.
• Argumentos basados en separación de poderes y en las condiciones de asignación de fondos federales.
• Pruebas sobre cómo las políticas afectan la seguridad pública, la eficacia de la aplicación migratoria y la protección de derechos civiles.

Mientras se resuelven disputas, el cumplimiento técnico de las agencias locales —notificar a la AGO y documentar prácticas— será clave para demostrar buena fe y reducir riesgos.

Recomendaciones y lista de verificación práctica

Para agencias y personas afectadas:

1. Revisar y adoptar políticas modelo de la AGO.
2. Documentar cada solicitud de ICE y conservar copia de la correspondencia.
3. Remitir solicitudes a asesoría legal antes de responder si no existe orden judicial.
4. Mantener líneas de contacto con organizaciones comunitarias para apoyo inmediato.
5. Capacitar al personal sobre preguntas permitidas y protocolos de privacidad.
6. Informar públicamente las políticas para generar confianza en la comunidad.

Lista resumida (bullet points):

• Revisar/adoptar políticas modelo.
• Documentar y archivar solicitudes y respuestas.
• Consultar asesoría legal si no hay orden judicial.
• Mantener coordinación con organizaciones de apoyo.
• Capacitar a personal de primera línea.
• Publicar las políticas para transparencia.

Recursos y contactos útiles

• Líneas comunitarias destacadas:
  • CAIR-WA: 206-367-4081
  • WAISN Deportation Defense Hotline: 1-844-724-3737 (activas en días laborables con horarios específicos)
• Contacto y recursos oficiales:
  • Correo de la AGO: [email protected]
  • Página oficial de la AGO: https://www.atg.wa.gov/
  • Para revisar la obligación federal sobre intercambio de información: referencia a 8 U.S.C. § 1373 en el repositorio oficial del Gobierno federal.

También se recomienda consultar abogados de inmigración certificados y organizaciones locales que ofrecen representación o referencias. La American Civil Liberties Union y otras entidades proporcionan guías generales.

Comunicación pública y cobertura mediática

La cobertura mediática y el debate público influirán en la percepción y la presión política. Es importante que los reportes sean precisos e incluyan fuentes oficiales para evitar rumores que aumenten el miedo en comunidades vulnerables.

Para periodistas y analistas conviene observar:

• Fechas y textos de cartas oficiales del DOJ y la AGO.
• Presentaciones judiciales y órdenes emitidas por tribunales.
• Respuestas de agencias locales a solicitudes de revisión.

Qué vigilar en los próximos meses

• Cartas adicionales del DOJ.
• Demandas federales formales.
• Decisiones judiciales que aclaren la línea entre 8 U.S.C. § 1373 y las protecciones estatales.
• Posibles recortes de fondos federales y las respuestas legales del estado.

Las decisiones judiciales podrían establecer guías sobre la documentación mínima que las autoridades federales deben presentar para justificar solicitudes de información y aclarar si las amenazas de retiro de fondos satisfacen criterios legales.

Conclusión y pasos inmediatos recomendados

Por ahora el estado mantiene la KWW como herramienta legal para limitar la cooperación con ICE respecto a información que considera no obligatoria. Las recomendaciones inmediatas:

• Mantener líneas abiertas con la AGO y organizaciones de apoyo.
• Documentar cada interacción con autoridades.
• Contar con asesoría legal accesible para casos urgentes.
• Llamar a las líneas comunitarias o visitar la página de la AGO para ayuda inmediata.

El choque entre Washington y el gobierno federal ejemplifica la tensión nacional entre políticas estatales de protección a inmigrantes y las prioridades federales en control migratorio. Mientras los litigios y decisiones judiciales se desarrollan, residentes y agencias deben mantenerse informados y preparados.

Aprende Hoy

Keep Washington Working Act (KWW) → Ley estatal de 2019 que limita la participación local en la ejecución civil de la ley migratoria y protege datos no públicos.
8 U.S.C. § 1373 → Norma federal que impide a las autoridades restringir el intercambio de información sobre estatus migratorio entre niveles de gobierno.
Carta del DOJ (agosto 2025) → Advertencia formal del Departamento de Justicia que señala posible conflicto entre políticas estatales y requisitos federales de notificación.
Datos personales no públicos → Información sensible como fechas y horas de liberación, direcciones y contactos que no deben compartirse sin orden judicial.
Orden judicial / mandamiento → Autorización firmada por un juez que puede obligar a las agencias a revelar información protegida por la ley estatal.
Solicitud administrativa → Petición de un funcionario migratorio que no tiene fuerza judicial y que el estado suele rechazar para datos no públicos.
Políticas modelo de la AGO → Plantillas de políticas que la Oficina del Fiscal General emite para que agencias, escuelas y tribunales las adopten o sometan a revisión.

Este Artículo en Resumen

Frente a una carta del DOJ en agosto de 2025, Washington reafirma la KWW: comparte estatus migratorio cuando la ley federal lo exige, pero no divulga fechas ni domicilios sin orden judicial.
— Por VisaVerge.com