Florida limita empleos académicos para estudiantes chinos bajo SB 846

Puntos Clave

• SB 846 prohíbe emplear estudiantes y profesores de siete países, incluido China, en universidades públicas de Florida.
• Un juez federal suspendió en 2025 partes de SB 846, permitiendo a estudiantes F-1 recuperar puestos dentro del campus.
• Florida apeló la decisión judicial, generando incertidumbre para estudiantes internacionales y personal académico.

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En julio de 2023, Florida adoptó un cambio importante en sus políticas migratorias y educativas a través de la ley SB 846, promovida bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis. Esta ley fue presentada como parte de una estrategia amplia para limitar lo que autoridades estatales llamaron “influencia extranjera nefasta” procedente, en especial, del Partido Comunista Chino. Sin embargo, también incluyó restricciones para personas de otros seis países: Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte. Las consecuencias de este cambio legal han desencadenado fuertes debates y acciones judiciales, cambiando dramáticamente la vida de muchos estudiantes internacionales —sobre todo, los procedentes de China— y de la comunidad académica en general dentro del estado de Florida.

SB 846 se diseñó con el objetivo central de reducir el riesgo de espionaje universitario y la llamada influencia indebida por parte de gobiernos extranjeros. Entre sus puntos principales, la ley prohíbe que las universidades y los colegios públicos contraten a individuos domiciliados en estos siete países, salvo que estos reciban una autorización especial de juntas de supervisión estatales. Además, restringe acuerdos o colaboraciones con instituciones académicas relacionadas con esas naciones.

Florida limita empleos académicos para estudiantes chinos bajo SB 846

El impacto directo es claro en los estudiantes de posgrado con visa F-1 —muchos de ellos, de China— quienes suelen depender de puestos de asistente de docencia o investigación para costear sus estudios y gastos básicos. Desde la entrada en vigor de SB 846, decenas de estudiantes vieron anuladas sus ofertas de empleo, perdiendo becas y exención de matrículas previamente concedidas. Esta situación llevó a que, en marzo de 2024, dos estudiantes chinos de doctorado (Yin y Guo) de la Florida International University, junto a un profesor de la University of Florida, presentaran una demanda judicial tras ver revocados sus contratos, argumentando discriminación y daños económicos irreparables.

En una decisión relevante emitida en marzo de 2025, el juez federal Jose Martinez emitió una orden judicial preliminar en contra de parte de SB 846. El juez determinó que prohibir la contratación de estudiantes internacionales a quienes el gobierno federal ya había autorizado mediante visas F-1 violaba la Constitución, ya que invadía la autoridad federal sobre cuestiones de inmigración y seguridad nacional. Magistrate Judge Eduardo Sanchez, cuyo análisis también fue aceptado, subrayó que los estados no pueden decidir unilateralmente qué extranjeros representan una amenaza nacional, ya que esa facultad pertenece exclusivamente al gobierno federal de los Estados Unidos.

El fallo del juez Jose Martinez no solo devolvió el acceso a los puestos de trabajo perdidos para los estudiantes involucrados en la demanda, sino que también protegió a todos los alumnos internacionales en circunstancias similares dentro de las instituciones de educación superior públicas en Florida. Según expertos citados por VisaVerge.com, este juicio marcó una pausa importante en los efectos inmediatos y más dañinos de la ley a la espera de acciones legales futuras.

A pesar de este revés judicial, el gobierno de Florida decidió apelar el fallo ante instancias superiores, argumentando que era necesario mantener restricciones en la relación académica con China y otros países para protegerse de actos de espionaje o influencia indebida. Las autoridades estatales sostienen que SB 846 y medidas similares ayudan a blindar la seguridad del estado y su sistema educativo frente a amenazas globales. Sin embargo, esa postura ha sido duramente criticada por varias organizaciones sociales y defensores legales, quienes sostienen que SB 846 y otros marcos normativos asociados promueven la discriminación, violan la igualdad de derechos y limitan injustamente el acceso de extranjeros —en particular, de origen chino— a la educación y trabajo académico.

El efecto de la ley —y la batalla judicial en curso— ha ido más allá de los estudiantes. Por ejemplo, en los primeros meses de 2025, el profesor Kevin Wang, refugiado chino y docente autorizado con permiso de trabajo válido, fue despedido de New College of Florida por efecto directo de SB 846. Su caso se convirtió rápidamente en símbolo nacional del impacto humano y académico de estas políticas y disparó alarmas sobre el posible aumento de la xenofobia, el recorte de libertades académicas y el deterioro del ambiente para el pensamiento crítico y la diversidad internacional en el entorno universitario.

Muchos decanos y líderes universitarios advierten de que estas leyes llevan a que varios talentos internacionales —especialmente chinos— descarten a Florida como destino de estudio o trabajo. Esto amenaza investigaciones fundamentales, incluso en áreas prioritarias para Florida como la agricultura y los avances científicos. También desalienta la colaboración con expertos extranjeros y la participación en proyectos internacionales que enriquecen la experiencia educativa en el estado.

A modo de resumen cronológico, los eventos más destacados incluyen:

Julio de 2023: SB 846 es promulgada, estableciendo restricciones al empleo académico y colaboraciones internacionales.
Marzo-abril de 2024-2025: Presentación de demandas judiciales y concesión de medida cautelar por parte de la Corte Federal que suspende la aplicación de la ley respecto al empleo de estudiantes con visa F-1.
Abril-mayo de 2025: El estado de Florida apela la decisión judicial, generando incertidumbre legal y manteniendo tensa la situación actual para estudiantes y profesores.
Marzo-abril de 2025: Despido del profesor Wang bajo el amparo de SB 846, disparando críticas y alertas sobre los riesgos de estas políticas.

Las repercusiones de este caso trascienden los límites estatales y se enmarcan en el contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos 🇺🇸 y China 🇨🇳 en varias áreas, incluyendo educación, tecnología y comercio. Si bien defensores de la legislación argumentan que es una respuesta “necesaria” ante posibles riesgos de seguridad, otros alertan del peligro de caer en prácticas discriminatorias que afectan el acceso a la educación, el intercambio de ideas y el progreso académico. La medida, aunque pausada parcialmente para ciertos estudiantes, aún podría tener efecto en docencia, investigación e innovación si el proceso de apelación llega a revertir la decisión judicial actual.

Para aclarar puntos complejos, es importante distinguir entre la autoridad federal y estatal respecto a la inmigración. Mientras que el gobierno federal gestiona y emite visas, como la F-1, estableciendo a quién se le permite estudiar y trabajar temporalmente en el país, SB 846 intenta limitar estas posibilidades en el ámbito estatal, generando así un conflicto de competencias. La Corte Federal destacó precisamente que las leyes estatales no pueden cambiar unilateralmente las reglas de eligibilidad de los extranjeros que ya han sido autorizados por el gobierno federal, subrayando la supremacía de la legislación nacional.

Algunos actores políticamente activos, organizaciones académicas y defensores de derechos civiles han señalado que la aplicación de SB 846 envía un mensaje de desconfianza y exclusión a futuras generaciones de talento internacional, con efectos claros para la capacidad de las universidades de Florida de seguir participando como referentes en la economía global del conocimiento. Subrayan además la importancia de respetar la Constitución y las normas que prohíben la discriminación por país de origen.

Sobre las oportunidades para los estudiantes afectados, la orden judicial emitida en 2025 permitió que muchos puedan volver a ejercer los trabajos que necesitan para costear carreras avanzadas y aseguró un precedente legal que podría influir en futuras políticas migratorias, ya sea en Florida o en otros estados que consideren reglamentos parecidos. Sin embargo, al estar la apelación aún pendiente de resolución, tanto estudiantes como profesores continúan enfrentando escenarios inciertos ante nuevos años académicos.

El empleo estudiantil bajo la visa F-1 —que permite a los estudiantes internacionales trabajar dentro del campus en ciertas condiciones— es clave para financiar matrículas y gastos de subsistencia. La suspensión temporal de la ley permite, por ahora, el regreso a la normalidad para estos jóvenes, pero sigue existiendo preocupación por el impacto a mediano y largo plazo, especialmente si el fallo judicial es revertido en el futuro.

Organizaciones como la American Civil Liberties Union de Florida han destacado públicamente que SB 846 quebranta derechos fundamentales y hace retroceder la reputación de Florida como sitio acogedor para el talento mundial, poniendo en duda la viabilidad de proyectos de investigación y de la enseñanza competitiva en todos los niveles. De acuerdo a la cobertura de medios y fuentes legales citadas, el resultado definitivo dependerá de los tribunales superiores y de cómo evolucione el debate nacional respecto a la autonomía de los estados frente al control federal en materia migratoria.

Siguiendo el debate, varias voces han opinado que el despido de profesores como Kevin Wang refleja el riesgo de trasladar temores geopolíticos directamente al aula y al laboratorio, con consecuencias negativas para la pluralidad cultural y el avance científico. Otros señalan que la política puede alentar el auto-censura y dificultar la atracción de financiamiento o reconocimiento internacional para las universidades del estado. Esta tensión se refleja en la preocupación de las facultades por quedar aisladas en un mundo donde la colaboración global es esencial para la ciencia, la tecnología y la solución de los problemas sociales.

Actualmente, la política de Florida sigue en disputa en los tribunales. Si la apelación presentada por el estado prospera, podrían renovarse inmediatamente las restricciones sobre empleo y asociaciones educativas para cientos de estudiantes y profesores extranjeros. Pero si la medida cautelar es confirmada por cortes superiores, sentará precedente al limitar el alcance de las leyes estatales sobre la inmigración autorizada desde el ámbito federal.

El caso de Florida y SB 846 se ha convertido en referencia obligada para otros estados que analizan medidas similares, especialmente en el contexto de tensiones globales y la frecuente sospecha pública hacia ciudadanos de ciertos países. Esto resalta el delicado equilibrio entre políticas de seguridad y derechos civiles, una cuestión que afecta tanto a las instituciones educativas como a la imagen internacional del país.

En cuanto a los pasos a seguir para estudiantes, profesores y administradores afectados, se recomienda mantenerse informados mediante fuentes oficiales, revisar periódicamente sus permisos de trabajo, y en casos de duda o si surgen problemas legales, buscar la orientación de profesionales especializados en inmigración. Se recuerda que la información sobre permisos de empleo y estatus migratorio puede consultarse en la web oficial de USCIS, la agencia federal encargada de los servicios de inmigración de Estados Unidos.

En conclusión, la ley SB 846 de Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, ha generado efectos rápidos y notables tanto para estudiantes internacionales como para el personal académico, incentivando un debate nacional sobre derechos, límites estatales y la relación entre seguridad y apertura educativa. Aunque de momento parte de la ley ha sido suspendida judicialmente respecto a estudiantes con visas F-1, la situación sigue cambiante y pendientes de resoluciones en cortes superiores. Para más explicaciones sobre casos similares y sus efectos en la política migratoria, puede revisarse la cobertura detallada de VisaVerge.com.

Finalmente, es esencial recalcar que, ante cualquier preocupación personal relacionada con la inmigración, el empleo académico o las solicitudes de visa, cada persona debe buscar asesoría legal profesional, ya que las circunstancias particulares pueden variar y la ley puede cambiar con rapidez.

Aprende Hoy

SB 846 → Ley de Florida (2023) que restringe la contratación universitaria y convenios con individuos de siete países considerados riesgosos.
Visa F-1 → Visa de estudiante internacional en EE. UU. que permite estudiar y trabajar dentro del campus bajo ciertas condiciones.
Orden judicial preliminar → Resolución temporal que suspende la aplicación de una ley mientras se resuelve el litigio principal.
Libertad académica → Derecho de docentes y alumnos a investigar, enseñar y debatir sin restricciones indebidas.
Competencia federal-estatal → Relación de poderes entre gobierno federal y estados, clave para regular inmigración y seguridad nacional.

Este Artículo en Resumen

La ley SB 846 de Florida restringe empleos universitarios y colaboraciones internacionales para personas de China y otros seis países, alegando seguridad. Un fallo federal en 2025 suspendió parcialmente la medida para estudiantes F-1. La apelación sigue pendiente, manteniendo preocupaciones sobre discriminación, libertad académica y el futuro educativo en Florida.
— Por VisaVerge.com