Puntos Clave
- La jueza Sara L. Ellis prohibió gas lacrimógeno y bolas de pimienta contra manifestantes pacíficos salvo amenaza inmediata.
- La orden exige cámaras corporales, conservar grabaciones 180 días y distintivos visibles en dos partes del uniforme.
- La corte halló que el funcionario Gregory Bovino mintió bajo juramento, fortaleciendo las limitaciones impuestas tras Operación Midway Blitz.
(CHICAGO, ILLINOIS) Un fallo preliminar emitido el 6 de noviembre de 2025 por la jueza federal Sara L. Ellis ha impuesto una restricción indefinida al uso de armas de control de disturbios por parte de agentes de inmigración federales en la zona de Chicago. La orden, vinculada a lo ocurrido durante la denominada Operación Midway Blitz, prohíbe desplegar gas lacrimógeno o bolas de pimienta contra manifestantes pacíficos salvo que exista una amenaza inmediata para la seguridad humana. Este fallo, que debe mantenerse vigente hasta que se resuelva el caso subyacente o el tribunal modifique la orden, se presenta como un hito en un marco de tensiones entre las autoridades de inmigración y grupos que denuncian excesos durante operativos a gran escala en la región del Medio Oeste.
La decisión de la jueza Ellis, argumentada en una inyección de medidas cautelares, establece que los agentes no pueden recurrir a gases lacrimógenos o a armas de control de disturbios contra personas que ejercen su derecho a la protesta salvo ante una amenaza directa e inminente para la vida o la integridad física. En su fallo, Ellis declaró que la versión presentada por el gobierno sobre los hechos
“no es creíble”
y añadió que las acciones de los agentes
“shockeaban la conciencia”.
La orden también impone que los agentes lleven cámaras corporales, con grabación obligatoria y conservación de las imágenes durante al menos 180 días, y que exhiban distintivos visibles en dos lugares de sus uniformes. Además, la juez exigió que, antes de cualquier uso de armas de control de disturbios, se emitan dos advertencias audibles claras, a menos que exista un peligro inmediato.
La protección de periodistas y clérigos figura entre las garantías explícitas de la orden: los agentes no pueden arrestar, amenazar o dispersar a estos grupos a menos que incurran en un delito. El alcance geográfico de la medida cubre a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE), la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Servicio Federal de Protección Federal en el Distrito Norte de Illinois, que incluye la ciudad de Chicago. El fallo surge a raíz de incidentes durante la Operación Midway Blitz, en los que manifestantes, clérigos y periodistas denunciaron uso excesivo de la fuerza, incluido gas lacrimógeno, fuera del ICE Broadview Detention Center y en otros puntos de la ciudad.
La declaración de Ellis fue explícita en su contundencia:
“No federal officer, regardless of mission, may disregard the protections guaranteed under the Constitution.”
En la audiencia, añadió:
“The use of force shocks the conscience.”
Estas palabras, junto con testimonios de actores de la sociedad civil, acentuaron la lectura de la protesta como un ejercicio de derechos constitucionales que no debería verse disminuido por la magnitud de las operaciones migratorias.
Entre las víctimas y los defensores de la libertad de expresión, destacan declaraciones que entregan una visión directa de las experiencias vividas durante las protestas. Representantes del Chicago Headline Club, junto con clérigos y manifestantes, señalaron que
“The court has affirmed that what happened to us was wrong, that our right to speak, to gather and to protest is still protected by the First Amendment. The court’s ruling makes it clear our voices matter.”
Esa frase, citada en el marco del proceso, resume una lectura de la sentencia como un reconocimiento formal de la necesidad de proteger las libertades cívicas incluso frente a operaciones de seguridad nacional.
La figura de Gregory Bovino, identificado como un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza y líder de la Operación Midway Blitz, aparece en la documentación judicial como uno de los elementos polémicos del procedimiento. Según documentos del caso, Bovino fue señalado por haber mentido bajo juramento respecto a la justificación para el uso de gas lacrimógeno. Se le atribuyó, en un primer momento, haber declarado que un manifestante arrojó una piedra antes de que se dispersara el gas; sin embargo, luego admitió bajo juramento que la piedra fue arrojada después de que él ya había desplegado el cañistero. Este hallazgo ha intensificado las críticas sobre la necesidad de transparencia y responsabilidad en las acciones de las agencias federales durante operativos de alto riesgo. Abogados de los demandantes indicaron que
“Every single time that Greg Bovino violates the injunction in this case, we and the community… will file something with the court. We will make a record and we will ask for sanctions.”
Esa declaración subraya la intención de sostener judicialmente cualquier incumplimiento de la orden para mantener un registro público y exigir consecuencias cuando sea necesario.
Desde el punto de vista institucional, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió a la sentencia con un enérgico cuestionamiento. Enfatizó que la decisión representa
“un extreme act by an activist judge that risks the lives and livelihoods of law enforcement officers.”
No obstante, la orden de la jueza Ellis es de cumplimiento inmediato, salvo que un tribunal de superior jerarquía suspenda la medida. Este matiz deja claro que la decisión ya tiene efectos prácticos sobre cómo se deben conducir las operaciones de control de disturbios y la interacción con comunidades en el área de Chicago.
El alcance de la medida, definida como indefinido en su duración, tiene implicaciones más amplias que su impacto inmediato en el Noroeste de Illinois. Los expertos legales señalan que, si bien la orden está vigente solo para el Distrito Norte de Illinois, su naturaleza y fundamentos podrían orientar, o incluso reciclar, políticas de DHS a nivel nacional y convertirse en un modelo para litigios similares en otros estados. En este marco, la decisión se ve como un contrapeso a las propuestas de expansión de facultades de ejecución migratoria que han sido discutidas en distintos foros y que han sido presentadas por proyectos como Project 2025, con la idea de ampliar las capacidades de las fuerzas de seguridad ante la migración irregular.
El efecto práctico para la población local y para las personas que participan en protestas es significativo. Por un lado, la orden exige que los oficiales incurran en una mayor responsabilidad operativa: deben documentar cada uso de armas de control de disturbios con cámaras corporales y conservar las grabaciones, una práctica que permite un escrutinio público más riguroso y una evidencia tangible de lo ocurrido durante los episodios de tensión. Por otro, establece una regla clara para la protección de periodistas y líderes religiosos, que a veces se encuentran en la primera línea de las protestas y que durante estos incidentes a menudo quedan expuestos a la fuerza policial. En ese sentido, la declaración explícita de que “los agentes no pueden arrestar, amenazar o dispersar a estos grupos a menos que incurran en un delito” introduce una salvaguarda adicional para estas comunidades, que a menudo se sienten vulnerables ante intervenciones de seguridad de gran escala.
Los incidentes de la Operación Midway Blitz que han motivado este fallo incluyen reportes de uso de gas lacrimógeno y bolas de pimienta no solo en el área de la primera línea de manifestación, sino también en barrios que se describen como Old Irving Park, Evanston y Little Village. Los demandantes sostienen que fueron
“shot at and… gassed”
durante las protestas pacíficas, una experiencia que ha sido clave para la percepción pública de la respuesta de las autoridades. Estos detalles también sirven para calibrar la narrativa de la seguridad pública frente a la defensa de libertades civiles, una tensión que ha sido central en estos debates y que se pretende resolver, al menos en parte, mediante la norma de la jueza Ellis.
A nivel práctico, la orden establece un marco claro para la conducta de las fuerzas federales en Chicago y podría convertirse en un referente para jurisdicciones vecinas. En particular, la prohibición de uso de gas lacrimógeno y otras armas de control de disturbios contra personas que no representan una amenaza inmediata se ve como una protección de derechos fundamentales durante procesos que podrían conectarse con públicas preocupaciones sobre la proporcionalidad de la fuerza en operaciones de migración, detención y seguridad interior. La idea de “dos advertencias audibles” antes de recurrir a la fuerza se presenta como una salvaguarda adicional para reducir la sorpresa y la escalada de confrontaciones que, en el pasado, han terminado alimentando una espiral de tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Con la vigencia de la orden, la justicia federal emite una especie de contrato social entre seguridad y derechos civiles en un momento en que el debate sobre la legitimidad de ciertas acciones migratorias y su ejecución está en el centro de la atención pública. La decisión se presenta, para los defensores de derechos civiles y para la comunidad de Chicago, como una garantía de que las libertades de reunión y expresión no quedan sacrificadas ante operaciones de control fronterizo que, por su tamaño y alcance, podrían haber sido vistas como un terreno sin reglas claras. El fallo es, para los demandantes, un recordatorio de que la Constitución protege a todos los ciudadanos y a quienes participan en la vida cívica del país, incluso cuando el gobierno dice estar persiguiendo objetivos de seguridad nacional o de cumplimiento de leyes migratorias.
El texto de la orden también incluye una lista de especificaciones técnicas y de procedimiento que marcan una diferencia operativa para los oficiales: la obligación de conservar las imágenes durante 180 días, la necesidad de identificar a cada agente de forma visible y la exigencia de que todas las intervenciones estén precedidas por dos avisos auditivos. Estas medidas reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia, aspectos que los defensores de derechos civiles han señalado como claves para evitar abusos, especialmente en operaciones de alta tensión y confrontación pública.
Aunque el caso se centra en la región del Norte de Illinois, la resonancia de la decisión ha sido recibida con atención por especialistas y activistas en todo el país. Expertos legales señalan que podría convertirse en un precedente que influencia decisiones futuras sobre el uso de fuerza en operaciones de seguridad migratoria y que podría alimentar discusiones en otros Tribunales de Distrito ante casos similares que cuestionen la proporcionalidad y la protección de derechos constitucionales. En ese marco, algunos analistas esperan que la política de DHS y agencias afines se vea obligada a replantear protocolos para evitar confrontaciones que, en el pasado, escalaban a incidentes de alto impacto mediático.
El impacto humano de estas medidas, sin embargo, se evalúa también a través de los testimonios y las respuestas de las comunidades que viven en la proximidad de estas operaciones. Para ellos, la reducción de riesgos de uso desproporcionado de la fuerza representa una posibilidad de reducir el daño a residentes, trabajadores y activistas que, día a día, asisten a protestas y participan en el debate público sobre la política migratoria del país. En el día a día de estas comunidades, la vigencia de la orden se traducirá en una vigilancia adicional de la conducta policial y en un marco que, aunque restrictivo para el uso de herramientas de control de disturbios, ofrece una ruta para que la protesta se desarrolle sin el temor constante de una escalada violenta.
El caso y su desarrollo futuro pueden influir, además, en cómo se equilibran las prioridades de seguridad nacional y derechos civiles en un país que sigue buscando un camino entre la necesidad de hacer cumplir la ley y la responsabilidad de proteger las libertades fundamentales. La incertidumbre que rodea la duración indefinida de la medida, y la posibilidad de que el fallo se convierta en un precedente permanente, añaden capas de complejidad a la ya extensa conversación pública sobre migración, fuerzas de seguridad y la sociedad civil.
Para quienes siguen de cerca estas tensiones, la sentencia simboliza un giro notable: una instancia federal que impone límites claros al uso de armas de control de disturbios por parte de autoridades migratorias, en un momento en que la confianza en las instituciones exige respuestas más transparentes y verificables ante cualquier alegación de abuso. Y si bien la decisión surgió de un caso concreto en el Distrito Norte de Illinois, su impacto podría sentirse en otros estados a medida que nuevas demandas buscan replicar los estándares de transparencia, responsabilidad y respeto a la Primera Enmienda en operaciones de seguridad nacional que operan en comunidades diversas y dinámicas como las de Chicago y sus alrededores.
Para ampliar la información sobre estas cuestiones de derechos civiles y de seguridad, conviene consultar recursos oficiales del DHS que detallan, entre otros aspectos, las protecciones civiles y las obligaciones de las agencias en operaciones de control de disturbios. En particular, los lectores pueden revisar por separado el marco general de derechos y deberes que rigen la acción de las agencias federales en operaciones de seguridad, disponible en el portal oficial del Departamento de Seguridad Nacional. DHS civil rights protections. En lo que respecta a la regulación de prácticas y el uso de ciertos dispositivos, el debate público y las decisiones judiciales continuarán dando forma a una política migratoria que, en la práctica, debe equilibrar la seguridad con las libertades constitucionales que protegen a todos los ciudadanos y a quienes invocan su derecho a expresarse y a reunirse pacíficamente.
La narrativa de la Operación Midway Blitz, con su mezcla de controversia y prueba judicial, continúa su curso. Entre las implicaciones inmediatas está la necesidad de que DHS y las agencias federales ajusten sus protocolos para cumplir con las condiciones de la injunción y para evitar, de cara al público, una repetición de escenas que han sido descritas por críticos y observadores como un choque entre seguridad y derechos civiles. En última instancia, la decisión de la jueza Ellis podría convertirse en un punto de inflexión en la historia de la gobernanza migratoria en Estados Unidos, un proceso en el que las palabras de la Corte y las grabaciones de cámaras corporales podrían convertirse en los hilos que entretejen una rendición de cuentas real ante una ciudadanía cada vez más exigente con la responsabilidad de sus autoridades.
En resumen, la orden emitida por la jueza Sara L. Ellis representa una intervención crítica en la dinámica entre las agencias federales y las comunidades urbanas ante episodios de protesta. La clausula de restringidos indefinidamente a productos como el gas lacrimógeno y las bolas de pimienta, unida a las salvaguardas de la transparencia y la protección de derechos, marca un estándar que podría repercutir más allá de Chicago. Si la causa continúa y la corte se pronuncia a favor de los demandantes, el país podría ver una reconfiguración de las prácticas de seguridad migratoria que favorezca una mayor responsabilidad institucional y una protección más explícita de la libertad de expresión y de la prensa, dos pilares que la justicia federal intenta, con esta decisión, reforzar en el terreno de la seguridad pública y la migración.
Aprende Hoy
Injunción preliminar → Orden judicial temporal que limita acciones mientras el caso principal sigue su curso.
Gas lacrimógeno → Agente químico usado para dispersar multitudes en situaciones de peligro o enfrentamiento.
Cámaras corporales → Dispositivos de grabación portátiles que llevan los agentes para documentar sus intervenciones.
Distrito Norte de Illinois → Jurisdicción federal que incluye la ciudad de Chicago y donde aplica la orden.
Este Artículo en Resumen
La jueza Sara L. Ellis ordenó el 6 de noviembre de 2025 que agentes del DHS en el Distrito Norte de Illinois no usen gas lacrimógeno o bolas de pimienta contra manifestantes pacíficos salvo amenaza inmediata. La medida exige cámaras corporales con 180 días de conservación, identificación visible en dos puntos del uniforme y dos advertencias audibles antes del despliegue. Protege a periodistas y clérigos y se basó en hallazgos de falta de credibilidad, incluido el testimonio de Gregory Bovino.
— Por VisaVerge.com
