Puntos Clave
- España concederá la ciudadanía a casi 170 descendientes por el artículo 33 de la Ley de Memoria Democrática.
- El Consejo de Ministros formalizará las aprobaciones el 4 de noviembre de 2025; el plazo finaliza el 22 de octubre de 2025.
- Los solicitantes deben acreditar vínculo directo con voluntarios; no se exige renuncia de nacionalidad ni examen de idioma.
(MADRID) El Consejo de Ministros aprobará este martes, 4 de noviembre de 2025, la concesión de la ciudadanía española a casi 170 descendientes de luchadores de las Brigadas Internacionales, según anunció el presidente Pedro Sánchez el 31 de octubre de 2025 durante un acto conmemorativo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La decisión, que llega bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática, desbloquea un proceso que convierte en realidad un derecho contemplado en la norma y que no exige a los solicitantes renunciar a su nacionalidad de origen ni superar un examen de idioma. Sánchez subrayó en su discurso que la medida se inscribe en la defensa de la democracia en un momento en que
“el mundo atraviesa amenazas y retrocesos”
y que, para Spain, “será un honor poder llamarlos compatriotas”.
La medida llega en un contexto simbólico y político cargado de significado: se produjo a pocas semanas de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco y como parte de un paquete legislativo que incluye la aceleración de la disolución judicial de la Fundación Francisco Franco y la retirada de símbolos contrarios a la memoria democrática de los espacios públicos. La noticia, que ha generado una mezcla de satisfacción entre familiares y críticas entre algunos sectores, refuerza la narrativa de reparación histórica que acompaña a la Ley de Memoria Democrática y a su artículo 33, que habilita expresamente la concesión de la ciudadanía a voluntarios de las Brigadas Internacionales y a sus descendientes.
Según las cifras divulgadas por el Ejecutivo, casi 170 descendientes de miembros de las Brigadas Internacionales que ya han presentado solicitud recibirán la ciudadanía en este tramo. El escrutinio de la Ley de Memoria Democrática muestra que desde su entrada en vigor, en octubre de 2022, se han registrado más de 680.000 solicitudes de ciudadanía bajo este marco, con un interés particularmente intenso desde países con una historia larga de emigración española, como Cuba. El periodo de presentación de solicitudes fue extendedo y cerrará el 22 de octubre de 2025, una ventana que permitió que quienes mantienen lazos directos con voluntarios de las Brigadas presentaran sus expedientes, respaldados por documentación que demuestra el vínculo familiar directo, habitualmente certificados de nacimiento y matrimonio.
Entre los más afectados por la nueva resolución figuran hijos, nietos y otros familiares que, durante años, han mantenido viva la memoria de aquellos que lucharon para defender la República y derrotar a las fuerzas fascistas en la Guerra Civil española (1936-1939). La historia de las Brigadas Internacionales —integradas por voluntarios de más de 50 países— ha sido, desde hace décadas, un símbolo de solidaridad internacional y de la lucha por la democracia. En palabras de Sánchez,
“busca pagar una deuda de gratitud”
a quienes defendieron la República y la democracia en España, un gesto que el mandatario situó en el marco de un compromiso más amplio con la memoria histórica y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura que siguió.
En la ceremonia de anuncio, que tuvo lugar en el céntrico Auditorio Nacional de Música de Madrid, Sánchez reiteró que
“No democracia honra the coup plotters”
y añadió que
“Freedom was never a gift, it was a conquest by the entire Spanish society”.
Estas frases, que han sido repetidas en varias piezas de comunicación del Ejecutivo durante la preparación de la medida, buscan subrayar el carácter de justicia histórica que acompaña a la concesión de ciudadanía para descendientes de luchadores de las Brigadas Internacionales. El presidente insistió además en la necesidad de vigilar que la defensa de la democracia no se vea constreñida por narrativas que la debiliten, un mensaje que subraya la importancia de este gesto público como señal de estabilidad y memoria frente a tendencias regresivas en otros rincones del mundo.
La tramitación de la ciudadanía se enmarca en una interpretación amplia de la Ley de Memoria Democrática, la Ley 20/2022, cuyo artículo 33 especifica la posibilidad de otorgar la nacionalidad española a voluntarios de las Brigadas y a sus descendientes. Según el texto legal, y tal como fue explicado por el Gobierno, el proceso no impone la renuncia a la nacionalidad de origen ni exige la prueba de conocimiento de la lengua española para estos solicitantes, lo que marca una excepción respecto a otros caminos de naturalización. Este detalle ha sido destacado por asesores y defensores de la memoria histórica como una vía para reconocer un vínculo histórico y humano con la experiencia republicana, en un marco que también contempla la disolución de la Fundación Franco y la retirada de símbolos que, a juicio de la Administración, contravienen la memoria democrática.
Entre las configuraciones de elegibilidad, las autoridades señalan que el solicitante debe demostrar un vínculo directo con un voluntario de las Brigadas Internacionales, y que la extensión a tatarabuelos o parientes más distantes no está contemplada. Esa exactitud en los criterios de conexión familiar ha sido uno de los elementos que ha generado trámites y, en algunos casos, largas verificaciones documentales. En cualquier caso, la ciudadanía concedida en este bloque específico no requiere, además, renunciar a otra nacionalidad, ni superar pruebas de idiomas, lo que alivia a muchos descendientes que, por razones de residencia y de percepción de identidad, buscan un reconocimiento institucional claro sin mayores trabas burocráticas.
La noticia ha tenido un eco notable en las comunidades vinculadas a la memoria histórica y a la defensa de la democracia. Organizaciones históricas y familiares que han trabajado para preservar la memoria de las Brigadas Internacionales han celebrado la noticia como un paso de justicia simbólica y de reconocimiento a una memoria cargada de sufrimiento, heroísmo y compromiso. Este reconocimiento llega en un periodo en que España, y buena parte de la comunidad internacional, revisa su pasado y toma decisiones que, más allá de la reparación simbólica, buscan sentar principios de inclusión y reconocimiento para quienes, desde el extranjero, se alzaron para defender el derecho de la ciudadanía a participar en la vida democrática de su país.
El anuncio se produce, como se ha señalado, en un marco político y simbólico que sitúa a España ante un dilema de memoria y de identidad cívica. La actuación se mantiene dentro del espectro de un repertorio de medidas que el Gobierno ha anunciado para intensificar la memoria democrática: la disolución de la Fundación Francisco Franco, la retirada de símbolos que remiten a épocas de represión y el fortalecimiento de las políticas de memoria que buscan que la sociedad española conserve viva la memoria de las víctimas y de quienes defendieron la libertad frente al autoritarismo. En este sentido, la decisión de entregar la ciudadanía a descendientes de luchadores de las Brigadas Internacionales no es solo una cuestión de derechos, sino también de símbolo: un acto de reconocimiento de parte de una nación que quiere recordar su pasado para construir un futuro más inclusivo y democrático.
La historia de estas personas y de sus familias mostrará a lo largo de los próximos meses cómo el proceso se materializa en documentos de identidad, expedientes de nacionalidad y, en última instancia, en una condición de ciudadanía que, para muchos, representa no sólo un estatus legal, sino una afirmación de pertenencia a una comunidad que valora la libertad, la justicia y la memoria colectiva. En el centro de la narrativa está el compromiso de Luchadores de las Brigadas Internacionales, cuyo legado continúa inspirando debates sobre ciudadanía y derechos humanos en España y más allá. La Ley de Memoria Democrática, con su visión de justicia histórica, se presenta como un puente entre generaciones, que permite que las nuevas generaciones entiendan, a través de la experiencia de quienes vivieron la Guerra Civil y la dictadura, qué significa defender la democracia con valentía y constancia.
Para quienes estudian o trabajan en políticas migratorias, este movimiento ofrece una vía singular para entender cómo una nación puede, en palabras de Sánchez, “apelar a la defensa de la democracia” a través de gestos concretos que reúnen historia, derecho y afectos familiares. La noticia también subraya la importancia de mantener canales abiertos para la revisión de expedientes y la verificación de vínculos familiares, un proceso que, si bien se enmarca en un procedimiento administrativo, tiene un impacto humano directo: personas que han aguardado años por una respuesta que les permita establecer su ciudadanía y, con ello, su lugar dentro de la comunidad española.
La referencia al Día de Conmemoración y Tributo a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, celebrada en Madrid, refuerza la idea de que la acción de este gobierno quiere situar a la memoria histórica en el corazón de la vida pública. El acto institucional, que reunió al presidente y a otros responsables, fue también un recordatorio de que la democracia no es estática: se defiende y se celebra activamente, con medidas que reconocen la complejidad de una historia que dejó a muchos a la intemperie y a otros muchos a la espera de una justicia que, en forma de ciudadanía, llega para ciertas generaciones.
A nivel internacional, la noticia tiene resonancia entre comunidades de exiliados y familiares de luchadores que, en su día, cruzaron mares para luchar por causas que ahora encuentran una voz institucional dentro de España. El gesto de conceder ciudadanía a los descendientes de quienes participaron en las Brigadas Internacionales es, para muchos observadores, un acto de reconciliación histórica que puede fortalecer los lazos entre España y otros países con historias migratorias complejas, y que, en un sentido más amplio, refuerza la idea de que la memoria democrática es una responsabilidad compartida que va más allá de las fronteras.
Para quienes deseen profundizar en la base legal de la medida, la Ley de Memoria Democrática ofrece el marco que permite este tipo de reconocimientos. El texto oficial, disponible en las bases legales, señala las condiciones y las excepciones pertinentes, y define el alcance del proceso de naturalización para descendientes de voluntarios internacionales. Quienes están interesados deben saber que el periodo de aplicación ha tenido una fecha límite y que los expedientes deberán demostrar, con la documentación adecuada, el vínculo directo con un miembro de las Brigadas Internacionales. En el entramado de derechos y deberes que acompañan a la ciudadanía, este caso particular se distingue por su énfasis en la memoria y la reparación histórica, con una cadencia que, según el propio Sánchez,
“apela a la defensa de la democracia en un tiempo de amenaza y regresión en todo el mundo”.
La administración ha destacado la necesidad de una ejecución cuidadosa y transparente de este proceso, y ha pedido a las religiosas, académias, y a las familias afectadas que continúen compartiendo, a través de archivos, documentos y testimonios, las huellas de quienes lucharon en defensa de España y de la democracia. En este sentido, la medida no sólo abarca la naturalización; se inscribe dentro de un programa más amplio de acción institucional orientado a consolidar la memoria histórica como un pilar de la identidad cívica nacional. Los descendientes de los luchadores de las Brigadas Internacionales, presentes o no en Madrid ese día, podrán mirar hacia una ciudadanía que se define por la pertenencia a una comunidad que valora la libertad, la justicia y la dignidad de las víctimas, y que se compromete a mantener viva la memoria de quienes defendieron la democracia.
Para quienes buscan referencias oficiales, el marco legal puede consultarse en el portal de la memoria democrática y la normativa aplicable, que detalla las condiciones de elegibilidad y el procedimiento que guiará el trazo de este nuevo capítulo en la relación entre España y sus ciudadanos por sangre o por historia. Entre las prioridades del Gobierno, la medida figura como un símbolo de justicia y reconciliación, y se alinea con el objetivo de que la memoria de los Luchadores de las Brigadas Internacionales y sus descendientes permanezca como una piedra angular de la identidad española en el siglo XXI. Con este movimiento, España no sólo reconoce un hecho histórico, sino que, en palabras de Sánchez, “un acto de memoria y de ciudadanía” que aspira a fortalecer la cohesión social y a enviar un mensaje claro sobre el compromiso democrático en un mundo cambiante.
Para los interesados, el marco legal y las explicaciones detalladas sobre el proceso pueden consultarse a través de los recursos oficiales vinculados a la Ley de Memoria Democrática, y una mirada al texto de la norma ofrece la claridad necesaria sobre la forma en que este derecho se aplica a las familias de los Luchadores de las Brigadas Internacionales. Este desarrollo, que llega en el marco de un día de recuerdo y homenaje, se mantiene como una señal de la determinación del gobierno por sostener la memoria democrática, por reconocer el valor de la experiencia de la Brigadas Internacionales y por situar a la ciudadanía y la memoria en el centro de la vida pública española.
Notas: para el detalle legal y la interpretación, se recomienda revisar el propio texto de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, y su artículo 33, que establece la posibilidad de otorgar la ciudadanía a veteranos y descendientes de las Brigadas Internacionales. La discusión y la cobertura de este tema continúan en el ámbito parlamentario y en los foros de las organizaciones que trabajan en la preservación de la memoria histórica, y avanzarán a medida que se implementen los expedientes de los solicitantes y se gestionen las disoluciones institucionales anunciadas en el mismo paquete legislativo. El objetivo final es claro: una España que honra su pasado democrático al tiempo que ofrece un marco claro de derechos para quienes, de manera directa o histórica, forman parte de esa historia. Para más información sobre la Ley de Memoria Democrática, véase Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022). Las palabras exactas de Sánchez citadas en este artículo provienen de sus intervenciones públicas durante el acto de Madrid y de las comunicaciones oficiales que rodean la implementación de la medida.
Aprende Hoy
Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) → Norma española que facilita vías de nacionalidad y medidas de reparación por víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Brigadas Internacionales → Voluntarios extranjeros de más de 50 países que lucharon por la República española entre 1936 y 1939.
Artículo 33 → Disposición de la Ley 20/2022 que permite otorgar la nacionalidad a veteranos de las Brigadas Internacionales y a sus descendientes directos.
Este Artículo en Resumen
El Gobierno aprobará la ciudadanía para casi 170 descendientes de Brigadas Internacionales bajo el artículo 33 de la Ley de Memoria Democrática, formalizada por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2025. La vía exige acreditar vínculo directo, no impone renuncia ni examen de idioma, y cubre voluntarios que combatieron entre 1936 y 1939. El plazo de solicitudes cierra el 22 de octubre de 2025. La medida se acompaña de acciones para abordar el legado franquista.
— Por VisaVerge.com
