Puntos Clave
- NFAP proyecta 6.8 millones menos de trabajadores para 2028 y 15.7 millones para 2035 por políticas migratorias.
- La ley aprobó $150,000 millones para enforcement y la administración impuso una tasa única de $100,000 para H‑1B.
- Contratación cayó a 29,000 empleos mensuales (jun‑ago 2025); inmigrantes representaron 84.7% del crecimiento laboral desde 2019.
(UNITED STATES) Las empresas de todo Estados Unidos están señalando que las políticas de inmigración de Trump están reduciendo de forma notable la fuerza laboral disponible, con impactos ya visibles en varias industrias y con proyecciones de millones de puestos de trabajo que podrían perderse en los próximos años. Este relato, que llega en medio de debates intensos sobre seguridad y economía, coloca a trabajadores, empleadores y comunidades locales en el centro de un choque entre aspiraciones de control migratorio y necesidades productivas que condicionan el crecimiento del país.
La Oficina de Análisis y Perspectivas Económicas de la Federación Nacional de Política Americana (NFAP, por sus siglas en inglés) advierte que las políticas migratorias de la administración actual podrían reducir la fuerza laboral de Estados Unidos en 6.8 millones de personas para 2028 y 15.7 millones para 2035. Esta estimación abarca tanto a migrantes legales como a inmigrantes irregulares, e identifica una disminución de 2.8 millones de trabajadores por cambios en la inmigración legal y 4 millones por políticas dirigidas a la inmigración ilegal para 2028. Estas cifras —concretas y difíciles de ignorar— subrayan un impacto que va mucho más allá de los titulares políticos y alcanza la vida diaria de fábricas, escuelas, hospitales y granjas, donde la disponibilidad de mano de obra decide en gran medida la continuidad de servicios y proyectos.
En el análisis de NFAP, esas reducciones en la fuerza laboral se traducirán en una desaceleración de la actividad económica: el estudio proyecta que la tasa promedio de crecimiento económico anual se ubique en 1.3%, frente a 1.8% que se habría mantenido entre 2025 y 2035 si no se hubieran implementado esas políticas. La proyección se alinea con una revisión realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), que rebajó su pronóstico de crecimiento para 2025 a 1.4% desde 1.9%, en consonancia con el endurecimiento de las políticas migratorias. Estas evaluaciones, replicadas por múltiples observadores, subrayan que el costo humano de la restricción de migrantes no se mide solo en números de visas o permisos, sino en la capacidad de la economía para generar empleo y prosperidad sostenida.
Las consecuencias sectoriales son particularmente elocuentes en tres frentes: construcción, cuidado de niños y cuidado de personas mayores, y agricultura y producción de alimentos. En construcción, el Instituto de Política Económica estima que la deportación de 4 millones de inmigrantes durante cuatro años podría traducirse en la pérdida de 2.27 millones de empleos en el sector, de los cuales 1.4 millones serían de inmigrantes y 861,000 de trabajadores nacidos en Estados Unidos, lo que representa una caída del 18.8% de la fuerza laboral del sector. En el ámbito del cuidado infantil, esa misma hipótesis de política se traduciría en 548,000 empleos perdidos en el área, de los cuales 104,000 serían ocupados por inmigrantes y 444,000 por trabajadores nacidos en Estados Unidos, equivalentes a una reducción del 15.1%. En agricultura y producción de alimentos, el Departamento de Trabajo ha reconocido el riesgo de una “escasez de mano de obra exacerbada por la casi total cesación del flujo de migrantes irregulares”, una frase que ha aparecido como parte de la discusión sobre los efectos de las medidas de control y que ya genera reportes de problemas en las granjas del Midwest sin una solución a la vista por parte de la administración. Estos escenarios también resuenan en el sector de salud y cuidado de personas mayores, donde algunas entidades ya han informado pérdidas de personal debido a cambios en la autorización laboral de trabajadores extranjeros; Goodwin Living, una organización sin fines de lucro de cuidado de mayores en Alexandria, Virginia, informó el despido de cuatro empleados haitianos tras la terminación de sus permisos de trabajo, y su director ejecutivo, Rob Liebreich, expresó:
“That was a very, very difficult day for us… we’re still struggling to fill those roles. We need all those hands, we need all these people.”
La posibilidad de que hasta 60 trabajadores inmigrantes más pierdan su derecho a trabajar también preocupa a la dirección, que advierte sobre impactos en la prestación de servicios.
La cuestión de los trabajadores especializados también ocupa un lugar central. El gobierno ha impuesto una cuota de 100,000 dólares como tasa única para nuevas visas H-1B, una medida que se percibe como un obstáculo para la contratación de talento extranjero en gigante tecnológicos como Amazon, Microsoft y Meta. Dany Bahar, investigador principal del Center for Global Development, señaló:
“A $100,000 visa fee is not just a bureaucratic cost — it’s a signal. It tells global talent: ‘You are not welcome here.’”
Las consecuencias de estas señales son relevantes no solo para las empresas que buscan habilidades especializadas, sino para comunidades que dependen de trabajadores migrantes para sostener servicios y cadenas de suministro críticas. En ese marco, las autoridades señalan que no hay un vacío de trabajadores disponibles: la administración estadounidense defiende su enfoque, sosteniendo que hay “mano y mentes estadounidenses” suficientes para sostener el crecimiento y que su agenda busca crear empleos para trabajadores nacidos en el país, al tiempo que se aplica la ley de inmigración. Así lo afirmó Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca:
“There is no shortage of American minds and hands to grow our labor force, and President Trump’s agenda to create jobs for American workers represents this Administration’s commitment to capitalizing on that untapped potential while delivering on our mandate to enforce our immigration laws.”
Estas palabras, que forman parte de un marco de defensa de la política migratoria, contrastan con los argumentos de economistas que señalan que la reducción de la inmigración dificulta la expansión de la oferta laboral y, por lo tanto, reduce el crecimiento y la productividad.
En los debates públicos y en el mundo empresarial, también se ha señalado el costo en la confianza y en la inversión. El rápido incremento de costos para la contratación de talento extranjero se interpreta como un mensaje disuasorio para trabajadores cualificados que podrían elegir destinos alternativos. En ese sentido, la crisis de permisos ha tenido ecos en compañías que intentan ampliar capacidades, desde la ingeniería de baterías hasta la tecnología de información y la atención médica avanzada. En un episodio que ha generado tensiones diplomáticas y empresariales, un incidente en Georgia elevó la preocupación entre compañías extranjeras. La redada de ICE en una planta de baterías de Hyundai, que resultó en la detención de 300 trabajadores surcoreanos, sacudió los cimientos de la confianza internacional: algunos de los empleados estaban “encadenados” durante la operación, según informes de ese momento, y la experiencia fue interpretada como una advertencia para la inversión estadounidense. El episodio provocó una oleada de críticas tanto por parte de aliados como de interlocutores del sector privado, y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, advirtió que otras empresas podrían replantearse invertir en Estados Unidos si sus trabajadores están en riesgo de detención. Una persona vinculada a una operación de contratación internacional comentó que la experiencia de la planta podría hacer que otros proyectos que requieren talento extranjero reconsideren su ubicación, mientras que un graduado indio con un título de maestría de Harvard declaró desde Washington, DC, que:
“The damage is already done, unfortunately,”
al contemplar una posible mudanza a otro país como el Reino Unido ante un entorno hostil para los inmigrantes altamente calificados.
A nivel de empleo general, el panorama es desalentador para quienes confían en que la población inmigrante contribuya al crecimiento del país. La participación en la fuerza laboral de los trabajadores nacidos en Estados Unidos entre 16 años en adelante ha mostrado un ligero descenso, de 61.7% a 61.6% en el último año, lo que sugiere que los trabajadores nativos no están llenando la brecha que dejan los inmigrantes. En ese marco, los datos históricos resaltan el papel de los inmigrantes en el crecimiento de la fuerza laboral: entre 2019 y 2024, los migrantes representaron el 84.7% del crecimiento de la fuerza laboral. Paralelamente, la contratación parece haber perdido impulso, con una media de 29,000 nuevos empleos por mes entre junio y agosto de 2025, frente a aproximadamente 400,000 por mes en el tramo de auge entre 2021 y 2023. Estas cifras, recogidas por diversas estimaciones, refuerzan la controversia sobre el costo humano y económico de las políticas migratorias vigentes.
El marco legislativo también ha cobra protagonismo en el debate. El llamado Acta de una Gran Ley Hermosa (“One Big Beautiful Bill Act”) fue promulgada el 4 de julio de 2025 y asigna 150 mil millones de dólares para la aplicación de la ley migratoria, incluyendo 46.5 mil millones para contratar a 10,000 nuevos agentes de ICE y 45 mil millones para ampliar centros de detención. Esta asignación de recursos para una expansión de enforcement ha sido recibida con reservas por parte de quienes señalan que un endurecimiento mayor podría agravar la fuga de talento y obstaculizar la capacidad de las empresas para sostener operaciones críticas.
En síntesis, empleadores, economistas y trabajadores afectados coinciden en que las políticas de inmigración de Trump han contribuido a una escasez de mano de obra, a un crecimiento económico más lento y a una perturbación de sectores clave como la construcción, la atención a personas mayores, la educación y la agricultura. Las proyecciones de NFAP y de la CBO se superponen en la idea de que, a menos que se moderen o reformulen las medidas, el país podría enfrentar un cuello de botella laboral que desacelere la actividad económica durante años. En ese marco, las historias de individuos y familias que dependen de permisos, licencias y visados para trabajar —y que han visto sus sueldos, proyectos o planes de vida suspendidos o cancelados— adquieren un peso que supera la disputa política.
Para las empresas que buscan competir en un mercado global, la realidad es que el talento extranjero ya no se percibe de la misma manera. En palabras de Bahar, la pregunta a responder no es únicamente de costos o trámites, sino de la señal que se envía al mundo: si un visado de alta calificación tiene un precio tan alto, ¿qué clase de mensaje envía Estados Unidos a la fuerza laboral internacional, especialmente a quienes podrían impulsar las innovaciones que alimentan la productividad y el crecimiento? En ese sentido, la política migratoria de Estados Unidos parece estar reconfigurando la relación entre el país y el mundo laboral cualificado, con efectos que se extienden a decisiones de inversión, a la retención de talento y a la capacidad de las empresas para sostener operaciones en sectores que ya muestran signos de tensión.
El cuadro general, explicado con cifras y voces de primera mano, subraya que las políticas de inmigración de Trump no son solo una cuestión de límites migratorios, sino una cuestión de economía real y de vida de comunidades enteras. El costo no es abstracto: es la posibilidad de construir infraestructuras, de sostener centros de cuidado, de garantizar que los alimentos lleguen a las mesas y de mantener la competitividad de un país que, hasta hace poco, crecía con la ayuda de una dinámica migratoria que hoy parece estar en revisión. A la pregunta de si el país puede permitirse renunciar a millones de trabajadores en la fuerza laboral, la respuesta, por ahora, es que las consecuencias son visibles y se extienden por todo el espectro económico y social.
Para ampliar el contexto institucional y ver de forma directa cómo se gestionan ciertos aspectos migratorios, las autoridades señalan que el marco de trabajo vigente se mantiene en pie, con ajustes que buscan equilibrar seguridad, leyes y crecimiento. En particular, las personas interesadas en comprender procesos de empleo y residencia pueden consultar la página oficial de servicios de inmigración de Estados Unidos, donde se detalla el flujo de visas, permisos y requisitos para trabajadores extranjeros. Si un lector desea conocer específicamente las rutas de visado para profesionales altamente calificados, existen recursos oficiales que explican los criterios y procedimientos de las visas H-1B y las condiciones para su renovación, además de las normas que rigen la residencia permanente y el ajuste de estatus. Los interesados también pueden explorar el portal de servicios migratorios para obtener información sobre trámites, fechas y posibles cambios legislativos que puedan afectar futuros expedientes. En el debate público, la cuestión clave no es solo cuántos permisos se otorgan, sino qué tipo de contexto económico y social se construye alrededor de ellos, y si las políticas actuales permiten que la economía crezca con una base de talento diverso y global.
Para quienes trabajan en el campo de la política y la economía, el tiempo dirá si estas proyecciones se materializan o si surgirán cambios que modulen el rumbo. En cualquier caso, la vida de las personas que han visto alterados sus planes, y la de las comunidades que dependen de una mano de obra amplia y diversa, exigen respuestas claras y soluciones prácticas. En un país que se jacta de su historia como refugio de innovadores y emprendedores, la tensión entre controlar la frontera y sostener la economía continúa siendo un terreno disputado, con el costo humano y económico de las decisiones migratorias que ya se palpita en los pasillos de fábricas, en las aulas de cuidado infantil, en los hospitales y en las granjas que alimentan a millones de familias. En este contexto, las políticas de inmigración de Trump, la fortaleza de la fuerza laboral y las proyecciones NFAP se presentan como un trazo importante para entender el rumbo de Estados Unidos en los años que siguen. Y mientras el debate persiste, el reloj no se detiene: cada kilogramo de decisión política afecta a comunidades, a empresas y a la vida de quienes, en todo el país, esperan un marco que les permita continuar trabajando, criar a sus hijos y construir proyectos para el futuro.
Para quienes desean seguir leyendo y comprender las implicaciones de estas políticas, existe un cuerpo de evidencia que, más allá de las cifras, traduce el costo humano en empleos perdidos y en capacidades que ya no pueden ser reutilizadas con facilidad. El debate no se agota en las cifras de reducción de la fuerza laboral; también debe contemplar la resiliencia de las comunidades, la seguridad de los trabajadores migrantes y las dinámicas globales de talento que, tradicionalmente, han alimentado la innovación en Estados Unidos. En el caso de la conversación pública sobre las políticas de inmigración de Trump, últimamente se ha enfatizado la necesidad de un equilibrio entre seguridad, productividad y justicia social, un reto complejo que continúa evolucionando ante cada nueva norma, cada sentencia judicial y cada decisión ejecutiva que, en definitiva, toca la vida de millones de personas.
Para cerrar, conviene recordar que las cifras de NFAP y las proyecciones de la CBO señalan una ruta que, sin cambios, podría dejar a Estados Unidos con un crecimiento más débil y una fuerza laboral menos amplia que la que ha sustentado su economía durante décadas. En este marco, el debate sobre políticas de inmigración de Trump no es una discusión apartada de la economía real, sino su motor y su freno al mismo tiempo. Y en esa dicotomía, cada informe, cada testimonio de un trabajador o de un empleador y cada cifra de empleo importa para entender no solo qué quiere el gobierno, sino qué necesita el país para seguir avanzando con confianza hacia el futuro. Las políticas de inmigración de Trump, la fuerza laboral y las proyecciones NFAP seguirán formando parte de una conversación que, en última instancia, pesa en la balanza entre seguridad y crecimiento, entre control y apertura, entre números y personas que cargan con sus vidas y sus sueños en un sistema que, al fin, debe trabajar para ellos. Para quienes buscan más información oficial, el sitio de servicios de inmigración ofrece recursos y guías para entender procesos y trámites, mientras que los interesados en los detalles de las visas H-1B pueden consultar el portal oficial de USCIS sobre visas H-1B, que explica criterios, procesos y plazos. Así, el debate continúa, con la economía y las personas en el centro, y la promesa de que, a pesar de las tensiones, el país pueda encontrar un camino que combine seguridad, trabajo y justicia para millones de familias.
Aprende Hoy
NFAP → Fundación Nacional para la Política Americana; instituto que modela impactos económicos y migratorios.
H-1B → Visa temporal para ocupaciones especializadas que las empresas usan para contratar profesionales extranjeros calificados.
ICE → Immigration and Customs Enforcement; agencia federal responsable de la aplicación de las leyes migratorias.
Este Artículo en Resumen
La NFAP advierte que las políticas migratorias actuales podrían reducir la fuerza laboral en 6.8 millones para 2028 y 15.7 millones para 2035. La administración destinó $150,000 millones a enforcement y creó una tasa de $100,000 para H‑1B, generando incertidumbre entre empleadores. Sectores como construcción, salud, agricultura y tecnología ya experimentan escasez de trabajadores, mientras la contratación promedio se desaceleró a 29,000 empleos mensuales en 2025. Economistas alertan que la menor oferta laboral frenará el crecimiento económico y la inversión.
— Por VisaVerge.com
