Puntos Clave
- Informe de NYLPI (octubre 2025) revisó 19 expedientes y halló 20 seguimientos médicos omitidos en la cárcel de Orange County.
- Diez detenidos nunca recibieron la atención posterior necesaria entre enero de 2022 y mayo de 2024, según el reporte.
- Casos incluyen ictus no evaluado hasta semanas después, gotas de glaucoma negadas y extracción dental sin anestesia.
(GOSHEN, NEW YORK) El mayor centro de detención de inmigrantes administrado por ICE en Nueva York, la cárcel del condado de Orange en Goshen, vuelve a estar bajo escrutinio por denuncias detalladas de deficiencias graves y sistémicas en la atención médica que se presta a los detenidos, según un informe de octubre de 2025 de la NYLPI (New York Lawyers for the Public Interest). El informe, basado en expedientes médicos y cartas de defensa para 19 detainees entre enero de 2022 y mayo de 2024, documenta lagunas críticas en la atención, negación de medicación, falta de seguimiento para condiciones serias y un sufrimiento evitable que urge a una revisión inmediata de las condiciones en el Reclusorio del Condado de Orange.
La información más contundente del informe llega de casos individuales que muestran un patrón preocupante. Julian L., un detainee que había sufrido un ictus antes de su detención, fue colocado en un monitor cardíaco pero nunca recibió un seguimiento para interpretar esos datos. Cuando más tarde presentó nuevos síntomas de otro ictus, no fue evaluado hasta semanas después, solo después de experimentar entumecimiento en el brazo y ser trasladado al hospital. Camilo P., diagnosticado con espondilosis lumbar, fue negado acceso a fisioterapia y esperó casi tres meses por alivio del dolor. En opinión de la Dra. Kate Sugarman, médica de atención primaria y miembro de la Red de Proveedores Médicos de NYLPI, se lee claramente el riesgo:
“These delays are not just negligent, they put them at real risk for worsening pain, long-term disability, and loss of function. People want to work, they want to be independent, they want to be able to take care of themselves, but you can see at OCJ [Orange County Jail], they’re getting destined to a life of disability which is completely preventable.”
En español, la doctora Sugarman subraya que otros pacientes como Camilo P. podrían enfrentar una discapacidad prevenible ante retrasos en la atención. Isaac T. recibió la extracción de un diente sin anestesia, mientras que Félix S., diagnosticado con glaucoma, fue privado de gotas oftálmicas recetadas, poniendo en riesgo daño irreversible al nervio óptico o ceguera. Otro detainee, cuyo nombre no se ha divulgado, mostró síntomas de infección urinaria pero le negaron antibióticos. Estas historias, que la investigación rastrea en expedientes médicos y comunicaciones, no son casos aislados, sostienen los defensores.
Entre los números que sostienen el relato, el informe examina 19 detainees y revela que 10 de ellos requerían atención de seguimiento que nunca se proporcionó. En total, se identificaron 20 instancias separadas en las que se necesitaba seguimiento médico y no se llevó a cabo. La cárceles del condado de Orange, que ha tenido contrato con ICE desde 2008, presupuesto en 2025 un total de 77,6 millones de dólares para la cárcel, según el informe. Este análisis es el primer estudio de NYLPI centrado en el Orange County Jail, aunque se enmarca en una serie que ya cubrió otras instalaciones de detención de ICE en el área de Nueva York desde 2017. La magnitud de estas cifras no solo demuestra un patrón preocupante en la atención de salud de los detenidos sino que también enfrenta a las autoridades locales y federales con preguntas sobre la responsabilidad y la supervisión.
Los hallazgos subrayan cuatro áreas críticas de preocupación, que el informe propone como pilares de una deficiencia estructural: el abandono de la atención de seguimiento tras una enfermedad o lesión, la falta de atención para condiciones crónicas, el acceso restringido a medicación y la carencia de nutrición y de acceso a servicios en otros idiomas. Sophie Dalsimer, codirectora de justicia sanitaria en NYLPI y coautora del informe, afirmó:
“Consistently, one of the facilities that has some of the highest level of abuses and the highest number of referrals we receive has been the Orange County Jail.”
y añadió que
“I think the fact that the violations that we’ve documented have occurred with such consistency suggests that this agency is more than just negligent, but has really been deliberately disregarding the humanity of the people that they detained.”
Sus palabras coinciden con una lectura de la situación que varios defensores describen como un desprecio explícito de la dignidad humana de las personas detenidas.
Las respuestas oficiales han sido escasas. Ni la oficina del Sheriff del Condado de Orange ni ICE respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la atención médica en la instalación antes de la fecha de publicación. Ante la presión legal y mediática, el propio Orange County Jail se ha enfrentado a múltiples demandas por atención médica deficiente desde que comenzó a albergar a detenidos de ICE. En este punto, el informe sugiere que el patrón de negligencia no es un hecho aislado sino parte de un marco de gestión que ha permitido desplegar prácticas que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas bajo custodia.
A nivel nacional, el panorama también es inquietante. Un informe de 2024 elaborado por la ACLU, Physicians for Human Rights y American Oversight identificó que más del 90% de las muertes en custodia de ICE podrían haberse evitado con una atención médica adecuada, documentando diagnósticos incorrectos, retrasos en tratamientos durante emergencias y negación de medicación. Investigaciones de NPR en 2023 y de un comité del Senado de Estados Unidos en 2025, liderado por el senador Jon Ossoff, también señalaron fallas sistémicas en la atención médica y de salud mental en centros de detención de ICE, incluyendo demoras que ponían en riesgo la vida, negación de medicación y deficiencias en la alimentación y el acceso al agua. Estos hallazgos sitúan el caso del Reclusorio del Condado de Orange en un marco más amplio de preocupación sobre la manera en que el sistema de detención de inmigrantes maneja la salud de quienes quedan bajo su custodia.
La narrativa del informe describe un cuadro de condiciones que, en el mejor de los casos, han dejado a los detainees sin acceso razonable a tratamientos que incluso podrían haber evitado complicaciones graves. Las historias contadas por los médicos y los defensores describen una atención que, cuando llega, a menudo llega tarde o incompleta. En algunos casos, los pacientes fueron sometidos a procedimientos sin analgesia, o se les negó tratamiento para condiciones que requerían un seguimiento regular. El informe detalla, además, la cuestión de la nutrición y el acceso al idioma, que complican cualquier intento de una atención médica adecuada cuando el personal no puede comunicarse eficazmente con los detainees o no puede proporcionar planes de tratamiento culturalmente competentes.
El estado actual, a noviembre de 2025, es que el Reclusorio del Condado de Orange continúa bajo contrato con ICE y detiene a migrantes a pesar de la evidencia acumulada de atención médica peligrosamente deficiente y de las múltiples demandas presentadas ante el sistema judicial. Las llamadas para una supervisión más estricta y para reformas siguen sonando, pero no se han reportado cambios sustanciales ni respuestas oficiales por parte de las autoridades a esa fecha. A lo largo de estas semanas de investigación, el enfoque ha sido claro: la atención médica de los detenidos no puede permanecer como una cuestión de control policial sin el componente humano básico que exige el cuidado de la salud, especialmente en un sistema que ya ha mostrado fallas estructurales a nivel nacional.
La pieza central de la historia no solo es la recopilación de expedientes y testimonios; es la representación de personas concretas que, según el informe, recibieron tratamientos que no cumplieron con estándares razonables de cuidado. “Julian L.”, “Camilo P.”, “Isaac T.” y “Félix S.” se convierten en casos emblemáticos de una problemática que, según NYLPI, no es puntual, sino sistémica. Las descripciones de estas experiencias, con fechas que abarcan un periodo de más de dos años y medio, muestran que las deficiencias no solo podrían haberse corregido con un seguimiento oportuno, sino que, en algunos casos, podrían haber cambiado el curso de la vida de quienes viven en un centro de detención.
La discusión sobre reformas y supervisión sigue en marcha. Las autoridades, si bien no ofrecieron comentarios en el momento de la publicación, han enfrentado una presión sostenida para revisar protocolos, mejorar la vigilancia médica y garantizar que los detenidos tengan acceso a una atención adecuada, con la debida interpretación lingüística y nutricional. En el debate público, la atención a las personas en detención no debe reducirse a números de presupuesto o a la dinámica de una cárcel, sino que debe integrarse con estándares de derechos humanos y de salud pública que protejan a las personas mientras esperan una resolución de su estatus migratorio.
Para quienes siguen el tema de políticas migratorias y detención, este informe añade una voz sólida a la conversación sobre detención de ICE y sus costos humanos. En particular, la exposición de deficiencias en la atención médica, la negación de medicación, las fallas de seguimiento y la falta de acceso a una nutrición adecuada y a servicios en diferentes idiomas, plantea preguntas sobre la forma en que se implementan los cuidados de salud en instalaciones bajo contrato con ICE y sobre quién asume la responsabilidad última cuando las garantías básicas no se cumplen. En un país que ha visto debates intensos sobre la detención de inmigrantes y las políticas de asilo, la experiencia del Reclusorio del Condado de Orange podría convertirse en una señal de alerta para reformas necesarias que vayan más allá de parches administrativos y entren en el terreno de las prácticas clínicas y de derechos humanos.
El informe, que se apoya en una revisión de expedientes médicos de 19 detainees y en comunicaciones con profesionales de la salud, señala que el problema no es exclusivamente la falta de recursos, sino la gestión de la atención y la priorización de la salud en un entorno de detención. Si bien no todas las preguntas tienen respuesta inmediata, la necesidad de transparencia y supervisión se ha vuelto central para organizaciones de derechos civiles, para los trabajadores sanitarios que atienden a la población detenida y para las comunidades que dependen de estos servicios en el condado de Orange. En última instancia, la historia de las denuncias de la NYLPI invita a un examen más profundo de la forma en que se proporcionan servicios médicos a detenidos y a la urgencia de adoptar estándares que protejan la salud y la dignidad de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
Para ampliar el contexto, la comunidad y los observadores señalan que existen precedentes de otros informes en la región que han expuesto fallas en la atención médica en instalaciones de detención de ICE. En 2024, un análisis conjunto de la ACLU, Physicians for Human Rights y American Oversight concluyó que una proporción significativa de muertes bajo custodia podrían haber sido prevenidas con atención médica adecuada. Los esfuerzos de supervisión y las investigaciones del Congreso, como la revisión del Senado en 2025, continúan, y muchos defensores dicen que es crucial traducir estas conclusiones en cambios concretos en la experiencia diaria de los detainees.
A nivel práctico, los defensores piden una revisión independiente y un monitoreo continuo de las prácticas médicas en el Orange County Jail, con un énfasis en garantizar que no haya demoras innecesarias en pruebas, diagnósticos y prescripciones, que se restablezca la posibilidad de tratamiento para condiciones crónicas y que se asegure que los pacientes reciban un seguimiento adecuado. También subrayan la importancia de mejorar la bioética médica en instalaciones penitenciarias, la transparencia de los expedientes y la claridad en la comunicación con pacientes que hablan diferentes idiomas. En este momento, la presencia de veredictos en tribunales y de demandas pendientes parece ser el motor que podría llevar a ajustes necesarios en la forma en que se proveen los servicios de salud a los detenidos, no solo para corregir errores pasados sino para evitar que se repitan en futuras gestiones.
Qué significa todo esto para las personas detenidas y para las comunidades que las rodean es una pregunta que permanece en el aire, pero con implicaciones muy claras. El hecho de que el Orange County Jail haya estado pagando un presupuesto de 77,6 millones de dólares para la gestión de estos detenidos en 2025, aun cuando existen denuncias de deficiencias en la atención médica, sugiere una desconexión entre los recursos disponibles y la calidad de la atención que reciben las personas bajo custodia. En un contexto más amplio, la investigación de NYLPI y las voces de profesionales de salud que han analizado la atención en las cárceles de ICE refuerzan la necesidad de reformas que centralicen la salud y la dignidad humana por encima de la mera contención.
Como se adelantó al inicio, el informe de NYLPI detalla casos claros y cuantificables que exigen una respuesta. Con 19 casos revisados, 10 que necesitaron seguimiento que nunca llegó y 20 instancias de atención médica necesaria que no se proporcionaron, la historia no se reduce a una crítica aislada sino a una advertencia sobre prácticas laborales y de salud que podrían ser reformadas para proteger la vida de los detenidos y el bienestar de sus familias. El rigor de los hallazgos y la experiencia directa de quienes trabajan con los detenidos —como la Dra. Kate Sugarman— confirman que el problema es mayor que un error aislado: es un sistema que, de acuerdo con las palabras de los defensores, podría estar fallando deliberadamente en la humanidad de las personas a las que detiene.
Para el lector que busca anclar la noticia en su propio marco informativo, es importante recordar que hay un vínculo directo entre estas discusiones y las políticas de detención de inmigrantes en el país. A medida que la atención se centra en las condiciones de la detención y en la calidad de la atención médica, también se abren preguntas sobre la forma en que se distribuyen los presupuestos, qué responsabilidades asumen las autoridades y qué mecanismos de supervisión se activan para evitar que se repitan estos casos. En particular, la discusión sobre la detención de ICE, la deficiencias en la atención médica y las condiciones en las instalaciones de Orange County Jail servirá como un punto de referencia para debates futuros sobre derechos humanos, salud y justicia en el sistema migratorio de Estados Unidos.
Para quienes estén interesados en la ruta de la información oficial y de las políticas públicas, las autoridades competentes mantienen marcos normativos y procedimientos que pueden influir en el tratamiento médico de las personas detenidas. ICE, por ejemplo, ofrece información y directrices relevantes en su portal oficial, que también puede orientar a familiares y abogados sobre derechos y procesos. Entra en contacto con las bases de datos oficiales y consulta la fuente oficial de ICE para ver las directrices vigentes y las respuestas institucionales ante denuncias como las presentadas por NYLPI. Si se consideraran acciones concretas para quienes buscan orientación práctica, podría ser útil revisar formularios o procesos que determinen la provisión de atención clínica adecuada, asegurando que cualquier intervención médica cumpla con estándares de derechos humanos y de salud.
En este contexto, el informe de NYLPI subraya que los casos descritos no son meras anécdotas aisladas sino parte de un patrón que crea dudas sobre la seguridad y la dignidad de las personas que esperan una resolución sobre su estatus migratorio. La conversación pública que sigue debe sostenerse con datos, transparencia y una revisión independiente que permita a las comunidades entender qué ha ido mal y qué cambios son necesarios para garantizar que, cuando una persona se enfrenta a una emergencia médica o una necesidad de tratamiento continuo, reciba atención oportuna, adecuada y respetuosa.
Para concluir, la historia persigue un objetivo claro: que las autoridades y las agencias responsables asuman la responsabilidad de asegurar que la atención médica en las instalaciones de detención cumpla con estándares razonables y con el compromiso de proteger la salud y la dignidad de todas las personas. A medida que se intensifican las demandas de supervisión, reformas y respuestas institucionales, el caso del Reclusorio del Condado de Orange podría convertirse en un termómetro para medir cambios reales en un sistema complejo que, en su forma actual, ha mostrado vulnerabilidades que afectan a individuos, a sus familias y a la comunidad en general.
Aprende Hoy
NYLPI → New York Lawyers for the Public Interest, organización que revisó expedientes médicos y publicó el informe sobre la cárcel de Goshen.
Seguimiento médico → Consultas, pruebas o derivaciones necesarias tras un diagnóstico o tratamiento inicial para evitar empeoramiento.
Espondilosis lumbar → Enfermedad degenerativa de la columna lumbar que suele requerir fisioterapia y manejo del dolor.
Estándares de detención de ICE → Normas federales que definen requisitos de atención médica y psiquiátrica en instalaciones que alojan a detenidos de inmigración.
Este Artículo en Resumen
NYLPI publicó en octubre de 2025 un informe de 68 páginas que revisa 19 expedientes de detenidos en la cárcel del condado de Orange y documenta deficiencias médicas sistémicas. Entre enero de 2022 y mayo de 2024 se identificaron 20 instancias de seguimiento requerido que no se realizaron y 10 detenidos sin la atención posterior necesaria. Los casos incluyen retrasos en la evaluación de ictus, negación de medicamentos para glaucoma, extracción dental sin anestesia y demoras prolongadas en el tratamiento del dolor. Defensores reclaman supervisión y cumplimiento de normas.
— Por VisaVerge.com
