Puntos Clave
• El 15 de julio de 2025, EE. UU. deportó cinco hombres a Eswatini bajo la política de terceros países.
• La Corte Suprema autorizó en junio de 2025 deportaciones a países sin vínculos con migrantes.
• Los migrantes recibieron aviso de seis horas; Eswatini no ha informado sobre los deportados.
El 15 de julio de 2025, un vuelo fletado por el gobierno de Estados Unidos 🇺🇸 aterrizó en Eswatini con cinco migrantes deportados bajo una nueva política que permite enviar personas a terceros países, incluso si no son sus países de origen. Esta acción marca un aumento significativo en la campaña de deportación del gobierno estadounidense, que busca expulsar a individuos cuyos países de origen se niegan a recibirlos. Los deportados provenían de Vietnam, Jamaica, Cuba, Yemen y Laos, y fueron señalados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como responsables de delitos graves.
Deportación a Eswatini: un cambio en la política migratoria estadounidense
La deportación de estos cinco hombres a Eswatini, un pequeño país en el sur de África, es parte de una política ampliada que permite a Estados Unidos enviar migrantes a países que no son sus lugares de origen. Esta medida fue respaldada por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de 2025, que levantó restricciones previas y permitió reanudar las deportaciones a terceros países. Según el DHS, estos migrantes cometieron crímenes graves como violación infantil, asesinato, robo, posesión de armas y agresiones agravadas.
Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, declaró que estos individuos eran “tan bárbaros que sus países de origen se negaron a recibirlos” y que ahora están “fuera del suelo estadounidense”. Sin embargo, las autoridades de Eswatini no han emitido comentarios públicos sobre el acuerdo ni sobre el destino de los deportados.
Contexto legal y procedimiento de deportación
La política de deportación a terceros países representa un cambio importante en la forma en que Estados Unidos maneja la expulsión de migrantes con antecedentes penales. Antes, la deportación generalmente se realizaba hacia el país de origen del migrante o hacia un país con el que tuviera derecho legal de residencia. La decisión de la Corte Suprema en junio de 2025 permitió que el gobierno federal enviara a migrantes a países que acepten recibirlos, incluso si no tienen vínculos con ellos.
Un memorando del 9 de julio de 2025 del director interino de ICE, Todd Lyons, establece que generalmente se debe esperar al menos 24 horas después de informar al migrante sobre su expulsión a un tercer país. Sin embargo, en casos urgentes, la deportación puede realizarse con solo seis horas de aviso, siempre que el migrante tenga la oportunidad de hablar con un abogado. Además, el memorando indica que los migrantes pueden ser enviados a países que hayan prometido no perseguirlos ni torturarlos, sin necesidad de procedimientos adicionales.
Expansión de la política y otros países involucrados
La deportación a Eswatini no es un caso aislado. A principios de julio de 2025, ocho hombres de Asia y América Latina fueron deportados a Sudán del Sur bajo circunstancias similares. Además, Estados Unidos ha enviado a cientos de venezolanos y otros migrantes a Costa Rica, El Salvador y Panamá como parte de este programa de deportación a terceros países.
El gobierno estadounidense busca ampliar estos acuerdos con más países africanos, aunque algunos, como Nigeria, han rechazado públicamente la presión para aceptar deportados que no son ciudadanos suyos. Esta resistencia genera tensiones diplomáticas y pone en duda la viabilidad de la política a largo plazo.
Impacto en los migrantes deportados
Los migrantes afectados por esta política enfrentan una situación difícil. Pueden recibir tan solo seis horas de aviso antes de ser deportados, lo que limita su capacidad para preparar su defensa o buscar ayuda legal. Además, al ser enviados a países con los que no tienen vínculos, como Eswatini, enfrentan riesgos adicionales relacionados con la falta de redes de apoyo, desconocimiento del idioma y posibles violaciones de derechos humanos.
La falta de transparencia sobre el destino y las condiciones de los deportados en Eswatini preocupa a organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre la posibilidad de que estas personas sufran persecución o maltrato. La ausencia de comentarios oficiales por parte del gobierno de Eswatini aumenta la incertidumbre sobre el bienestar de los deportados.
Reacciones y preocupaciones de derechos humanos
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por la rapidez y falta de transparencia en estas deportaciones. Señalan que enviar a migrantes a países donde no tienen protección ni vínculos puede violar normas internacionales sobre el trato justo y la protección contra la deportación a lugares donde puedan ser perseguidos o torturados.
Expertos legales destacan que la decisión de la Corte Suprema representa un cambio importante que podría socavar las garantías procesales para migrantes, especialmente aquellos con antecedentes penales. La posibilidad de ser deportado sin un proceso adecuado y a un país desconocido genera riesgos humanitarios y legales.
El papel de Eswatini en esta política
Eswatini, anteriormente conocido como Suazilandia, es una monarquía pequeña y aislada en el sur de África, gobernada por el rey Mswati III desde 1986. El país es conocido por su falta de libertades políticas y por reprimir la disidencia. La aceptación de deportados de Estados Unidos podría tener implicaciones para su sistema legal y social, aunque hasta ahora no hay información oficial sobre los términos del acuerdo ni sobre cómo se manejarán los deportados.
La participación de Eswatini en esta política refleja la estrategia del gobierno estadounidense de buscar países dispuestos a aceptar deportados, incluso si no tienen vínculos con ellos. Esto plantea preguntas sobre la responsabilidad internacional y la protección de los derechos de los migrantes.
Implicaciones para la política migratoria y la comunidad internacional
La política de deportación a terceros países representa un cambio significativo en la forma en que Estados Unidos maneja la expulsión de migrantes. Permite acelerar el proceso de deportación y evita bloqueos legales que antes protegían a los migrantes con antecedentes penales. Sin embargo, también genera tensiones diplomáticas y preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos.
Para los migrantes, esta política puede significar una expulsión rápida y sin garantías a países desconocidos, lo que dificulta su reintegración y aumenta su vulnerabilidad. Para los países receptores, implica asumir la responsabilidad de personas con antecedentes penales sin un marco claro de apoyo o integración.
Posibles soluciones y recomendaciones
Para mitigar los riesgos asociados con esta política, es fundamental que:
- Se garantice el derecho de los migrantes a recibir aviso suficiente y acceso a asesoría legal antes de la deportación.
- Se establezcan acuerdos claros y transparentes con los países receptores que incluyan garantías sobre el trato justo y la protección de los deportados.
- Se realice un seguimiento internacional para asegurar que los derechos humanos de los deportados sean respetados.
- Se promueva el diálogo diplomático para encontrar soluciones que respeten tanto la seguridad nacional como los derechos de los migrantes.
Recursos oficiales y orientación para migrantes
Los migrantes y sus familias pueden consultar información actualizada sobre procesos de deportación y derechos en los sitios oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (dhs.gov) y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) (ice.gov). Estos portales ofrecen guías, formularios y contactos para asistencia legal.
Por ejemplo, el formulario oficial para notificar la intención de deportación o para solicitar revisión es el Formulario I-863, disponible en el sitio de USCIS, que es parte del DHS. Es importante que los migrantes conozcan sus derechos y los procedimientos para defenderse ante una posible deportación.
Conclusión
La deportación de migrantes a Eswatini bajo la política de terceros países refleja un cambio profundo en la estrategia migratoria de Estados Unidos 🇺🇸. Aunque busca acelerar la expulsión de individuos con antecedentes penales, plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la protección de los deportados. La falta de transparencia y el envío de personas a países sin vínculos ni garantías aumentan la vulnerabilidad de los migrantes.
La comunidad internacional, los gobiernos involucrados y las organizaciones de derechos humanos deben trabajar juntos para asegurar que estas políticas no violen normas fundamentales y que los migrantes reciban un trato justo y humano. Mientras tanto, los migrantes afectados deben buscar asesoría legal y utilizar los recursos oficiales disponibles para proteger sus derechos frente a estas nuevas medidas.
Según el análisis de VisaVerge.com, esta política podría expandirse a más países africanos y centroamericanos, lo que hace urgente un debate público y legal sobre sus implicaciones y límites. La deportación no debe convertirse en un proceso que sacrifica la dignidad y seguridad de las personas en nombre de la seguridad nacional.
Aprende Hoy
Deportación a terceros países → Enviar deportados a países distintos a su origen o residencia legal bajo política estadounidense.
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) → Agencia del gobierno de EE. UU. que gestiona la seguridad nacional y la inmigración.
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) → Agencia estadounidense responsable de hacer cumplir leyes migratorias y realizar deportaciones.
Decisión de la Corte Suprema → Resolución de junio de 2025 que autoriza deportaciones a terceros países pese a restricciones.
Debido proceso → Garantía legal que permite a migrantes impugnar su deportación antes de ser removidos.
Este Artículo en Resumen
EE. UU. deportó a cinco delincuentes condenados a Eswatini el 15 de julio de 2025. Esta política de terceros países genera dudas sobre derechos y transparencia, mientras Eswatini permanece en silencio oficial.
— Por VisaVerge.com
