Puntos Clave
- El Congreso aprobó $170 mil millones para aplicación migratoria en 2025, con $45 mil millones para expandir centros de detención.
- La población bajo custodia de ICE subió de 38,265 en junio de 2024 a 57,861 el 29 de junio de 2025.
- Jueces emitieron órdenes de emergencia tras intentos de deportar más de 600 niños guatemaltecos; varias expulsiones fueron bloqueadas.
(D.C., UNITED STATES) Detenciones masivas de menores y una avalancha de cambios en la Aplicación de la Inmigración han sacudido a Estados Unidos en 2025, cuando la administración de Donald Trump ha ampliado drásticamente la detención y deportación de menores, tanto aquellos sin compañía como aquellos con protecciones legales previas. El giro representó una ruptura marcada con las prácticas de la era Biden y ha despertado una ola de preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes, abogados y familias afectadas. La medida llega en un momento en que el presupuesto y el curso de la aplicación migratoria consolidan un nuevo rumbo: un énfasis mayor en la detención y una expansión de las instalaciones, con un impacto directo en la vida de miles de niños y jóvenes.
El cambio más visible está en la financiación. El Congreso aprobó en 2025 un paquete de aproximadamente 170 mil millones de dólares para la aplicación de la inmigración, de los cuales 45 mil millones se destinan específicamente a la expansión de centros de detención. Esta asignación ha conducido a un aumento del 51% en la cantidad de personas bajo custodia de ICE, desde 38,265 en junio de 2024 hasta 57,861 en junio de 2025, y las instalaciones operan ahora aproximadamente un 45% por encima de su capacidad. Más del 90% de los detenidos se encuentran en instalaciones de lucro gestionadas por compañías como GEO Group y CoreCivic. Estos números, que reflejan una intensificación de la presión para contener a quienes cruzan la frontera o se mantienen en procesos de revisión de sus casos, se apoyan en múltiples fuentes y documentos oficiales citados por analistas y abogados que observan de cerca la evolución de la política migratoria en el año en curso.
Entre las medidas que han encendido el debate figura la revisión de protecciones para el Estatus de Menor con Protección Especial (SIJS, por sus siglas en inglés). En junio de 2025, la administración eliminó la consideración automática de acciones diferidas y permisos de trabajo para destinatarios de SIJS que esperan una green card, exponiendo a estos menores a detención y deportación a pesar de protecciones previas. Abogados de inmigración señalan que este cambio ha resultado en la detención de jóvenes que antes estaban protegidos de la expulsión. En este contexto, las voces de las familias y sus abogados se han vuelto más visibles en las salas de audiencia y en las demandas judiciales que buscan frenar medidas que, según sostienen, vulneran derechos básicos de los menores.
Otra orientación sustancial ha sido el endurecimiento de la ejecución contra menores no acompañados. Las nuevas políticas permiten a ICE deportar directamente a niños no acompañados que se encuentren bajo custodia federal, incluso si tienen parientes en EE. UU. que podrían patrocinarlos; un cambio significativo respecto a la práctica anterior, que generalmente requería la transferencia al Office of Refugee Resettlement (ORR) y ofrecía salvaguardas legales. En agosto de 2025, ICE intentó deportar a más de 600 niños no acompañados guatemaltecos que se encontraban en custodia de ORR; la mayoría eran menores de 10 años. Estas deportaciones se realizaron a pesar de una orden judicial que buscaba impedirlas. Un juez federal emitió una orden de restricción para bloquear estas expulsiones, señalando:
“I have the government attempting to remove minor children from the country in the wee hours of the morning on a holiday weekend, which is surprising, but here we are”.
Las palabras del juez reflejan la incredulidad ante un procedimiento que, según la defensa, priorizaba la rapidez sobre la tutela legal de los menores.
En paralelo, la administración terminó, de forma casi total, los servicios legales para el programa de Unaccompanied Alien Children (UAC) a partir del 21 de marzo de 2025; sin embargo, un juez federal restableció temporalmente el financiamiento el 1 de abril de 2025. Este episodio mostró la fragilidad de la protección legal para los menores migrantes y la influencia que las decisiones judiciales pueden tener sobre la disponibilidad de asesoría legal, un componente central para garantizar procedimientos justos en estos casos.
Aun cuando se ampliaba la detención de menores, la administración también reactivaba la detención de familias a gran escala. El presupuesto de 2025 permite la detención indefinida de familias mientras esperan ser removidas, una práctica que entra en conflicto con el acuerdo Flores, que establece límites de 20 días para la detención de niños y condiciones para su tratamiento. Los defensores advierten que este enfoque daña la salud y el bienestar de los niños, socava las relaciones entre padres e hijos y obstruye el acceso a asesoría legal. Este marco ha sido objeto de intensos debates y litigios que persisten a lo largo de 2025.
Los relatos de personas afectadas enlazan la realidad de estas políticas con experiencias muy concretas. Joel Camas, 16 años, de Bronx, Nueva York, fue detenido durante un control de inmigración de rutina en septiembre de 2025, a pesar de haber obtenido estatus SIJS por abandono y abuso en Ecuador. Su abogada, Beth Baltimore, afirmó:
“I’ve never seen young people targeted in this way.”
En una corte federal, se dictó una orden de restricción temporal que impidió su expulsión luego de que el DHS afirmara que sería “reunido con su familia” en Ecuador. Hasta entonces, la detención y el caso de Camas ilustran la tensión entre las protecciones legales existentes y las nuevas directrices de aplicación.
Carlos Guerra Leon, de 18 años, residente de Spring Valley, Nueva York, fue detenido sin orden en agosto de 2025 mientras se dirigía a su trabajo, a pesar de contar con estatus SIJS y con acción diferida hasta 2026. Actualmente permanece detenido en el Jackson Parish Detention Center, en Louisiana, mientras se tramita una demanda que alega detención ilegal. En otro ejemplo, varios niños guatemaltecos fueron sacados de sus camas en agosto de 2025 en instalaciones administradas por el gobierno, cargados a autobuses y enviados al aeropuerto para ser devueltos a Guatemala en medio de la noche, lo que la National Immigrant Justice Center describió como una operación que buscaba acelerar la expulsión. Un juez federal bloqueó la deportación de al menos 10 niños, con posibles afectaciones mayores.
Las condiciones de detención general también han sido objeto de críticas y denuncias. Expertos y fiscales han señalado que los menores son trasladados a instalaciones de CBP que, originalmente, estaban diseñadas solo para procesamiento de corta duración. En varios informes, los jueces federales han señalado infracciones al Flores Agreement, citando temperaturas extremadamente bajas y iluminación constante durante la noche, condiciones descritas por abogados como “cruel, barren y psicológicamente devastadoras para los niños”. En palabras de la abogada Becky Wolozin, una de las descripciones incluye a un niño que
“missed seeing the sun, and the only way he knew the time or day was by keeping track of a clock mounted on a guard surveillance station”.
El debate entre defensores y funcionarios ha tenido voces importantes. Sarah Kahn, abogada principal del Center for Human Rights and Constitutional Law, afirmó:
“These CBP facilities are cruel, barren, and psychologically scarring to children. No child should be in a prison for any amount of time. This order will help to shorten the imprisonment of children and move them promptly out of the worst and most traumatizing facilities.”
Leecia Welch, directora adjunta de litigio de Children’s Rights, añadió:
“The district court’s ruling underscores the critical role of the Flores Settlement Agreement in protecting the safety and welfare of children in government custody… Without court oversight, children in immigration custody would be left entirely at the mercy of a government that has consistently betrayed them.”
En el caso de Joel Camas, la abogada de la familia remarcó:
“One of the findings that a judge needs to make is that it’s in the best interest for this young person to remain in the U.S. I’ve never seen young people targeted in this way.”
Y desde la National Immigrant Justice Center se sostuvo:
“Judicial intervention stopped the Trump administration’s brazen attempt today to disregard due process and remove hundreds of children to Guatemala.”
Más allá de los casos individuales, el impacto humano es palpable en las cifras y en las encuestas. Un sondeo de KFF realizado en marzo de 2025 mostró que el 32% de los inmigrantes reportaron efectos negativos en la salud debido a preocupaciones sobre su estatus migratorio. El daño no es solo emocional: se estima que más de un millón de inmigrantes han dejado la fuerza de trabajo desde enero de 2025, una consecuencia económica de la intensificación de la Aplicación de la Inmigración que complica a familias y comunidades enteras. En el terreno, la salud mental de niños y de cuidadores frente a la separación familiar ha sido objeto de preocupación creciente, con reportes de ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático en personas afectadas por separaciones repetidas y por el clima de temor que rodea a las operaciones de detención.
El marco legal y procedimental también ha mostrado tensiones persistentes. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por dar por terminada la Flores Settlement Agreement, los tribunales federales han dejado claro que el gobierno debe procesar, transferir y liberar a los niños migrantes con prontitud. La jueza Dolly Gee ordenó que los niños no sean mantenidos en instalaciones de CBP por más tiempo del necesario para el procesamiento y que las condiciones sean seguras y humanas. A fecha de octubre de 2025, el acuerdo sigue vigente para ICE, pero la administración continúa desafiándolo en los tribunales. La legislación presupuestaria de 2025 no cumple con el límite de 20 días de Flores para los menores, lo que presagia nuevos asaltos legales y litigios que seguirán definiendo el curso de la política migratoria durante el año.
En términos de alcance operativo, ICE ha extendido las detenciones a lugares antes considerados ajenos a su jurisdicción, incluyendo iglesias, escuelas y audiencias en tribunales de inmigración. Organizaciones defensoras han documentado arrestos sin órdenes en la región de Chicago, lo que subraya una práctica de mayor amplitud que, para muchos observadores, borra fronteras entre autoridad migratoria y la vida diaria de comunidades enteras.
El enfoque de 2025 versa, en la práctica, sobre un escalamiento en la Detención de Menores y, en paralelo, una revisión de las salvaguardas que habían limitado históricamente la expulsión de menores y la intervención de sistemas de protección infantil. El resultado, dicen expertos y activistas, es un marco en el que el menor corre un mayor riesgo de permanecer en detención, enfrentar procesos de expulsión más agresivos y perder acceso a asesoría legal adecuada, condiciones que se agravan por una expansión de la infraestructura de detención y por un clima de miedo que ha llevado a que familias enteras reconsideren su permanencia en los EE. UU.
La conversación pública sobre estos temas continúa, con voces que piden que se fortalezca la protección de los menores, se respeten los estándares del Flores Agreement y se restablezcan las vías legales para que los menores dispongan de representación adecuada y un proceso justo. En este contexto, la discusión sobre la financiación 2025 sigue siendo central: ¿qué presupuesto es suficiente para garantizar seguridad, derechos y humanidad para las personas que buscan refugio o una vida mejor, y cómo se equilibran estos imperativos con las demandas de seguridad nacional?
Para comprender plenamente la magnitud de estos cambios y su impacto en las comunidades, es crucial observar la trayectoria de la Detención de Menores, la Aplicación de la Inmigración y el financiamiento 2025 como un conjunto de políticas entrelazadas. La detención de jóvenes, que incluye a aquellos con protecciones legales previas, está siendo objeto de una revisión judicial constante y de un escrutinio público intenso. Los casos de Joel Camas y Carlos Guerra Leon, entre otros, han puesto un rostro humano a las estadísticas y han resaltado la necesidad de marcos que protejan los derechos de los menores mientras se aborda la seguridad y la integridad de las fronteras. Las cifras de detainees y el gasto en detención, más la forma como se aplican estas políticas, siguen siendo la historia central de 2025, y los próximos meses prometen nuevas batallas legales y decisiones que pueden determinar el camino de la inmigración en Estados Unidos durante años.
Para quienes buscan entender la experiencia de los menores y las familias, es útil revisar recursos oficiales sobre la protección de menores en procesos migratorios. En particular, la información disponible sobre los Unaccompanied Children y sus procesos de asilo y reunificación familiar ofrece un marco de referencia para evaluar las políticas actuales frente a las salvaguardas históricas. En este sentido, las autoridades señalan la necesidad de mantener un equilibrio entre seguridad y derechos humanos, una tarea que depende tanto de decisiones legislativas como de claridad en la ejecución de las normas existentes. A nivel práctico, la evolución de la Aplicación de la Inmigración, el financiamiento 2025 y las decisiones de los tribunales en torno a la Flores Settlement serán determinantes para el curso de las políticas migratorias y para el bienestar de los menores involucrados.
Queda claro que la detención de menores no es un fenómeno aislado, sino una parte de un marco más amplio de cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Aun así, la atención focalizada en casos individuales, y en la experiencia de las familias afectadas, mantiene vivo el debate sobre qué significa proteger a los niños cuando las leyes y la aplicación de la ley se vuelven cada vez más agresivas. En la práctica, la experiencia de miles de personas depende de decisiones humanas en corte, de la vigilancia de jueces y de la voluntad de los legisladores para definir qué tipo de protección es compatible con un sistema de inmigración que pretende ser, a la vez, firme y justo.
Para los lectores que buscan entender el marco general, es útil revisar fuentes oficiales sobre los componentes de la detención y la protección de menores en procesos de inmigración. En particular, se recomienda consultar información de la Administración de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. sobre menores no acompañados y procedimientos de asilo, disponible a través de su portal oficial. Más detalles sobre los procesos y salvaguardas pueden encontrarse en las secciones dedicadas a los menores no acompañados en el sitio de USCIS, que ofrece orientación y recursos para familias y abogados que trabajan en estos casos. Esto no sólo ofrece un contexto para comprender los cambios actuales, sino que también ayuda a medir el impacto humano de las políticas que hoy dominan el debate público sobre la inmigración en Estados Unidos. Para una visión estructurada de las rutas legales y la protección procesal, se puede consultar directamente la información oficial disponible en la página de Unaccompanied Children de USCIS, que describe, con claridad, las responsabilidades y los derechos de los menores durante su tránsito por el sistema de inmigración.
En resumen, 2025 ha sido un año de transformación disruptiva en la forma en que Estados Unidos maneja la Detención de Menores y la Aplicación de la Inmigración. Los niveles de financiación, las alteraciones en las protecciones SIJS, y la expansión de las prácticas de detención y deportación han reconfigurado el paisaje para padres, familiares y defensores. Las tensiones entre seguridad, derechos humanos y responsabilidad legal seguirán condicionando las decisiones políticas y judiciales en los meses venideros, con el riesgo de que se produzcan impactos duraderos sobre las comunidades, la salud de las familias y la confianza en un sistema que, para muchos, ya no parece equilibrar debidamente protección y cumplimiento. En medio de este panorama, las palabras de quienes sostienen a las familias y defienden las salvaguardas legales —como las citadas por Sarah Kahn y Leecia Welch— quedan como recordatorio de la necesidad de buscar un camino que combine rigor institucional con humanidad y justicia para los menores y sus comunidades. Para quienes siguen la evolución de estas políticas, la referencia más próxima de acceso directo a información oficial sobre menores no acompañados y procesos migratorios sigue siendo la ventana de recursos disponibles en el portal gubernamental, con enlaces que permiten navegar hacia documentos, guías y definiciones que ayudan a entender el presente y a anticipar el futuro de la política migratoria de este país. Entre estas herramientas, el portal oficial de USCIS ofrece, de forma continua, información útil para familias y profesionales que trabajan en estos casos, y es una fuente confiable para comprender las rutas legales y las salvaguardas que deben respetarse en medio de una estructura que se encuentra en plena mutación. Para acceder a estos recursos, los lectores pueden consultar Unaccompanied Children en el sitio oficial de USCIS, que ofrece orientación actualizada sobre los derechos, las responsabilidades y las opciones disponibles para menores no acompañados y sus familias durante el proceso migratorio.
Aprende Hoy
ICE → Immigration and Customs Enforcement, la agencia federal que aplica las leyes migratorias y detiene a migrantes.
SIJS → Special Immigrant Juvenile Status, estatus para menores abusados, abandonados o descuidados que puede llevar a una green card.
Acuerdo Flores → Convenio legal que establece estándares y límites sobre la detención y el trato de menores migrantes en custodia.
Este Artículo en Resumen
La expansión de la aplicación migratoria en 2025 y un paquete de $170 mil millones, con $45 mil millones para detención, aumentaron significativamente la detención de menores. ICE pasó de 38,265 detenidos en junio de 2024 a 57,861 en junio de 2025, con cerca del 90% en centros privados. Cambios que reducen protecciones SIJS y permiten deportaciones directas desencadenaron órdenes judiciales de emergencia, denuncias sobre condiciones en instalaciones de CBP y preocupaciones de salud mental entre niños y familias.
— Por VisaVerge.com
