Puntos Clave
- Marta Brizeyda Renderos Leiva, 39, fue detenida por agentes de ICE en el Aeropuerto de Salt Lake City el 29 de octubre de 2025.
- Leiva tiene una orden final de expulsión en ausencia del 19 de febrero de 2020 y permanece bajo custodia de ICE.
- La ACLU de Utah afirma que los transeúntes pueden observar y grabar en espacios públicos si no interfieren físicamente.
(SALT LAKE CITY, UTAH) Un arresto de ICE en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City desató este miércoles un intenso debate sobre lo que pueden hacer los transeúntes ante este tipo de intervenciones y qué derechos asisten a los observadores. Marta Brizeyda Renderos Leiva, una mujer de 39 años originaria de El Salvador, fue detenida cerca de la zona de reclamo de equipaje por agentes encubiertos de Seguridad Nacional y de la Patrulla Fronteriza, en nombre de ICE, el miércoles 29 de octubre de 2025. La arrestación, que ocurrió en un momento de alta afluencia de pasajeros, ha puesto en el centro de la discusión a la comunidad local y a las autoridades municipales sobre el límite entre la vigilancia ciudadana y la intervención policial en un procedimiento de migración federal.
Leiva fue informada de que tiene una orden final de expulsión en ausencia desde el 19 de febrero de 2020 y permanece bajo custodia de ICE a la espera de su remoción a El Salvador, según los documentos revisados por este medio. Testigos describen que Leiva fue sacada del área de la terminal por dos agentes vestidos de civil mientras ella se resistía y gritaba pidiendo ayuda. En medio del relato de testigos, se escuchó a Leiva decir:
“I have my papers,”
y se oyeron peticiones de quienes estaban cerca:
“Have mercy on her. She’s a human being.”
Estas frases figuran en las crónicas de testigos presenciales y en los reportes oficiales que acompañan el operativo, subrayando el tono humano de un hecho que para muchos parece haber cruzado una frontera entre la ley y la dignidad humana.
La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, respondió con fuertes palabras sobre el clima de miedo que estas operaciones generan en la comunidad.
“Nothing about this incident, like so many ICE operations, makes me feel safer as an American,”
declaró la alcaldesa, en un comentario que fue recogido por varios medios locales y nacionales. La administración municipal, por su parte, indicó que la operación no fue coordinada con la policía de Salt Lake City, necesitándose esa aclaración para evitar interpretaciones de una acción conjunta que, según la autoridad, no existió. La declaración de la alcaldesa y el posicionamiento del consejo municipal, que señaló que incidentes como este
“crean miedo e incertidumbre en nuestra comunidad. La operación no fue coordinada con o dirigida por la Policía de Salt Lake City,”
han abierto la puerta a un debate público sobre la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad por parte de las agencias federales.
Un punto central de la cobertura y del debate público es el marco de los derechos de los observadores. Según la ACLU de Utah, los transeúntes pueden estar presentes en espacios públicos durante arrestos de ICE, siempre que no interfieran con las acciones de los agentes. En su guía para observadores, la organización señala que las personas
“pueden observar y grabar arrestos de ICE en espacios públicos, como el vestíbulo del aeropuerto, siempre que no obstaculicen las acciones de los agentes.”
Además, añade que las personas
“tienen derecho a permanecer en el área siempre que su presencia no obstaculice las actividades de las fuerzas del orden.”
Frente a estas recomendaciones, la ACLU de Utah indica claramente:
“Mantén la calma, no resistas ni obstruyas a los oficiales. No mientas ni entregues documentos falsos.”
También aclara que grabar video o tomar notas está permitido en espacios públicos, pero que no se debe intentar intervenir físicamente ni bloquear a los agentes.
En la práctica, estas directrices del Observatorio de derechos, cada vez más citadas en debates locales, cobran relevancia ante un caso que involucra a una ciudad que quiere encaminarse hacia una movilidad más humana, al tiempo que mantiene su posición frente a la seguridad de la frontera. La ACLU de Utah señala un protocolo claro: si un observador percibe violaciones de derechos, puede presentar una queja por escrito ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o comunicarse con la Intake Department de la ACLU de Utah. En este episodio particular, las preguntas sobre el marco legal para la presencia de ciudadanos y la protección de los derechos de los observadores se volvieron centrales, ya que varios testigos afirmaron haber presenciado la detención en medio de la terminal.
El propio ICE ha defendido su marco institucional, emitiendo una declaración que subraya la severidad del mandato legal que rige a los inmigrantes en situación irregular.
“All aliens in violation of U.S. immigration law may be subject to arrest, detention and, if found removable by final order, removal from the United States, regardless of nationality.”
Estas palabras, repetidas por voceros de ICE, insisten en que la autoridad tiene amplias prerrogativas para detener y, si corresponde, expulsar a individuos que se encuentren en violación de la ley migratoria, incluso cuando éstos provienen de naciones diferentes. En Salt Lake City, este mensaje se entrelaza con las tensiones locales entre la seguridad pública y la protección de derechos, un tema que ha sido objeto de debates en el consejo municipal y en los foros comunitarios.
Una parte relevante del desarrollo de la historia es que la detención no fue coordinada con la policía local: la presencia de la policía de Salt Lake City fue, en el momento de la detención, de observadora y no de participante activo. Este detalle ha generado preguntas sobre coordinación interagencial y sobre si las operaciones federales deben adherirse a marcos de comunicación y transparencia para mitigar la ansiedad de la comunidad, especialmente en un aeropuerto que opera con altos flujos de pasajeros internacionales y nacionales. La detención de Leiva, que, según registros judiciales de Utah, tenía un arresto menor por una infracción de estacionamiento en su historial, ha sido interpretada por algunos como indicativa de un sistema que a veces parece haber desbordado la frontera entre la seguridad pública y la vulnerabilidad de las personas migrantes que se encuentran en el país en calidad irregular.
La conversación pública alrededor de este incidente también ha traído voces de familias y comunidades que viven con el temor de que una acción de ICE pueda ocurrir en cualquier lugar público. En Salt Lake City, las experiencias de observadores y de migrantes que dependen de una presencia constante en entornos como aeropuertos y terminales de transporte han impulsado llamados a una mayor claridad sobre lo que se puede hacer sin poner en riesgo a las personas implicadas ni a las propias autoridades. En este marco, la comunidad ha pedido una narrativa más precisa de parte de las autoridades federales para entender qué procesos se seguirán en casos como este, qué salvaguardas existen para proteger a los derechos de observadores y qué mecanismos hay para presentar quejas cuando se perciben violaciones.
La historia de Leiva, con su breve pero contundente aliento de voz en medio del tumulto, se convierte en un punto de referencia para el debate sobre arrestos de ICE en espacios públicos. En la grabación de las imágenes que circulan en redes y en los informes de los testigos, se ve a los agentes acercándose a la mujer para retirarla del área de la que, con el paso de las horas, se ha convertido en un tema de conversación karma de la ciudad, entre la seguridad de los viajeros y la dignidad de una persona que, a ojos de la defensora de derechos civiles, podría haber sido tratada de manera diferente, con un énfasis mayor en la humanidad y la transparencia.
En un año marcado por debates sobre islas de derechos y la protección de los observadores, este episodio en Salt Lake City se suma a un paisaje en el que las comunidades podrían exigir respuestas más claras por parte de las agencias federales. El propio comunicado de la alcaldesa y la posición del consejo municipal subrayan que la administración local no está buscando escalar el conflicto, sino responder a la inquietud de una ciudad que quiere entender el alcance de las operaciones federales en espacios que son de uso público para todos los ciudadanos. A la luz de estos acontecimientos, surge la pregunta sobre qué medidas concretas podrían adoptarse para equilibrar el deber de hacer cumplir la ley y el respeto a los derechos de los observadores y de las personas migrantes.
Para quienes siguen de cerca el tema, la guía de la ACLU de Utah ofrece un marco práctico: observar y grabar en espacios públicos sin interferir, permanecer presentes siempre que no se obstruya a las autoridades, grabar o tomar notas sin cruzar líneas de intervención física, y, si se siente que se han violado derechos, acudir a las vías adecuadas para presentar reclamaciones. Estas pautas podrían convertirse en un referente para futuras operaciones de ICE que ocurran en Salt Lake City y en otras ciudades de Utah, donde la línea entre una detención necesaria para la seguridad nacional y la protección de derechos civiles podría volverse más clara con una mayor educación pública y una mayor responsabilidad institucional.
La conversación continúa, y la nota dominante es la necesidad de transparencia. Si bien ICE sostiene su derecho a actuar ante violaciones de la ley migratoria, los líderes locales buscan respuestas claras sobre la coordinación interinstitucional, y las comunidades piden salvaguardias que garanticen que los derechos de los observadores —y, sobre todo, la dignidad de las personas involucradas— se mantengan en el centro de cualquier operación. Mientras este episodio se asienta en la memoria colectiva de Salt Lake City, un hecho parece claro: la forma en que estas historias se cuentan, y la posibilidad de que las personas observen y hagan oír su voz sin provocar confrontaciones, serán determinantes para la confianza pública en las políticas de inmigración y en la manera en que se aplican en espacios públicos.
Para quien desee explorar las vías formales de reclamación en casos de derechos violados durante arrestos de ICE, la Oficina de Derechos Civiles del DHS ofrece recursos y canales de denuncia que pueden ser utilizados por observadores y afectados. Más allá de Salt Lake City, el debate sobre derechos de los observadores y la seguridad pública continúa, impulsado por testimonios directos, declaraciones oficiales y la presión de comunidades que buscan una migración más humana y un marco de actuación más claro para las agencias federales en Utah y en todo Estados Unidos.
[Oficialidad y recursos gubernamentales] El DHS mantiene un marco específico para estas situaciones, con líneas de atención y procedimientos de queja disponibles para quienes crean haber sido vulnerados en sus derechos durante operativos de cumplimiento migratorio. Para información formal sobre derechos civiles y quejas relacionadas con operaciones de ICE, consulte el sitio oficial del DHS y su Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles: DHS Office for Civil Rights and Civil Liberties.
En Salt Lake City, mientras la discusión sobre arresto de ICE, derechos de los observadores y la seguridad pública continúa, la comunidad espera que el caso sirva para abrir un diálogo más sólido entre autoridades y ciudadanos, y para que las reglas sobre lo que está permitido durante estas intervenciones queden más claras, menos ambiguas y, sobre todo, centradas en la dignidad humana de quienes, a diario, transitan por aeropuertos y espacios públicos en los Estados Unidos.
Aprende Hoy
ICE → Agencia federal encargada de la aplicación de las leyes migratorias y de procesos de detención y expulsión.
Orden de expulsión en ausencia → Resolución migratoria final emitida cuando la persona no comparece en la audiencia, permitiendo su ejecución posterior.
ACLU de Utah → Versión local de la Unión Americana de Libertades Civiles que asesora y defiende derechos civiles en Utah.
Agentes encubiertos → Funcionarios de seguridad vestidos de civil que participan en operativos sin uniforme visible.
Este Artículo en Resumen
El 29 de octubre de 2025, agentes encubiertos actuando por ICE detuvieron a Marta Brizeyda Renderos Leiva en el Aeropuerto de Salt Lake City. Leiva tiene una orden final de expulsión en ausencia del 19 de febrero de 2020 y seguirá bajo custodia para su remoción a El Salvador. Las autoridades municipales indicaron que la operación fue federal y no coordinada con la policía local. La ACLU de Utah aconsejó a testigos observar y grabar desde distancia sin obstaculizar y presentó opciones para presentar quejas ante el DHS si se violaron derechos.
— Por VisaVerge.com
