Departamento de Defensa pierde apelación sobre ciudadanía acelerada

Puntos Clave

• El 9 de mayo de 2025, el tribunal anuló la política de tiempo de servicio del Departamento de Defensa.
• Solicitudes de naturalización militar cayeron 72% tras la política de 2017 hasta su eliminación.
• Ahora los no ciudadanos en servicio pueden solicitar ciudadanía acelerada sin esperar periodos mínimos establecidos previamente.

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El 9 de mayo de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC desestimó la apelación presentada por el Departamento de Defensa concerniente a una política de tiempo de servicio que había bloqueado la ciudadanía acelerada para miembros no ciudadanos de las fuerzas armadas de Estados Unidos 🇺🇸. La decisión marca un cierre importante para años de incertidumbre y obstáculos para estos miembros del servicio que buscaban obtener la ciudadanía americana mediante procesos más rápidos previstos en la ley.

Resumen del cambio legal

Departamento de Defensa pierde apelación sobre ciudadanía acelerada

A partir de la fecha mencionada, la política impugnada, establecida inicialmente bajo la administración de President Trump en octubre de 2017, ya no tiene efecto. El tribunal dictaminó que el caso estaba “sin objeto” (moot) porque la política había sido rescindida por la administración de President Biden antes de que se dictara la sentencia del tribunal de apelaciones. Por lo tanto, el Departamento de Defensa tampoco puede apelar para mantener una práctica que ya no está en vigor.

Antecedentes y contexto

Durante más de un siglo, el Congreso permitió que los no ciudadanos que sirven durante periodos de conflicto armado accedieran a la ciudadanía acelerada a comienzos de su servicio militar. Esto les daba oportunidad de desplegarse en el extranjero como ciudadanos estadounidenses. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) reconoce este privilegio y elimina muchas de las exigencias tradicionales de naturalización para quienes han servido de forma honorable en el ejército durante tiempos de guerra.

Sin embargo, en octubre de 2017, el Departamento de Defensa publicó una política que cambió este acceso rápido. Los requisitos nuevos obligaban a los miembros no ciudadanos a:

Servir al menos 180 días en servicio activo o completar un año en la Reserva Seleccionada antes de recibir el certificado necesario para iniciar su proceso de ciudadanía acelerada.
Además, la política limitaba severamente la cantidad de oficiales militares autorizados para firmar dichas certificaciones.

El impacto fue inmediato y notable. Las solicitudes de naturalización militar cayeron en un 72% después de la aplicación de la nueva regla. Además, muchos miembros quedaron en un limbo legal donde debían esperar meses, incluso con el riesgo de ser desplegados al extranjero antes de recibir sus certificados. En ese periodo, no podían disfrutar de derechos fundamentales como votar, patrocinar familiares inmediatos o disfrutar de la protección que ofrece el pasaporte de Estados Unidos 🇺🇸. Además, muchos cargos de alto rango y especialización en las fuerzas armadas quedan solo abiertos para ciudadanos estadounidenses, lo que limitaba el desarrollo profesional de quienes estaban sujetos a la política.

Desarrollo judicial y resultados

En 2020, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda colectiva, Samma v. U.S. Department of Defense, en nombre de los miembros afectados. Un tribunal federal les dio la razón en agosto de ese año, al dictaminar que la política del Departamento de Defensa violaba tanto la Ley de Inmigración y Nacionalidad como la Ley de Procedimiento Administrativo. La corte definió una clase de miembros no ciudadanos en condiciones similares que quedarían cubiertos por su fallo.

La administración de President Trump apeló la sentencia, elevando el asunto ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC. Sin embargo, al inicio del mandato de President Biden, la política fue retirada, aunque el gobierno mantuvo viva la apelación mientras se debatía una posible política sustituta —la cual nunca llegó a implementarse formalmente. Eventualmente, la administración Biden terminó defendiendo en los tribunales la validez de la política original del Departamento de Defensa, lo que causó debate y desconcierto entre abogados y grupos defensores de los derechos civiles.

La ACLU argumentó que, dada la eliminación de la política impugnada, el caso debía ser considerado “moot” o sin objeto práctico. En su defecto, la organización pedía que el tribunal de apelaciones confirmara la decisión favorable del tribunal de primera instancia.

El 9 de mayo de 2025, el panel del Tribunal de Apelaciones coincidió: la disputa había quedado sin objeto porque la regulación ya no existía, haciendo innecesaria y legalmente imposible cualquier defensa adicional por parte del Departamento de Defensa. Así, el fallo del tribunal inferior, que benefició a los demandantes, quedó en efecto para todos los miembros incluidos en la demanda colectiva.

Implicaciones para los miembros de las fuerzas armadas

El fin de la política de tiempo de servicio elimina una barrera importante para los no ciudadanos en las fuerzas armadas que buscan beneficiarse de la ciudadanía acelerada. El fallo judicial sostiene el derecho histórico y legal de estos miembros a comenzar su proceso de naturalización desde el arranque de su servicio, sin esperar los periodos mínimos impuestos entre 2017 y 2021.

Este cambio tiene varios efectos prácticos:

Acceso inmediato a privilegios y protección ciudadana: Los miembros pueden solicitar la ciudadanía antes de un despliegue, accediendo a derechos civiles como votar y a la posibilidad de patrocinar a familiares inmediatos para que obtengan también beneficios migratorios.
Oportunidades de carrera ampliadas: Al convertirse en ciudadanos, estos miembros pueden acceder a puestos reservados solo para ciudadanos dentro de la estructura militar, como aquellos que requieren habilitación de seguridad u operaciones delicadas.
Seguridad ante procedimientos migratorios: Muchos miembros temían enfrentar procedimientos de expulsión (deportación) aun estando en servicio activo. Sin la política de mínimo servicio, pueden resolver antes su estatus y mitigar este riesgo.
Reducción de la exclusión consular: Al convertirse en ciudadanos, quienes sean desplegados en el extranjero tienen acceso automático al respaldo consular estadounidense, ayudando en situaciones de emergencia.

Como señala VisaVerge.com, la decisión robustece la tradición histórica de que el país valore el sacrificio de los inmigrantes en uniforme, recompensándolos con la vía rápida a la ciudadanía plena.

Comparación con la situación previa

Antes de la política de 2017, cualquier persona no ciudadana enlistada durante un conflicto armado podía iniciar su proceso de ciudadanía acelerada poco después de comenzar su servicio. La implicación era significativa: muchos nuevos reclutas obtenían su ciudadanía antes de misiones peligrosas, lo que les permitía portar pasaporte, votar y recibir apoyo gubernamental sin demora.

La política de tiempo de servicio de 2017 cambió esta realidad por completo. Los plazos forzosos generaban incertidumbre y, en la opinión del tribunal y expertos citados por la ACLU, iban en contra de la letra y el espíritu de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. En palabras de la demanda, los retrasos privaban a los soldados inmigrantes de beneficios “para los que arriesgan sus vidas defendiendo a su país de adopción”.

La actualización más reciente devuelve la situación al modelo anterior, reafirmando los estándares legales y tradicionales que han guiado la relación entre el servicio militar y la ciudadanía estadounidense.

Citas y comentarios oficiales

Abogados de la ACLU subrayaron tras la decisión: “Este resultado es justo y protege el legado de los inmigrantes que sirven con honor en nuestras filas militares”. Según el análisis judicial, el Departamento de Defensa carece ahora de autoridad para imponer requisitos adicionales de duración de servicio sobre los miembros de la clase definida por la corte, así que estos quedan libres de empezar su proceso de ciudadanía acelerada bajo los preceptos históricos del INA.

Grupos defensores de derechos civiles y asociaciones militares también han expresado alivio, pues la política de tiempo de servicio fue ampliamente vista como una medida punitiva que no reconocía el sacrificio de los inmigrantes en uniforme.

Controversias y debates

La política de duración mínima fue, desde su inicio, muy criticada por grupos como la ACLU, que argumentaban que complicaba el reclutamiento y desmotivaba a posibles voluntarios no ciudadanos. Por otro lado, quienes la defendían la justificaban señalando la necesidad de reforzar la seguridad y asegurar que solo quienes prueban compromiso a largo plazo sean elegibles para la naturalización militar.

El giro de la administración Biden de primero retirar la política y luego defenderla en cortes generó desencanto entre aliados políticos y organizaciones de derechos civiles. A la fecha del fallo de apelación, ninguna política alternativa había sido propuesta oficialmente.

Cronología y proceso legislativo

Octubre 2017: El Departamento de Defensa implementa la política restrictiva bajo la administración Trump.
2020: La ACLU presenta la demanda colectiva.
Agosto 2020: Un tribunal federal falla contra la política.
Enero 2021: La administración Biden rescinde la política impugnada manteniendo la apelación.
Mayo 9, 2025: El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC desestima la apelación, sellando el fin de la práctica restrictiva.

Implementación y arreglos de transición

Tras la orden final, el Departamento de Defensa no puede volver a exigir tiempos mínimos de servicio para otorgar certificaciones de naturalización acelerada a los miembros identificados en la demanda. Quienes estuvieron sujetos a la antigua política ahora pueden solicitar la certificación inmediatamente al comenzar su servicio, como lo establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El proceso de solicitud y los requisitos actualizados pueden encontrarse en el manual oficial de políticas de USCIS.

Para otros miembros de las fuerzas armadas y personas interesadas en el tema, la vía para la ciudadanía acelerada sigue abierta siempre y cuando se cumplan los requisitos de la INA y la política actual.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes pueden beneficiarse de este fallo? Todos los miembros no ciudadanos que forman parte de la clase certificada por la corte en la demanda colectiva, así como futuros enlistados, podrán recibir certificados de naturalización acelerada sin cumplir mínimos de tiempo de servicio.
¿Qué ocurre si ya se había presentado una solicitud bajo la política antigua? Los afectados pueden solicitar que sus expedientes sean revisados a la luz de esta decisión y reclamar la aplicación de las pautas actuales.
¿El Departamento de Defensa puede reintroducir exigencias similares en el futuro? Sólo mediante una nueva regulación formal, sujeta a revisión judicial, y siempre cumpliendo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Desafíos legales y en tribunales pendientes

Al día del fallo, no existen recursos adicionales activos sobre la misma política. Cualquier nuevo cambio regulatorio estaría sujeto a escrutinio judicial y al proceso de consulta pública requerido por la ley federal.

Consejos prácticos y próximos pasos

Quienes estén en las fuerzas armadas y desean aprovechar la ciudadanía acelerada, deben consultar con personal especializado o abogados de inmigración para asegurarse de cumplir todos los pasos correctamente. Se recomienda acudir a fuentes oficiales, como el sitio de USCIS, para verificar los requisitos actuales y descargar los formularios precisos. Para información sobre el proceso de naturalización para militares, se puede visitar el portal oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Finalmente, aunque esta victoria marca el retorno a una práctica que distingue a Estados Unidos 🇺🇸 por su reconocimiento del servicio militar de inmigrantes, siempre es importante recordar que cada caso puede tener variantes y detalles únicos. Por ello, buscar asesoría profesional en derecho migratorio sigue siendo lo más aconsejable antes de comenzar cualquier trámite.

Este artículo no constituye asesoría legal. Para situaciones individuales, consulte a un abogado especializado en inmigración. Las fuentes oficiales y fallos relevantes se pueden consultar en los portales de ACLU y USCIS.

Aprende Hoy

Ciudadanía acelerada → Procedimiento legal que permite a militares obtener la ciudadanía estadounidense rápidamente por servicio honorable en tiempos de conflicto.
Política de tiempo de servicio → Norma eliminada que exigía a militares no ciudadanos permanecer cierto tiempo antes de solicitar certificación.
Demanda colectiva → Proceso judicial donde un grupo con intereses similares es representado conjuntamente, como los militares afectados aquí.
Moot (sin objeto) → Término legal que indica que la disputa ha perdido vigencia, por lo cual el tribunal no decide.
Ley de Procedimiento Administrativo → Norma federal que exige a agencias seguir procesos formales al crear o eliminar reglas.

Este Artículo en Resumen

La desestimación judicial del 9 de mayo de 2025 devuelve a militares no ciudadanos el derecho a solicitar ciudadanía acelerada desde el inicio de su servicio. El Departamento de Defensa ya no puede exigir periodos mínimos. Esto restablece beneficios legales fundamentales y reduce riesgos migratorios enfrentados por quienes defienden a Estados Unidos.
— Por VisaVerge.com