Puntos Clave
- USCIS acumuló 11,3 millones de casos pendientes en noviembre de 2025, aumento de 1,6 millones este año fiscal.
- Los tribunales de inmigración registran 3,7 millones de casos pendientes con plazos promedio cercanos a cuatro años.
- El 9 de junio de 2025 entró un veto de viaje sobre 19 países; 12 totalmente prohibidos, 7 con restricciones parciales.
(UNITED STATES) El sistema migratorio de Estados Unidos atraviesa una crisis sin precedentes en noviembre de 2025, con 3,7 millones de casos pendientes en tribunales de inmigración y una carga acumulada de 11,3 millones de casos en USCIS, además de un veto migratorio que afecta a 19 países. El cúmulo de demoras exhibe un panorama de atraso sostenido que algunos expertos advierten podría alcanzar un punto de quiebre en 2026, cuando las tensiones entre seguridad, finanzas públicas y derechos de los migrantes podrían intensificarse aún más. En este contexto, la gente común —familias que buscan reunificación, trabajadores que esperan permisos y solicitantes de asilo que esperan una decisión— siente el peso directo de las medidas y del endurecimiento de controles, que se traducen en retrasos de inmigración cada vez más largos y un entorno de incertidumbre creciente.
En el ámbito de los tribunales de inmigración, la cifra de casos pendientes supera holgadamente el umbral de los tres millones, con tiempos de espera promedio que alcanzan los cuatro años. En el ejercicio fiscal 2024, las cortes cerraron un récord de 900.000 casos, pero la acumulación continúa creciendo a partir de nuevas presentaciones y cambios de política. Marcos Garciaacosta, abogado de inmigración con base en Phoenix, lo resume de forma contundente:
“The courts were artificially loaded during the Trump and some other administrations, just by pumping a lot of people into the system—even though they are undocumented, they have rights, and one of them is due process, and they have the option of presenting their case to an immigration judge”.
Sus palabras, que describen la carga artificial alimentada por administraciones recientes, subrayan que la mayor parte del atraso podría estar alimentado por llegadas relativamente recientes que se integran a un sistema ya pesado. Esta visión de Garciaacosta sugiere que las demoras en tribunales no son solo el resultado de un crecimiento natural de casos, sino también de decisiones y procesos que han dejado a muchos casos esperando sin resolverse durante años.
Por otra parte, la backlog en USCIS muestra una cara igualmente severa. En el segundo trimestre del año fiscal 2025, USCIS anunció que había completado 2,7 millones de casos, una caída del 18% respecto al mismo periodo del año anterior. A ello se suma un incremento de 1,6 millones en la carga de casos pendientes, alcanzando un récord de 11,3 millones de expedientes sin resolver, la cifra más alta en al menos una década. Además, por primera vez desde 2024, la agencia reportó un “frontlog” de más de 34.000 expedientes sin abrir, es decir, solicitudes que no han sido ingresadas en el sistema. En cuanto a la velocidad de procesamiento, las cifras reflejan un deterioro pronunciado: el Formulario I-90, para la renovación de tarjetas verdes, ha visto un aumento de 938%, con promedios que superan los ocho meses frente a tres o cuatro meses en años anteriores; el Form I-129, de visas de trabajo, creció 25% respecto al primer trimestre y 80% interanual; el Form I-765, de permisos de trabajo, tuvo un incremento del 87% en aplicaciones pendientes, con un total que sobrepasa los dos millones, y el atraso neto en un trimestre fue del 181%. Estos números contrastan con el objetivo de una administración que busca mayor revisión y filtrado, especialmente para refugiados y solicitantes de asilo, para quienes se han suspendido temporalmente las vías de residencia permanente desde marzo de 2025.
Entre tanto, el backlog de visa y permisos se ha visto afectado por cambios específicos en la política y su ejecución. En el área de empleo, el backlog del EB-1A, reservado para personas de habilidades extraordinarias, alcanza un nivel histórico de 16.000 casos pendientes, con una tasa de aprobación que se ha reducido a 72,7%. En el ámbito familiar, las presentaciones de Form I-751 para la cancelación de estatus de residencia condicional han aumentado 51,8% respecto al trimestre anterior, mientras I-485, la vía de ajuste basada en la familia, creció un 12% interanual. Estos movimientos señalan una presión combinada de mayores controles y de un flujo constante de solicitudes que, sin una capacidad de procesamiento suficiente, agrava el retraso de inmigración y alimenta casos pendientes en tribunales migratorios a largo plazo.
A este cuadro se añade un componente decisivo: la prohibición de viaje implementada en junio de 2025 como parte de la estrategia de seguridad nacional. El 4 de junio de 2025, el presidente anunció una orden ejecutiva que impuso un veto de viaje a 19 países. El alcance total comprende 12 países en una prohibición total —Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen— y 7 países con restricciones en visas de inmigrantes y en ciertas visas no inmigrantes (B, F, M, J). La política se aplica a nacionales que se encuentren fuera de Estados Unidos y que no cuenten con una visa vigente a partir del 9 de junio de 2025. Entre las excepciones figuran titulares de visas actuales, residentes permanentes legales, familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, refugiados, portadores de SIV afgano y atletas para grandes eventos (por ejemplo, la Copa Mundial de la FIFA de 2026). A medida que se evalúan normas y controles, la administración ha dejado abierta la posibilidad de ampliar la prohibición a otros países si no cumplen con criterios de escrutinio dentro de 60 días, con revisiones cada 90 a 180 días. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, subrayó la intención de la administración de presionar a los países para fortalecer sus procesos de verificación de pasaportes, cooperar en la aceptación de nacionales expulsados y tomar medidas para garantizar que sus ciudadanos no representen una amenaza para la seguridad estadounidense.
El impacto humano de estas políticas no es un dato abstracto. En distintas historias de vida, se cuenta que niños han quedado sin reunificación con sus padres, que médicos extranjeros han sido impedidos de trabajar en hospitales estadounidenses y que empresarios migrantes temen viajar por motivos de negocio. Aunque es difícil medir con precisión la magnitud de las afectaciones, el relato de los casos puntuales y las experiencias compartidas por profesionales y comunidades expone un daño real en familias y proyectos. En particular, a nivel práctico, el retraso de inmigración golpea a quienes esperan permisos para laborar, estudiar o reunirse con sus seres queridos, generando un efecto dominó que alcanza a empleadores, escuelas y servicios comunitarios. A la espera de resoluciones, muchos residentes de categorías temporales y permanentes se encuentran navegando un conjunto de reglas que cambia con frecuencia, con nuevas guías de actuación para oficiales de inmigración que otorgan más discreción para denegar solicitudes familiares y emitir Notices to Appear, según las comunicaciones de agosto de 2025.
Las proyecciones para 2026 no invitan a la optimismo. El abogado de inmigración Charles Kuck afirma claramente:
“Chaos is Trump. It’s his middle name. So, yeah, we’re going to see more chaos, more hate, more negative changes coming in 2026. It’s an election year.”
Sus comentarios destacan la percepción de que las dinámicas políticas pueden intensificar las tensiones y la volatilidad de las políticas migratorias. Además, advierte sobre un incremento en las solicitudes de evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) que podrían enfocarse con mayor rigor en la verificación de requisitos para H-1B, sugiriendo que, si un solicitante no posee el grado exacto requerido para un puesto, es probable que se deniegue. Este énfasis podría traducirse en un endurecimiento adicional de la adjudicación de visas de trabajo y en más casos pendientes en tribunales migratorios mientras los solicitantes buscan defender sus derechos ante decisiones de Oficiales de Migración. Expertos consultados también señalan la posibilidad de cambios en tasas y tiempos de procesamiento antes de la siguiente lotería de H-1B, una advertencia que se suma a la inestabilidad ya visible en el sistema de solicitudes de empleo y de residencia familiar.
El conjunto de información disponible apunta a un año de 2026 definido por un incremento de retrasos, posibles ampliaciones de la prohibición de viaje y un endurecimiento de la revisión de solicitudes. Mientras tanto, el consejo práctico para individuos y familias que navegan este laberinto es claro: esperar tiempos de espera más largos en todas las categorías migratorias —empleo, familia, humanitario y procesos de tribunales— y prepararse para mayores niveles de escrutinio. En el plano de las políticas, se mantiene la expectativa de que la prohibición de viaje pueda extenderse o ajustarse, a la luz de evaluaciones que se realizan cada 90 días y revisiones cada 180 días. Quienes proceden desde países sometidos a la prohibición deben recordar que solo aquellos con visas válidas al 9 de junio de 2025 están exentos; los demás enfrentan suspensión total o parcial de entrada, dependiendo de la clasificación de su caso.
Para quienes buscan orientación práctica, las autoridades recomiendan monitorear actualizaciones oficiales, ya que la lista de países vetados podría cambiar periódicamente. En paralelo, se aconseja buscar asesoría legal especializada, porque las reglas migratorias han mostrado un ritmo de cambio acelerado. En un mundo de trámites que pueden definirse como un “retraso de inmigración” sostenido, buscar apoyo profesional y recursos comunitarios se vuelve casi tan importante como la propia solicitud. En Estados Unidos, existen líneas de ayuda y recursos que pueden orientar a las personas en este contexto tan complejo. Por ejemplo, la Houston Immigrant Resource Hotline ofrece asesoría al público y puede facilitar orientación en medio de la confusión de las reglas y requisitos que cambian con frecuencia.
Entre tanto, las cifras oficiales siguen siendo claras en su brutalidad: el cuadro de inmigración en noviembre de 2025 muestra un retraso notable y un grado de incertidumbre que afecta a familias, trabajadores y comunidades enteras. Para entender el alcance de estas transformaciones, es importante observar que las cifras no son abstractas: cada caso representa una historia con fecha límite, con un permiso que no llega, con un eventual fallo de seguridad o un retorno que cambia vidas. En ese sentido, las autoridades y el aparato judicial se ven obligados a responder con eficiencia y claridad ante una demanda que no cede: más solicitudes, más visados, y una necesidad de proteger derechos sin perder de vista la seguridad nacional.
El viaje hacia 2026 parece marcado por una tensión entre las promesas de control y la realidad cotidiana de millones de personas en tránsito. Aunque la administración ha tomado medidas para reforzar la verificación y frenar ciertos abusos, la experiencia de quienes esperan respuestas en medio de un sistema congestionado sugiere que la velocidad de decisión no ha logrado seguir el ritmo de las necesidades humanas. Esto plantea preguntas sobre cómo equilibrar seguridad, derechos y eficiencia. Los retrasos de inmigración no solo retrasan un trámite; pueden prolongar periodos de incertidumbre en los que familias se separan o se enfrentan a desafíos para mantener a flotes sus proyectos de vida. En el corto plazo, la gente que depende del sistema migratorio continúa buscando respuestas, mientras los tribunales migratorios y USCIS trabajan para gestionar una carga que, en palabras de los expertos, podría definir el curso de la migración en los años venideros.
En cuanto a la cobertura de los cambios, es crucial prestar atención a los movimientos de las políticas de “enhanced vetting” y a la forma en que esto impacta a refugiados y solicitantes de asilo, para quienes el proceso de residencia permanente ha estado suspendido desde marzo de 2025. La dinámica de la “SCP” (Simple Case Processing) suspendida y la nueva guía del 1 de agosto de 2025, que otorga a los oficiales más discreción para negar solicitudes familiares y emitir Notices to Appear, refuerzan una tendencia hacia un sistema que privilegia el control y la revisión detallada. En un marco tan delicado, las personas afectadas por el bloqueo de movimientos, por la demora de permisos de trabajo y por las restricciones de viaje deben adaptarse a un entorno en el que cada decisión puede suponer un paso decisivo para su futuro.
Para quienes buscan información y guía práctica, un mensaje claro es necesario: prepárese para tiempos de espera más largos y para posibles cambios de reglas a medida que 2026 se acerca. Si forma parte de un país sujeto a la prohibición de viaje, o si depende de un permiso de trabajo, estudio o reunificación familiar, es clave buscar asesoría legal y mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales. Las autoridades han puesto énfasis en la necesidad de gestionar con mayor rigor los procedimientos y, a la vez, en la protección de derechos, una tensión que seguirá marcando la agenda migratoria. Los afectados pueden contactar recursos de asistencia y consultar páginas oficiales para informarse de cambios en formularios y requisitos, como sería el caso de referencias a formularios de inmigración en proyectos de expediente familiar o laboral, incluyendo, cuando corresponde, el Formulario I-485 para ajustes de estatus y otros procesos.
Para completar el cuadro, es útil recordar algunas cifras que continúan resonando en el debate público: 3,7 millones de casos pendientes en tribunales migratorios, 11,3 millones de casos en backlog de USCIS, y la vigencia de un veto de viaje que afecta a 19 países desde el 9 de junio de 2025, con posibles expansiones. En noviembre de 2025, la realidad se presenta como un mosaico de demoras, riesgos de denegación, y una presión sostenida para reformar un sistema que ya se encuentra en un punto crítico. En ese marco, los analistas y abogados consultados advierten que 2026 podría consolidar una nueva era de ajustes, renegociación de costos y, quizá, un giro más duro en la aplicación de las reglas migratorias, una situación que coloca a miles de familias y a miles de trabajadores en una situación de espera que, por el momento, no ofrece respuestas claras.
Para quienes buscan una guía práctica, algunos puntos destacan: esperar tiempos de espera mayores para todas las categorías migratorias; entender que las prohibiciones de viaje y la revisión reforzada pueden ampliarse; si proviene de un país vetado, solo quienes tenían visa vigente al 9 de junio de 2025 están exentos; el resto enfrenta suspensión total o parcial de entrada; monitorizar actualizaciones oficiales cada 90 días, con revisiones cada 180 días; y buscar asesoría legal especializada para navegar la complejidad de reglas que cambia con frecuencia. En Estados Unidos, las autoridades han subrayado la necesidad de cooperación internacional para fortalecer la verificación de pasaportes y la aceptación de nacionales expulsados, una postura que, dicen, busca equilibrar seguridad y derechos humanos. En paralelo, el recurso humano y las comunidades deben adaptarse a una realidad en la que la palabra clave no es rapidez, sino claridad: saber qué cambia, cuándo cambia y qué significa para la vida de cada persona.
Para cerrar, un recordatorio: el panorama migratorio en noviembre de 2025 es un tablero dinámico. Con 3,7 millones de casos pendientes y un backlog que continúa creciendo, y con una prohibición de viaje vigente para 19 países y posibles expansiones, la historia que se escribe cada día en tribunales, oficinas de inmigración y consulados define no sólo números, sino destinos humanos. En medio de esa complejidad, el sentido común y la necesidad de proteger derechos fundamentales deben seguir guiando cualquier decisión, desde una visa de trabajo hasta el proceso de reunificación familiar. La protección de las vías legales para la movilidad humana —con la debida seguridad y supervisión— sigue siendo, para millones, una cuestión de esperar y de creer que un sistema puede ser más eficiente sin perder de vista la dignidad de las personas que dependen de él.
Para información oficial y recursos, se recomienda consultar las páginas de USCIS y del Departamento de Estado, donde se publican actualizaciones sobre el estado de las solicitudes y las listas de países sujetos a la prohibición de viaje. Las personas interesadas pueden explorar información detallada sobre los formularios y requisitos, y, cuando corresponda, consultar páginas específicas como la del Form I-485 para ajustes de estatus y permisos de residencia a través de Form I-485. También se destacan recursos de ayuda comunitaria y líneas de asistencia para casos complejos, como la Houston Immigrant Resource Hotline: 833-468-4664, que ofrece orientación ante la confusión de reglas que cambian con frecuencia. A medida que el calendario se acerca a 2026, la expectativa es que las autoridades proporcionen claridad adicional y, con suerte, un rumbo más predecible para millones de personas que esperan, trabajan y sueñan con una vida estable en Estados Unidos.
Aprende Hoy
USCIS → U.S. Citizenship and Immigration Services, la agencia federal que decide sobre trámites y beneficios migratorios en EE. UU.
I-765 → Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, usado para pedir permisos de trabajo en Estados Unidos.
Frontlog → Expedientes que no han sido abiertos ni ingresados al sistema, causando retrasos desde la etapa inicial.
Veto de viaje → Restricción administrativa de entrada a nacionales de ciertos países, implementada el 9 de junio de 2025.
Este Artículo en Resumen
En noviembre de 2025 el sistema migratorio muestra una carga histórica: USCIS tiene 11,3 millones de casos pendientes y los tribunales 3,7 millones, con esperas promedio cerca de cuatro años. USCIS completó 2,7 millones de casos en el segundo trimestre de 2025, una caída del 18% interanual, y reportó un frontlog de más de 34.000 expedientes sin abrir. Procesos clave como I-90, I-129 e I-765 registran demoras significativas. La prohibición de viaje de junio de 2025 afecta a 19 países, complicando reunificaciones y empleo.
— Por VisaVerge.com
