Puntos Clave
- CoreCivic aumentó 55% sus contratos de detenidos migratorios en 2025, sumando más de 5.700 camas nuevas.
- Ingresos del 2T 2025 fueron $538.2 millones, 9.8% más; tres contratos podrían aportar casi $300 millones extra.
- El presupuesto 2025 asignó $45.000 millones a ICE para duplicar capacidad a 100.000 camas para enero de 2026.
(CALIFORNIA, USA) El operador carcelario privado CoreCivic reportó un incremento del 55% en los contratos de detaineños migratorios durante 2025, impulsado por un aumento sin precedentes en la financiación federal y una expansión agresiva de la capacidad de detención de inmigrantes en Estados Unidos bajo la Administración Trump. La noticia llega en un contexto de expansión acelerada de la red de instalaciones de detención, con el objetivo declarado de doblar la capacidad a más de 100.000 camas para principios de 2026, según el presupuesto federal de 2025 que asignó 45.000 millones de dólares a ICE para nuevas instalaciones y mejoras. A la fecha de septiembre de 2025, 58.766 personas estaban en detención de ICE, frente a 37.395 del año anterior, lo que subraya la magnitud de la expansión a la que se refiere el informe de CoreCivic y los debates públicos sobre condiciones y supervisión.
La compañía registró ingresos totales de 538,2 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, un 9,8% más que en el mismo periodo de 2024, y anunció tres nuevos contratos en 2025 que se espera que aporten casi 300 millones de dólares adicionales en ingresos. Estos contratos añadirán más de 5.700 camas de detención nuevas en instalaciones ubicadas en California, Kansas y Oklahoma. En California, la Instalación Correccional de la Ciudad de California, que reabrió sus puertas como centro de detención y procesamiento de inmigrantes, comenzó a albergar detaineños el 27 de agosto de 2025, bajo un contrato de dos años valorado en unos 130 millones de dólares anuales. En Leavenworth, Kansas, la instalación está prevista para albergar a 1.033 personas y generar 60 millones de dólares al año para CoreCivic, aunque su apertura se ha visto retrasada por un litigio con la ciudad. En Diamondback, la instalación de Oklahoma, inactiva desde 2010, se espera que aporte 100 millones de dólares una vez que esté plenamente operativa en 2026.
El contexto de la industria y la política federal ayuda a entender el impulso de estos contratos. Según el presupuesto de 2025, se destinó un gasto récord de 45.000 millones de dólares a ICE para ampliar la detención y, en conjunto, se busca duplicar la capacidad de detención para llegar a más de 100.000 camas para enero de 2026. Aun cuando CoreCivic ha celebrado estos acuerdos como evidencia de demanda, organizaciones y comunidades locales han expresado preocupaciones. En Newark, Nueva Jersey, y en otros lugares, residentes y autoridades han presentado demandas y protestas sobre la instalación de nuevos centros o la ampliación de los existentes, citando inquietudes sobre seguridad, personal y el impacto en las comunidades cercanas.
Damon Hininger, director ejecutivo de CoreCivic, describió el nuevo presupuesto como
“un momento decisivo para la financiación relacionada con nuestra industria,”
y afirmó:
“Our business is perfectly aligned with the demands of this moment.”
También señaló ante inversionistas: “Looking forward, we anticipate additional contracting activity that will help satisfy ICE’s growing needs.” Estas declaraciones subrayan una visión optimista de la empresa sobre la expansión continua, que ha sido uno de los ejes centrales de su estrategia para aprovechar el incremento acelerado de la capacidad de detención estadounidense.
El impulso de expansión ha llevado a la reapertura de instalaciones clave en 2025. Entre ellas, la South Texas Family Residential Center, con capacidad para 2.400 camas, y la California City Immigration Processing Center, dotada con 2.560 camas, volvieron a operar este año. En Leavenworth, Kansas, el plan para abrir el Midwest Regional Reception Center, con más de 1.000 camas, se ha visto detenido temporalmente por un fallo judicial relacionado con permisos. CoreCivic prometió a la ciudad 1 millón de dólares al abrir, 250.000 dólares anuales y 150.000 dólares para el departamento de policía, como parte de un paquete de incentivos para el desarrollo de este centro. En otras comunidades, la presencia de estos centros ha generado tensiones, con varios residentes y funcionarios preocupados por la seguridad, el aumento de personal y el impacto en servicios locales, a pesar de los beneficios económicos que conlleva la inversión de CoreCivic.
Dentro de las instalaciones de California City Correctional Facility, han surgido informes de descontento entre detaineños. En particular, 100 de 500 detainees participaron en una protesta mediante una huelga de hambre que, según reportes del Los Angeles Times y The Guardian, apuntó a
“la falta de tratamiento médico adecuado, inodoros defectuosos y acceso a espacios al aire libre.”
Bruno Huizar, gerente de políticas de California Immigrant Policy Center, advirtió:
“People are going to be facing life-threatening conditions where they have little to no access to food, water, and basic hygiene. Nobody deserves to be held in inhumane conditions.”
CoreCivic y ICE rechazaron estas acusaciones: Brian Todd, gerente de asuntos públicos de CoreCivic, afirmó:
“We have seen no evidence to support them and have no reason to believe they are credible.”
Un portavoz de ICE calificó las informaciones como “nada más que puntos de conversación reciclados de grupos activistas y extranjeros criminales que violaron nuestras leyes.”
El tablero de supervisión y responsabilidad ha estado marcado por tensiones entre el gobierno federal y los legisladores, que a su vez han sido impedidos para acceder a las instalaciones de detención, dando lugar a demandas y protestas para exigir transparencia. En California, la ley estatal exige que el Departamento de Justicia evalúe y reporte las condiciones en los centros de detención operados por entidades privadas; el informe más reciente, de abril de 2025, halló deficiencias significativas en la atención de salud mental y en el uso de la fuerza. Estas conclusiones alimentan el debate sobre cómo equilibrar la necesidad de una respuesta migratoria más contundente con estándares mínimos de derechos humanos y supervisión independiente.
El modelo contractual de CoreCivic, que consta de un pago mensual fijo más un pago por día per cápita adicional en función del número de detaineños alojados, ha sido un tema central para entender la rentabilidad de estas inversiones. En 2025, la firma ha cerrado contratos que prometen ingresos sostenidos y la ampliación de capacidades que, a corto plazo, no solo fortalecen sus resultados financieros, sino que también consolidan su papel como uno de los actores más importantes en la red de detención privada de Estados Unidos.
Las cifras y proyecciones capturan un momento de gran intensidad en el campo de la detención migratoria. El número de detenidos en ICE, que ya alcanza un volumen cercano a 60.000 personas, con un porcentaje sustancial sin condenas penales, añade capas de complejidad: por un lado, hay una demanda de respuesta más firme ante flujos migratorios, y por otro, un debate público y político sobre el tratamiento de personas que, en su mayoría, no han sido condenadas. En esa dinámica, CoreCivic no solo reporta crecimiento; también se encuentra en una encrucijada de reputación y responsabilidad ante las comunidades que acogen estas instalaciones.
El propio panorama de 2025 sitúa a CoreCivic en el centro de una discusión sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos. La empresa ha insistido en que la expansión vende empleo y recursos locales, especialmente a través de acuerdos con gobiernos municipales y estatales. Sin embargo, la resistencia de algunas comunidades a la llegada de nuevos centros no ha disminuido, a pesar de que las autoridades locales que han aceptado las inversiones señalan beneficios económicos, mientras persisten preocupaciones sobre seguridad, presencia policial adicional y posibles tensiones con residentes que ya viven a distancia razonable de estas instalaciones.
La atención pública también se ha centrado en la calidad de la atención para detaineños. La gestión del California City Correctional Facility ha sido objeto de escrutinio, con informes que señalan condiciones que deben ser corregidas para cumplir con estándares mínimos de atención médica y condiciones de vida, frente a la defensa de CoreCivic que subraya la necesidad de una capacidad de detención más amplia para hacer frente a la demanda. El choque entre la narrativa corporativa de crecimiento y las denuncias de condiciones de detención plantea preguntas sobre supervisión, responsabilidad y el coste humano de estas políticas.
En este marco, CoreCivic continúa defendiendo su estrategia. El directivo reiteró su optimismo sobre la demanda.
“Our business is perfectly aligned with the demands of this moment,”
repiten sus mensajes, y la empresa insiste en que
“Looking forward, we anticipate additional contracting activity that will help satisfy ICE’s growing needs.”
Estas declaraciones, junto con la evidencia de contratos que traerán ingresos significativos, alimentan la percepción de que el modelo privado de detención migratoria está en pleno auge, a la vez que suscita debates sobre la sostenibilidad y la ética de una expansión que se financia con fondos públicos y afecta a comunidades enteras.
El impacto humano de estas decisiones es visible en los números: cerca de 60.000 personas están detenidas por ICE en este momento, con el 72% sin condenas penales. Los casos de protesta, huelgas de hambre y denuncias de condiciones degradantes han escalado en varios lugares y han provocado respuestas contrapuestas entre CoreCivic y las autoridades encargadas de la vigilancia. Aunque el objetivo declarado es satisfacer la creciente demanda de detención, la realidad en el terreno es más compleja: se trata de decisiones que afectan la vida de miles de personas, y de comunidades que deben absorber no solo el peso humano de la detención, sino también las tensiones que traen aparejados los cambios en la seguridad local, los presupuestos municipales y la interacción con el aparato de control migratorio.
La pregunta que persiste es si este impulso hacia una detención masiva, respaldada por fondos federales y contratos privados, se sostendrá a largo plazo ante los retos de supervisión y las preocupaciones de derechos humanos que han emergido en varias ciudades. En California, por ejemplo, la revisión de las condiciones en instalaciones privadas de ICE por parte del Departamento de Justicia, y el debate sobre el modo en que estas instalaciones deben ser supervisadas, siguen siendo un tema central. Mientras tanto, CoreCivic se mantiene firme en su visión de crecimiento: contratos de detaineños migratorios que se cuentan por miles, camas que se añaden a un sistema que, según sus cálculos, requiere una mayor capacidad para gestionar flujos de personas que buscan asilo o refugio en Estados Unidos.
En cierto modo, la historia refleja un momento de giro para la detención migratoria en Estados Unidos: una mezcla de expansión institucional, inversiones privadas y tensiones entre seguridad, derechos y comunidad. El incremento del 55% en los contratos durante 2025 ha convertido a CoreCivic en un actor aún más determinante en la configuración de la política migratoria de la era contemporánea, al tiempo que pone a prueba la capacidad de las autoridades para garantizar que estas operaciones se realicen bajo estándares básicos de transparencia y seguridad. Al final, lo que está en juego es muy concreto: personas detenidas, comunidades repartidas entre beneficios y preocupaciones, y una economía de la detención que parece haber encontrado un terreno fértil en la inercia del gasto público y en la voluntad de expandirse a medida que la demanda se intensifica.
Para quien siga de cerca este tema, la historia no es solo de números y contratos, sino de vidas y de un sistema que, en última instancia, debe responder a la pregunta fundamental de qué significa, en una democracia, tratar a quienes buscan refugio o una oportunidad con dignidad y justicia, incluso cuando la amplia demanda de capacidad de detención impulsa a actores privados como CoreCivic a ampliar sus operaciones. Si bien el crecimiento de los contratos y la construcción de nuevas instalaciones pueden parecer indicadores de progreso económico o de eficiencia en la gestión de la detención, la realidad de la experiencia de detaineños migratorios y de las comunidades que acogen estas infraestructuras invita a una reflexión continua sobre el equilibrio entre seguridad, derechos y responsabilidad pública.
Para quienes desean profundizar en el marco regulatorio y en la respuesta de las autoridades, un vistazo al sitio oficial de ICE ofrece contexto adicional sobre la estructura de detención y las bases de financiamiento para estas instalaciones. ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement
Notas al margen relevantes para el lector incluyen la presencia de la Instalación Correccional de la Ciudad de California como un centro clave en la estrategia de expansión de CoreCivic, la magnitud de los contratos anunciados en 2025 y la promesa de inversiones en ciudades como Leavenworth y Diamondback. Este año parece confirmar una trayectoria de crecimiento basada en un aumento sustancial de la financiación federal y en la voluntad de las autoridades de ampliar significativamente la capacidad de detención, con una economía de contratos que promete beneficios para CoreCivic y, a la vez, plantea desafíos profundos en términos de condiciones de detención, supervisión y derechos humanos.
Aprende Hoy
CoreCivic → Operador privado de prisiones y centros de detención que administra instalaciones correccionales e inmigratorias en EE. UU.
Pago per diem → Tarifa diaria que recibe la instalación por cada persona efectivamente alojada en detención.
ICE → U.S. Immigration and Customs Enforcement, agencia federal encargada de la detención y deportación de inmigrantes.
Capacidad de detención → Número total de camas disponibles para alojar a personas en custodia migratoria.
Este Artículo en Resumen
En 2025 CoreCivic impulsó su negocio de detención migratoria con un aumento del 55% en contratos y $538.2 millones en ingresos en el segundo trimestre. Tres nuevos acuerdos podrían sumar casi $300 millones y más de 5.700 camas en California, Kansas y Oklahoma. El presupuesto federal destinó $45.000 millones a ICE para doblar la capacidad a 100.000 camas para enero de 2026. La expansión generó litigios, protestas, denuncias de condiciones y tensiones entre supervisión estatal y política federal.
— Por VisaVerge.com
