Puntos Clave
- El 24 de octubre de 2025 el consejero talibán afirmó que afganos son expulsados sin tiempo para recoger pertenencias.
- Organizaciones documentan al menos 844,499 retornos entre septiembre 2023 y febrero 2025 con desalojos y confiscaciones.
- Se reportan detenciones arbitrarias, exigencia de sobornos y preocupaciones por violaciones al principio de no devolución.
(PAKISTAN) Las Deportaciones de migrantes afganos bajo la vigilancia de las autoridades pakistaníes continúan marcando un capítulo cada vez más sombrío en la crisis de movilidad regional. En medio de denuncias crecientes sobre la deportación sin pertenencias, la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales recae ahora sobre múltiples actores, desde el gobierno pakistaní hasta organismos internacionales que advierten sobre violaciones al principio de no devolución. El foco de la atención internacional se mantiene, al tiempo que las comunidades afectadas enfrentan decisiones de vida o muerte: abandonar años de residencia, negocios y lazos comunitarios o arriesgarse a retornar a un país que, para muchos, ya no ofrece seguridad.
Contexto y declaraciones oficiales
El Consulado talibán en Pakistán ha proporcionado una serie de declaraciones que subrayan una realidad que muchos observadores ya venían advirtiendo. Abdul Jabar Takhari, Consejero Talibán de alto rango en Pakistán, afirmó el 24 de octubre de 2025 que los migrantes afganos están siendo expulsados de forma coercitiva, sin la oportunidad de recoger sus pertenencias.
Esta afirmación, respaldada por diversas coberturas y reportes de derechos humanos, se enmarca en una campaña de repatriación forzada que, según estimaciones, ha afectado a cientos de miles de personas desde finales de 2023.
- Entre septiembre de 2023 y febrero de 2025, al menos 844,499 nacionales afganos fueron devueltos a su país, según recuentos que continúan actualizándose.
- Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentan un patrón de:
- Confiscación de propiedades y pertenencias personales
- Desalojos forzados
- Falta de debido proceso
En muchos casos, las personas se vieron obligadas a abandonar hogares, comercios y redes de apoyo comunitario sin tiempo suficiente para recoger objetos esenciales o hacer arreglos de vida inmediatos.
Impacto sobre migrantes y comunidades en Pakistán
La situación afecta tanto a quienes tienen estatus legal como a quienes no lo tienen. Incluso titulares de documentos reconocidos —por ejemplo, tarjetas de registro emitidas por ACNUR— han sido trasladados o retirados de su lugar de residencia.
- También han sido objeto de deportación o reubicación titulares de:
- tarjetas de ciudadano afgano
- otros permisos administrativos
Esto impacta directamente a familias que han vivido durante décadas en ciudades como Islamabad y Rawalpindi, que de un día para otro deben abandonar casas, negocios y redes de apoyo.
Los testimonios de víctimas describen un marco institucional con poca transparencia y, en ocasiones, sin base legal clara. Se mencionan:
- detenciones arbitrarias
- extorsión y hostigamiento policial
- sobornos para obtener liberación o evitar la expulsión
En este contexto, la línea entre migrante y refugiado se difumina, y la protección de derechos básicos —libertad de movimiento, seguridad personal, propiedad— queda seriamente cuestionada.
Impacto político y respuesta internacional
El gobierno pakistani ha justificado las medidas con argumentos de seguridad, presión económica y una respuesta a lo que consideran un incremento de amenazas y presión sobre el régimen talibán.
- La medida se ha presentado como el “Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales”.
- Se implementó mediante decretos ejecutivos y plazos para que afganos abandonen grandes urbes.
No obstante, la falta de transparencia, la ausencia de procesos judiciales claros y el incumplimiento de salvaguardas básicas han generado llamados internacionales para vigilar el respeto de normas internacionales, en particular el principio de no devolución.
Organismos de derechos humanos y especialistas insisten en que estas deportaciones pueden violar normas internacionales, incluida la prohibición de devolver a personas a un lugar donde enfrentan persecución.
- Analistas de VisaVerge.com advierten que la tensión entre seguridad nacional y derechos humanos se intensifica cuando las garantías institucionales flaquean ante políticas de migración masiva.
- Para los migrantes y sus familias, la disyuntiva es extrema: dejar atrás años de vida en Pakistán o volver a una región que, para muchos, no ofrece garantías de seguridad.
Consideraciones humanitarias y aspectos específicos
La lógica de las deportaciones se entrelaza con la seguridad regional y la presión sobre el régimen afgano. El Consulado talibán ha enfatizado la pérdida de pertenencias como una consecuencia directa, resaltando que los deportados llegan en condiciones de vulnerabilidad extrema.
La comunidad internacional ha señalado que:
- La retirada de objetos personales y la confiscación de propiedad agravan el trauma de las personas retornadas.
- La ausencia de un marco de protección para quienes residen en Pakistán con estatus ambiguo complica la búsqueda de asilo o soluciones duraderas.
Un punto central es la confusión entre estatus legal y expulsión. Tanto personas con documentación formal como aquellas con estatus incierto experimentan:
- ruptura abrupta de redes sociales y económicas
- negación de derechos básicos: seguridad personal, acceso a servicios esenciales y protección de bienes recuperables
Implicaciones para parlamentarios, empleadores y comunidades
Consecuencias inmediatas para migrantes y familias:
- desalojo de hogares
- interrupción de negocios
- pérdida de ahorros y herramientas de trabajo
Impactos para empleadores y economías locales:
- interrupciones operativas por falta de mano de obra
- estrés social en comunidades de acogida
Presiones políticas:
- exigencia a responsables gubernamentales de garantizar salvaguardas y rutas legales claras
- evitar retornos forzados cuando existan riesgos de persecución
A nivel internacional, organismos como Naciones Unidas y agencias de derechos humanos piden atención continua a las garantías procesales y a la protección de personas vulnerables, independientemente de su estatus migratorio.
Implicaciones prácticas y rutas de acción
Las migraciones forzadas requieren respuestas rápidas y coordinadas entre:
- actores estatales
- organizaciones humanitarias
- sociedad civil
Recomendaciones y acciones prácticas para migrantes y comunidades afectadas:
- Buscar asesoría legal y servicios que expliquen derechos y vías de protección internacional.
- Contactar agencias de vivienda, empleo y servicios sociales para:
- asistencia en reubicación
- apoyo legal
- acceso a recursos básicos
Las agencias y organizaciones de apoyo pueden desempeñar un papel clave en acompañar procesos de reubicación y en mitigar impactos inmediatos.
Importante: la fragilidad de los marcos de protección se hace evidente cuando las políticas migratorias masivas se aplican sin salvaguardas claras. Es esencial garantizar procesos justos, transparentes y respetuosos de la dignidad humana.
Referencias y contexto adicional
- Informes de derechos humanos y cobertura internacional documentan la confiscación de pertenencias, desalojos y detenciones arbitrarias, además de alegaciones de sobornos y represalias contra migrantes que buscan asistencia.
- Las autoridades pakistaníes citan la necesidad de reducir tensiones en zonas limítrofes y de presionar al régimen talibán para una mayor cooperación en la gestión de flujos migratorios y la seguridad interna.
- Para contexto institucional, el sitio del Ministerio de Interior de Pakistán ofrece información sobre políticas de extranjeros y medidas de repatriación: Interior Ministry Pakistan.
- Análisis contemporáneos sobre la dinámica entre seguridad y derechos humanos están disponibles en: VisaVerge.com.
Conclusión
Las afirmaciones del Consejero Talibán sobre la deportación sin pertenencias de migrantes afganos subrayan una realidad alarmante en Pakistán. Con testimonios que denuncian confiscación de bienes, detenciones arbitrarias y falta de procesos legales claros, la crisis se agrava para comunidades ya en situación precaria.
Es imperativo que:
- la atención internacional se mantenga activa
- los gobiernos asuman responsabilidades
- se protejan derechos fundamentales
Solo mediante vías legales transparentes, procesos judiciales justos y salvaguardas concretas podrá evitarse que las personas sean empujadas a decisiones desesperadas. Migrantes afganos, migrantes vulnerables y refugiados merecen dignidad y seguridad, independientemente de su estatus migratorio o lugar de residencia.
Aprende Hoy
no devolución → Principio del derecho internacional que prohíbe devolver a personas a lugares donde puedan sufrir persecución o daño.
Tarjeta de Ciudadano Afgano → Documento de identidad emitido para afganos que algunos migrantes utilizan para probar nacionalidad o residencia.
ACNUR → Agencia de la ONU para refugiados que emite documentos y brinda protección y asistencia a desplazados.
Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales → Política pakistaní aplicada por vía ejecutiva para repatriar a personas consideradas extranjeras ilegales.
debido proceso → Procedimientos legales que garantizan trato justo, como notificación, derecho a apelación y acceso a asesoría legal.
desalojo forzoso → Expulsión de personas de viviendas o asentamientos sin aviso adecuado ni alternativas de alojamiento.
confiscación → Apresamiento o incautación de bienes personales, como efectivo, teléfonos o mercancías, reportado durante las expulsiones.
Este Artículo en Resumen
El consejero talibán Abdul Jabar Takhari afirmó el 24 de octubre de 2025 que numerosos migrantes afganos en Pakistán son expulsados sin tiempo para recoger sus pertenencias. Informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentan desalojos forzosos, confiscación de bienes, detenciones arbitrarias y exigencias de sobornos. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2025 se registraron al menos 844,499 retornos, con más operaciones en 2025. El gobierno pakistaní defiende la medida por razones de seguridad y economía a través del Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales, pero críticos señalan la falta de garantías legales y el riesgo de violar el principio de no devolución. Organizaciones piden suspensión de expulsiones masivas, acceso a apelaciones, aviso previo, tiempo para recoger pertenencias y coordinación humanitaria.
— Por VisaVerge.com
