Puntos Clave
- Nuevo Hampshire firmó 12 acuerdos con ICE para delegar funciones migratorias federales a la policía local.
- El presupuesto federal de ICE alcanzará 75 mil millones para expandir arrestos y capacidad de detención.
- Legisladores presentaron el PROTECT Immigration Act para revocar la autoridad 287(g) y proteger la seguridad pública.
(NEW HAMPSHIRE) En un movimiento que amplía las funciones federales de control migratorio a nivel local, acuerdos bajo el programa 287(g) entre ICE (Inmigración y Control de Aduanas) y cuerpos policiales estatales y municipales han aumentado de forma notable durante 2025, con 13 pactos firmados en Nueva Inglaterra. De ellos, 12 corresponden a Nuevo Hampshire y uno con el Massachusetts Department of Correction, según registros oficiales y análisis de fuentes cercanas a la política migratoria.
Estos acuerdos permiten a agentes estatales y locales realizar tareas de aplicación de la legislación migratoria federal, lo que incluye identificar y detener a inmigrantes durante intervenciones de rutina en las comunidades.
Contexto regional y choque con políticas locales
La información llega en un momento en que las autoridades estatales y municipales se enfrentan a una ola de medidas de seguridad nacional que buscan reforzar la vigilancia en las fronteras y en los puntos de cruce, aun cuando el estado de Nuevo Hampshire ha mantenido una política pública de “policía justa e imparcial” que prohíbe detenciones basadas exclusivamente en sospecha migratoria.
En la práctica, esto ha acelerado la firma de acuerdos en Hartford y otras ciudades vecinas, una dinámica que ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles y comunidades inmigrantes que temen que las interacciones cotidianas se conviertan en controles migratorios de facto.
Aumento de operativos y cifras en 2025
El impulso a estos acuerdos coincide con cifras que muestran un aumento significativo de las operaciones federales en la región:
- Las detenciones por parte de ICE en Nueva Inglaterra se han duplicado en los primeros meses de 2025.
- En Massachusetts, operativos como Patriot 2.0 registraron más de 1,400 arrestos en septiembre, en un esfuerzo por ampliar la capacidad de detención y deportación.
Estas cifras se inscriben en una tendencia nacional y forman parte de un contexto de incremento presupuestario sustancial para ICE.
Presupuestos y financiación federal
El panorama financiero de la política de inmigración se ha visto reforzado por la aprobación del Big Budget Act de julio de 2025, que asignó a ICE un total de 75 mil millones de dólares durante cuatro años (aproximadamente 18.7 mil millones de dólares anuales), suma que añade presupuestos previos.
Tabla resumen del desglose presupuestario principal:
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Total aprobado (4 años) | 75,000,000,000 USD |
| Promedio anual | ~18,750,000,000 USD |
| Arrestos y deportaciones (para contratar ~10,000 agentes) | 30,000,000,000 USD |
| Capacidad de detención | 45,000,000,000 USD |
| Subsidios no restringidos a autoridades locales (para facilitar 287(g)) | 10,000,000,000 USD (ofrecidos por DHS) |
- Los 30 mil millones están destinados a arrestos y deportaciones, con la intención de ampliar la contratación en alrededor de 10,000 nuevos agentes.
- Los 45 mil millones están asociados a la capacidad de detención, con proyecciones que podrían superar las 100,000 personas al año.
- El DHS ofrece además 10 mil millones en subsidios no restringidos a las autoridades locales para facilitar la adopción de acuerdos 287(g).
Este marco de financiamiento federal es señalado como un motor importante de la cooperación entre gobiernos estatales y federales.
Críticas y reacciones políticas
Las críticas provienen de distintos frentes y enfatizan el impacto en la confianza comunitaria y los derechos civiles:
- El representante Mike Quigley (republicano por Illinois) ha denunciado que la confianza comunitaria se erosiona cuando la ciudadanía teme reportar delitos por el temor a la deportación.
- La representante Pramila Jayapal (Washington) afirmó que permitir que las fuerzas locales sean delegadas para “secuestrar y desaparecer” a inmigrantes socava la confianza necesaria entre comunidades y policía.
- En diciembre de 2025, los representantes Quigley, Jayapal, Sarah McBride (Delaware) y Valerie Foushee (Carolina del Norte) presentaron la PROTECT Immigration Act para revocar la autoridad de 287(g) y devolver a la policía local su función centrada en la seguridad pública.
“Permitir que las fuerzas locales sean delegadas para ‘secuestrar y desaparecer’ a inmigrantes socava la confianza que las comunidades y la policía local necesitan para mantener la seguridad pública.” — Pramila Jayapal
Este gesto legislativo resalta la tensión entre seguridad nacional y convivencia comunitaria, un tema central en debates electorales y reuniones vecinales.
Perspectivas de organizaciones y postura de ICE
- Organizaciones como la American Immigration Council advierten que los acuerdos 287(g) transforman interacciones de la vida diaria en comprobaciones de estatus migratorio y pueden erosionar la bienvenida en comunidades que confían en la cooperación entre ciudadanos y policía para combatir el crimen.
- ICE defiende su papel señalando interdicciones en estados como Vermont y Massachusetts, donde la coordinación entre agencias y centros estatales permite un flujo de información para rastrear y detener a personas con antecedentes migratorios.
La narrativa pública se centra en el equilibrio entre seguridad y confianza social, eje que los gobernantes locales deben manejar para evitar que la cooperación entre agencias se perciba como una invasión de derechos.
Impacto local en Nuevo Hampshire
Desde Nuevo Hampshire se ha señalado que la expansión de 287(g):
- Altera la dinámica de la seguridad pública.
- Afecta la vida cotidiana de miles de residentes que viven con la sombra de posibles arrestos vinculados a su estatus migratorio.
- Modifica patrones de denuncia de delitos y genera debates entre autoridades universitarias, líderes comunitarios y víctimas de discriminación.
En conferencias y foros locales, oficiales han destacado la necesidad de cumplir con la ley y proteger a las víctimas de crímenes. Al mismo tiempo, activistas reproducen historias de individuos que se ven obligados a decidir entre buscar ayuda o proteger a sus familias.
Testimonios y efectos comunitarios
Varios residentes describen cambios en su interacción con la policía vial y oficinas de servicios públicos. Un testimonio citado en conferencias públicas, de un trabajador agrícola de 34 años que pidió no ser identificado, indica:
“La posibilidad de ser detenido por una autoridad que podría no entender mi estatus migratorio me hace dudar incluso de ventilar un problema en mi comunidad.”
Las voces de defensores de derechos humanos señalan que estas tensiones pueden hacer que las víctimas de delito teman cooperar, reduciendo la efectividad policial y poniendo en riesgo la seguridad colectiva.
Papel de los medios y análisis externos
La conversación política y periodística ha destacado el papel de los medios en la formación de percepciones sobre la migración. Análisis de plataformas como VisaVerge.com señalan que los movimientos de 287(g) están ligados a un marco presupuestario amplio que favorece la expansión de capacidades de detención y deportación.
Según ese análisis, la “cartera de incentivos” para las autoridades locales es clave: la financiación y la presión operativa se combinan para ampliar el alcance de la aplicación de la ley migratoria en la región. Esta visión complementa la cobertura tradicional y ofrece una lectura más amplia de las fuerzas que empujan a los municipios a firmar estos pactos.
“La ‘cartera de incentivos’ para las autoridades locales para firmar acuerdos con ICE es una pieza clave del rompecabezas.” — Análisis citado en VisaVerge.com
Posturas oficiales y salvaguardas
En respuesta a las críticas, funcionarios sostienen que la cooperación interagencial:
- Mantiene la seguridad de la población.
- Facilita la lucha contra el crimen transnacional.
Un representante de un departamento de policía de Nuevo Hampshire dijo a la prensa:
“La cooperación interagencial nos da herramientas para actuar de forma más rápida y coordinada ante las amenazas que cruzan nuestras fronteras estatales.”
No obstante, también reconocen la necesidad de equilibrar esa cooperación con salvaguardas para evitar abusos y proteger a quienes pueden verse injustamente afectados.
En Massachusetts, las autoridades del Massachusetts Department of Correction indican que cada acuerdo se evalúa conforme a políticas estatales y criterios de derechos civiles, con mecanismos de revisión que buscan evitar desviaciones en el uso de autoridad migratoria.
Transparencia, supervisión y debates locales
Las autoridades locales insisten en que la implementación de estos acuerdos se realiza dentro de un marco legal que exige transparencia y supervisión. Sin embargo, la preocupación pública sigue centrada en garantizar que la aplicación de la ley no socave el tejido social ni desaliente a las comunidades de colaborar con la policía.
Para las familias afectadas, cada detalle puede marcar la diferencia entre la tranquilidad y la incertidumbre. La discusión continúa en las sedes policiales y en las sesiones de las asambleas municipales, mientras las administraciones evalúan el alcance de estos acuerdos y las mejoras necesarias para proteger a las comunidades vulnerables.
Recursos y vías de ayuda
Para quienes buscan orientación sobre procedimientos y derechos:
- Existen recursos oficiales que explican las funciones y límites de 287(g) en el portal de ICE.
- Hay guías de derechos y procedimientos de reclamación para víctimas de detenciones migratorias.
- Para información legal o asistencia, se puede recurrir a organizaciones y asesoría especializada que ayuden a entender el impacto local y las posibles vías de recurso.
La nota recomienda consultar la cobertura oficial y análisis independientes para contextualizar estas expansiones dentro de un marco presupuestario más amplio, como el informe de VisaVerge.com que discute las implicaciones del fondo presupuestario y su influencia en la cooperación entre ICE y gobiernos locales.
Conclusión: incertidumbres y próximos pasos
La conversación pública se mantiene activa en Nuevo Hampshire y la región, con autoridades que enfatizan que la prioridad es la seguridad de las comunidades y la protección de derechos de las personas que viven y trabajan allí.
- Los próximos meses serán decisivos para evaluar si las alianzas entre ICE y las fuerzas policiales locales logran equilibrar la necesidad de seguridad con la confianza ciudadana.
- También queda por ver si la presión de la agenda migratoria federal erosionará esa confianza con costos sociales y humanos significativos.
Como se ha señalado, el fenómeno no es aislado: es una tendencia que redefine la relación entre la policía local, las comunidades inmigrantes y las autoridades federales en Nuevo Hampshire y más allá. Quedan preguntas abiertas sobre la implementación, los salvaguardas existentes y la capacidad de los sistemas locales para gestionar estas responsabilidades sin vulnerar la confianza comunitaria.
Aprende Hoy
Programa 287(g) → Iniciativa federal que delega funciones de oficiales de inmigración a las fuerzas del orden locales bajo supervisión federal.
ICE → Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia encargada de aplicar las leyes federales de control fronterizo e inmigración.
PROTECT Immigration Act → Propuesta de ley que busca eliminar el programa 287(g) para separar la vigilancia local de la aplicación de leyes federales.
Este Artículo en Resumen
Nuevo Hampshire experimenta una rápida expansión de los acuerdos 287(g), delegando funciones de ICE a la policía local. Con el respaldo de un presupuesto federal de 75 mil millones de dólares, los oficiales pueden identificar y detener a inmigrantes. Los críticos argumentan que esto destruye la confianza comunitaria y contradice las políticas estatales de vigilancia imparcial. En respuesta, se ha presentado la ley PROTECT Immigration Act para poner fin a estas colaboraciones.
— Por VisaVerge.com
