Puntos Clave
- Informe UC Berkeley (28 oct 2025): 1,7 millones de trabajadores extranjeros salieron desde marzo, reduciendo la fuerza laboral en 800.000.
- Los inmigrantes representan 22% de trabajadores de restaurantes; el sector perdió 137.000 empleados inmigrantes en cuatro meses.
- Si continúa la tendencia, las pérdidas podrían llegar a 310.000 este año, provocando cierres, alzas en precios y retrasos en la cadena.
(UNITED STATES) Un informe conjunto de UC Berkeley y One Fair Wage, publicado el 28 de octubre de 2025, advierte que las políticas de deportación masiva están poniendo en riesgo la supervivencia de la industria de restaurantes en Estados Unidos. El estudio, titulado An Industry of Immigrants: Restaurant Industry Impacts of Mass Deportation, describe una caída abrupta de la fuerza laboral extranjera desde marzo de este año que, a su juicio, podría traducirse en cierres de restaurantes, alzas de precios en menús y un efecto dominó en toda la cadena de suministro de alimentos. Las cifras son contundentes: 1,7 millones de trabajadores extranjeros han abandonado o han sido expulsados de Estados Unidos en los últimos meses, lo que se traduce en una caída del 5% de la fuerza laboral nacida en el extranjero y en una contracción general de alrededor de 800 mil trabajadores, la primera gran reducción laboral en años. La relevancia para la economía local y nacional es notable: la industria de la restauración emplea a una proporción significativa de migrantes, y el reportaje advierte que sin estas manos capaces, la red de empleo y servicios vinculados podría deshilacharse.
La investigación subraya que los inmigrantes representan el 22% de todos los trabajadores en restaurantes de Estados Unidos, y llegan a alcanzar cuotas aún más altas en puestos clave: el 46% de los chefs y el 18% del personal de meseros. En ciudades grandes como Nueva York y Washington, D.C., más de la mitad de los trabajadores del sector son extranjeros. Este peso específico se convierte en un indicador de cómo la expulsión o la salida prematura de trabajadores migrantes golpea con fuerza el funcionamiento diario de los comedores, desde la limpieza y la cocina hasta la atención al cliente. En conjunto, el informe registra la salida de aproximadamente 137.000 trabajadores inmigrantes del sector en tan solo cuatro meses, con proyecciones que podrían llegar a 310.000 pérdidas para finales de 2025. En comunidades concretas, el impacto es ya visible: en la ciudad de Nueva York, unas 4.800 personas de origen extranjero dejaron de trabajar en restaurantes desde marzo; la ciudad describe que 60% de su fuerza laboral en restaurantes es nacida en otro país y que uno de cada cinco trabajadores podría carecer de estatus migratorio regular. Chicago reporta la salida de casi 2.300 trabajadores extranjeros, y Washington, D.C., señala una retirada de 800 trabajadores extranjeros que representa prácticamente la caída total de su sector en ese periodo.
El documento señala que estas pérdidas no son solo un problema de empleo; su efecto en la economía local y en la vida diaria de las comunidades salta a otras áreas. Una revisión de literatura de 2024, citada en el informe, concluye que las deportaciones masivas reducen el tamaño de la economía, provocan pérdida de empleo para trabajadores ciudadanos, deprimen salarios y empeoran las finanzas públicas. Los efectos se dejan sentir en cierres de restaurantes, escasez de personal, incremento de precios en menús y una economía que se contrae. En paralelo, señala el informe, existe una dependencia notable de trabajadores inmigrantes dentro del propio sector: más de un tercio de los propietarios de restaurantes son extranjeros, una cifra que contrasta con el 19% en otras industrias. Esta dependencia crea una vulnerabilidad adicional: cuando el flujo de trabajadores se reduce, la estructura de propiedad también se ve afectada, poniendo en riesgo inversiones y proyectos de expansión que alimentan el crecimiento de vecindarios y ciudades.
Más allá de los efectos en empleo y precios, el informe describe un clima de miedo que impulsa a trabajadores, incluso aquellos con estatus regular, a evitar horarios de trabajo o a retirarse de la actividad laboral por precaución. El fenómeno de la “autoexpulsión” emerge como un componente adicional de la crisis: personas que, ante la posibilidad de controles o detenciones, deciden abandonar voluntariamente el lugar de trabajo para reducir exposiciones de riesgo. Este sentimiento de inseguridad trasciende la esfera laboral y llega a la cadena de suministro alimentario, afectando a agricultores, transportistas y proveedores. La consecuencia práctica es una cadena más inestable, con precios que se ajustan a ruidos de oferta y demanda que no están equilibrados, un factor que agrava la presión sobre consumidores y pequeños negocios.
En su análisis, el equipo liderado por Saru Jayaraman, presidenta de One Fair Wage y directora del UC Berkeley Food Labor Research Center, sostiene que cada deportación equivale a un “pink slip” que desarma un negocio de comida en la nación. “La industria depende de los inmigrantes, desde los lavaplatos hasta los chefs y los dueños, y sin ellos, se desploma”, señala. Sus declaraciones, citadas en el informe, resaltan la dimensión humana de una crisis que se ventila, en gran medida, como una discusión de políticas migratorias y seguridad fronteriza. La advertencia es clara: el sector no puede recuperarse ni crecer sin una fuerza laboral migrante estable, y, por ello, reclama cambios de política que protejan a los trabajadores inmigrantes y estabilicen el sector.
El documento también señala un efecto en la oferta y demanda que trasciende el ámbito de los restaurantes. La industria alimentaria, que incluye trabajadores de granjas, conductores y proveedores, reporta disrupciones y aumentos de precios en toda la cadena de suministro de alimentos. En este punto, el informe enfatiza que la crisis no se limita a una región o ciudad específica, sino que exhibe un patrón de impacto que se percibe en ciudades grandes y medianas por igual, con variaciones locales que aún requieren respuesta de políticas públicas y de la industria.
La respuesta de la industria, según el informe, ha sido doble: por un lado, un llamado contundente a los legisladores para que se aprueben reformas que otorguen permisos de trabajo a inmigrantes a largo plazo que trabajan en comida y hospitalidad, y por otro, un reconocimiento de que las herramientas legales actuales no son suficientes para enfrentar la magnitud de la escasez. En paralelo, se observa un destacable esfuerzo de lobbying por parte de propietarios de restaurantes y asociaciones del sector para lograr un sistema que les permita incorporar a trabajadores extranjeros de forma más estable, sin exponer a los negocios a interrupciones recurrentes. En este marco, el informe insta a políticas que protejan a los trabajadores inmigrantes y que, a la vez, garanticen la continuidad de servicios esenciales para las comunidades urbanas y suburbanas.
La situación actual, a fecha de 28 de octubre de 2025, marca un punto de inflexión para el sector. Según el informe, la escasez de mano de obra es tan aguda que se asocia con aumentos en costos operativos y con el cierre de establecimientos, tendencias que ya aparecen de forma visible en distintos mercados. En paralelo, la comunidad empresarial está buscando soluciones legislativas, entre ellas ampliar permisos de trabajo y fortalecer las protecciones para los trabajadores migrantes, para evitar daños económicos mayores que podrían persistir durante el resto del año. Este enfoque, dicen analistas y líderes de la industria, debe ir acompañado de un marco que reconozca la contribución de la fuerza laboral inmigrante en zonas urbanas densas y de alto consumo, donde la restauración funciona como una arteria para el empleo, la economía y la vida social.
La investigación no se limita a describir el daño y la presión: también señala posibles vías para frenar el daño. Entre las recomendaciones se encuentra el establecimiento de un sistema de permisos de trabajo que permita a inmigrantes trabajar de forma legal y continua en el sector de alimentos y hospitalidad, con salvaguardas que eviten la explotación y garanticen condiciones laborales justas. En este sentido, los autores del informe sugieren que un esquema de permisos para trabajadores de temporada o de larga duración podría mitigar el vacío que hoy se ve en cocinas y comedores, permitiendo a los negocios planificar con mayor certidumbre. El reporte cita que, sin medidas de este tipo, el crecimiento económico podría verse comprometido y la seguridad alimentaria de comunidades enteras podría verse amenazada por interrupciones en la cadena de suministro y por la imposibilidad de cubrir puestos críticos, incluso en épocas de mayor demanda turística o de eventos de gran aforo.
Para el responsable del análisis, el impacto de la crisis va más allá de un recorte en el empleo temporal. El informe advierte que el daño podría extenderse a la experiencia del cliente y a la calidad de los servicios, con cocinas que deben improvisar ante la falta de personal capacitado y con equipos que no pueden mantenerse al día con un flujo de clientes sostenido. En palabras de Jayaraman, citadas dentro del informe, la experiencia en restaurantes —desde la atención al cliente hasta la consistencia de la cocina— depende de una red de trabajadores que no puede rehacerse de la noche a la mañana. Este énfasis en el capital humano real refuerza la necesidad de políticas que no solo respondan a la seguridad fronteriza, sino que protejan una industria que, según el documento, es una de las principales fuentes de empleo para comunidades migrantes y un motor de crecimiento económico en ciudades grandes y pequeñas por igual.
El informe señala también un componente de percepción pública que alimenta la presión política. En ciudades como Nueva York, la conversación sobre los costos laborales y la seguridad laboral se mezcla con el temor a perder un sector que históricamente ha dependido de una población diversa para sostener su vitalidad. En este marco, la industria de restaurantes se ve llamada a dialogar con autoridades y con la sociedad civil para delinear rutas hacia una solución que permita la continuidad de servicios esenciales sin renunciar a derechos y protecciones para los trabajadores migrantes. En el análisis, la conexión con el público se sabe que es crucial: cuando las personas entienden que cada puesto de trabajo en un restaurante es más que un empleo, que es parte de la vida de barrios enteros, se fortalece la demanda de políticas que garanticen estabilidad para quienes ya desempeñan un papel fundamental.
Desde el punto de vista práctico, la publicación no abandona la idea de una acción legislativa concreta. El informe cataloga como urgente la expansión de permisos de trabajo para quienes están en la industria de restaurantes y la hostelería, subrayando que la ausencia de una solución de este tipo agrava la vulnerabilidad de los negocios ante eventuales futuras olas de deportaciones. En ese marco, se citan también herramientas administrativas y reformas que respondan a las necesidades del sector sin dejar de proteger a las personas involucradas, con una mirada que abarca desde la generación de oportunidades de empleo para ciudadanos hasta la creación de caminos legales para que los inmigrantes trabajen con seguridad y con derechos. En este sentido, el informe se suma a la conversación pública con una visión de gestión de crisis que implica coordinación entre gobiernos, empleadores y trabajadores para evitar que la industria de restaurantes sufra un colapso mayor.
La cobertura de este tema ha cobrado impulso en distintos frentes mediáticos. Aunque el equipo de UC Berkeley y One Fair Wage señala con claridad el vínculo entre políticas migratorias y la salud de la restauración, también se han escuchado voces que alertan sobre la necesidad de equilibrio entre seguridad y economía. En particular, algunas publicaciones analizan posibles vías para canalizar la demanda de permisos de trabajo hacia un proceso ágil y predecible, que minimice interrupciones para negocios que operan con márgenes estrechos. En este debate, sitios como VisaVerge.com han destacado cómo el marco de políticas migratorias afecta a empleadores y trabajadores, aportando un ángulo práctico para entender las rutas de empleo disponibles para quienes buscan una vida mejor en el país.
A la luz de la evidencia presentada, los responsables del estudio afirman que la industria de restaurantes no puede recuperarse sin una fuerza laboral inmigrante estable y protegida. El informe concluye que el camino hacia la recuperación y el crecimiento exige medidas políticas claras y apoyo a un marco de permisos de trabajo que permita a individuos comprometidos con el sector continuar trabajando sin temor a la expulsión o a la pérdida de ingresos que sostienen a comunidades enteras. En su clausura, el equipo advierte que la crisis no es episódica, sino que podría intensificarse si no se implementan salvaguardas para la mano de obra migrante y si no se refuerza la capacidad de la industria para adaptarse a fluctuaciones de demanda y a cambios en el entorno regulatorio.
Para quienes trabajan en defensa de los derechos de los migrantes y para propietarios de restaurantes por igual, la llamada es a un cambio de política que proteja a las personas y, al mismo tiempo, asegure la continuidad de un sector que representa una ruta de empleo para miles de familias y un motor de la economía local. En ese marco, la dirección del UC Berkeley Food Labor Research Center y de One Fair Wage emiten un recordatorio claro: la deportación masiva no es una cuestión meramente humana o de derechos laborales, sino un factor decisivo para la viabilidad de negocios que definen el paisaje urbano y rural de Estados Unidos. Y, mientras la conversación continúa, el mensaje al público se mantiene directo: si se quiere evitar un colapso de la industria de restaurantes, es imprescindible avanzar hacia políticas que reconozcan y protejan a quienes forman el corazón de estas cocinas y comedores.
Para aquellos que deseen información práctica, existen recursos oficiales que orientan sobre permisos de trabajo y procesos de estatus migratorio vigente. Las autoridades federales ofrecen guías y formularios para gestionar estatus migratorio y autorización de empleo, disponibles en sitios oficiales como USCIS y a través de formularios específicos como Form I-485 para ciertos procesos de ajuste de estatus. En la conversación pública, estas herramientas se presentan como piezas necesarias para enfrentar la actual crisis laboral y sostener a comunidades enteras que se sostienen gracias a la industria de restaurantes. Aun así, el consenso entre expertos y defensores es claro: sin una reforma integral que facilite la permanencia y el trabajo de inmigrantes en el sector, la industria corre el riesgo de seguir viendo cómo la demanda de empleo y, con ello, el pulso de miles de negocios se deshilacha ante la mirada de una economía que ya siente el peso de costos y cambios en el consumo.
El informe, cuyos hallazgos se agrupan bajo la etiqueta de un “sistema de empleo sostenible para la comida y la hospitalidad”, sugiere que el camino hacia la estabilidad debe incorporar una combinación de permisos de trabajo, protecciones laborales y un marco de políticas que facilite la planificación de negocios a corto y mediano plazo. En este contexto, la industria de restaurantes emerge como una comunidad que, más allá de los puestos de trabajo, sostiene redes de apoyo y oportunidades para familias que a menudo llegan a estas ciudades con sueños de mejora. La crisis, por tanto, no es solo una estadística; es una realidad diaria que toca la experiencia de quienes cocinan, atienden y dirigen, así como las vidas de quienes dependen de un servicio fiable para comer y socializar.
El informe de UC Berkeley y One Fair Wage, que se presentó en un momento en que la economía estadounidense ya enfrentaba múltiples retos, insiste en que la recuperación del sector depende de una acción política decidida. Si la pérdida de trabajadores extranjeros continúa al ritmo marcado, las proyecciones apuntan a semanas y meses de presión adicional para negocios que ya operan con márgenes muy ajustados y con un calendario de eventos y temporadas que no puede permitirse perder puestos clave. En resumen, la advertencia es seria: sin políticas que protejan a la mano de obra migrante y sin soluciones de permisos de trabajo estables, el ecosistema de la restauración podría retroceder de forma significativa, afectando no solo a los trabajadores inmigrantes, sino a comunidades enteras que confían en estos establecimientos para empleo, servicios y convivencia. Y mientras el debate continúa, las cifras y testimonios de trabajadores, propietarios y expertos dejan claro que la industria de restaurantes depende, como nunca antes, de una respuesta pública rápida y efectiva que reconozca su papel central en la economía y la vida cotidiana americanas.
Aprende Hoy
deportación masiva → Expulsión coordinada y a gran escala de no ciudadanos del país por parte de autoridades migratorias.
trabajador nacido en el extranjero → Persona empleada en EE. UU. que nació en otro país y contribuye a la fuerza laboral local.
One Fair Wage → Organización que aboga por salarios justos y mejores condiciones para trabajadores del sector servicios.
UC Berkeley Food Labor Research Center → Centro de investigación que estudia las condiciones laborales y políticas en la industria alimentaria y de hospitalidad.
autoexpulsión → Salida voluntaria o retiro del mercado laboral por parte de migrantes debido al miedo a redadas o detenciones.
permiso de trabajo → Autorización legal que permite a una persona no ciudadana trabajar en Estados Unidos.
cadena de suministro → Red de productores, procesadores, transportistas y distribuidores que llevan alimentos del campo al consumidor.
estudio SSRN 2024 → Revisión académica citada que relaciona las deportaciones masivas con contracción económica y pérdida de empleo.
Este Artículo en Resumen
El informe de UC Berkeley y One Fair Wage, publicado el 28 de octubre de 2025, muestra que desde marzo 1,7 millones de trabajadores extranjeros han dejado Estados Unidos, reduciendo la fuerza laboral extranjera en 5% y la fuerza laboral total en cerca de 800.000 personas. En la restauración, los inmigrantes representan el 22% de la plantilla y el 46% de los chefs; el sector perdió unos 137.000 trabajadores extranjeros en cuatro meses. Si la tendencia persiste, las pérdidas podrían llegar a 310.000 a fin de año, provocando cierres, reducción de menús y aumentos de precios. El estudio documenta efectos en toda la cadena alimentaria y describe también la ‘‘autoexpulsión’’ por miedo. Los autores piden a Congreso permisos de trabajo para estabilizar el empleo en comida y hospitalidad y evitar un daño económico mayor.
— Por VisaVerge.com
