Puntos Clave
- La Junta del Condado de Alameda debate prohibir que ICE use propiedades del condado para detenciones o interrogatorios.
- Desde 2017 el condado recibió más de 9.3 millones de dólares por SCAAP, que exige compartir datos carcelarios.
- La sheriff Yesenia Sanchez afirma una política de ‘cero contacto’: no recolectar ni compartir estatus migratorio.
(ALAMEDA COUNTY, CALIFORNIA) El condado de Alameda avanza hacia la creación de zonas libres de ICE, un movimiento que busca prohibir que autoridades federales de inmigración utilicen instalaciones del condado para acciones de enforcement, como detenciones, interrogatorios o vigilancia. La propuesta llega en un momento de intensificación de la presión federal, tras la segunda gestión de la administración de Trump, y se enmarca en un esfuerzo claro por reforzar protecciones para los inmigrantes que residen en el condado, pese a que Alameda County mantiene políticas de santuario que limitan la cooperación con ICE. A la fecha del 7 de noviembre de 2025, la Junta de Supervisores está debatiendo activamente la medida, que ha ganado tracción ante preocupaciones persistentes sobre el uso de datos y la cooperación indirecta con ICE, incluso cuando el condado insiste en sus políticas de santuario.
La esencia de la propuesta es contundente: las zonas libres de ICE impedirían que las autoridades federales de inmigración hagan uso de instalaciones propiedad o controladas por el condado para operaciones de detención o vigilancia. Entre los ejemplos mencionados figurarían cárceles, oficinas o cualquier otro inmueble del condado. En esa línea, el objetivo declarado es reforzar la seguridad de las comunidades al cortar cualquier posibilidad de que recursos del condado sirvan de puente a las acciones de ICE, especialmente en un contexto en el que el condado ha insistido en políticas de santuario y ha buscado limitar la exposición de residentes a la vigilancia federal.
Las discusiones actuales en la Junta de Supervisores se producen en un marco ya cargado de tensiones entre lo que se considera un compromiso local con la protección de derechos de los inmigrantes y la realidad de la cooperación con el sistema federal. Aunque Alameda County no practica la cooperación en tiempo real con ICE, existen preocupaciones sobre la participación en el programa SCAAP (State Criminal Alien Assistance Program), por el que el condado ha recibido fondos para la detención de inmigrantes indocumentados condenados por ciertos crímenes. Fuentes oficiales señalan que, si bien la oficina del sheriff afirma que no recoge ni comparte el estatus migratorio durante encuentros con el público o con personas encarceladas, el programa SCAAP implica compartir información como lugar de nacimiento y detalles de condenas con un contratista externo, para luego ser reportada a autoridades federales. Este es un punto central para aquellos que defienden que existen vínculos inconscientes o no deliberados que facilitan la cooperación con ICE, incluso cuando la retórica oficial se presenta como una desconexión.
Entre las declaraciones públicas más citadas durante la deliberación se encuentra la de la sheriff Yesenia Sanchez, quien dijo en una reunión de la junta en febrero de 2025:
“We don’t communicate with ICE. We are not sharing information. We are not collecting information related to any type of documentation status.”
Su oficina agregó luego que
“The Alameda County Sheriff’s Office does not request or collect immigration status during any encounter with the public, including interactions with our incarcerated population.”
Estas palabras han sido utilizadas por defensores como prueba de que, desde la perspectiva oficial, no hay recopilación de estatus migratorio en situaciones cotidianas o en el manejo de detenidos. No obstante, los críticos sostienen que la realidad de SCAAP y de prácticas de datos podría crear incentivos para mantener cierta colaboración indirecta con ICE, incluso si no hay contactos directos.
En el marco del debate, la supervisora Nikki Fortunato Bas, presidenta del nuevo Comité Ad hoc de la junta, enfatizó la seriedad de las cuestiones de privacidad y seguridad para toda la comunidad:
“I take the issues of data privacy and the safety of all our community members very seriously,”
y subrayó que se están llevando a cabo revisiones de los datos y prácticas de privacidad del condado para limitar el acceso de ICE. Estas declaraciones se han citado como parte de un esfuerzo por aumentar la transparencia y consolidar una defensa de la privacidad de los residentes, particularmente de aquellos que podrían verse afectados por acciones federales. Los mensajes de Bas han sido interpretados por parte de la oposición como una señal de que la administración busca una cobertura legal y técnica que cierre cualquier resquicio por donde ICE pudiera obtener información sensible, incluso sin una cooperación explícita.
Las voces de la academia y del activismo también han tenido un lugar destacado en el debate. Peter Mancina, investigador centrado en políticas de santuario, afirmó que
“The critical issue is creating a funding stream that is specifically tied to immigration enforcement… It maintains this relationship of interdependence”
entre la policía local y ICE. Su análisis subraya una preocupación de fondo: que la financiación estatal o local, vinculada de alguna manera a la detención de personas indocumentadas, arraiga una relación que podría dificultar la plena aplicación de políticas de santuario. En términos prácticos, Mancina apunta a que, aun con intenciones reformistas, la estructura de financiamiento podría perpetuar incentivos para que ciertas acciones policiales terminen dependiendo de la cooperación con el gobierno federal.
La abogada Lena Graber, de Immigrant Legal Resource Center, fue más explícita sobre la estructura de incentivos:
“It has always been a concern that the incentives behind SCAAP are bad. Even if it is pennies on the dollar, it creates an incentive to incarcerate people who are not citizens.”
Estas palabras destacan una preocupación constante de las organizaciones de derechos de los inmigrantes: la relación entre financiamiento y decisiones de enforcement puede crear líneas de tentación para ampliar o sostener prácticas que, de otro modo, se justificarían por razones de seguridad pública.
En el plano de antecedentes, Alameda County ha participado históricamente en SCAAP y ha recibido más de 9.3 millones de dólares desde 2017 por la detención de inmigrantes indocumentados condenados por determinados crímenes. Aunque la oficina del sheriff afirma no recolectar ni compartir estatus migratorio, el programa exige compartir información como el lugar de nacimiento y detalles de condenas con un contratista externo, que luego reporta a autoridades federales. Este último detalle alimenta el debate sobre la posibilidad de que, pese a una retórica de “cero contacto”, existan cruces de datos que podrían servir para la cooperación con ICE en un nivel más amplio de vigilancia y control.
El contraste con prácticas pasadas también es notable. En años recientes, el ex sheriff Greg Ahern fue objeto de críticas por colaborar con ICE, incluso notificando a agentes federales sobre momentos de liberación de detenidos indocumentados. En ese contexto, la llegada de la sheriff Yesenia Sanchez, elegida en medio de una plataforma de reforma, se ha presentado como un giro hacia una política de “zero contact” con ICE. Este giro ha alimentado la esperanza entre defensores de inmigrantes de que Alameda County pueda consolidar una frontera más clara entre las funciones de seguridad local y la autoridad migratoria federal, algo que las zonas libres de ICE intentarían formalizar de manera más explícita.
Aun así, la discusión no se reduce a la retórica de los líderes. El debate público ha contado con la participación de comunidades inmigrantes y grupos de defensa que señalan que la cooperación institucional en la práctica puede extenderse más de lo que parece a simple vista. Los defensores argumentan que el financiamiento y la data-sharing, incluso con límites aparentes, pueden exponer a personas a medidas de control y vigilancia que, en casos de detención o deportación, desestabilizan familias y comunidades enteras. En ese sentido, el argumento a favor de las zonas libres de ICE se sostiene sobre la idea de que el condado debe garantizar que sus recursos no se utilicen, de manera alguna, para facilitar la ejecución de órdenes migratorias a nivel federal, además de impedir la creación de un clima de miedo que afecte la vida cotidiana de cientos, si no miles, de residentes.
La ruta a seguir para la Junta de Supervisores parece clara para los defensores de políticas de santuario: continuar con las deliberaciones y avanzar hacia una votación formal para establecer las zonas libres de ICE y, en paralelo, ampliar y endurecer las limitaciones a cualquier cooperación o intercambio de datos con las autoridades migratorias federales. Según las evaluaciones citadas, la comisión Ad hoc está llevando a cabo una revisión minuciosa de la retención de datos y de las políticas de privacidad para identificar y cerrar posibles vacíos que podrían exponer a residentes a medidas de enforcement. El objetivo final, dicen, es un marco que no solo prohíba la presencia de ICE en instalaciones del condado, sino que también garantice que el data-sharing con entidades federales no se traduzca en facilidades para la detención de personas por motivos de estatus migratorio.
La dimensión humana, aunque no se haya traducido todavía en casos individuales citados en las fuentes, aparece como motor central de la narrativa. Los defensores sostienen que la creación de zonas libres de ICE no es sólo una cuestión de cumplimiento legal, sino un acto de protección comunitaria: un intento por reducir el miedo en las comunidades, evitar que familias sean separadas y evitar que recursos públicos sean absorbidos por fines de aplicación migratoria en lugar de seguridad pública general. En ese sentido, las políticas de santuario del condado buscan no solo limitar la cooperación, sino también garantizar que los residentes no sean objeto de vigilancia basada en una etiqueta migratoria, un principio que, según los defensores, debe regir cualquier uso de la data pública y de las instalaciones gubernamentales.
En cuanto a la cobertura mediática y la percepción pública, la narrativa de Alameda County muestra una tensión entre afirmaciones oficiales de no recogida de datos migratorios y la realidad de un sistema de financiamiento que indirectamente vincula al condado con ICE. Este saldo, entre promesas de “cero contactos” y mecanismos de financiación vinculados a acciones migratorias, acorta la distancia entre las aspiraciones legales y la complejidad operativa de la policía local y las instituciones carcelarias ante un marco de políticas migratorias nacionales que siguen evolucionando.
Hasta este momento, el board de supervisores no ha anunciado una fecha definitiva para una votación formal, pero las partes interesadas señalan que el debate va camino a una definición sustantiva. Las autoridades esperan que, en el transcurso de las próximas semanas y meses, se consolidarán las resoluciones necesarias para aclarar de forma definitiva el estatus de las zonas libres de ICE y la magnitud de la limitación de cualquier contacto con autoridades federales. Esas decisiones podrían sentar un precedente para otros condados en California y en el país, que observan con atención si las políticas de santuario pueden fortalecerse mediante marcos legales locales, sin perder de vista la seguridad pública y la protección de derechos humanos.
Desde la óptica de la población local, las zonas libres de ICE podrían traducirse en una vida comunitaria con menos miedo a las visitas de autoridades migratorias, menos preocupaciones sobre el uso de instalaciones públicas para fines federales y una mayor claridad sobre qué información puede ser compartida entre agencias. Sin embargo, para que ese cambio sea efectivo, la Junta de Supervisores deberá consolidar un conjunto de normas que garanticen no solo la prohibición formal de uso de recursos del condado para acciones de ICE, sino también una revisión exhaustiva de prácticas de datos y de retención de información. En ese marco, las críticas que advierten sobre incentivos que podrían, aun sin intención, favorecer decisiones en favor de la detención de personas no ciudadanas siguen siendo parte importante del debate público.
Los defensores de las zonas libres de ICE sostienen que la medida no solo busca proteger a individuos, sino también a familias enteras que, de otro modo, podrían verse forzadas a vivir con el peso de una vigilancia constante o de la posibilidad de detenciones en instalaciones que son parte de la vida diaria de la comunidad. En ese sentido, la propuesta es, para muchos, un paso clave para convertir a Alameda County en un referente de políticas de santuario pragmáticas y sostenibles a nivel local, que logren equilibrar la seguridad pública con la dignidad y la protección de derechos humanos de los inmigrantes, quienes forman parte intrínseca de la vida económica, social y cultural del condado.
Para aquellos interesados en el marco legal y en los próximos movimientos del comité, la información pública disponible sugiere que la Junta de Supervisores continuará discutiendo la cuestión y que las organizaciones de derechos de los inmigrantes y las comunidades afectadas estarán observando cada paso con atención. Las crónicas de la ciudad, las voces de las comunidades afectadas y las evaluaciones técnicas de privacidad siguen formando un mosaico que podría llevar a un cambio significativo en cómo se gestiona la interacción entre las autoridades locales y el sistema migratorio federal.
El impulso hacia las zonas libres de ICE no surge en un vacío. Se enmarca en un debate nacional sobre el alcance de la soberanía local frente a las políticas migratorias federales y la necesidad de proteger a comunidades vulnerables ante prácticas que, desde la perspectiva de los defensores, tienen un efecto disuasorio y, a veces, punitivo para personas que ya viven en un país que consideran hogar. Las próximas semanas y meses serán decisivas para determinar si Alameda County podrá traducir su visión de santuario en una norma operativa que limite de forma explícita cualquier forma de cooperación o cooperación indirecta con ICE, y si el condado podrá consolidar zonas libres de ICE de manera que sirva de modelo para otros territorios que buscan un equilibrio entre seguridad y derechos humanos.
Para aquellos que deseen profundizar en el debate o seguir las resoluciones propuestas, se mantiene la invitación a revisar las actas de las reuniones y a estar atentos a las actualizaciones oficiales de la Junta de Supervisores. En un momento en el que la conversación sobre políticas de santuario y zonas libres de ICE cobra cada vez más relevancia, Alameda County parece avanzar hacia una definición más clara de su postura frente a la cooperación con las autoridades migratorias federales, una definición que podría, como señalan los defensores, enseñar al país cómo preservar la seguridad pública sin perder de vista la dignidad y la protección de los derechos de los residentes inmigrantes.
Para quienes buscan contexto adicional o documentos oficiales, el condado continúa articulando estas ideas ante un público que observa con interés. En paralelo, la discusión continúa centrada en el objetivo explícito de evitar que las instalaciones públicas se utilicen para acciones de ICE, un paso que muchos ven como una afirmación de la autonomía local en asuntos de derechos humanos y seguridad. En definitiva, la pregunta que permanece abierta es si estas propuestas daremos como resultado una práctica cotidiana donde la gente pueda vivir sin el temor constante a la intervención de autoridades migratorias en su día a día, o si el camino hacia una implementación completa requerirá años de ajustes, supervisión y ajustes legales para equilibrar las obligaciones de seguridad con las promesas de protección a las comunidades más vulnerables.
Para aquellos que deseen monitorizar el desarrollo de esta historia, las fuentes señalan que el debate continuará y que habrá nuevas oportunidades para que la comunidad, las organizaciones sin fines de lucro y las voces académicas aporten a un marco que muchos esperan que sea un ejemplo de cómo una jurisdicción local puede reconducir sus políticas de santuario hacia un modelo más robusto de zonas libres de ICE, manteniendo la seguridad y, sobre todo, la dignidad de las personas que viven, trabajan y crían a sus familias en el Condado de Alameda. En esta coyuntura, las palabras de las autoridades y los defensores no solo describen una política pública, sino que también delinean un paisaje humano al que las palabras, las decisiones y las acciones darán forma en los meses venideros, con un impacto directo en las vidas de aquellos que forman la columna vertebral de la diversidad y la vitalidad de Alameda County.
Para mayor información oficial sobre las políticas migratorias y las acciones de las agencias, se sugiere consultar las páginas oficiales de las agencias federales y estatales. En particular, el sitio de U.S. Immigration and Customs Enforcement ofrece una visión general de su marco de acción y de sus relaciones con las autoridades locales, mientras que los responsables del condado de Alameda siguen publicando actualizaciones sobre el estado de la propuesta de zonas libres de ICE y las medidas de protección de datos y privacidad. ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement
Aprende Hoy
ICE → Agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., responsable de la aplicación de las leyes migratorias.
SCAAP → State Criminal Alien Assistance Program, programa federal que reembolsa costos carcelarios y requiere reportes de datos a autoridades federales.
Zona libre de ICE → Política local que prohíbe el uso de instalaciones o recursos del condado para acciones de enforcement migratorio.
Política de cero contacto → Postura de la policía local de no recopilar ni compartir información sobre el estatus migratorio de las personas.
Este Artículo en Resumen
La Junta de Supervisores del Condado de Alameda debate establecer zonas libres de ICE para prohibir que agentes federales usen propiedades y sistemas del condado en acciones migratorias. La propuesta busca reforzar las políticas de santuario y cerrar huecos técnicos y contractuales, especialmente por la participación en SCAAP —más de 9.3 millones recibidos desde 2017— que obliga a transferir datos carcelarios. Defensores piden una votación formal, auditorías de datos, capacitación y reglas legales para proteger a la comunidad inmigrante.
— Por VisaVerge.com
