Agencias policiales de Arizona, antes punteras en inmigración, ahora evitan la tarea

Puntos Clave

1. En octubre de 2025 solo nueve de al menos 106 agencias en Arizona cooperan con ICE en 287(g).
2. La mayoría de los acuerdos 287(g) se limitan a revisiones en cárceles tras el arresto, no a patrullas.
3. La gobernadora Katie Hobbs vetó en 2025 un proyecto que habría obligado mayor participación local en 287(g).

En 2025, la imagen de la aplicación de la ley migratoria en Arizona ha cambiado notablemente desde la época de mayor fricción pública durante la década de 2010. Las agencias policiales locales, que alguna vez lideraron de forma controvertida la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hoy en día evitan activamente involucrarse en la ejecución de políticas migratorias a nivel local. Este giro no se debe a una única decisión, sino a una combinación de precedentes legales, preocupaciones comunitarias y cambios en la gobernanza que han llevado a una reconfiguración del papel local en torno a programas como 287(g) y a la influencia de SB 1070.

Contexto y antecedentes: de SB 1070 a la moderación operativa

SB 1070, firma de 2010, marcó un punto de inflexión en la relación entre la ley estatal y la autoridad migratoria federal. En su momento, el texto exigía a las autoridades estatales y locales atender asuntos relacionados con la inmigración cuando existía una sospecha razonable de que una persona estaba ilegalmente en el país. Esta postura generó protestas a nivel nacional y demandas legales que culminaron, en 2012, con la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que dejó vigente solo la disposición de “muéstrame tus papeles” (Sección 2(B)) para permitir —pero no exigir— que las autoridades consulten el estatus migratorio durante paradas legales.

La experiencia de la Maricopa County Sheriff’s Office, bajo el mandato de Sheriff Joe Arpaio, es un capítulo decisivo en este periodo. Las prácticas de fiscalización migratoria fueron ampliamente cuestionadas y llegaron a ser consideradas por tribunales federales como violaciones a derechos civiles, conduciendo a la suspensión de acuerdos 287(g) en 2011 y a una supervisión continua por parte de tribunales federales. Este episodio dejó una huella duradera y, en gran medida, sirvió de lección sobre los límites legales y las repercusiones en la confianza de la comunidad.

Cambio de década y reconfiguración operativa

Entre 2015 y 2025 se consolidó en Arizona una tendencia de distanciamiento de la labor de ejecución migratoria a nivel local. Para octubre de 2025, las cifras disponibles señalan que solo nueve de al menos 106 agencias de aplicación de la ley en el estado mantienen acuerdos para cooperar con ICE en la detención de personas en materia migratoria.

Incluso dentro de ese reducido grupo, la mayor parte de la participación se limita a la intervención en cárceles, o “prisión policial”, donde los agentes federales pueden revisar detenidos y emitir detainers; la policía de calle no realiza operativos proactivos de inmigración de forma habitual.

La novedad de 2025 es que apenas cuatro agencias se adhirieron al programa 287(g) desde enero de ese año, frente a la tendencia previa de expansión observada en otros momentos. En la práctica, la cooperación en seguridad ciudadana relacionada con la inmigración se ha reducido a escenarios en que ya existen procesos penales o investigaciones en curso, sin que el enfoque de seguridad pública dependa de la persecución de migración en la vía pública.

El único nuevo acuerdo de “tarea” en 2025 es con la Oficina del Fiscal del condado de Pinal. Este acuerdo, sin embargo, ha aclarado explícitamente que no participará en redadas de inmigración ni en operativos proactivos; su alcance se circunscribe a casos que surjan en el curso de otras investigaciones. Este modelo ilustra una visión más cautelosa y centrada en el crimen común y la seguridad comunitaria, sin convertir a la policía local en agencias de migración.

Razones que explican la retirada

• Cuestiones legales y constitucionales: Las autoridades citan el riesgo de violaciones a derechos civiles y de costos judiciales, recordando el precedente de Maricopa County y las limitaciones de autoridad local en materia migratoria. La claridad legal a nivel federal ha reducido la aparente legitimidad de acciones locales que pudieran desviarse de las funciones policiales tradicionales.
• Confianza comunitaria: Los líderes policiales de Phoenix y Pima County destacan que la participación en la aplicación de la inmigración erosiona la confianza entre las comunidades, especialmente entre residentes migrantes y vecinos que temen a las represalias o a la detención arbitraria. Encuestas y debates públicos recientes muestran que la cooperación policial con ICE en temas migratorios puede dificultar la denuncia de delitos y la cooperación vecinal.
• Cambios políticos y de política pública: En 2025, una iniciativa impulsada por una mayoría en la legislatura estatal buscó ampliar la participación en programas de ICE. Sin embargo, la gobernadora Katie Hobbs vetó esa medida, asegurando que la discreción local permanezca en manos de las autoridades municipales y de los condados. Este veto refuerza la narrativa de que la seguridad pública local debe basarse en el cumplimiento de la ley penal general, no en la ejecución de políticas migratorias de alcance federal.

Práctica actual en el terreno: lo que ocurre en las calles y en las cárceles

• Participación proactiva en 287(g): El acuerdo activo de 287(g) en Arizona es limitado y está muy reducido en 2025. La norma vigente sugiere que la cooperación con ICE para detenciones migratorias en las calles es poco frecuente y que las agencias que permanecen en este programa lo hacen dentro de marcos muy restringidos.
• En cárceles y detenciones: La cooperación tiende a centrarse en el filtro de inmigración durante procesos de encarcelamiento, lo que implica un papel de revisión más que de intervención proactiva. Esto reduce la exposición de las comunidades a incidentes de perfiles o detenciones basadas en la apariencia.
• Jurisdicciones cercanas a la frontera: Incluso en condados limítrofes con México, funcionarios y sheriffs han expresado que la migración es una responsabilidad federal y que la acción local debe centrarse en delitos y seguridad comunitaria.
• Contexto de gobernanza estatal: La decisión de participar o no en funciones migratorias corresponde a las autoridades locales y a la discreción de cada condado y ciudad, evitando directrices centrales que obliguen a la actuación proactiva.

Enfoques y perspectivas de actores clave

• Líderes policiales: Priorizar la seguridad de la gente y la eficacia en la investigación de crímenes. Al reducir la incidencia de trabajo migratorio, se busca evitar conflictos que podrían erosionar la cooperación ciudadana.
• Grupos de derechos civiles: Señalan que la vigilancia migratoria a través de agentes locales puede crear un clima de miedo, disuadir a las personas de acudir a la policía y afectar la seguridad de toda la comunidad.
• Expertos legales: Juristas y académicos indican que la experiencia de Arizona ofrece lecciones para otros estados: las dinámicas entre seguridad pública, libertades civiles y limitaciones de la autoridad local requieren un enfoque balanceado.
• Perspectivas políticas: Aunque hay debate público sobre si la cooperación local con ICE debe expandirse, el marco actual favorece mantener la decisión a nivel local para adaptar respuestas según contextos específicos.

Implicaciones para comunidades, inmigrantes y autoridades

• Seguridad y confianza: Al centrarse en delitos y seguridad cotidiana, las agencias pueden mejorar la cooperación vecinal, aumentar la denuncia de crímenes y fortalecer la confianza en la policía.
• Derechos civiles y protección: El resurgimiento de la vigilancia migratoria a nivel local podría intensificar litigios y tensiones. Mantener límites claros y supervisión ayuda a evitar abusos.
• Eficacia de la ley: Limitar la participación proactiva en acciones migratorias permite concentrarse en delitos que afectan la seguridad pública, como crímenes violentos, tráfico de drogas y corrupción.
• Relación con la frontera y migración: Aunque Arizona comparte frontera extensa con México, la acción local es un componente limitado de la respuesta migratoria; las políticas federales siguen siendo las responsables de la mayoría de las operaciones.

Perspectivas de política pública y líneas de análisis estratégico

• Preservar la confianza comunitaria: La seguridad pública no puede depender de una frontera difusa entre cumplimiento penal y migración. Priorizar la confianza facilita la denuncia y la cooperación con investigaciones.
• Coordinación interinstitucional: La cooperación con ICE en entornos controlados, como cárceles, continúa como vía técnica para asegurar la seguridad nacional sin comprometer la confianza local.
• Contexto legal y supervisión judicial: Las iniciativas locales deben ser compatibles con límites constitucionales y salvaguardar derechos civiles; la vigilancia judicial es una guía para evitar errores costosos.
• Coyuntura política: La resistencia a una imposición de política migratoria desde el estado, combinada con un veto en 2025, refuerza la arquitectura de control local.

Impacto humano y casos concretos

• Testimonios de comunidades: Vecinos que vivían con miedo a la detención muestran por qué las autoridades han priorizado construir puentes con las comunidades. La reducción de operativos proactivos ha llevado a mayor disposición de residentes a denunciar delitos.
• Casos prácticos de aplicación: En ciudades donde las operaciones se limitan a situaciones de encarcelamiento, las investigaciones criminales avanzan sin necesidad de intervención migratoria, facilitando la cooperación entre víctimas, testigos y policías.
• Impacto en familias y trabajadores: Familias con estatus mixto se benefician de un entorno que prioriza la seguridad comunitaria sin convertir la migración en eje de intervención policial, mejorando la estabilidad económica y social.

Análisis práctico para lectores y actores migratorios

1. Para quienes buscan información oficial:
   • Acudir a fuentes gubernamentales para entender el marco actual.
   • El programa 287(g) es explicado y actualizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que proporciona guías y requisitos para la participación de autoridades locales.
2. Para empleadores y familias:
   • La reducción de la participación local en inmigración no cambia las responsabilidades federales.
   • Se mantienen las normas migratorias federales y las protecciones de derechos civiles.
3. Para comunidades y activistas:
   • Esta reorientación es una oportunidad para abogar por políticas que prioricen la seguridad integral y la protección de derechos.
   • Mantener diálogo entre policía, residentes y organizaciones fortalece la resiliencia comunitaria.

Contexto internacional y comparaciones

• En otras jurisdicciones, la tensión entre seguridad local y migración ha generado debates parecidos. Arizona se ha convertido en referente sobre cómo alejarse de una postura de ejecución migratoria basada en la cooperación policial y centrarse en la misión de seguridad pública.
• Las lecciones son relevantes para otros estados que enfrentan presiones políticas y litigios: el distanciamiento podría servir como guía para evitar errores del pasado, como la estigmatización de comunidades y la erosión de la cooperación de víctimas y testigos.

Conclusión: una trayectoria de moderación, no de retirada

En octubre de 2025, el panorama sugiere que la mayoría de las agencias policiales de Arizona han dejado atrás el papel de vanguardia en la aplicación local de la inmigración. Aunque la cooperación con ICE no ha desaparecido por completo, se ha reducido a marcos de trabajo que priorizan la seguridad pública, el debido proceso y la confianza comunitaria.

Este cambio refleja un reconocimiento de que la seguridad real no se logra con intervenciones migratorias proactivas, sino con estrategias que fortalecen la cooperación entre ciudadanos, comunidades y autoridades responsables. Arizona dibuja un marco que favorece la separación clara entre funciones policiales y políticas migratorias, al tiempo que reconoce la necesidad de respuestas federales para cuestiones que trascienden las fronteras estatales.

En balance, Arizona parece haber encontrado un camino que prioriza la seguridad y la dignidad de las personas, evitando los abusos del pasado mientras mantiene la capacidad de responder a los desafíos de seguridad pública de hoy.

Notas de contexto y recursos para lectores

• Para información oficial sobre el programa 287(g) y su estatus, consulte las páginas oficiales del DHS y ICE, que explican cómo funciona la cooperación entre autoridades locales y autoridades federales en materia migratoria.
• En el marco de SB 1070 y su evolución, es útil revisar los antecedentes legales y las decisiones judiciales que han modelado la política migratoria local en Arizona y su impacto en los derechos civiles.
• Para análisis independiente y comparativo, data de referencia como VisaVerge.com ofrece perspectivas y análisis sobre tendencias en migración y políticas de seguridad interior que pueden contextualizar la evolución en Arizona.

Referencias y fuentes oficiales

• Según análisis por VisaVerge.com, la dinámica de cooperación entre agencias locales y ICE ha cambiado significativamente en la última década, con una reducción en la participación proactiva en operativos migratorios y un mayor énfasis en la seguridad pública y la vigilancia en cárceles.
• Documentos oficiales que describen la estructura y el alcance del programa 287(g) pueden consultarse en las páginas de ICE y DHS, que detallan requisitos, salvaguardas y el marco de supervisión federal.
• Para información jurídica y antecedentes sobre SB 1070, las decisiones de la Suprema Corte y las discusiones políticas, se recomienda revisar material histórico de tribunales y archivos estatales que documentan el desarrollo de la legislación y su impacto en Arizona.

Nota final para lectores: este artículo presenta un panorama de progreso pragmático en Arizona, enfatizando que la seguridad pública y la protección de derechos pueden coexistir. La experiencia local ofrece un marco para entender cómo las comunidades pueden navegar los desafíos de seguridad sin sacrificar libertades civiles, y cómo los acuerdos entre autoridades locales y federales deben mantener claro el límite entre funciones policiales y políticas migratorias. Este equilibrio es crucial para construir ciudades más seguras y más justas para todos sus habitantes.

Aprende Hoy

287(g) → Programa federal que permite a oficiales locales capacitados realizar ciertas funciones de inmigración en colaboración con ICE.
SB 1070 → Ley de Arizona de 2010 que exigía, en ciertos casos, verificar el estatus migratorio; la Corte Suprema dejó vigente la Sección 2(B) en 2012.
detainer (orden de retención) → Solicitud de ICE para que una cárcel local retenga a una persona para su posible transferencia a autoridades migratorias federales.
modelo de cárcel → Acuerdo 287(g) en que las revisiones migratorias se hacen después de la detención y el ingreso en prisión local.
modelo de unidad/tarea → Acuerdo 287(g) en que oficiales locales actúan en la comunidad con potestad para detenciones migratorias.
primacía federal → Principio jurídico que establece la autoridad principal del gobierno federal sobre la inmigración.
Sección 2(B) → Parte de SB 1070 permitida por la Corte, que autoriza, pero no obliga, a chequear estatus en paradas legales.

Este Artículo en Resumen

En 2025 Arizona registra una retirada significativa de la aplicación migratoria local. Solo nueve de al menos 106 agencias mantienen vínculos con ICE, y la mayoría limitan su cooperación al cribado en cárceles tras el arresto, evitando patrullas o tareas comunitarias. Los departamentos citan riesgos legales, costos por demandas de derechos civiles, cargas de capacitación y la necesidad de proteger la confianza de comunidades inmigrantes, especialmente tras los fallos judiciales y supervisión federal que siguieron al caso Maricopa. Un intento legislativo de obligar la participación fue vetado por la gobernadora Katie Hobbs, preservando la discreción local. La práctica prevalente prioriza la seguridad pública y el debido proceso, mientras que la responsabilidad principal de la inmigración sigue siendo federal.
— Por VisaVerge.com