Puntos Clave
- El fiscal de Alabama, Steve Marshall, se unió al escrito ante la Corte Suprema el 27 de octubre de 2025.
- La orden del 20 de enero de 2025 buscaba negar ciudadanía por nacimiento a hijos de padres no ciudadanos ni residentes legales desde 19 de febrero de 2025.
- Los estados citan hasta 250,000 nacimientos anuales atribuibles a padres sin estatus legal, alrededor del 7% del total.
(UNITED STATES) En una maniobra legal que subraya la fractura en el debate sobre la ciudadanía de nacimiento, el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, se unió a una coalición de 24 estados para respaldar la orden ejecutiva de Donald Trump que restringe la ciudadanía conferida por nacimiento en Estados Unidos. La coalición presentó un escrito ante la Corte Suprema el 27 de octubre de 2025, buscando que la justicia federal revise y, esperan, afiance la revisión de la política que niega la ciudadanía a hijos de padres que se encuentran en el país de forma irregular o temporal. Marshall, en una declaración incluida en el documento, dejó claro el tono de la defensa:
“The Constitution is not a loophole for illegal immigration. The framers of the Fourteenth Amendment did not mean for citizenship to be granted by mere accident of birth. Citizenship belongs to those who share allegiance to our nation, reserved for the children of American citizens and lawful permanent residents, not those present unlawfully or temporarily. President Trump’s order rightly restores the true intent of the Citizenship Clause, and we urge the Supreme Court to affirm that principle.”
La coalición, co-liderada por Tennessee e Iowa y respaldada por estados que van desde Alaska y Georgia hasta Utah y Wyoming, sostiene que la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda tenía un alcance diseñado para progenie de personas ya legalmente afincadas en la nación, no para automatizar la ciudadanía de los hijos de inmigrantes indocumentados o de visitantes temporales. El escrito enfatiza, según el marco argumental del grupo, que la legislación migratoria y los costos económicos y de seguridad pública se ven atravesados por la realidad de la inmigración irregular, y que la política de Trump, si se concede su revisión, encaja con una lectura más estricta de la Constitución. Marshall figura entre las voces que sostienen que la orden ejecutiva de corta duración y ambición política puede, si prospera ante la Corte, redefinir una cuestión sin precedentes en décadas de jurisprudencia sobre la ciudadanía por nacimiento.
El soporte a la iniciativa no se limita a la retórica legal. En el documento, los fiscales generales señalan evidencia que, según dicen, vincula la inmigración irregular con costos económicos considerables para los estados y con presuntas tensiones sobre la seguridad pública. Aunque el debate está lejos de su conclusión, los argumentos de carácter económico y de orden público figuran de manera prominente en la narración de la coalición. En ese marco, la referencia al impacto demográfico aparece explícita: se cita, en el contexto de la argumentación, que podrían existir hasta 250.000 nacimientos cada año atribuidos a madres o padres en situación irregular, lo que, dicen, representa cerca del 7% de todos los nacimientos en el país. Es una afirmación que los estados sostienen para justificar la necesidad de revisar el alcance de la ciudadanía por nacimiento y la forma en que se administran las leyes de inmigración y identidad nacional.
Entre las voces destacadas en el expediente se encuentra Gentner Drummond, fiscal general de Oklahoma, quien también respalda la postura de la coalición. En una declaración incluida en el material, Drummond dijo:
“I’m proud to support President Trump’s legal efforts to defend the Constitution and enforce our laws. This is an important case for our nation’s future and sovereignty. President Trump, my colleagues and I are on the right side of the law here, and we are confident a majority of Supreme Court justices will agree with our position and issue a favorable opinion.”
La opinión de Drummond resuena con el esfuerzo colectivo de los estados para colocar el debate de la ciudadanía de nacimiento en la sala de interpretación final de la Corte Suprema, en búsqueda de una resolución que, según los solicitantes, clarifique el alcance de la Cláusula de Ciudadanía.
El contexto del esfuerzo legal se sitúa en torno a un conjunto de casos que han llegado a la Corte Suprema en el marco de una lucha más amplia sobre la validez y el alcance de las políticas migratorias de la administración. El escrito ante la Corte, que se presenta en los términos de la coalición, acompaña la solicitud de revisión de dos casos consolidados: Trump v. Washington y Trump v. Barbara. En la argumentación, los fiscales generales sostienen que la interpretación actual de la ciudadanía por nacimiento no sólo es un tema de identidad cívica, sino que tiene implicaciones tangibles para la economía, la seguridad y la cohesión social en un país que se define, en su marco democrático, por la ciudadanía de nacimiento de quienes han crecido en sus ciudades y comunidades con una lealtad que se presume por su desarrollo en territorio estadounidense.
A la escena general se suma el propio Trump, cuyo equipo legal ha justificado la necesidad de una revisión por la Corte Suprema ante lo que describen como un malabar de interpretaciones constitucionales que, de aprobarse la política de la administración, reconfiguraría el significado de la ciudadanía de nacimiento. El fallo de la Corte Suprema en junio de 2025, que limitó las órdenes de injunctions a nivel nacional sin emitir una decisión sobre el mérito constitucional de la orden, dejó el tema en un estado de espera. En ese contexto, la mención de “escrito ante la Corte Suprema” llega como una nueva jugada para influir, a través de la argumentación de los estados, en uno de los debates más sensibles de la jurisprudencia contemporánea sobre la ciudadanía.
Dentro del propio documento, el relato de Marshall adquiere un tinte insistente sobre la necesidad de que la Constitución sea interpretada de manera que “la ciudadanía pertenece a los hijos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, no a los que están presentes de forma irregular o temporal”. Esa formulación, que se cita textualmente en el escrito, refuerza la línea argumental de la coalición de que la orden ejecutiva no debe interpretarse como una cláusula que otorga derechos incondicionales a cualquier persona nacida en el territorio americano, sino como una reinterpretación dirigida a proteger lo que sus autores describen como el “verdadero sentido” de la Cláusula de Ciudadanía.
El propio Marshall vuelve a subrayar, en declaraciones a medios y en el marco del expediente, su postura respecto a la interpretación constitucional y su papel en el debate público sobre la inmigración y la seguridad fronteriza. Sus palabras, registradas en el escrito ante la Corte, muestran una postura de defensa explícita de la política en cuestión y de la legitimidad de recurrir a la Corte para evitar lo que sus partidarios describen como una expansión injustificada de derechos de ciudadanía que podría, a su juicio, afectar de manera desproporcionada los presupuestos de los estados, la administración de servicios y las políticas de acción pública vinculadas a la población nacida en suelo estadounidense.
El documento no elude el debate sobre la aplicabilidad de la ciudadanía de nacimiento a hijos de padres que no son ciudadanos o residentes legales, y afirma que el propósito original de la Enmienda de Ciudadanía era confinar la concesión de ciudadanos a un conjunto de condiciones que, según los demandantes, no se cumplen de manera universal con las situaciones de nacimientos ocurridos frente a poblaciones migrantes en situación irregular. En tal sentido, el escrito advierte sobre “riesgos y costos” asociados a la política actual y propone una lectura distinta de la cláusula que, para estos estados, preserva las prerrogativas de la ciudadanía para quienes han mostrado su lealtad y su arraigo a la nación.
En el devenir del litigio, el Departamento de Justicia y la administración de la Casa Blanca han mantenido una posición de apoyo claro a la propuesta, a la vez que la jurisprudencia de la Corte ha dejado entrever, con medidas temporales y fallos parciales, que la discusión tiene un terreno más amplio que una disputa puntual sobre el alcance de la ciudadanía de nacimiento. La decisión de la Corte de ampliar o restringir las herramientas de injunctions a nivel nacional, o de permitir una revisión más amplia de la política, tendrá efectos directos sobre millones de personas que viven en una nación que se define a sí misma por su diversidad y su historia de inmigración.
Entre las voces que rodean el proceso, se destaca la responsabilidad de los estados para articular una defensa articulada de su marco legal y de las decisiones que, en última instancia, podrían definir el concepto de ciudadanía en una era de flujos migratorios complejos. Si la Corte Suprema llega a aceptar revisar los casos Trump v. Washington y Trump v. Barbara, se abriría un capítulo que podría redefinir el marco de referencia de la ciudadanía de nacimiento y, por extensión, de la identidad cívica de quienes han crecido en el país y han sido testigos de su evolución en las últimas décadas.
El panorama contemporáneo permanece, a día de hoy, sujeto a órdenes de tribunales y a la cautela de la política que ha definido el debate durante el año 2025. En noviembre, cuando la justicia federal mantiene bloqueada la implementación de la orden ejecutiva, la pregunta central sigue siendo cuánta claridad proporcionará la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la política y cuál será el alcance real de una decisión que podría obligar a revisar miles de casos que ya se encuentran bajo una interpretación de la ciudadanía por nacimiento que, para muchos, ya forma parte de su historia y de su vida cotidiana. En la práctica, el impacto humano de esta cuestión se ve en comunidades y familias que ven en el debate una lucha que puede tocar de manera muy directa su estatus y su futuro.
El documento de la coalición no sólo plantea una visión jurídica; también pretende subrayar el costo humano y social de lo que los gobernadores y fiscales generales describen como una tensión entre el derecho constitucional y la realidad de una migración contemporánea que ha transformado, de manera permanente, el tejido demográfico del país. En ese sentido, la conversación que se experimenta en las cortes y en los discursos de los fiscales generales se entrelaza con historias de personas afectadas por las políticas migratorias, incluso cuando la justicia aún no ha tomado una decisión final.
La convocatoria de “escrito ante la Corte Suprema” y la insistencia en el carácter limitado de la ciudadanía de nacimiento para los hijos de padres ciudadanos o residentes legales —en contraposición a una otorgación automática a hijos de padres en situación irregular— dibujan un conflicto que promete ser un eje central de la agenda jurídica de la próxima temporada. La pregunta de fondo es si la nación seguirá confiriendo, por defecto, la ciudadanía a quien nace en su territorio o si adoptará un enfoque que defina con mayor precisión a quién corresponde ese estatus por nacimiento, así como las condiciones que deben cumplirse para que una persona pueda considerarse ciudadana desde su nacimiento.
El impacto de estas deliberaciones se extiende más allá de los tribunales y llega a las mesas de políticas públicas de los estados que componen la coalición. Para los habitantes de Alabama y de otros estados que han hecho de la defensa de sus visiones sobre la ciudadanía de nacimiento una bandera, el resultado de la acción ante la Corte Suprema tendrá consecuencias prácticas: definir quién puede clasificar a un recién nacido como ciudadano, establecer las bases para la expedición de documentos, y, en última instancia, decidir si niños nacidos en el territorio de EE. UU. pueden heredar una ciudadanía que, para los presentantes, debe residir en la relación entre el nacimiento y la lealtad a la nación.
En el frente judicial, el estado de las cosas es dinámico. Aunque la orden ejecutiva de Trump, anunciada el 20 de enero de 2025, buscaba frenar la ciudadanía de nacimiento para ciertos casos, las providencias de los tribunales y la actual suspensión de su implementación significan que, a día de hoy, la ciudadanía de nacimiento continúa vigente para todos los niños nacidos en EE. UU., independientemente del estatus migratorio de sus padres. Las fechas y los hitos, desde la fecha de emisión de la orden hasta la actual coyuntura de litigio, quedan en la memoria jurídica como una secuencia de momentos que podrían reconfigurar el marco legal de la nacionalidad.
Para aquellos que buscan más información oficial o deseen seguir el curso de este caso ante la Corte, la página oficial de la Corte Suprema ofrece recursos y comunicaciones sobre los casos y las audiencias. Mientras tanto, este tramo del debate continúa, con las partes enfrentadas esperando una resolución que permita, o desafíe, una interpretación distinta de la ciudadanía de nacimiento y su relación con la identidad cívica de una nación que, de forma permanente, permanece en conflicto entre tradición y cambio. En medio de esa tensión, las voces de las autoridades estatales, de sus fiscalías generales y de los defensores de la política de la administración actual continúan marcando el ritmo de un debate que no da señales de resolverse de inmediato.
Para quienes requieren detalles de contacto o desean información adicional, la oficina del Fiscal General de Alabama ha proporcionado recursos de consulta. Amanda Priest, de la Oficina del Fiscal General de Alabama, está disponible en el teléfono (334) 322-5694, mientras que William Califf, también de la misma oficina, ofrece su contacto en (334) 604-3230. Estos números, citados en el expediente público, se suman a un conjunto de comunicaciones que rodean la estrategia jurídica y la respuesta institucional ante un tema que continúa movilizando a estados, ciudades y comunidades enteras.
El viaje judicial continúa, y la pregunta central se mantiene: ¿qué significado tendrá para la ciudadanía de nacimiento la decisión final de la Corte Suprema? Si la Corte decide revisar los casos Trump v. Washington y Trump v. Barbara, el debate podría entrar en una nueva fase, con un pronunciamiento que ligue, de forma explícita, el estatus de la ciudadanía con el concepto de lealtad, permanencia y el papel de la Constitución en un país que se define por su diversidad y su tradición de inmigración. Mientras tanto, la ciudad de la noticia es que una coalición de fiscales generales ha decidido llevar el argumento ante la Corte, citando la necesidad de preservar la intención original de la Cláusula de Ciudadanía y de defender lo que consideran el equilibrio adecuado entre derechos y responsabilidad que, según ellos, corresponde a la ciudadanía de nacimiento en una nación que sigue evolucionando ante los retos de un mundo en constante cambio.
Para ampliar el alcance y la comprensión de este tema, el público puede consultar fuentes oficiales sobre la jurisprudencia y las actualizaciones de los casos a través de la página de la Corte Suprema, que continúa actualizando el estado de los procedimientos y las decisiones. Este proceso, que involucra un conjunto amplio de intereses estatales y federales, no sólo impacta a personas concretas que viven en el país sino que también redefine, de forma estructural, el marco en el que la ciudadanía se entiende y se transmite de generación en generación. En definitiva, el resultado de este litigio podría definir, de manera definitiva, el alcance de la ciudadanía de nacimiento y su relación con la identidad de una nación que, históricamente, ha visto a la inmigración como un componente fundamental de su historia. En ese cruce entre derecho y realidad humana, la justicia deberá valorar no sólo principios constitucionales abstractos, sino también las historias vivas de quienes viven día a día bajo una interpretación que, en su momento, se decidió coexistir con la diversidad que caracteriza a Estados Unidos.
Link oficial para seguimiento del tema: Supreme Court of the United States. Para quienes necesiten recursos prácticos, se pueden consultar plataformas oficiales sobre procesos migratorios y ciudadanía desde el marco institucional, y, si corresponde, enlazar Formas y trámites relevantes a través de portales gubernamentales oficiales. En particular, cuando se discolen cambios procedimentales o formularios específicos, las referencias a documentos deben hacerse con enlaces oficiales y citando siempre la documentación pertinente para evitar confusiones entre ciudadanía de nacimiento y cualquier otro estatus migratorio. En este contexto, la conversación continúa, con abogados, fiscales y ciudadanos atentos a cada giro judicial y político que, de forma directa, podría definir el alcance de la ciudadanía en el siglo XXI.
Aprende Hoy
Ciudadanía por nacimiento → Principio que concede la ciudadanía estadounidense a la mayoría de las personas nacidas en territorio de EE. UU.
Orden ejecutiva → Directiva presidencial que orienta la acción de agencias federales y puede ser impugnada judicialmente.
Medida cautelar (injunction) → Orden judicial temporal que impide la aplicación de una política mientras se resuelve el litigio.
Cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda → Texto constitucional que define la ciudadanía: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos…”
Este Artículo en Resumen
El 27 de octubre de 2025, Alabama se unió a 23 estados en un escrito que pide a la Corte Suprema revisar y validar la orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 para limitar la ciudadanía por nacimiento a hijos con al menos un progenitor ciudadano o residente permanente legal, aplicable a nacimientos desde el 19 de febrero de 2025. Los estados argumentan una interpretación histórica de la 14ª Enmienda y citan hasta 250,000 nacimientos anuales atribuibles a padres sin estatus legal; medidas cautelares mantienen vigente la práctica actual mientras se decide si la Corte aceptará los casos consolidados.
— Por VisaVerge.com
