Puntos Clave
- Audiencia programada 25 de agosto de 2025 ante el juez Greg Sakall en Pima County.
- ACLU demandó en julio de 2025 tras una solicitud de registros públicos de mayo de 2025.
- Política rastreó llamadas desde 2018; rastreo cesó en junio de 2023; regla eliminada 21 de mayo de 2025.
(PIMA COUNTY, ARIZONA) El caso entre la ACLU de Arizona y el Departamento del Sheriff del Condado de Pima llega a la sala del tribunal el 25 de agosto de 2025, en una audiencia ante el juez Greg Sakall que podría obligar al departamento a entregar registros sobre comunicaciones con ICE y Border Patrol durante detenciones de tráfico. La disputa se originó en una solicitud de registros públicos presentada en mayo de 2025 y escaló hasta una demanda presentada por la ACLU en julio de 2025 tras meses de respuestas incompletas y demoras por parte del sheriff.
Audiencia y demandas
La ACLU presentó la demanda después de que el Departamento del Sheriff, según la organización, no entregó los documentos solicitados que podrían mostrar cuándo y cómo los agentes coordinaron con autoridades de inmigración federales durante paradas de tráfico.
La primera audiencia está programada para el 25 de agosto de 2025 ante la Corte Superior del Condado de Pima. El resultado puede incluir una orden judicial que exija la entrega de esos registros.
Entre los puntos clave del caso:
- Entre 2018 y junio de 2023 existió una política que exigía registrar y reportar mensualmente las llamadas a autoridades migratorias.
- Según los registros recopilados por la ACLU y la prensa, el departamento dejó de rastrear esas llamadas en junio de 2023.
- Tras la cobertura mediática y la solicitud de la ACLU, el Departamento del Sheriff modificó su política el 21 de mayo de 2025 para ya no exigir ese rastreo, lo que generó más preguntas sobre transparencia y rendición de cuentas.
El sheriff Chris Nanos ha declarado que desconocía la existencia de la política de rastreo heredada de su antecesor y afirma que sus agentes no contactan a ICE ni a Border Patrol durante paradas de tráfico para fines de inmigración. Además, ha dicho que su departamento no acatará detenciones administrativas de ICE sin una orden judicial, calificando esos requerimientos como “inconstitucionales”.
La ACLU, representada por el abogado John Mitchell, ha respondido que el cambio repentino y la falta de registros aumentan la sospecha de cooperación no revelada con autoridades federales y el posible riesgo de perfiles raciales u otras violaciones de derechos civiles.
Contexto y práctica actual
El conflicto toca asuntos sensibles en Arizona 🇺🇸, donde la cooperación entre fuerzas locales y federales ha generado debates durante años.
Observadores comunitarios han señalado casos en los que agentes de Border Patrol o ICE llegaron al lugar de una parada de tráfico poco después de que la policía local realizara la detención. Eso impulsó la solicitud de registros públicos para clarificar si existió coordinación formal o informal.
La ACLU busca que el tribunal obligue al Departamento del Sheriff a entregar:
- Registros de llamadas y comunicaciones entre agentes del departamento y ICE/Border Patrol durante paradas de tráfico.
- Reportes mensuales de llamadas a autoridades migratorias desde 2018 hasta la fecha en que se dejó de rastrear en junio de 2023.
- Cualquier política interna, órdenes operativas o notas relacionadas con la coordinación con autoridades federales.
El departamento ha argumentado que la política anterior estaba vinculada a programas federales como Operation Stonegarden y que la práctica actual prohíbe la cooperación para fines migratorios en paradas de tráfico. La ACLU considera que, sin registros, la comunidad no puede verificar esas afirmaciones.
Implicaciones legales y de políticas públicas
Si el juez Sakall ordena la entrega de documentos, la decisión podría sentar un precedente para otras agencias locales en Arizona sobre la obligación de informar al público sobre interacciones con autoridades de inmigración.
Un fallo que favorezca a la ACLU podría también llevar a que el Departamento del Sheriff restablezca un sistema formal de registro y reporte.
Preguntas que plantea la disputa:
- ¿Cómo deben las agencias locales equilibrar la seguridad pública con la protección de derechos civiles?
- ¿Qué nivel de transparencia exige la ley estatal para comunicaciones entre policías locales y autoridades federales?
- ¿Puede la eliminación retrospectiva del rastreo de comunicaciones socavar la confianza pública en la rendición de cuentas?
La ACLU y grupos comunitarios sostienen que la transparencia es esencial para detectar y prevenir prácticas discriminatorias en el terreno.
El Departamento del Sheriff afirma que su política actual protege los derechos de las personas y limita la participación en acciones migratorias sin orden judicial.
Impacto en la comunidad y en inmigración local
Para conductores, inmigrantes y familias, el caso podría traducirse en cambios prácticos.
Si los registros muestran coordinación frecuente entre agentes locales y autoridades federales durante paradas de tráfico, las personas en la comunidad pueden enfrentar mayor riesgo de detenciones migratorias tras interacciones rutinarias con la policía.
Si el tribunal obliga a la divulgación y la política se revisa, la comunidad podría recuperar herramientas para supervisar y cuestionar acciones policiales que afecten la libre circulación y la seguridad de residentes y visitantes.
Organizaciones que defienden derechos civiles han usado solicitudes públicas para exponer prácticas internas desde hace años. Según análisis de VisaVerge.com, casos similares en otras jurisdicciones a menudo forzaron a departamentos a mejorar sus políticas de registro y a publicar informes públicos que permiten a la ciudadanía evaluar prácticas de aplicación de la ley.
Procedimiento práctico para el público
Quienes deseen seguir el caso pueden:
- Consultar el expediente y las audiencias en la Corte Superior del Condado de Pima.
- Presentar una solicitud de información o verificar procedimientos a través de la página oficial de solicitudes del Departamento del Sheriff del Condado de Pima: https://www.pimasheriff.org/records (enlace oficial).
- Revisar actualizaciones y documentos legales que publica la ACLU de Arizona en su sitio web y canales públicos.
Perspectivas y próximos pasos
La audiencia del 25 de agosto de 2025 será el primer punto de decisión judicial. Dependiendo de la orden del juez, el Departamento del Sheriff podría:
- Verse obligado a entregar los registros solicitados, o
- Justificar por escrito las razones para retener información.
Más allá de la decisión inmediata, el caso podría:
- Motivar revisiones de políticas en otros departamentos en Arizona.
- Alimentar debates legislativos sobre el acceso a información pública en materia de cooperación con autoridades federales de inmigración.
Este conflicto combina elementos legales, administrativos y humanos: la demanda busca respuestas sobre prácticas que, de confirmarse, habrían afectado la vida de personas detenidas en la vía pública. La audiencia ofrecerá un primer vistazo al alcance real de la cooperación entre el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, ICE y Border Patrol, y marcará un capítulo importante en la discusión sobre transparencia policial en el estado.
Para actualizaciones y documentos oficiales relacionados con la Corte Superior del Condado de Pima, consulte el portal público de la corte y los comunicados de la ACLU de Arizona.
Aprende Hoy
solicitud de registros públicos → Petición formal a una agencia pública para obtener documentos, comunicaciones y registros administrativos accesibles.
detención administrativa de ICE → Solicitud de ICE para que cárceles locales retengan o notifiquen sobre una persona sujeta a control migratorio.
Border Patrol → Agencia federal que aplica leyes migratorias entre puntos de entrada y patrulla zonas fronterizas.
Operation Stonegarden → Programa federal anterior que financiaba cooperación entre fuerzas locales y autoridades federales en zonas fronterizas.
política de rastreo → Regla interna que exige registrar y reportar mensualmente llamadas de agentes a autoridades migratorias para supervisión.
Este Artículo en Resumen
La ACLU llevó al Departamento del Sheriff del Condado de Pima a juicio; la audiencia del 25 de agosto de 2025 cuestiona la eliminación, el 21 de mayo, del registro de llamadas con ICE y Border Patrol, y exige transparencia sobre coordinación durante paradas de tráfico para proteger derechos civiles.
— Por VisaVerge.com
