Puntos Clave
- 7,248 conductores comerciales quedaron fuera de servicio en 2025 por fallar pruebas obligatorias de inglés.
- Las inspecciones en carretera con prueba de inglés fueron obligatorias desde junio de 2025, aumentando fallas desde ~1,500.
- A fines de octubre de 2025 se suspendieron las visas laborales para conductores de camiones comerciales.
(CALIFORNIA) Un aumento abrupto en la aplicación de pruebas de dominio del inglés para conductores de camiones comerciales ha sacudido a la industria en 2025, con 7,248 conductores marcados como “fuera de servicio” tras fallar los exámenes de inglés en las paradas de carretera. La cifra, difundida por el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, representa un salto drástico respecto a los alrededor de 1,500 casos reportados a comienzos de año. La medida, que parte de una nota de política de seguridad vial, llegó en medio de una serie de accidentes fatales implicando conductores de origen indio, y ha desatado un debate intenso entre defensores de los derechos de los conductores y quienes sostienen que estas pruebas son necesarias para proteger a conductores y público en general. El cambio llega en un momento en que las autoridades buscan recalibrar la seguridad en una industria clave para la cadena de suministro estadounidense, especialmente ante desafíos logísticos globales y crecientes demandas de transporte de carga.
La cifra de 7,248 conductores fuera de servicio en 2025 se suma a un contexto de endurecimiento de las normas que regulan la lectura y comprensión del inglés para interactuar con el público, entender las señales de tráfico y comunicarse con las autoridades. La regla vigente es la 49 CFR 391.11(b)(2), que exige que los conductores lean y hablen inglés con suficiencia para cumplir estas funciones. A partir de junio de 2025, la prueba de inglés se ha vuelto obligatoria en los chequeos en la carretera, según las declaraciones oficiales citadas. Esta política llega después de una serie de incidentes trágicos, entre ellos un accidente fatal en Florida que involucró a Harjinder Singh, un conductor de origen indio, y que dejó un saldo de tres víctimas. En California, otro caso de fatalidad vinculada a un conductor identificado como Jashanpreet Singh llevó a que el conductor recibiera una licencia de conducir comercial (CDL) en California el 27 de junio de 2025; la incidencia fue citada por auditores federales como señal de “incumplimientos de cumplimiento significativos” en el proceso de licencias del estado. En paralelo, las autoridades indicaron que la extradición de Singh desde Stockton, California, contó con la participación del gobernador adjunto de Florida, Jay Collins, quien acompañó al equipo de inmigración para asegurar el traslado, un hecho que subraya la coordinación entre distintos estados ante este fenómeno.
Entre las voces que acompañan estos números, las interpretaciones oficiales han ido en direcciones distintas. Sean Duffy, Secretario de Transporte de Estados Unidos, afirmó:
“7,248 conductores fuera de servicio por no cumplir con los estándares de dominio del inglés”
y añadió:
“This is about Donald Trump and his administration making America’s roads SAFE again!”
Estas declaraciones han sido presentadas como una advertencia pragmática sobre la seguridad vial y como parte de una narrativa más amplia de la administración para justificar la rigidez de la normativa y las inspecciones en ruta. Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que:
“Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers. The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on US roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers.”
Estas palabras, acompañadas de la bandera de una política de contención, han generado controversia entre comunidades de conductores y grupos de defensa de los inmigrantes.
En este marco, los análisis de la industria señalan que la mayoría de los conductores afectados proceden de India, con concentraciones significativas en Punjab y Haryana. Según extrapolaciones de la North American Punjabi Truckers Association, entre 130,000 y 150,000 conductores de origen indio —principalmente originarios de Punjab y Haryana— trabajan en la industria de camiones en Estados Unidos y muchos se han visto impactados por la actuación de la autoridad de seguridad. Grupos de defensa de los derechos sikh estiman que el 90% de los conductores sikh en Estados Unidos están en la profesión, lo que implica entre 135,000 y 180,000 conductores; un porcentaje considerablemente alto podría estar radicado en California. Estas cifras, presentadas por asociaciones y agrupaciones comunitarias, han alimentado el debate sobre posibles impactos discriminatorios y efectos en el mercado laboral y en la cadena de suministro.
La aplicación de la regla no solo ha generado tensiones entre las autoridades y la comunidad de conductores; también ha suscitado críticas desde distintos frentes. Muchos conductores y compañías describen la nueva política como discriminatoria y señalan que fallas en las habilidades del inglés no siempre se traducen en accidentes. En ese sentido, advierten que la prueba podría afectar desproporcionadamente a conductores calificados y a familias de trabajadores que dependen de este empleo para sostenerse. Las agrupaciones sikh han advertido de un posible impacto discriminatorio sobre los conductores de origen sikh y la creación de barreras innecesarias a la empleabilidad para personas con credenciales válidas.
El endurecimiento de las normas ha ido acompañándose de una suspensión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales a nivel federal. A finales de octubre de 2025, la administración de Estados Unidos anunció la suspensión de todas las visas de trabajo para conductores de camiones comerciales. Esta decisión, anunciada por el Secretario de Estado Marco Rubio, se explicó como una medida para proteger las vidas y empleos estadounidenses. En consecuencia, miles de conductores de la India y otros países se vieron afectados por una moratoria que interrumpe la llegada de nuevos conductores extranjeros para cubrir rutas y puestos de reparto en carreteras clave. El efecto práctico de esta suspensión se ha sentido en la inercia de la contratación y en la planificación de flotas, con empresas que buscan soluciones nacionales para evitar interrupciones en la cadena de suministro.
La violencia de los incidentes ha dejado claro que la seguridad es el eje argumental de la política, pero también ha encendido discusiones sobre derechos, oportunidades y acceso a empleo. En Indiana, por ejemplo, las autoridades reportaron la detención de 223 inmigrantes, entre ellos 146 conductores, en una operación denominada “Operation Midway Blitz”, enfocada en detener a conductores comerciales sin licencia o documentados. Las autoridades describen que muchos detenidos cuentan con antecedentes penales y que el grueso de esas detenciones provino de jurisdicciones donde los servicios de refugio y protección de inmigrantes son más restrictivos, como California, Illinois y Nueva York. Este episodio subraya la compleja intersección entre seguridad, cumplimiento de la ley y dinámicas migratorias en un sector que, para muchos, es el electrodo vital de la economía estadounidense.
A pesar de las justificaciones oficiales, la reacción de la industria y de comunidades de inmigrantes ha sido de preocupación práctica. Los conductores y empresarios argumentan que una mayor atención a las habilidades de idioma no siempre se traduce en una mayor seguridad vial y que la presión de adaptar a miles de conductores extranjeros a requisitos lingüísticos y normativos podría amenazar la continuidad de servicios de transporte de carga, encarecer costos y, en última instancia, afectar a la cadena de suministro en momentos de alta demanda. En California, donde la proporción de conductores de origen indio es significativa, estas tensiones se han sentido con particular intensidad, ante un estado que alberga una de las comunidades más grandes de la diáspora india en Estados Unidos y una industria de transporte que es motor de su economía.
El marco regulatorio y las decisiones administrativas han puesto de relieve la tensión entre seguridad y libertad de empleo. En ese debate, las autoridades sostienen que la prioridad es la seguridad de conductores, peatones y demás usuarios de las carreteras. No obstante, los afectados y sus defensores señalan que la implementación de las pruebas de dominio del inglés debe hacerse con criterios que eviten sesgos y que permitan la formación y la certificación de conductores que, aun teniendo fluidez limitada en el idioma, cumplen con otros estándares de competencia y experiencia. En su conjunto, las medidas recientes señalan un giro significativo en la regulación de los conductores de camiones en Estados Unidos, con un énfasis explícito en la lengua como una frontera de seguridad y, para muchos, como una frontera social que podría redefinir quién conduce por las carreteras del país.
A nivel práctico, el número de conductores afectados por estas políticas —7,248 conductores fuera de servicio en 2025— ha concentrado la atención de la industria y de las autoridades. Los datos señalan que las cifras no solo reflejan incidentes aislados, sino una política que, desde junio de 2025, ha consolidado una nueva realidad en la que el dominio del inglés se toma como una prueba de aptitud esencial para operar un vehículo de gran tamaño en las carreteras. El impulso de estas medidas ha dado lugar a discusiones sobre la necesidad de adoptar soluciones que equilibren seguridad y empleo, como programas de capacitación lingüística y apoyos para la certificación que permitan a los conductores de origen indio, y en particular de Punjab y Haryana, competir en condiciones justas sin que la seguridad se vea comprometida.
La narrativa de estos meses incluye la respuesta de la autoridad reguladora a las preocupaciones expresadas por la comunidad. En el marco de las declaraciones de autoridades, se ha destacado que las pruebas de inglés son necesarias para garantizar que los conductores puedan comunicarse con funcionarios, entender señales viales y interactuar con otros usuarios de la vía. Las respuestas oficiales también han subrayado la necesidad de combatir la conducción sin licencia o sin la debida certificación, una preocupación que se ha visto reforzada por las detenciones en operativos anticriminales y por una serie de incidentes que, según los responsables, han aumentado la presión para endurecer los estándares.
En paralelo, la industria ha buscado soluciones para mantener la continuidad operativa sin plegarse a una interpretación que perciben como demasiado rígida o discriminatoria. Los debates continúan, con defensores que piden un enfoque más matizado, que equilibre la seguridad con la movilidad laboral, y autoridades que sostienen que la protección pública debe prevalecer. En California, la cuestión adquiere un matiz especial por la concentración de conductores de origen indio y la importancia de su presencia para la economía local, así como por los vínculos históricos entre la industria del transporte y las comunidades de la diáspora india.
Para los lectores que buscan entender el marco legal y práctico, es útil revisar la normativa fundamental que sustenta estas medidas. El reglamento 49 CFR 391.11(b)(2) establece la obligación de que los conductores
“read and speak English well enough to understand traffic signs, respond to official inquiries, and make entries on forms.”
Esta norma, combinada con las medidas tomadas en junio de 2025 para hacer obligatoria la prueba de dominio del inglés en chequeos de carretera, ha redefinido el perfil profesional de los conductores autorizados para operar vehículos de gran tonelaje. Además, con la suspensión de visas de trabajo para conductores de camiones, anunciada a finales de octubre de 2025, el panorama se ha estrechado aún más para profesionales extranjeros que buscan oportunidades en Estados Unidos. Para entender mejor estos aspectos, se puede consultar el marco regulatorio oficial de la Administración Federal de Seguridad de Carreteras y los documentos de la Secretaría de Estado sobre visas de trabajo, disponibles en páginas oficiales de gobierno como 49 CFR 391.11(b)(2). Para quienes deben gestionar o estudiar estos procesos, las referencias a los formularios y trámites relevantes se pueden vincular a páginas oficiales de inmigración, por ejemplo, las fichas de los formularios de trabajo y permisos correspondientes, como Form I-485, enlazando a las plataformas oficiales para consulta y presentación. En el caso de los conductores que ya poseen credenciales, la revisión de su situación, la actualización de licencias y las posibles rutas de recertificación siguen siendo un eje de atención para agencias estatales y autoridades federales, con un enfoque centrado en la seguridad y la integridad del sistema de transporte.
La historia reciente, marcada por declaraciones contundentes de figuras públicas y por las respuestas de comunidades afectadas, deja claro que Estados Unidos está en una fase de redefinición de sus criterios de acceso laboral en un sector tan crucial como el transporte de carga. Mientras los 7,248 conductores fuera de servicio ilustran la magnitud del impacto, la suspensión de visas para conductores extranjeros amplía el alcance de la decisión y genera interrogantes sobre el futuro inmediato de la industria. Si las autoridades logran articular una vía que fortifique la seguridad sin excluir a trabajadores calificados, podría abrir un camino para un sistema de certificación con programas de apoyo lingüístico y formación adicional que reduzcan las condenas a la falta de dominio del inglés como un obstáculo para la movilidad laboral, sin poner en riesgo la seguridad pública. Pero, por ahora, lo que está claro es que el enfoque en el dominio del inglés ha puesto en primer plano la convivencia entre la seguridad del tráfico y el sustento de miles de familias, especialmente aquellas vinculadas a conductores de origen indio que han convertido a los Punjab y Haryana en un eje significativo de la movilidad de mercancías en Estados Unidos.
En el tejido de esta historia, las cifras siguen hablando. 7,248 conductores fuera de servicio y el endurecimiento de las reglas, que ya ha llevado a la suspensión de visas y a investigaciones sobre licencias, se quedan como indicadores de una transición compleja que no parece concluir pronto. Las cifras y los nombres de los protagonistas —conductores de origen indio, autoridades federales y estatales— muestran un mosaico donde la seguridad y la economía se entrelazan de manera inescapable. A medida que se desentraña la narrativa, el público verá si las autoridades pueden equilibrar una política que proteja a todos los usuarios de la vía con un enfoque que permita a miles de conductores de origen indio seguir desempeñando un papel fundamental en el transporte de mercancías de Estados Unidos, y si, en el proceso, se pueden traducir estas medidas en resultados prácticos que no excluyan a comunidades enteras por motivos que algunos consideran meramente lingüísticos. Para quienes observan la evolución de estas políticas, la pregunta central seguirá siendo la misma: ¿cómo se traduce la seguridad vial en una justicia laboral que abarque a quienes ya están trabajando y a quienes buscan con legítima razón un lugar en el sistema? En tanto, la historia continúa desarrollándose en carreteras, comisarías y salas de tribunales, donde cada kilómetro de carretera parece convertirse en un microcosmos de la tensión entre inmigración, seguridad y economía.
Notas: Los números y citas citados se basan en las declaraciones y cifras difundidas por autoridades y asociaciones mencionadas en el material de origen; las cifras específicas incluyen 7,248 conductores fuera de servicio en 2025; la mención de que la prueba de inglés se volvió obligatoria desde junio de 2025; y la suspensión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales anunciada a finales de octubre de 2025. Para más información sobre el marco regulatorio de dominio del inglés y sus implicaciones, vea 49 CFR 391.11(b)(2). Para consultas sobre trámites de inmigración y visas, consulte Form I-485.
Aprende Hoy
49 CFR 391.11(b)(2) → Regla federal que exige que los conductores comerciales lean y hablen inglés lo suficiente para entender señales, responder preguntas y rellenar formularios.
Fuera de servicio → Suspensión inmediata de un conductor para operar un vehículo comercial tras fallar una inspección o prueba.
CDL (Licencia Comercial de Conducir) → Licencia estatal requerida para operar vehículos comerciales de gran tamaño; su emisión está sujeta a controles y requisitos.
Este Artículo en Resumen
Las pruebas obligatorias de inglés aplicadas en carreteras desde junio de 2025 dejaron fuera de servicio a 7,248 conductores, un aumento notable desde 1,500. La aplicación, basada en 49 CFR 391.11(b)(2), siguió a choques fatales implicando conductores de origen indio y afecta con fuerza a comunidades de Punjab y Haryana en Estados Unidos. Grupos de la industria y defensores sikh denuncian discriminación y apuntan a riesgos en la continuidad logística. En octubre se suspendieron visas laborales para conductores, estrechando aún más el acceso a trabajadores extranjeros.
— Por VisaVerge.com
