Puntos Clave
- La sheriff Alyshia Dyer declara que el condado no colaborará con operativos migratorios federales.
- Seguridad del Washtenaw Community College exige mandatos firmados por un juez para autorizar acceso.
- Empresarios reportan ausencias súbitas y trastornos operativos por miedo a revisiones de inmigración.
(ANN ARBOR, MICHIGAN) Las preocupaciones sobre ICE se han intensificado en Washtenaw County y sus ciudades cercanas, con líderes locales y comerciantes describiendo un clima de miedo que altera la vida cotidiana y la economía. En los últimos meses, una postura coordinada de las autoridades locales—incluido el Sheriff del Condado de Washtenaw y la policía local—ha dado forma a una narrativa de limitación de la cooperación con las autoridades federales de inmigración, mientras defensores de derechos civiles advierten que esa resistencia puede tener costos humanos sustanciales. La conversación pública ha girado en torno a qué significa para las personas que viven, trabajan y estudian en esta región, y cuánto poder tienen los gobiernos locales para decidir cuánto colaborar con las operaciones de ICE.
Alyshia Dyer, la recientemente elegida sheriff del condado, encabeza la línea de frente de esa postura. En declaraciones que captaron la atención de comunidades que ya viven con la ansiedad de las redadas y los registros migratorios, Dyer afirmó:
“federal immigration matters are federal immigration matters, and we are local public servants”.
Sus palabras, citadas por distintas coberturas, subrayan una decisión institucional de frenar la cooperación con ICE y de reafirmar la autoridad de la policía local para decidir qué colaborar y qué no en asuntos de inmigración, un tema que también ha sido objeto de consultas y críticas por parte de otros jefes policiales y funcionarios municipales.
El liderazgo en materia de seguridad estudiantil también ha sido clave para entender el nuevo marco operativo en Washtenaw. John Leacher, jefe de seguridad pública de Washtenaw Community College, explicó con énfasis la diferencia entre funciones federales y responsabilidades universitarias:
“The enforcement of immigrant status is a federal law enforcement function, not something that your public safety department is concerned with at all. We don’t want to get involved with that, and we have no intention of getting involved with that”.
Su aclaración llega en un momento en que campus de educación superior de la región buscan afianzar un ambiente seguro sin convertirse en frontera de las políticas migratorias federales. La lectura es clara: para las autoridades universitarias, el acceso y la seguridad en el entorno educativo se deben gestionar sin permitir que el estatus migratorio de una persona se convierta en una herramienta de intervención policial en espacios como las aulas o las instalaciones de apoyo estudiantil. Leacher añadió que, en la práctica, solo los mandatos firmados por un juez permiten a las autoridades avanzar más allá de áreas públicas en el campus, una decisión que reduce las posibilidades de detenciones en esos entornos y señala un límite explícito a la participación de la policía local en operativos de inmigración.
La atmósfera de miedo no es meramente institucional, sino palpable entre empresarios y residentes que temen repercusiones económicas y personales. Phillis Engelbert, una empresaria de Ann Arbor, describió una realidad de silencio forzado:
“There is a real sense of ‘I’ve got to stay quiet. Yes, it’s happening, and I’m not going to talk about it.’ … It is unlike anything I’ve seen in 14 years in this role with the chamber. So, it’s significant!”.
Sus palabras dibujan un paisaje en el que la gente teme hablar abiertamente de las redadas o de los controles, por miedo a represalias o a perder clientes y empleados ansiosos por no exponerse a situaciones delicadas. En diferentes negocios y comercios de la zona, empleados y dueños reportan avistamientos de ICE, pero la mayoría elige no hacer declaraciones públicas ante el riesgo de repercusiones, un fenómeno que resalta el tipo de disuasión que las autoridades locales buscan contrarrestar con diálogo y transparencia.
La dimensión laboral de la cuestión también ha salido a relucir con fuerza. Andy LaBarre, representante de la Ann Arbor/Ypsilanti Regional Chamber, enfatizó el costo práctico de la cooperación con ICE para el día a día de una empresa:
“When somebody doesn’t show up for a shift because their brother or husband or whomever is being held by ICE, that’s an issue for you as an operator and owner right away, right now”.
Sus comentarios ponen de relieve cómo las tensiones entre las comunidades inmigrantes y el mercado laboral local se traducen en ausencias laborales que afectan la productividad, la planificación de turnos y la seguridad de las operaciones comerciales. El efecto dominó llega a los proveedores de servicios y a las cadenas de suministro locales, incluso cuando los empleadores buscan mantener la operación estable ante la incertidumbre legal y el miedo a posibles arrestos.
El debate público sobre el alcance de la autoridad local frente a las políticas federales ha acelerado la participación de grupos defensores de derechos y ha abierto frentes de acción legal. Ramis Wadood, abogado patrocinante de la ACLU de Michigan, señaló:
“The ACLU is in a lawsuit against the Trump administration’s ICE and DHS”.
Esa declaración encadena una batalla legal que, según analistas y activistas, podría fijar precedentes para futuras administraciones y redefinir el equilibrio entre seguridad local y derechos civiles en un estado que ha visto históricamente una fuerte participación de comunidades inmigrantes. En ese marco, la alcaldía de Ann Arbor ha buscado proyectar una postura de defensa de derechos sin dejar de reconocer la competencia del gobierno federal en materia de inmigración. El alcalde Christopher Taylor afirmó, en un tono que intenta compaginar la defensa de las libertades civiles con la aplicación de la ley,
“We do not interfere with the enforcement of federal law. But we also focus our attention on state and local law”.
La conversación ha dejado claro que Washtenaw County no va a convertirse en un puntal logístico para operaciones federales de inmigración. En su conjunto, estas declaraciones y preocupaciones no solo reflejan un choque entre sensibilidades políticas, sino también una evaluación de riesgos para comunidades que viven en la frontera entre lo local y lo federal. Los relatos de líderes comunitarios, empresarios y defensores de derechos muestran que la prioridad es preservar el tejido social y económico de la región, al tiempo que se minimizan las tensiones entre la ciudadanía, la policía y las autoridades migratorias.
La cuestión de fondo es qué significa todo esto para las personas que trabajan y estudian en Washtenaw y en las ciudades vecinas de Ann Arbor y Ypsilanti. Las voces de los responsables de seguridad pública dejan claro que la cooperación con ICE no es un mandato que se asuma de forma automática por parte de las agencias locales. En Washtenaw, la frontera entre jurisdicción y política migratoria se negocia a través de declaraciones públicas, directrices internas y una movilización de actores cívicos que buscan forjar un entorno más estable para las familias que, a menudo, viven con la incertidumbre de una redada o de la posibilidad de que un ser querido sea detenido. En el mundo real, ese miedo no es abstracto: es el peso que sienten los trabajadores que llegan cada día a sus puestos, las parejas que deben decidir si revelan o esconden el estatus de sus miembros, y las pequeñas empresas que deben planificar sin saber cuándo una sola detención podría desestabilizar su operación.
La conversación, además, ha puesto de relieve la necesidad de un equilibrio entre seguridad pública y derechos civiles. Los responsables de la policía local y las autoridades administrativas de la región señalan que la seguridad de la colectividad no puede depender de la cooperación en materia de inmigración si esa cooperación genera un ambiente de miedo, desconfianza y ruptura de comunidades enteras. Fue en este contexto que líderes como Dyer, Leacher y Taylor reiteraron una visión de servicio público que prioriza la protección de comunidades enteras por sobre la instrumentación de políticas migratorias federales en el terreno local. En Washtenaw, la pregunta no es si se debe o no cumplir la ley federal, sino cómo hacerlo de manera que no socave la confianza entre la población y las instituciones encargadas de su seguridad y su bienestar cotidiano.
El acuerdo entre las autoridades locales para no colaborar de forma activa con ICE también ha encontrado apoyo entre asociaciones empresariales y organizaciones cívicas. En un entorno donde la experiencia de la comunidad inmigrante aún no está completamente visible para el público general, estas posturas crean un margen de maniobra para que la policía local y el Sheriff del Condado de Washtenaw aborden preocupaciones sobre seguridad sin convertir a la región en un escenario de persecución migratoria. La dinámica, sin embargo, continúa evolucionando bajo un marco de vigilancia y debate público constante, con actores que insisten en que la protección de los derechos y la integridad de las familias deben ir de la mano con la seguridad de la comunidad. En definitiva, Washtenaw County parece estar trazando un camino que, para muchos, representa una respuesta pragmática a las preocupaciones sobre ICE: una aproximación que prioriza la labor de los cuerpos de seguridad locales como guardia de la paz cotidiana, sin ceder terreno ante la instrumentalización de la inmigración como marcador de seguridad local.
Para aquellos que buscan un contexto más amplio sobre la actividad de ICE y las políticas federales en este campo, pueden consultar información oficial en la página de ICE, que ofrece guías y actualizaciones sobre las competencias federales en materia migratoria y las relaciones entre agencias. ICE. Este marco oficial, al tiempo que proporciona claridad legal, se ha convertido en un punto de referencia para los debates locales sobre cuándo y cómo las autoridades pueden o deben colaborar con las operaciones migratorias federales, y para las comunidades que trabajan para entender sus derechos y las responsabilidades de las autoridades en un país donde la inmigración sigue siendo una cuestión central de política pública. En Washtenaw, la tensión entre leyes federales y normas locales continúa siendo tema de conversación, y la ciudad se mantiene como un laboratorio de respuestas frente a una realidad migratoria que no muestra señales de disminuir. Preocupaciones sobre ICE, el sheriff del condado de Washtenaw y la policía local seguirán formando el pulso del debate público, con comunidades que esperan que las autoridades escuchen, protejan y actúen con determinación para salvaguardar la dignidad humana y la seguridad de todos los residentes.
Aprende Hoy
ICE → U.S. Immigration and Customs Enforcement, agencia federal encargada de la aplicación de las leyes migratorias en EE. UU.
Mandato firmado por un juez → Orden judicial que autoriza a las fuerzas del orden a entrar en espacios privados o no públicos.
Policía local → Agencias municipales o del condado responsables de hacer cumplir leyes estatales y locales, distintas de las funciones federales.
Este Artículo en Resumen
En Washtenaw County, la sheriff Alyshia Dyer y líderes de seguridad campus rechazan colaborar en la aplicación civil de la inmigración para proteger la confianza pública. Los oficiales del campus pedirán mandatos judiciales antes de permitir el acceso de ICE a áreas privadas. Negocios reportan ausencias y problemas operativos. La ACLU de Michigan presenta demandas que cuestionan prácticas federales, y autoridades municipales priorizan la seguridad local sin integrarse en procesos migratorios civiles.
— Por VisaVerge.com
