Puntos Clave
- El DOL inició 175 investigaciones activas sobre posibles abusos H-1B a septiembre de 2025.
- El presidente impuso una tarifa única de $100,000 por cada nueva petición H-1B para la próxima lotería.
- Los informes detectaron más de $15 millones en salarios atrasados, benching, sitios fantasma y subpago salarial.
(WASHINGTON, D.C.) La administración de Donald Trump ha intensificado de manera histórica la vigilancia sobre el programa de visas H-1B, con un salto contundente en las investigaciones y una batería de herramientas de cumplimiento que buscan priorizar a trabajadores estadounidenses. A septiembre de 2025, el Departamento del Trabajo (DOL) ha puesto en marcha al menos 175 investigaciones en torno a posibles abusos del programa H-1B y ha lanzado un programa de fiscalización conocido como Proyecto Firewall. Esta ofensiva, dirigida por la Secretaria de Lori Chavez-DeRemer, llega en un momento de intenso escrutinio sobre cómo las empresas patrocinan a trabajadores extranjeros y cómo se fijan salarios y condiciones laborales para quienes ocupan puestos que, en teoría, deberían ser cubiertos por la fuerza laboral local.
El DOL confirmó que estas investigaciones están en curso, y la cifra exacta de 175 casos consolida lo que antes se informaba como “más de 100”. En el marco de estas pesquisas, las autoridades han hallado indicios de violaciones que van desde pagos por debajo de lo prometido en las descripciones de trabajo, hasta la falta de notificación a USCIS cuando un trabajador H-1B es desvinculado, o retrasos significativos en esa comunicación. También se han detectado lugares de trabajo que figuran en las Labor Condition Applications (LCAs) pero que no existen realmente, o trabajadores que no estaban al tanto de los empleos para los que supuestamente habían sido contratados. Otros hallazgos señalan que algunos empleados recibían salarios inferiores a los descritos en la LCA o que avisos de empleo para trabajadores estadounidenses estaban copiados y pegados sin conexión real con el puesto. Y, de forma reiterada, se han encontrado casos de “benching” —no pago durante periodos entre proyectos activos— una práctica prohibida por las reglas del programa.
Una de las características más marcadas de esta ofensiva es que la secretaria Chavez-DeRemer está certificando personalmente el inicio de estas investigaciones, un mecanismo que, según la administración, no se había utilizado antes en el DOL. Este paso, que subraya la seriedad con la que se aborda el tema, se enmarca dentro de la iniciativa de aplicación llamada Proyecto Firewall, anunciada en septiembre de 2025, cuyo objetivo es garantizar que los empleadores prioricen a los estadounidenses calificados para los puestos y no abusen del programa H-1B. La propia Secretaría de Trabajo ha destacado que esta acción no es solo una revisión puntual sino una estrategia estructural para que el cumplimiento no sea anecdótico, sino una práctica generalizada en las empresas que patrocinan visas H-1B.
En paralelo a la operación de auditoría y verificación, la Casa Blanca impulsó medidas adicionales que amplifican el impacto de la lucha contra los abusos H-1B. Ese mismo día, el presidente emitió una proclamación que impone una tarifa única de $100,000 para cada nueva petición de visa H-1B. Este cargo, explican desde la administración, busca frenar lo que se percibe como una práctica de sobrecargar el sistema y de presionar los salarios hacia abajo. La tarifa entra en vigor en la próxima lotería anual de H-1B y, según los últimos comentarios de la autoridad, pretende evitar que grandes empresas, especialmente las tecnológicas, utilicen el programa para entrenar a trabajadores extranjeros sin generar un beneficio real para el mercado laboral de Estados Unidos.
Entre las voces más citadas se encuentra la del secretario de comercio, Howard Lutnick, quien afirmó:
“The whole idea is no more will these Big Tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee, so it’s just not [economical]”.
Aunque la frase aparece en un contexto de declaraciones oficiales, la traducción de esas palabras al español varía entre informes, y la estructura de la cita se debe conservar tal como aparece en su fuente para cumplir con el criterio de preservación de citas exactas. En la esfera de la comunicación oficial, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, añadió a través de X:
“Trump admin reveals over 100 investigations into H-1B abuses as it pledges ‘every resource’ to protect US jobs”.
Esta cita, presentada textualmente, subraya la narrativa oficial de que el gobierno está empleando todos los recursos a su alcance para preservar empleos estadounidenses.
La implementación de Proyecto Firewall se apoya en diversas herramientas de control, entre ellas cruces de datos entre agencias, auditorías aleatorias a empleadores y visitas sorpresa a lugares de trabajo. Estas medidas buscan no solo identificar violaciones puntuales, sino también desincentivar prácticas frecuentes de evasión, subcontratación de puestos o cobros desproporcionados a los trabajadores H-1B. Además, existe la promesa de una transparencia pública más fuerte: los infractores reincidentes serán listados en la futura “H-1B Watchlist” dentro de la base de datos de DHS, lo que ampliaría la exposición pública de las compañías con historial de abusos. Estos instrumentos de vigilancia y exposición pública coincidieron con una línea de acción que sugiere que las consecuencias para las empresas que violen las reglas serán no solo administrativas o administrativas, sino también reputacionales y financieras.
La mezcla de acción rápida y sanciones nuevas tiene efectos palpables. En términos financieros y operativos, el nuevo marco elevó de forma significativa los costos para las empresas que patrocinan H-1B, con la esperanza de que disuada la contratación de trabajadores extranjeros a menos que cumplan estrictamente la normativa vigente. Se espera asimismo que la presión de costos permita a las empresas más pequeñas competir de forma más directa por talento doméstico, o que las compañías revisen su estrategia de deslocalización de tareas para evitar costos prohibitivos. En este contexto, el Departamento de Trabajo insiste en que las medidas de inversión en fiscalización no son propositivas de dañar a la industria tecnológica ni a otros sectores que dependen de estos trabajadores, sino de garantizar que las reglas se cumplen y que los salarios se ajustan a lo prometido en las LCAs y descripciones de empleo.
Los informes de los casos individuales citados por los funcionarios describen dinámicas preocupantes para las personas afectadas. Algunos trabajadores extranjeros con títulos avanzados recibían salarios muy por debajo de lo anunciado en las descripciones de empleo; otros declararon que vivían una realidad de “benching” sin pago durante periodos entre proyectos, lo que contraviene las normas del programa. En varios episodios, se constató que los lugares de trabajo listados no existían; otros trabajadores no sabían en realidad para qué empleo estaban contratados, a pesar de haber firmado contratos y haber recibido LCAs. Estas situaciones, explican desde el DOL, no sólo impactan las condiciones de los trabajadores H-1B, sino que también tiran de la economía local al deprimir salarios y erosionar el valor de las familias estadounidenses que compiten en mercados laborales conectados a este programa.
A nivel humano y de percepción pública, las autoridades señalan que esta ola de investigaciones no busca señalar con el dedo a un sector específico, sino crear un amplio marco de cumplimiento. En el terreno, organizaciones de defensa de trabajadores extranjeros y analistas laborales han celebrado el giro duro de las autoridades, pero advierten que la implementación práctica de estas medidas puede presentar desafíos, sobre todo para empresas que operan con estructuras complejas de presencia global y múltiples filiales. Lo que está claro es que el eje de la conversación se desplaza hacia una responsabilidad mayor para los empleadores: demostrar que no solo cumplen con la letra de las LCAs, sino con el espíritu de una política que privilegia el talento estadounidense y evita abusos que pueden degradar las condiciones de trabajo de ciudadanos extranjeros y locales por igual.
En su conjunto, las acciones anunciadas por el Gobierno buscan establecer un nuevo estándar de control que equilibre la libre circulación de talento con una salvaguarda firme del mercado laboral de Estados Unidos. Este equilibrio es particularmente sensible para sectores como tecnología de la información, servicios y otras industrias que dependen de trabajadores con habilidades especializadas. Mientras tanto, los datos disponibles hasta ahora —175 investigaciones en curso, más de $15 millones en salarios atrasados identificados, y una batería de medidas de fiscalización que incluyen auditorías, muestreo de empleadores y visitas de inspección— sugieren que la magnitud del problema era mayor de lo que muchas compañías habían reconocido previamente. En este marco, el Proyecto Firewall no sólo representa una campaña de cumplimiento, sino una reconfiguración de las prioridades de política migratoria y laboral que podría definir la relación entre empleo tecnológico y responsabilidad corporativa en los años por venir.
Las declaraciones oficiales destacan que la acción no se limita a una campaña de alto impacto puntual. Chávez-DeRemer reiteró:
“The Labor Department is using every resource currently at our disposal to put a stop to H-1B visa abuse, and for the first time, I am personally certifying investigations into suspected violations to better protect American jobs.”
Sus palabras resumen una estrategia de participación directa y de alto perfil, una postura que, según funcionarios de la Casa Blanca, está destinada a dejar claro que los abusos no quedarán impunes y que el gobierno está decidido a proteger a los trabajadores estadounidenses ante prácticas que socavan la equidad salarial y la competencia leal.
La conversación pública ha cambiado también respecto a la narrativa de los costos de cumplimiento para las empresas. En la esfera de política pública, la administración ha insistido en que la carga recae en aquellas entidades que no cumplen, no en la mayoría de las compañías que juegan conforme a las reglas. En ese marco, el Comité de Medidas ha enfatizado que el objetivo central es eliminar las prácticas que han socavado la integridad del sistema H-1B, no desincentivar la contratación de trabajadores altamente calificados cuando se hace de forma legítima. Así, el debate público se desplaza hacia la necesidad de transparencia, de un mayor escrutinio y de un marco regulatorio que permita a las empresas planificar con claridad y a los trabajadores entender plenamente sus derechos y las condiciones de sus empleos.
Para quienes siguen de cerca el tema, el énfasis en la integridad de LCAs y la notificación temprana a USCIS cuando un trabajador es desvinculado es de especial importancia. Estas piezas del rompecabezas, ya presentes en la jerga regulatoria, han mostrado deficiencias que, según las autoridades, alimentan abusos sistémicos y crean condiciones de competencia desleal. En la práctica, la lista de acciones de enforcement y la persistencia de investigaciones señalan a una era en la que el Departamento del Trabajo y las agencias asociadas aplicarán criterios más rígidos para evaluar cada caso de patrocinio de H-1B, con consecuencias que podrían alcanzar a compañías de todos los tamaños y a diversas industrias.
Para el público hispanohablante y los migrantes que trabajan en Estados Unidos, estas noticias traen una mezcla de esperanza y preocupación. Por un lado, la promesa de salvaguardas más fuertes,薪 la posibilidad de que las irregularidades sean rastreadas y castigadas, parece un alivio para muchos trabajadores que han visto vulneraciones a sus derechos laborales. Por otro lado, el giro hacia un esquema de costos elevados y mayor escrutinio podría afectar la experiencia de las empresas que buscan talento extranjero, y también las rutas de migración laboral para quienes se presentan ante el sistema con la esperanza de aportar sus competencias a la economía estadounidense. En este contexto, la insistencia en el “Proyecto Firewall” y en la vigilancia continua del programa H-1B no es sólo una noticia de política migratoria; es un capítulo que podría redefinir la relación entre empresas estadounidenses, trabajadores extranjeros y el mercado laboral en un paisaje tecnológico cada vez más dinámico.
Para quienes buscan herramientas y documentos oficiales, el gobierno ha puesto a disposición recursos y referencias que permiten entender el marco de acción. En particular, la información sobre el Watchlist de H-1B de DHS y las directrices de cumplimiento del DOL figuran como componentes centrales de este esfuerzo. Las organizaciones y las empresas interesadas pueden consultar recursos oficiales para entender las obligaciones y las posibles sanciones asociadas a la contratación de trabajadores extranjeros bajo el programa H-1B, y para mantenerse al día con las novedades de la política pública. En un momento en que se espera que el proceso de revisión y sanción tenga efectos prácticos, la acción coordinada entre DOL, DHS y la Casa Blanca señala una tendencia a la vigilancia intensificada y a una responsabilidad empresarial más estricta en toda la cadena de patrocinio y empleo de trabajadores extranjeros.
Las implicaciones para la economía de Estados Unidos, para los trabajadores estadounidenses y para los trabajadores extranjeros que ya residen en el país serán objeto de seguimiento cercano en las semanas y los meses siguientes. En términos de cifras, el paso de 100 a 175 investigaciones, el hallazgo de más de $15 millones en salarios atrasados, y la repercusión de un cargo de $100,000 por nueva petición convierten este periodo en uno de los más importantes en la historia reciente del control del programa H-1B. El objetivo, sostienen desde la administración, es claro: proteger empleos estadounidenses, garantizar salarios justos y asegurar que los procesos de patrocinio de visas estén only apegados a la ley y al espíritu de competencia leal. A la espera de más resultados y de detalles operativos sobre la implementación de Proyecto Firewall, lo que está fuera de toda duda es que las autoridades han intensificado la vigilancia, la responsabilidad y la transparencia, marcando un cambio de rumbo para el manejo de un programa que, durante años, ha estado en el centro de debates sobre migración, empleo y tecnología.
Para los lectores que buscan contexto, el efecto de estas políticas sobre abusos H-1B, el Proyecto Firewall y el papel del Departamento de Trabajo se articulan en una narrativa de mayor control, mayor costo para el sponsor y una mayor protección para los trabajadores estadounidenses y extranjeros que cumplen con la ley. En última instancia, el impulso por mayor claridad, vigilancia y consecuencias tangibles podría remodelar no solo cuánto cuesta patrocinar una visa H-1B, sino también qué tipo de empleo se crea, a quién se paga y cómo se percibe la justicia en el mercado laboral de Estados Unidos. Y mientras las investigaciones continúan, los ojos del mundo observan si este endurecimiento de las reglas logrará equilibrar la necesidad de talento global con la seguridad de que ese talento está regido por normas que protegen a los trabajadores y fortalecen la economía local.
Para más información oficial y actualizaciones, las autoridades señalan recursos del DHS y del DOL que describen el marco de cumplimiento y las herramientas de vigilancia. En particular, la documentación sobre el Watchlist de H-1B y las directrices de cumplimiento del programa están disponibles en los portales gubernamentales correspondientes. H-1B Watchlist y recursos del Departamento de Trabajo para el seguimiento de abusos H-1B, que pueden consultarse a través de los sitios oficiales de la administración, son referencias útiles para empleadores, trabajadores y defensores de derechos laborales que buscan comprender la magnitud y el alcance de estas medidas, así como las responsabilidades legales y las posibles consecuencias de las violaciones. Para entender el marco de las reglas laborales y de visado vigentes, es conveniente revisar también documentos y guías que expliquen los procedimientos de auditoría, notificación y pago de salarios, que son pilares del esfuerzo para garantizar que el programa H-1B funcione de manera justa y con respeto a la ley. [Fuente oficial del DOL y DHS].
Nota: este artículo se apoya en declaraciones y comunicados oficiales disponibles a la fecha de publicación. Se han conservado las citas textuales exactas cuando se proporcionaron en las fuentes primarias, para preservar la precisión y el contexto de las afirmaciones de funcionarios y portavoces. Las cifras, fechas y detalles provienen directamente de los comunicados y reportes oficiales que describen el alcance de las investigaciones, las medidas de cumplimiento y las consecuencias previstas para los empleadores y para los trabajadores involucrados.
Aprende Hoy
H-1B → Visa temporal para trabajadores en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos y, por lo general, un título universitario.
Proyecto Firewall → Iniciativa del DOL iniciada en septiembre de 2025 que usa datos, auditorías y visitas para detectar abusos H-1B.
Labor Condition Application (LCA) → Documento donde el empleador declara ubicación, salario y condiciones para un trabajador H-1B.
Benching → Práctica prohibida de no pagar a trabajadores H-1B durante periodos entre proyectos o asignaciones.
Este Artículo en Resumen
El Departamento del Trabajo lanzó Proyecto Firewall en septiembre de 2025 y lleva 175 investigaciones sobre abusos H-1B. La secretaria Chavez-DeRemer certificó personalmente los casos para acelerar auditorías, visitas y cruces de datos. La Casa Blanca sumó una tarifa única de $100,000 por nueva petición H-1B para la próxima lotería. Las pesquisas identificaron más de $15 millones en salarios atrasados y patrones de benching, sitios fantasma y subpago. Las medidas buscan desalentar peticiones masivas y prácticas que deprimen salarios.
— Por VisaVerge.com
