Puntos Clave
- Una coalición de estados presentó demanda federal liderada por 20 estados para impugnar la tarifa de 100.000 dólares.
- La proclamación permite cobrar una tarifa de $100,000 por empleado a ciertas peticiones H-1B con notificación consular.
- El caso, No. 1:25-cv-13829, se presentó en la Corte de Distrito de Massachusetts y está en etapas iniciales.
(MASSACHUSETTS) Washington state anunció este martes una demanda federal que cuestiona la imposición de una tarifa de 100.000 dólares por cada petición de visa H-1B realizada por empresas y entidades que requieren notificación consular. La medida fue anunciada por la administración de Donald Trump y entró en vigencia para las solicitudes presentadas a partir del 20 de septiembre de 2025.
La acción está liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, y la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, e incluye a otros 18 estados en una coalición que argumenta que la nueva tarifa es ilegal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y la Constitución de los Estados Unidos.
El caso, California, et al. v. Kristi Noem, et al., quedó registrado como 1:25-cv-13829 en la Corte Federal de Distrito de Massachusetts. Marca la tercera batalla judicial contra la política, tras dos demandas anteriores presentadas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y un consorcio que incluye universidades de investigación y sindicatos laborales.
La demanda llega en un momento en que los procesos migratorios son tema central en el debate político y económico, con efectos directos sobre estudiantes, trabajadores especializados y agencias públicas que dependen de la movilidad global de talento.
Naturaleza de la medida y antecedentes
La medida, anunciada el 19 de septiembre de 2025 mediante Proclamación Presidencial, establece:
- Una tarifa de $100,000 por empleado para ciertas peticiones H-1B que requieren notificación consular.
- Aplicación excluyente de peticiones que no caen en categorías de procesamiento prioritario o aprobación directa por parte de USCIS, salvo exenciones por interés nacional u otras excepciones.
Antecedentes y comparación de tarifas:
- Tarifas previas: oscilaban entre $960 y $7,595, según el gobierno esas cubrían costos regulatorios y de trámite.
- La coalición demandante sostiene que el nuevo cargo es desproporcionado y no está justificado por costos reales, además de que podría desincentivar la contratación de especialistas extranjeros.
Impacto en instituciones públicas y ejemplos en Washington
La demanda en Washington indica que casi 500 titulares de H-1B trabajan en más de 30 agencias estatales, universidades y colegios. Señala riesgos concretos:
- Carga financiera sobre instituciones públicas con déficits presupuestarios.
- Potencial agravamiento de la escasez de médicos, investigadores y docentes.
- Riesgo de retrasos en proyectos de investigación y limitaciones para cubrir cátedras o puestos críticos.
Argumentos legales de la demanda
El equipo legal de Washington sostiene que:
- La medida se ejecuta sin el debido proceso y vulnera la APA al no seguir un proceso de notificación y consulta pública adecuado.
- La política no está vinculada a costos reales de la agencia y constituye un uso arbitrario de poder.
- Podría dar lugar a una aplicación selectiva que afecte de forma desproporcionada a entidades públicas y organizaciones con menos recursos.
Cita pública del equipo demandante:
“La tarifa es un golpe directo a universidades públicas, hospitales y laboratorios estatales que ya deben enfrentar tensiones presupuestarias. No hay justificación suficiente para un cargo tan extremo que pone en peligro la investigación científica y la capacidad de atender a servicios esenciales.”
Postura de la Casa Blanca y defensores de la medida
La Casa Blanca presentó la medida como un paso “necesario, inicial y gradual” para priorizar a los trabajadores estadounidenses. La portavoz Taylor Rogers afirmó:
“Es un paso importante para asegurar que el sistema de visas sea justo y sostenible.”
Objetivos declarados por la administración:
- Frenar abusos.
- Evitar la erosión salarial.
- Dar certidumbre a talentos que trabajan fuera de EE. UU.
Algunos asesores y figuras cercanas a la administración han señalado la posibilidad de ajustar la política para proteger la movilidad necesaria en áreas como tecnología, medicina y educación.
Reacciones del mundo académico y empresarial
Críticas principales:
- Varias universidades y cámaras de comercio sostienen que las tarifas podrían disuadir la contratación de trabajadores altamente cualificados.
- Riesgo de pérdida de competitividad global para empresas dependientes de I+D.
Consecuencias prácticas señaladas por instituciones:
- Retrasos en proyectos de investigación.
- Dificultades para cubrir cátedras o puestos de investigación.
- Posibilidad de diferir o cancelar colaboraciones internacionales.
Exenciones y defensa oficial
La defensa oficial argumenta que:
- La tarifa aplica únicamente a ciertas peticiones.
- Existen márgenes para exenciones por interés nacional, destinadas a proteger proyectos estratégicos.
Pregunta central planteada por críticos y funcionarios:
- ¿Cuál es el costo real para el sistema público y cuánta flexibilidad tendrán las agencias para gestionar tensiones sin perjudicar servicios esenciales?
Ejemplos citados por autoridades de Washington:
- Empleados en bibliotecas universitarias, hospitales estatales y laboratorios de investigación podrían verse afectados, incrementando presión sobre presupuestos ya ajustados.
Cita de una académica (anónima):
“Este cargo no solo recorta fondos; también envía una señal de que el país podría estar cerrando puertas a la colaboración internacional que ha impulsado avances en ciencia y tecnología.”
Procedimientos judiciales y aspectos técnicos en disputa
Puntos que deberá resolver el tribunal:
- Si la demanda basada en la APA procede.
- Si hubo un proceso de notificación y comentario adecuado antes de implementar la política.
- Si la medida respeta principios constitucionales como separación de poderes y trato igual ante la ley.
- Posible orden para suspender la aplicación de la tarifa mientras continúa el litigio.
Varios legisladores estatales han pedido revisión exhaustiva y medidas temporales para proteger servicios críticos (salud, educación, tecnología) ante eventuales interrupciones de personal.
Perspectivas de expertos y debate público
Visiones en conflicto:
- Algunos expertos advierten que la tarifa puede agravar la tensión entre proteger el mercado laboral doméstico y atraer talento extranjero.
- Otros proponen un sistema de visas más claro y predecible, con revisión periódica y controles estrictos, para equilibrar ambos objetivos.
Cita de una analista de políticas migratorias:
“La inversión en ciencia y servicios públicos depende de la capacidad de atraer talentos globales. Sin salvaguardas adecuadas, medidas como la tarifa podrían conducir a una reducción de la cooperación internacional y a un debilitamiento de la innovación.”
Estado del caso y posibles consecuencias
Situación procesal:
- El caso en Massachusetts y los demás estados demandantes buscan la anulación del cargo y una orden que deje sin efecto la política mientras avanza el litigio.
- Hasta el 15 de diciembre de 2025, no se ha obtenido una resolución; el proceso judicial permanece en sus etapas iniciales.
Consecuencias prácticas para trabajadores y empleadores:
- Las decisiones judiciales podrían redefinir la gestión de visas H-1B y el diseño de futuras reformas.
- En el corto plazo, empresas con planes de contratación internacional podrían enfrentar cargas financieras significativas si la medida se mantiene.
- Centros académicos podrían revisar estrategias de reclutamiento y distribución de budgets para investigación.
Recomendaciones y fuentes oficiales
Organizaciones públicas y privadas solicitan una solución que:
- Presere el acceso a talento global sin comprometer la responsabilidad fiscal ni la protección de trabajadores estadounidenses.
- Aclare criterios de exención y los plazos de aplicación para permitir planificación presupuestaria.
Fuentes recomendadas para información oficial y actualizaciones:
- USCIS — guías y actualizaciones sobre visas de trabajo y procedimientos de empleo.
- VisaVerge.com — análisis y reportes contextuales sobre la posición administrativa.
Se aconseja revisar también la ficha informativa y los textos completos de las demandas en los portales judiciales, así como pronunciamientos del DHS, el Departamento de Estado, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Justicia.
Conclusión y sentido más amplio
Este litigio subraya un conflicto mayor entre:
- La necesidad de atraer talento internacional que impulsa investigación e innovación, y
- La obligación de proteger empleos y la integridad del mercado laboral doméstico.
Los próximos meses podrían traer decisiones judiciales que definan el marco de acción para políticas administrativas de alto impacto. Mientras tanto, universidades, hospitales, empresas y gobiernos evalúan pasos a seguir, buscando un equilibrio entre equidad, eficiencia y responsabilidad fiscal en la política migratoria.
Aprende Hoy
H-1B → Visa no inmigrante de EE. UU. para empleos especializados que suelen requerir un título universitario.
Proclamación Presidencial → Acción ejecutiva del presidente que aquí establece la política sobre tarifas de peticiones de visa.
Ley de Procedimiento Administrativo (APA) → Ley federal que exige, en general, procesos públicos de notificación y comentarios para reglas importantes.
Este Artículo en Resumen
Veinte estados demandaron para bloquear una proclamación presidencial que impone una tarifa de 100.000 dólares por ciertas peticiones H-1B con notificación consular. Alegan que la administración evitó el proceso de la APA y no vinculó la tarifa a costos reales, lo que podría afectar gravemente a universidades públicas, hospitales y agencias estatales. El caso No. 1:25-cv-13829 se presentó en la Corte de Distrito de Massachusetts y se encuentra en sus primeras etapas junto a otras demandas similares.
— Por VisaVerge.com
