Puntos Clave
- El 29 de octubre de 2025 DeSantis ordenó a la Junta prohibir que universidades estatales patrocinen nuevas visas H-1B.
- Al 30 de junio de 2025 Florida tenía 1,900+ empleadores patrocinando 7,200+ titulares de H-1B; educación: 78 patrocinadores, 677 beneficiarios.
- La Junta prevé formalizar la prohibición el 6 de noviembre de 2025; el estado no puede revocar visas federales ya emitidas.
(TAMPA, FLORIDA) En una declaración que marca un giro significativo en la política educativa de Florida, el gobernador Ron DeSantis anunció el 29 de octubre de 2025 que ordena a la Junta de Gobernadores de Florida prohibir que las universidades estatales contraten trabajadores extranjeros mediante visas H-1B, effectively prohibiendo su uso en las instituciones de educación superior públicas del estado. En un anuncio hecho en una conferencia de prensa en Tampa, DeSantis presentó la medida como una ofensiva para frenar lo que calificó como “mano de obra barata” y “siervo por contrato”, sosteniendo que esas posiciones deben ser ocupadas por residentes de Florida u otros trabajadores estadounidenses, especialmente en un momento en que los trabajadores nacionales enfrentan despidos debido a la inteligencia artificial y a recortes laborales a nivel federal. La decisión, anunciada públicamente, desató un intenso ciclo de reacciones entre académicos, administradores universitarios y observadores de políticas migratorias que ya miran de cerca las implicaciones para el talento extranjero y la capacidad de las universidades estatales de competir a escala internacional.
En su declaración, DeSantis habló con dureza sobre la práctica de contratar a extranjeros para puestos como profesores asistentes, entrenadores, analistas de datos, coordinadores y especialistas en mercadeo, citando ejemplos de países que incluyen Reino Unido, China, España, Canadá, Trinidad y Tobago, Rusia, Polonia, Albania, Argentina y Palestina. La afirmación buscó subrayar que el estado debe priorizar a los floridanos en una economía cada vez más apalancada por avances tecnológicos y por una presión presupuestaria que, según el propio gobernador, exige maximizar la eficiencia del gasto público.
“I’m directing today the Florida Board of Governors to pull the plug on the use of these H-1B visas in our universities,” sostuvo DeSantis, una frase que dejó claro el tono del cambio institucional que se propone y que, según sus observadores, podría transformar de forma radical la manera en que Florida financia y gestiona sus instituciones de educación superior.
La magnitud de la medida se aprecia en los datos que la acompasan: al 30 de junio de 2025, existían “más de 1,900 empleadores de Florida patrocinando a más de 7,200 titulares de visas H-1B” en el estado. En el ámbito educativo, “78 empleadores patrocinan 677 beneficiarios de H-1B,” una cifra que, según defensores de la política, demuestra que la influencia de estas visas no es marginal, sino robusta dentro del ecosistema universitario. Dentro de este mosaico, destacan tres universidades estatales entre las mayores patrocinadoras: la Universidad de Florida, con 156 beneficiarios de H-1B; la Universidad de Miami, con 90; y la Universidad del Sur de la Florida, con 72. Estos números, que la administración de DeSantis señala como puntos de apoyo para la ofensiva, reflejan una red de talento extranjero que ha contribuido a la investigación y a la enseñanza en áreas críticas para Florida.
Uno de los focos de la discusión fue la participación de personal en universidades públicas, y el caso de la Universidad del Sur de la Florida (USF) figura como ejemplo emblemático de la magnitud del fenómeno. En particular, se indica que en la USF “72 titulares de visa H-1B estuvieron empleados durante el año fiscal 2025,” un dato que ilustra la presencia sostenida de profesionales extranjeros en campos tan diversos como la biomedicina, la ingeniería y las ciencias computacionales. Estas cifras, que provienen de la propia recopilación institucional, se presentan como base para la argumentación de que la restricción afectará no solo a individuos sino también a proyectos de investigación, a iniciativas de innovación y al desarrollo de programas académicos que han dependido de talento internacional.
Entre las voces que acompañan el evento se destacan casos específicos de personal en situación de visa H-1B que, según DeSantis, subrayan la necesidad de revisar las políticas de contratación. El gobernador citó a un profesor asistente procedente de China, un director de un centro bioanalítico procedente de Polonia, un psicólogo del Reino Unido y un diseñador gráfico de Canadá, todos ellos descritos como ejemplos de cómo el sistema actual facilita la llegada de especialistas extranjeros para desempeñar puestos que, en su visión, podrían ser cubiertos por trabajadores estadounidenses. Estas referencias, tomadas de las historias reales de las instituciones, buscan dar rostro humano a la controversia y enfatizar la dimensión humana de una decisión que podría reorganizar carreras académicas, equipos de investigación y rutas de desarrollo para decenas de programas universitarios.
En la dinámica de apoyo institucional, Donald Landry, presidente interino de la Universidad de Florida, estuvo presente en el acto y emitió una medida que añade una capa de complejidad a la conversación. Landry dijo que “endorse” la revisión de las visas H-1B, y añadió:
“Occasionally, some bright light might be good enough, in fact, and then we will try and retain the person. But that’s kind of the exception of truth.”
Sus palabras, que enfatizan la tensión entre la búsqueda de talento y la necesidad de retenerlo, se mezclan con un mensaje de prudencia administrativa y la insistencia de que, a veces, la excepción no debe convertirse en regla. Este testimonio, directo y cargado de matices, ilustra la posición de la administración universitaria ante un cambio que podría traducirse en menos candidaturas de talento extranjero a cargos académicos o de investigación en el futuro inmediato.
En el plano político y de política pública, la ofensiva de DeSantis se asienta en un marco más amplio de esfuerzos republicanos para reducir la dependencia de mano de obra extranjera dentro de sectores clave de la economía. A nivel nacional, el propio DeSantis ha sido empujado por colegas y simpatizantes a adoptar posiciones más restrictivas, en línea con la retórica de su compadre político, Donald Trump, que ha abogado por controles migratorios más estrictos y por la reconfiguración de las reglas de empleo temporal. En ese contexto, la noticia llega en medio de un ciclo más amplio de debates sobre costos laborales, competencia académica y seguridad nacional, donde la migración laboral se utiliza a menudo como un símbolo de soberanía y de responsabilidad fiscal. A pocos días de la declaración, el contexto político se intensificó cuando la administración de Trump anunció, aproximadamente un mes antes, la propuesta de una tarifa de solicitud de $100,000 para futuras visas H-1B, en el marco de un conjunto más amplio de restricciones migratorias. Aunque esa medida pertenece a la esfera federal, Florida la incorpora en su discurso de gobernanza para justificar la necesidad de auditar y reevaluar las políticas de contratación en instituciones públicas, con la esperanza de bloquear desviaciones que, según su lectura, podrían socavar oportunidades para trabajadores locales o aumentar costos para el estado.
La gobernanza del estado busca convertir la decisión en una política operativa a través de la Junta de Gobernadores de Florida, que deberá formalizar la prohibición en su próxima reunión del 6 de noviembre de 2025. Este paso constituye un punto de inflexión: el estado puede dictar restricciones sobre la contratación de nuevos trabajadores con visa H-1B para las universidades estatales, pero no tiene autoridad para revocar visas ya emitidas a individuos. Expertos en migración y asesoría jurídica han destacado este límite: la acción de desincentivar la contratación de nuevos H-1B por parte de entidades públicas no puede deshacer permisos ya concedidos por el gobierno federal, que siguen vigentes y, por cierto, pueden ser renovables o modificables solo a través de procesos federales. En ese sentido, la realidad práctica para las universidades es que, si las políticas estatales se endurecen, las instituciones deberán adaptar sus planes de contratación y alinearlos con la nueva directriz, y, en la medida de lo posible, priorizar candidatos que sean ciudadanos de los Estados Unidos o residentes permanentes, salvo excepciones limitadas que las autoridades definan con criterios de “brillantes talentos” o de necesidad crítica para mantener centros de investigación y programas académicos de alta demanda.
La conversación también ha puesto sobre la mesa consideraciones legales y operativas. Fuentes gubernamentales señalan que, si bien DeSantis puede guiar a las instituciones públicas para que no patrocinen nuevas visas H-1B, no puede cancelar visas federales ya emitidas a trabajadores en Florida; esas autorizaciones siguen regidas por las leyes federales y por las reglas de inmigración administradas por agencias como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). En consecuencia, la ofensiva de Florida se centra en la prevención de nuevas contrataciones a través del programa H-1B dentro de las universidades estatales, con el objetivo declarado de priorizar a la población local. No obstante, la posibilidad de efectos colaterales no puede descartarse: la reducción de la influencia de visados H-1B podría afectar a proyectos de investigación de alto nivel, a la colaboración internacional que muchas veces impulsa la publicación de informes y el desarrollo de tecnologías emergentes, y a la capacidad de las universidades de competir por talento con otras instituciones que siguen aceptando este tipo de visados.
Entre las reacciones a nivel académico, hay voces que advierten sobre el impacto potencial en proyectos de investigación clave y en la atracción de talento joven internacional que busca formación avanzada en universidades estatales de Florida. En el ámbito regional, la medida podría influir en programas de posgrado y en campos estratégicos como la ingeniería, las ciencias de la computación, la biotecnología y las humanidades aplicadas, donde las redes de colaboración internacional han sido un motor de innovación y de oportunidades para estudiantes y docentes. Sin embargo, los defensores de la ofensiva sostienen que estas políticas requieren ser vistas como parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que la inversión pública en educación superior cumpla con la misión de servir a los residentes de Florida y de reforzar la economía local frente a una competencia global cada vez más feroz, todo ello en un marco de austeridad fiscal que, según ellos, exige una revisión integral de gastos y de programas.
La narrativa de la jornada también ha puesto sobre la mesa las historias y trayectorias de individuos que forman parte de la vida académica de Florida. DeSantis señaló ejemplos de personal de universidades con visas H-1B para ilustrar cómo la mezcla de talentos internacionales ha contribuido a la diversificación de equipos docentes y a la disponibilidad de habilidades especializadas. Entre los ejemplos mencionados se encuentran un profesor asistente procedente de China, un director de núcleo bioanalítico procedente de Polonia, un psicólogo del Reino Unido y un diseñador gráfico de Canadá. Estas menciones, que se atribuyen a experiencias vividas en las universidades estatales, buscan personalizar el debate y promover una narrativa en la que la búsqueda de talento extranjero podría considerarse como un factor de costo o de dependencia, frente a una visión que favorece la construcción de una base laboral local más amplia y una mayor autosuficiencia en campos críticos.
El debate continúa en el cruce entre política pública, economía regional y aspiraciones académicas. Por un lado, la ofensiva de DeSantis ofensiva contra las visas H-1B en universidades estatales se presenta como una medida para fortalecer la formación local y garantizar que las futuras oportunidades laborales se asignen primero a residentes de Florida. Por otro lado, existe la preocupación de que la restricción podría reducir la capacidad de Florida para atraer y retener talento internacional, un factor que ha sido considerado clave para la competitividad de su sistema universitario y para sostener la innovación en áreas de tecnología, medicina y ciencias de datos. En ese plano, analistas señalan que la dinámica de contratación de H-1B en Florida no es aislada: se inscribe en un marco de cambios a nivel estatal, regional y nacional, donde los costos, beneficios y riesgos de depender de trabajadores extranjeros se evalúan de manera continua frente a nuevas propuestas de financiación, incentivos fiscales y políticas de empleo.
A nivel de política interna, la administración de DeSantis se ha apoyado en una estructura de auditoría y eficiencia similar a la que describe como “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, con la supervisión del Director de Finanzas, Blaise Ingoglia, para realizar auditorías sobre posibles gastos, desperdicios y abusos dentro de las instituciones estatales, incluyendo las universidades públicas. Este marco busca no solo recortar costos aparentes, sino también mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión educativa, de acuerdo con la lectura oficial de un plan de eficiencia que acompaña a la ofensiva contra las visas H-1B. En consecuencia, los críticos advierten que estas políticas podrían generar un clima de incertidumbre entre investigadores extranjeros que trabajan bajo contratos a corto plazo o en proyectos de investigación financiados por agencias externas, lo que podría derivar en una mayor rotación de personal y en la necesidad de renegociar acuerdos de colaboración con contrapartes internacionales.
Con todo, el panorama de Florida permanece en un punto de inflexión: la Junta de Gobernadores está programada para formalizar la prohibición en su próxima reunión, el 6 de noviembre de 2025, un timing que coloca a las universidades estatales en una trayectoria de adaptación acelerada. Si la medida se aprueba, las instituciones se verán obligadas a priorizar la contratación de ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos, con excepciones que podrían definirse en función de criterios de “brillantes talentos” o de necesidades esenciales para mantener la continuidad de programas estratégicos, tal como lo señaló el propio UF durante el acto. En la nota de cierre de la jornada, se reiteró que este movimiento es parte de una tendencia mayor en Florida de endurecimiento migratorio y de reconfiguración de políticas fiscales y educativas, que, según sus defensores, busca mayor autodeterminación y eficiencia. Para los observadores, la pregunta central es si Florida logrará sostener la calidad de sus programas universitarios y, al mismo tiempo, asegurar oportunidades laborales para sus ciudadanos, sin perder la capacidad de atraer talentos extranjeros que han sido, durante años, un motor de innovación y de progreso académico.
Desantis ofensiva, que ya se considera un referente en el debate sobre inmigración y empleo, está inyectando una dinámica nueva en el paisaje de la educación superior pública de Florida. En un estado donde el capital humano ha dependido durante años de una mezcla de talento estadounidense y extranjero, este giro podría redefinir no solo las nóminas y las candentes discusiones sobre salario y costo de vida, sino también la atractividad de Florida para estudiantes internacionales, la colaboración global en investigación y la resiliencia de universidades ante retos de financiación y de adaptación tecnológica. En ese sentido, quedan por delante semanas decisivas para analizar el impacto práctico de estas políticas, la forma en que las universidades ajustarán sus procesos de contratación y, sobre todo, las consecuencias para miles de estudiantes, investigadores y docentes que han hecho de las universidades estatales de Florida un lugar clave en el mapa de la educación superior de Estados Unidos. Mientras tanto, la conversación sobre “Desantis ofensiva” y su efecto en las visas H-1B y en las universidades estatales queda abierta, con la expectativa de que las próximas decisiones institucionales y posibles ajustes legales definirán el alcance real de esta medida a nivel regional y nacional.
Para quienes siguen de cerca el tema, queda claro que la política de Florida no opera en un vacío. Es parte de una red más amplia de debates sobre migración, economía y competitividad académica que se extiende más allá de las fronteras del estado. Si el objetivo es fortalecer a la fuerza laboral local, la controversia se centra en cómo equilibrar las necesidades de las universidades estatales con la necesidad de atraer talento internacional de alto nivel que ha contribuido a la investigación, la docencia y la innovación tecnológica. En última instancia, el tema podría depender de la velocidad con la que la Junta de Gobernadores de Florida pueda traducir la visión de DeSantis en una regulación operativa, de la capacidad de las universidades para justificar la necesidad de ciertas posiciones con perfiles altamente especializados y de la respuesta de la comunidad académica ante cambios que podrían redefinir la dinámica de contratación en educación superior dentro de Florida.
Para quienes desean profundizar en la cuestión, el panorama está ligado a la single reality de que las visas H-1B constituyen un pilar de movilidad laboral en sectores críticos como tecnología, ciencias y educación superior en Estados Unidos. El marco federal continúa regulado por USCIS y otras agencias, y cualquier cambio a nivel estatal deberá coexistir con esa arquitectura legal. En la práctica, Florida podría verse obligada a mantener una prudente estrategia de transición, que permita a las instituciones adaptarse y, al mismo tiempo, salvaguardar proyectos y colaboraciones existentes que han dependido de profesionales extranjeros para avanzar en campos que requieren experiencia y formación internacional. En este contexto, la conversación pública sobre la mejor manera de armonizar intereses estatales con las necesidades de investigación, docencia y innovación se mantiene abierta.
Notas de contexto y referencias que emergen de la cobertura señalan que la adopción de prácticas más restrictivas podría convertirse en un modelo para otros estados que contemplan medidas similares, especialmente ante la presión política para reducir la dependencia de mano de obra foránea y para reforzar las oportunidades laborales para los residentes. Las implicaciones de una prohibición de facto en la contratación de nuevos H-1B en universidades estatales podrían sentirse en la calidad de la enseñanza, la diversidad de perspectivas y la capacidad de Florida para competir por talento de clase mundial. Sin embargo, quienes respaldan la iniciativa sostienen que la prioridad debe ser para los floridanos, y que un ajuste necesario en el sistema permitirá a la región construir una economía más autosuficiente y orientada al desarrollo de capacidades locales.
Para seguir de cerca el desarrollo del tema, la audiencia deberá esperar a la sesión de la Junta de Gobernadores del estado el 6 de noviembre de 2025, cuando se espera que se formalice la prohibición y se establezcan guías operativas para la implementación en las universidades estatales. En ese momento, habrá que observar si la medida se traducirá en una reducción de la dependencia de personal internacional, o si, por el contrario, los campus optarían por excepciones estratégicas para mantener proyectos de alto impacto y para sostener colaboraciones que se han convertido en una parte integral de la reputación y la capacidad de Florida para atraer estudiantes y talentos de todo el mundo. En cualquier caso, el debate continuará alimentando discusiones sobre el equilibrio entre soberanía laboral, oportunidades para ciudadanos estadounidenses y la necesidad de que las universidades estatales de Florida sigan siendo lugares de innovación y excelencia educativa en un contexto global cada vez más competitivo.
Para aquellos que deseen explorar recursos oficiales sobre el tema, es posible consultar la información sobre visas H-1B y sus requisitos en sitios gubernamentales. La información oficial sobre visas H-1B está disponible a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y puede proporcionar detalles sobre elegibilidad, procesos de patrocinio y límites actuales. información oficial sobre visas H-1B ofrece un marco claro sobre cómo operan estas visas, qué roles suelen cubrirse y qué pasos deben seguir empleadores y candidatos. Esta referencia resulta útil para entender las bases de un debate que, en Florida, se ha convertido en una promesa de política con implicaciones de largo alcance para universidades estatales, estudiantes internacionales y la economía regional.
Aprende Hoy
H-1B → Una visa laboral temporal de EE. UU. para ocupaciones especializadas, usada para que empleadores traigan profesionales extranjeros.
Junta de Gobernadores → Órgano que gobierna el sistema universitario estatal de Florida y establece políticas del sistema.
USCIS → Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., agencia federal que administra visas y beneficios migratorios.
Este Artículo en Resumen
El gobernador Ron DeSantis ordenó el 29 de octubre de 2025 que la Junta de Gobernadores de Florida prohíba a las universidades públicas patrocinar nuevas visas H-1B, buscando priorizar trabajadores locales ante cambios laborales por IA y recortes federales. Los registros estatales indican más de 1,900 empleadores patrocinando 7,200+ H-1B; en educación 78 empleadores patrocinan 677 beneficiarios. La Junta debe formalizar la restricción el 6 de noviembre de 2025; las visas federales existentes permanecen válidas mientras universidades ajustan procesos de contratación.
— Por VisaVerge.com
