Puntos Clave
- Desde 2025, DHS ordenó presentar mociones para recalendar cientos de casos cerrados administrativamente en San Francisco.
- Al cierre de marzo de 2025, el backlog nacional alcanzó 3.629.627 casos activos, sobrecargando tribunales y defensores legales.
- Las mociones reactivaron expedientes de beneficiarios DACA, solicitantes de residencia por I-485 y casos con abogados retirados.
(SAN FRANCISCO, CALIFORNIA) En pocos meses, cientos de casos de inmigración en San Francisco, muchos de ellos arrastrados durante décadas, despertaron de un tajo a la vida de personas que creían haber dejado atrás el miedo a una deportación. La administración Trump ordenó reabrir de forma acelerada casos que habían sido cerrados administrativamente hace años, algunos incluso desde la década de 2000, para “recalendar” y hacer que vuelvan a oírse ante un juez. La medida, que comenzó a partir de 2025, ha generado un temblor en las comunidades afectadas, desde personas que ya habían obtenido la residencia por medio de DACA hasta quienes habían formado familias con ciudadanos estadounidenses o habían visto cómo sus casos se desvanecían con el tiempo. Y aun cuando el objetivo declarado es reforzar el estado de derecho y la seguridad, para muchos de los involucrados el efecto es más inmediato y personal: vidas que vuelven a quedar en suspenso, de nuevo, tras años de estabilidad.
En San Francisco, decenas de abogados de inmigración recibieron en minutos docenas de mociones para recalendar en una sola tanda, y luego siguieron recibiendo nuevas órdenes semanas después. Los movimientos no son meramente administrativos; para quienes esperan una resolución, cada documento nuevo trae consigo la posibilidad de un nuevo inicio de proceso, o de un giro que puede significar la deportación si fallan en presentarse ante el tribunal. El panorama nacional se hizo visible en relatos que cruzan el país: un proceso que, en muchos casos, parecía haber terminado gracias a un cierre administrativo o a cambios en las leyes durante años, se reabre de golpe con una energía que desborda tribunales y bufetes. En la actualidad, la backlog de casos de inmigración en el país se mantiene en un nivel sin precedentes: más de 3,6 millones de expedientes activos al cierre de marzo de 2025, según las estimaciones que circulan entre abogados y analistas del sistema judicial de migración.
Entre los testimonios que destacan por su carga humana, figura el de Jesus Adan Rico, de 29 años, conocido por haber llegado a ser reconocido como Dreamer y graduado de Chino High School. Rico recibió hace ocho semanas la noticia de que su caso de deportación había sido revivido, a pesar de haber renovado su estatus DACA al menos cuatro veces. Su ensayo de vida parece haber sido escrito en un par de años de esfuerzo académico y profesional:
“No matter what we do, no matter how far we go in school, in our jobs and with our families, it doesn’t matter. It is all hanging by a thread.”
Rico describió el golpe con una franqueza que remata el sentido de alerta que viven muchos:
“It has been 10 years. And all of a sudden our lives are on hold again, at the mercy of these people that think I have no right to be here.”
Otra historia que ilustra el efecto humano de la política es la de Maria Torres, quien llegó a Estados Unidos con dos años de edad y vio cómo su caso de deportación quedó en pausa tras casarse con un ciudadano estadounidense. Ahora, cuando ella preparaba su entrevista para la tarjeta verde, se enteró de que el gobierno quería reabrir su caso. Torres representa a una nueva generación de familias que han construido su vida en suelo estadounidense y que se ven obligadas a revivir incertidumbres que creían superadas.
El propio ecosistema legal que rodea estos procesos ha cambiado rápidamente. David L. Wilson, un abogado de inmigración con sede en Minneapolis, informó haber recibido un lote de 25 mociones del gobierno a finales de mayo, y que el flujo de documentos continuaba llegando cada pocas semanas. En su experiencia,
“The court is drowning in these motions because we’re trying to resist these.”
En uno de sus expedientes, el cliente venía de El Salvador y su caso fue cerrado en 2006 tras recibir estatus de Protección Temporal (TPS). Esa especie de “resurgimiento” de expedientes antiguos contrasta con la realidad: muchos casos podrían no haber sido gestionados por años, y algunos de los antiguos abogados que los manejaban ya no están disponibles, lo que añade una capa adicional de complejidad a la ya pesada carga de trabajo de las cortes de migración.
Jason Hauser, quien fuera jefe de personal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llevó el razonamiento detrás de la estrategia de la administración:
“They are getting the largest pool possible of people that they can remove, and removing them from the country. And what stands in the way from that is a working due process of an immigration system.”
Sus palabras describen una visión de política migratoria orientada a ampliar el alcance de las removals, a costa de un debido proceso que, según sus defensores, debe garantizar un procedimiento justo para cada caso.
La respuesta oficial a estas acciones ha sido contundente para quienes defienden la administración de Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), defendió la política con una declaración que acompaña la narrativa oficial:
“Biden chose to release millions of illegal aliens, including criminals, into the country and used prosecutorial discretion to indefinitely delay their cases and allow them to illegally remain in the United States. Now, President Trump and Secretary Noem are following the law and resuming these illegal aliens’ removal proceedings and ensuring their cases are heard by a judge.”
Las palabras de McLaughlin subrayan la lectura oficial de que el gobierno anterior suspendió por demasiado tiempo los casos, y que la acción actual busca darles resolución a través de juicios.
La dimensión humana de estos movimientos no es meramente anecdótica. En el terreno, las consecuencias son reales y de gran peso para las vidas de quienes han creado su hogar desde hace años en Estados Unidos. Si alguien no responde a las mociones revividas o no se presenta ante la corte en la fecha señalada, se arriesga a que el caso sea declarado “in absentia” (en ausencia) y a una deportación inmediata, además de años de inentendible limitación para volver a ingresar al país. Esta dinámica, que pica en el tejido de comunidades enteras, ha generado un efecto dominó en familias, empleos y comunidades que habían encontrado cierta estabilidad, sólo para ver esa estabilidad tambalearse de nuevo.
El complejo trasfondo de la política de recalendarización y el retorno a procesos ya cerrados se apoya en una historia judicial que se remonta a décadas atrás. Desde los años setenta, los jueces de inmigración han utilizado el cierre administrativo para administrar los expedientes y permitir que las personas sigan buscando alivio o esperen cambios legales que podrían mejorar su situación. La apuesta de la administración actual, sin embargo, es otra: intentar maximizar las deportaciones reabriendo “toda posibilidad” de caso, sin importar las circunstancias individuales ni la edad de los expedientes. Esa visión, que se ha traducido en una avalancha de documentos para revisión, ha desbordado tanto a tribunales como a abogados, con mociones que a veces no se han acompañado de análisis individualizados y que, en varios casos, han afectado a personas que ya habían obtenido estatus legal o que incluso habían fallecido.
En San Francisco, a partir de octubre de 2025, una operación de ejecución de la ley de inmigración que estaba prevista para la Bahía fue suspendida abruptamente tras una llamada nocturna entre el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, y el presidente Trump. Carolyn Levitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que la operación fue cancelada, pero no quedó claro si esta pausa afecta el conjunto de la política de revivir viejos casos. Este episodio ilustra la sensibilidad política y la volatilidad de la política de inmigración en momentos en que el gobierno busca demostrar firmeza en la ejecución de la ley, a la par que intenta mantener la fase de implementación bajo control ante la opinión pública y la presión de las comunidades afectadas.
En términos prácticos, la magnitud de la medida se ve en los números: miles de casos se han reactivado a nivel nacional, y en San Francisco los abogados y las familias mencionan haber recibido tandas de mociones en múltiples ocasiones. La obligación de actuar como “investigadores privados” para localizar a clientes que quizá no habían sido contactados en años es una faceta que muchos letrados describen como parte de un nuevo y duro régimen de trabajo. En este marco, los casos que involucraron a personas que ya habían contraído matrimonio con ciudadanos estadounidenses, o que habían visto su estatus de protección renovado, o que habían llegado a etapas avanzadas de un proceso de residencia, se ven inmersos en un ciclo de revisión que parece no tener fin. El riesgo de desenlace en ausencia, la posibilidad de que cualquier fallo en la comparecencia adecuados conlleve la deportación inmediata, y la incertidumbre que se extiende a lo largo de la vida de estas personas, marcan la experiencia de campo.
La palabra clave para entender este fenómeno está en la acción de recalendarizar: una instrucción de presentar mociones para revivir un expediente ya cerrado y llevarlo de vuelta a la esfera de la corte de migración para su resolución. A nivel práctico, se trata de un procedimiento que, según los abogados, puede implicar años de atraso para la resolución de un caso, y que sitúa a individuos en una situación de vulnerabilidad que contradice la noción de que la vida de una persona puede seguir adelante cuando se ha encontrado una forma de regularizar su estatus. En ese marco, las historias de Rico, Torres y otros miles de inmigrantes resuenan con la promesa de un sistema que debe ser justo y eficiente, y con las críticas a un enfoque que algunos describen como extremo, especialmente cuando se considera la posibilidad de que otros hayan logrado la residencia o incluso hayan fallecido sin haber recibido una resolución.
Para los defensores de la estrategia, la lógica es simple: si el país quiere ser firme con la ley, no puede permitir que casos antiguos queden sin resolución y que las personas permanezcan en una especie de limbo. En la práctica, sin embargo, la cuestión cobra una dimensión distinta. El retroceso de años en la vida de familias que han construido una vida en Estados Unidos, la necesidad de que abogados vuelvan a localizar a clientes que quizá ya no están disponibles, y el peso de un backlog que ya era gigantesco antes de 2025, crean una dinámica que suscita preguntas sobre la equidad del proceso y la viabilidad de un sistema que debe resolver, no retroceder, las vidas de las personas.
En la conversación pública, la retórica oficial y la realidad vivida por los afectados a menudo presentan un choque. Por un lado, las autoridades insisten en que las acciones buscan hacer cumplir la ley y cerrar vacíos que, en su opinión, se habían dejado crecer por años de políticas de discreción. Por el otro, organizaciones de defensa y abogados sostienen que el resurgimiento de casos antiguos sin un análisis caso por caso, y la posibilidad de que se reabran expedientes incluso cuando las circunstancias de años pasados ya no se corresponden con la realidad actual de las personas, puede generar daños irreversibles para familias que ya han sufrido demasiado.
De cara al futuro inmediato, la pregunta que permanece es si la pausa en la acción de enforcement en la Bahía, anunciada en octubre de 2025, será suficiente para calmar la incertidumbre de miles de personas cuyos expedientes están en el punto de reapertura. Las comunidades esperan claridad sobre cuándo y cómo se procederá con cada caso, y si habrá salvaguardas para evitar que injusticias pasadas se repitan. En este escenario, la narrativa de los llamados casos de inmigración se entrelaza con la vida de millones de personas que han aprendido a vivir entre la esperanza de un futuro seguro y la realidad de un proceso que podría tambalearse de un día a otro.
La historia de estos movimientos también plantea preguntas sobre la necesidad de reformas en el sistema para que sea capaz de gestionar la carga sin sacrificar la dignidad de las personas. Es un debate que llega en un momento de intensos debates políticos en el que el nombre de la administración Trump, junto con la de la secretaria Noem, se sitúan en el centro de la conversación pública sobre seguridad, justicia y derechos humanos. En el centro de todo, siguen estando las historias personales, las familias, las comunidades y las vidas que, de una forma u otra, son definidas por estos movimientos que reabren viejos expedientes: casos de inmigración que vuelven a ser noticia, con todas las implicaciones que ello conlleva para la vida cotidiana de quienes esperan una resolución final.
Para quienes estudian o practican el derecho migratorio, la experiencia de 2025 y 2026 podría convertirse en un nuevo hito en la discusión sobre la discreción de la persecución y la prioridad de la defensa legal. En el corto plazo, los abogados trabajarán para asegurar que cada moción de recalendar se maneje con la máxima precisión posible y que las personas afectadas reciban la información y la representación necesarias para navegar este incierto tramo. En medio de la tensión entre las metas de la administración y las realidades humanas en juego, las comunidades de inmigrantes de San Francisco y del conjunto del país continúan buscando respuestas y, sobre todo, una ruta clara hacia la resolución de sus expedientes.
Para las autoridades, cada caso reeditado implica una decisión que podría acercar al país a un objetivo de seguridad y cumplimiento de la ley, pero para millones de personas y sus familias, representa la posibilidad de un nuevo capítulo de angustia o, en el mejor de los escenarios, de reconciliación con una vida estable que creían haber ganado. En última instancia, la conversación sobre los casos de inmigración y la recalendarización no es sólo una discusión de procedimientos: es una cuestión de justicia, de humanidad y de la capacidad de un sistema para tratar a cada persona con la dignidad que reclama. Y mientras continúa la contienda entre diferentes enfoques de política migratoria, la vida diaria de quienes han vivido con la sombra de la deportación durante años, a veces incluso habiendo construido vínculos con familias y comunidades, sigue dependiendo de cada nueva moción, cada nueva fecha de comparecencia y, sobre todo, de la interpretación que hagan los tribunales de estas decisiones que, en su mayoría, determinan si alguien puede seguir llamando a este país su casa. Si acaso, la historia contada en San Francisco y en otros lugares sirve como espejo de una nación que aún está tratando de responder a preguntas difíciles sobre quién pertenece y cómo se administra la justicia en un sistema en constante cambio.
Para quienes deseen profundizar más en el marco legal y las implicaciones de estos procesos, es posible consultar recursos oficiales en materia de inmigración en las páginas gubernamentales dedicadas, incluidos formularios y trámites relevantes como el caso de Form I-485 para la obtención de la residencia permanente. Si bien este artículo se enfoca en la narrativa de casos recalendarizados y sus efectos humanos inmediatos, la convivencia entre estas políticas y las vidas de miles de personas sigue siendo un tema de gran complejidad y trascendencia para el debate público y la práctica legal en Estados Unidos. Form I-485.
Aprende Hoy
Recalendar → Moción para restaurar un caso cerrado administrativamente y devolverlo al calendario activo de la corte de inmigración.
Cierre administrativo → Práctica judicial que quita temporalmente un caso del calendario activo para permitir que el solicitante busque otras vías de alivio.
Formulario I-485 → Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus presentada ante USCIS para obtener la tarjeta verde.
Orden in absentia → Resolución de expulsión dictada cuando el demandado no se presenta a la audiencia, con posibles barras para reingresar.
Este Artículo en Resumen
En 2025, el DHS dirigido por la administración Trump presentó mociones masivas para recalendar casos cerrados administrativamente, reabriendo procedimientos en San Francisco y otras ciudades. Esto expuso a DACA, solicitantes de residencia por matrimonio y personas con expedientes antiguos a riesgo de deportación. Abogados reportan paquetes estandarizados, direcciones desactualizadas y clientes difíciles de localizar, lo que aumenta el riesgo de órdenes in absentia. Mientras autoridades defienden la medida como cumplimiento de la ley, críticos advierten que reduce la justicia individualizada y sobrecarga tribunales con un backlog de 3,6 millones de casos.
— Por VisaVerge.com
