Puntos Clave
- Las llegadas anuales rondan 55.000 desde 2022, pero el gasto de recepción subió a €3.6 mil millones en 2024.
- En 2019 ya faltaban 5.000 camas permanentes; no se construyeron nuevas instalaciones, se recurrió a alojamientos de emergencia.
- Intermediario LCHD facturó cientos de millones; su propietario René Derksen obtuvo ~€44 millones y se incautaron €50 millones.
(NETHERLANDS) En un giro que sacudió la política y las comunidades de acogida, los informes de investigación y expertos afirman que los Países Bajos no solo enfrentan una crisis de asilo, sino que la han organizado y comercializado deliberadamente. El resultado es un sistema en el que la recepción de solicitantes de asilo se ha convertido en un negocio lucrativo para cadenas hoteleras, intermediarios y desarrolladores inmobiliarios, mientras los costos públicos se han disparado y las condiciones de vida de las personas refugiadas se han deteriorado. La noticia llega en un momento en que la población de solicitantes de asilo se mantiene estable en torno a 55.000 al año desde 2022, pero la respuesta pública y política ha sido marcada por medidas que, según críticos, han privilegiado la rentabilidad sobre los derechos humanos.
La cronología de lo que muchos analistas describen como una ingeniería deliberada de la crisis comienza con la decisión de clausurar centros de recepción de asilo regulares. Según la acusación central de las investigaciones, la crisis no fue causada por un aumento repentino de solicitantes, sino por la reducción deliberada de capacidad: se dejó de ampliar la capacidad permanente y, en consecuencia, se creó una escasez de 5.000 camas ya en 2019.
“La crisis no fue provocada por un repunte de solicitantes; los números se han mantenido alrededor de 55.000 por año desde 2022. Aun así, el gobierno cerró los centros de recepción regulares y, en su lugar, se acudió a soluciones de emergencia que debían ser temporales”, señalan analistas y expertos citados en los reportes.
Esta ruptura estructural llevó a que la llegada posterior de solicitantes, tras la pandemia, obligara a la Agencia Central para la Recepción de Solicitantes de Refugio (COA) a valerse de hoteles, cruceros, pabellones deportivos y tiendas de campaña para albergar a quienes llegaban en busca de protección internacional.
Las soluciones de emergencia, concebidas para un periodo transitorio, han evolucionado hacia una semi-permanencia que, según observadores, ha creado un estado de precariedad. La realidad para muchos solicitantes es vivir meses o incluso años en alojamientos improvisados, lejos de comunidades locales, con un costo financiero que ha penalizado a las arcas públicas y, para quienes esperan, a la dignidad y la integración social. En este marco, figuras como Myrthe Wijnkoop, responsable de lobby y políticas en Vluchtelingenwerk, advierten que
“el deseo político de implementar soluciones reales no está presente. Esa es la razón principal de la situación en la que nos encontramos ahora. Crea un estado de pánico constante, que es completamente innecesario.”
Sus palabras apuntan a una crítica más amplia: la falta de voluntad política para invertir en soluciones permanentes ha perpetuado un ciclo de dependencia de medidas de emergencia que, a su vez, han alimentado una narrativa política que favorece enfoques restrictivos.
La lógica de negocio que ha rodeado la gestión de la crisis ha generado beneficios para actores del sector privado. Las cifras que emergen de las investigaciones revelan un mosaico de ingresos y comisiones que convierte la estancia de un solicitante en un gasto para el Estado, al tiempo que alimenta a empresas privadas. Un dato clave muestra que una habitación de hotel para un solicitante cuesta a la COA, en promedio, €250 por noche, un costo que supera en más del cuádruplo lo que pagan los turistas tradicionales. En paralelo, un único intermediario, la empresa LCHD, fungió como enlace exclusivo entre la COA y los hoteles, gestionando reservas y cobrando comisiones opacas. Según las estimaciones, en poco más de dos años y medio, LCHD generó cientos de millones en ingresos y pagó a su propietario, René Derksen, unos €44 millones en beneficios. Las autoridades fiscales, en tanto, han iniciado una investigación a cargo de la Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) sobre Derksen, y la Public Prosecution Service ha incautado activos por valor de €50 millones, entre ellos bienes inmuebles y coches de lujo.
El fenómeno no se limita al capital privado. La crisis ha abierto un abanico de oportunidades para desarrolladores inmobiliarios y operadores del ocio, con cursos y certificaciones que, según informes, avalan un modelo de negocio centrado en el “recepción de asilo como modelo de negocio” en los Países Bajos. De manera visible, la atención médica dentro de estos centros también ha sido objeto de una mercantilización, con proveedores privados que ofrecen servicios médicos a tarifas elevadas y con un sistema de atención que, según críticos, queda lejos de garantizar estándares consistentes de calidad y acceso. En conjunto, este tejido de intereses ha generado un costo público que creció de forma notable en un periodo relativamente corto: el gasto total de recepción pasó de €1.6 mil millones en 2022 a €3.6 mil millones en 2024, aun cuando los números de solicitantes se mantuvieron estables.
El impacto humano de este entramado es difícil de ocultar. Las instalaciones de emergencia son, con frecuencia, ubicadas en campamentos remotos, lejos de la vida comunitaria y de oportunidades de empleo y aprendizaje de idioma que facilitarían la integración. Esto, a su vez, tiene un efecto deteriorante en la salud mental y el bienestar de las personas que buscan asilo. En relatos que han emergido de la experiencia cotidiana de los refugiados, se percibe una sensación de marginación y de control estricto de la vida diaria: a las personas se les asigna un número, les quitan documentos y se les corta de la sociedad, en lo que sociólogos describen como un “papel de interno”. Estas imágenes cobran fuerza cuando se citan voces que describen la experiencia diaria de espera, la distancia de los servicios y la sensación de vivir en una especie de zona gris, sin la protección y los derechos que deben acompañar a quienes buscan refugio.
En el debate público, estas dinámicas han sido objeto de un fuerte escrutinio político y social. El populismo antinmigración ha encontrado en la crisis un terreno fértil para ampliar su discurso. En el extremo derecho, Geert Wilders, líder del PVV, afirmó:
“The Netherlands is becoming one big asylum seekers’ centre.”
Sus palabras han servido para condenar al gobierno ante un electorado preocupado por la presencia de solicitantes de asilo y por la percepción de que la respuesta oficial no está a la altura de la responsabilidad cívica y humana que implica el trato a personas en situaciones vulnerables. En respuesta, el gobierno ha planteado medidas cada vez más restrictivas, desde controles fronterizos reforzados y una moratoria sobre nuevas solicitudes de asilo hasta regulaciones más duras para aquellos a quienes se les concede refugio. También se han planteado discusiones sobre la posibilidad de devolver a solicitantes rechazados a países terceros como Uganda y la idea de obtener un opt-out de la legislación migratoria y de asilo de la Unión Europea. En paralelo, organizaciones de derechos humanos y entidades expertas, como el Consejo Neerlandés para los Refugiados, han rechazado la idea de una “crisis” real, argumentando que el gobierno está usando el mecanismo de emergencia para sortear al parlamento y suspender derechos de asilo.
El resumen de este fenómeno es claro para analistas y observadores: la crisis de asilo en los Países Bajos no es un fenómeno natural ni una mera coincidencia de circunstancias. Es, según la lectura más común entre académicos y activistas, una construcción política que ha visto el cierre de centros de recepción y la falta de voluntad para invertir en soluciones permanentes como una oportunidad para externalizar costos, privatizar la gestión y, en última instancia, ampliar la rentabilidad de un sistema que ha dejado a las personas en situación de vulnerabilidad. En este marco, la narrativa de una “crisis” ha servido para justificar respuestas que intensifican el control y la separación, al tiempo que proyectan beneficios en términos de empleo para operadores privados y una economía de servicios vinculada al proceso de llegada y asentamiento de refugiados.
La pregunta que queda sobre la mesa es qué significa todo esto para las personas afectadas y para el país a medio y largo plazo. El costo humano se suma al costo económico, y la conversación pública se ha visto contaminada por un tono que, para muchos, desvía la atención de derechos fundamentales y de las obligaciones de un estado de promover la protección internacional. En el centro del debate, las voces de quienes piden soluciones reales insisten en que la cooperación entre comunidades, la construcción de infraestructura de recepción adecuada y la inversión en servicios de atención y apoyo psicológico son las rutas que realmente pueden contener una crisis de asilo sin convertirla en una mercancía. En este sentido, el tema de la crisis de asilo, del Países Bajos y del alojamiento de emergencia no es solo un expediente de política pública; es una cuestión de responsabilidad humana y de la forma en que una sociedad decide enfrentar el sufrimiento ajeno frente a sus propias tensiones políticas y económicas.
La investigación y la cobertura continúan, con preguntas que exigen respuestas sobre quién se beneficia del sistema actual y qué señales pueden inducir un giro real hacia soluciones sostenibles. Para las personas que han vivido entre luces de emergencia, habitaciones de hotel y pasillos de instalaciones temporales, cada avance político que no toca el núcleo de la vida cotidiana parece quedar corto frente a la promesa de un refugio seguro y digno. Y, en medio de este panorama, queda la imagen de un país que—a ojos de muchos observadores internacionales—ha convertido una necesidad humana en un tablero de intereses, con consecuencias que se sienten de manera inmediata en el terreno, en la salud, en la confianza de las comunidades y en la forma en que la región aborda la responsabilidad compartida hacia quienes buscan protección.
El COA, que figura en el corazón de la gestión de estas políticas, continúa siendo la puerta de entrada para miles de personas cada año, y su papel en la transición de soluciones de emergencia a opciones permanentes es, según analistas, la clave para redefinir la calidad y la seguridad de la vida de quienes llegan buscando asilo. Mientras tanto, la conversación pública se mantiene escorada hacia la urgencia inmediata, hacia la necesidad de respuestas rápidas y efectivas, y hacia la insistencia de que cualquier política futura debe priorizar, por encima de todo, la dignidad, la seguridad y los derechos humanos de cada persona que busca refugio en los Países Bajos. En ese debate, la palabra “crisis” se ha convertido en un espejo de la compleja realidad que describe la investigación, una realidad que exige una solución que equilibre eficiencia administrativa, responsabilidad fiscal y compromiso social con quienes necesitan protección internacional.
Para aquellos que se interesan en la esfera de la política migratoria y en el papel del Estado frente a la crisis de asilo, hay un punto de partida claro: las autoridades y las ONG están en una conversación continua sobre cómo reformar el sistema para que las necesidades de las personas no sean absorbidas por la lógica comercial de la gestión del refugio. Este es un tema que seguirá ocupando titulares y debates parlamentarios en los Países Bajos y que podría tener implicaciones para la forma en que otros países de Europa abordan la presión migratoria en los años venideros. Y, en medio de esa conversación, la gente que llega, que espera, que ética y humanamente merece lo mínimo: un techo seguro, atención adecuada y la posibilidad de reconstruir su vida con esperanza y dignidad. La crisis de asilo que muchos han descrito como un fracaso político ahora parece haber dejado claro que la solución no vendrá de soluciones de emergencia repetidas, sino de una visión que combine seguridad, derechos y una inversión sostenida en estructuras de acogida que sirvan a las personas sin convertir la experiencia de buscar refugio en un negocio.
COA — Central Agency for the Reception of Asylum Seekers — continúa siendo la pieza central de este mosaico, y la forma en que evolucione su trabajo en los próximos años podría marcar la diferencia entre un ciclo de sistemas de emergencia que endurecen el acceso a la protección y un marco que realinee a Holanda con sus obligaciones internacionales y su tradición de asilo. En última instancia, lo que se discute ahora es si el país está dispuesto a subir el costo humano que algunos “soluciones” temporales imponen, a valorar la protección como derecho fundamental y a reducir la dependencia de soluciones de alquiler rápido y de intermediarios que, como ha mostrado la investigación, a veces se traduce en beneficios económicos para pocos a expensas de muchos. En esa encrucijada, el mundo observa, con la mirada puesta en la promesa de una Europa que sabe que la responsabilidad compartida no puede ser una excusa para la inacción, ni una oportunidad para convertir la necesidad en una industria de la precariedad.
Para quienes consultan estas dinámicas, la pregunta es simple en apariencia y compleja en su alcance: ¿qué precio tiene para los refugiados y para la sociedad una crisis gestionada como negocio? Los próximos meses serán decisivos para ver si las autoridades neerlandesas pueden recuperar la capacidad de decidir con claridad entre la urgencia operativa y la responsabilidad humana, y si la conversación pública logra presionar a favor de un enfoque que combine eficiencia, justicia social y sostenibilidad. Mientras tanto, el relato de un sistema que crecía a costa de quienes llegan con la esperanza de protección es, por ahora, un recordatorio contundente de que las políticas migratorias no pueden desvincularse de las vidas que están en juego cuando se cierra la puerta a la dignidad y a la seguridad, o cuando se abre la puerta a un negocio que prospera gracias a la vulnerabilidad de otros.
Para ampliar la comprensión de este tema, la información oficial sobre el marco de recepción de solicitantes de asilo en los Países Bajos puede consultarse a través del Central Agency for the Reception of Asylum Seekers (COA), que coordina la mayor parte de las operaciones de atención y vivienda para quienes buscan refugio. Esta cobertura debe leerse, a la luz de los hechos descritos, como una invitación a un debate público más amplio sobre cómo equilibrar la gestión de flujos migratorios con la protección de derechos humanos y la necesidad de construir soluciones permanentes que no dependan de modelos de emergencia o de estructuras que alimentan intereses comerciales. En un país que, según los críticos, ha convertido la crisis en un negocio, la pregunta es si la política actual puede sostenerse ante un escrutinio que exige una respuesta clara: ¿de verdad se puede proteger a quienes buscan asilo sin sacrificar la dignidad, la seguridad y la confianza de la sociedad en su conjunto? La respuesta, por ahora, dependerá de las decisiones políticas, de la vigilancia institucional y, sobre todo, de la voluntad de poner a las personas en el centro de una conversación que, en última instancia, debe ser humana y solidaria. Para cualquier lector interesado en la hoja de ruta oficial y las estructuras de apoyo, el destacamento de COA ofrece una puerta de entrada a un marco que, si se redefine con prioridades claras, podría marcar un cambio real en la forma en que los Países Bajos gestionan la crisis de asilo y el alojamiento de emergencia. [COA en inglés: https://www.coa.nl/en]
Aprende Hoy
COA → Agencia Central para la Recepción de Solicitantes de Refugio; organismo neerlandés que coordina vivienda y servicios para solicitantes de asilo.
Alojamiento de emergencia → Vivienda temporal (hoteles, cruceros, pabellones, tiendas) usada cuando falta capacidad permanente.
LCHD → Empresa intermediaria que gestionó reservas hoteleras para la COA y cobró comisiones vinculadas al alojamiento de emergencia.
Este Artículo en Resumen
Investigaciones concluyen que la crisis de asilo neerlandesa proviene de recortes de capacidad permanente y dependencia de alojamientos temporales. Con 55.000 llegadas anuales desde 2022, el gasto aumentó de €1.6bn en 2022 a €3.6bn en 2024. Intermediarios privados, como LCHD, obtuvieron enormes ingresos y han sido investigados. Expertos piden invertir en centros permanentes para reducir costos y mejorar la atención.
— Por VisaVerge.com
