Puntos Clave
- Más de 700 protestas relacionadas con inmigración ocurrieron en 2025, representando el 27% de eventos de protesta nacionales.
- ICE rescindió protecciones para lugares sensibles el 31 de enero de 2025, generando miedo en escuelas, iglesias y hospitales.
- El MOU del condado de Baltimore (junio 2024) obliga a Corrections a alertar a ICE antes de ciertas liberaciones.
(TOWSON, MARYLAND) En un giro que refleja un creciente rechazo a la expansión de la cooperación entre autoridades locales y la agencia federal de inmigración, ICE, activistas en todo Estados Unidos realizaron más de 700 protestas relacionadas con la inmigración en 2025, una cifra que representa alrededor del 27% de todos los eventos de protesta reportados en el país y que marca un repunte notable respecto a años anteriores. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, el informe subraya que la narrativa del movimiento no se ha detenido ante las críticas a las políticas de la administración y las decisiones tomadas en los últimos meses. En Towson, Maryland, en las cercanías de la ciudad, los residentes se volcaron a la calle frente a las oficinas del condado y el antiguo juzgado después de que el condado reafirmara su memorando de entendimiento (MOU) con ICE, un acuerdo que obliga al Departamento de Correcciones del condado a alertar a ICE antes de liberar a cualquier persona con una orden de inmigración o detenidos bajo custodia.
Maureen Wambui, una defensora de inmigrantes que participó en la protesta, afirmó:
“When people go to the courts and when they go to the jails and all. Why should someone else come in and say, I want to pick you up like that’s not fair. They are not trained culturally to work with immigrants.”
Su declaración, citada tal como aparece en el material de origen, subraya la preocupación por la profesionalidad y la sensibilidad cultural cuando se trata de tratar con comunidades migrantes, un tema que resuena con fuerza en Towson y en otras ciudades donde los residentes temen un mayor escrutinio y arrestos.
En la misma escena, el concejal Izzy Patoka asistió a la protesta anunciando planes para presentar un proyecto de ley el 17 de noviembre para limitar la autoridad de ICE en el condado. Dijo:
“At the same time that we have a federal government shutdown, the same time we have federal employees being laid off, we’re expanding ICE. That doesn’t make sense to me.”
Sus palabras, plasmadas en el reporte de la cobertura local, enfatizan la lectura de que las decisiones en Washington aparecen conectadas con consecuencias directas a nivel local, elevando el debate sobre la compatibilidad de las políticas federales con las prioridades de seguridad y derechos civiles de comunidades que conviven con un aumento de la colaboración entre policía local y agencias federales.
Las movilizaciones en Baltimore County se inscriben en una ola nacional que también ha tomado forma en Portland, Oregon, donde cientos de manifestantes participaron en la convocatoria “ICE Out of Portland Rally and Protest” en Elizabeth Caruthers Park y se dirigieron después a las instalaciones de ICE en South Portland. Los organizadores atribuyeron a las fuerzas de seguridad estatales y federales un incremento de la “agresión” hacia los manifestantes, citando el uso de gas lacrimógeno y balas de pimienta. Un organizador escribió:
“ICE agents have been emboldened by Donald Trump’s deployment of the National Guard, and are currently using tear gas and pepper bullets to disperse crowds of peaceful protesters.”
Esta frase, recogida tal cual como aparece, sitúa la protesta en un marco de tensiones que se multiplican en el terreno, donde las imágenes de choque entre manifestantes y agentes se han convertido en un rasgo frecuente de las marchas.
El tema de fondo que encadena estas protestas es un cambio de política nacional que comenzó a tomar forma a principios de año. El 31 de enero de 2025, ICE rescindió directrices de larga data que protegían lugares sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales, de acciones de aplicación de la ley de inmigración. La decisión provocó temores y confusión entre comunidades y organizaciones que trabajan con inmigrantes, y dio paso a nuevas orientaciones para que instituciones respondan ante la presencia de ICE. En este marco, “la aplicación de la ley de inmigración” se convirtió en un eje de debate público, con defensores que exigen restaurar ciertas protecciones y críticos que argumentan que las medidas buscan endurecer la seguridad en zonas de alto tránsito y en recintos institucionales.
De forma paralela, el número de agencias de aplicación de la ley locales que participan en el programa 287(g) de ICE, que permite a oficiales locales hacer cumplir leyes migratorias, se ha multiplicado en 2025, con un crecimiento especialmente pronunciado en estados como Florida, donde ahora todas las jurisdicciones participan. El programa y sus derivados, conocidos por ampliar el radio de acción de las autoridades locales, han sido objeto de críticas por parte de defensores que alertan sobre el riesgo de detenciones en patrullaje rutinario. Según un análisis de markup realizado el 15 de abril de 2025, la participación en el programa 287(g) se ha duplicado desde el año anterior, con efectos observables en prácticas de detención y en la cooperación entre departamentos de policía y agencias federales. En Baltimore, por ejemplo, las protestas señalaron directamente a grandes superficies comerciales, alegando que ciertas cadenas permiten que ICE opere en sus estacionamientos para localizar a trabajadores migrantes en busca de empleo, una acusación que llegó a la cobertura de medios locales. En estas protestas, Ashley Paul, periodista de WJZ, recogió testimonios de manifestantes que afirmaron:
“Home Depot across the country are allowing ICE to come on their property, specifically looking for migrant workers who often wait in the parking lots looking for hire work.”
Entre los casos que han llamado la atención pública se encuentran arrestos de inmigrantes en circunstancias que han escalado el tono de las protestas y la atención mediática. ICE arrestó a Mahmoud Khalil, un estudiante palestino con residencia permanente en Columbia University, por su participación en protestas en campus, con reportes de detenciones similares en Georgetown, Tufts y la Universidad de Alabama, lo que ha generado indignación entre académicos, estudiantes y defensores de derechos civiles. Este caso, descrito en el corpus informativo, se presenta como un ejemplo concreto de cómo la “aplicación de la ley de inmigración” se cruza con la vida cotidiana de estudiantes y comunidades universitarias que buscan un espacio para manifestarse sin ser objeto de medidas de control migratorio.
La protesta en Baltimore County no se limitó a la admonición pública de políticas. En el frente práctico, los manifestantes denunciaron que la cooperación entre las autoridades del condado y ICE fortalece un marco que, según ellos, pone en riesgo a comunidades enteras. Los participantes destacaron el papel de la MOU como una herramienta de cooperación que podría vulnerar el principio de que ciertas localizaciones deben permanecer fuera del alcance de las operaciones migratorias. En este contexto, el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos locales que trabajan con ICE se convirtió en un reclamo central de las protestas, y el concejal Patoka indicó que se buscaría un marco de límites que evite la expansión de la autoridad de ICE en el condado, a la vista de un contexto político nacional que también acompaña la deliberación de políticas migratorias.
Más allá de Maryland, las protestas han dejado claro que las comunidades migrantes y sus aliados no ven con buenos ojos la expansión de la cooperación entre autoridades locales y el ICE, ni la retirada de salvaguardas en lugares sensibles. En el conjunto del país, las manifestaciones describen un clima de miedo y desconfianza que ha dificultado la sensación de seguridad para muchos, y que, según activistas, ha llevado a un aumento en la demanda de transparencia y supervisión de las prácticas de aplicación de la ley de inmigración a nivel local.
En Towson, Towson es símbolo de un fenómeno mayor: el encuentro entre las consecuencias locales de decisiones federales y la respuesta de comunidades que se organizan para pedir cuentas. Las protestas han mostrado una diversidad de demandas, desde la retirada de acuerdos como 287(g) y de MOUs que otorgan poderes a ICE hasta el restablecimiento de protecciones para lugares sensibles, pasando por la exigencia de una mayor transparencia en la labor de las autoridades locales cuando cooperan conICE. En Baltimore y otras ciudades, los defensores piden que las autoridades rindan cuentas por las prácticas que se consideran de alto riesgo para comunidades vulnerables, y exigen una revisión de la forma en que se implementan estas políticas a nivel local.
La cobertura de estas protestas ha dejado entrever una dinámica de tensión sostenida entre una administración federal que ha buscado reforzar la presencia de ICE y las comunidades que insisten en que la seguridad debe estar acompañada por derechos y procesos justos. En Portland, las imágenes de confrontación se suman a un relato de resistencia que ha ganado notoriedad en redes y entre grupos de defensa de los derechos humanos. En Towson, el foco se mantiene en el MOU con ICE y en la promesa de presentar medidas legislativas para limitar la autoridad de ICE, un paso que, según Patoka y otros críticos, podría frenar el avance de medidas que, a ojos de defensores, equivalen a la militarización de la frontera interna.
Entre las personas que han contribuido con su experiencia y su voz, Maureen Wambui, la citada activista, y Izzy Patoka, el concejal, se convierten en figuras que encarnan el espectro de preocupaciones que las protestas intentan traducir en políticas. Sus declaraciones, junto con las historias de quienes ven afectadas sus comunidades por la presencia de inmigración y las operaciones de ICE, son las que alimentan el debate sobre si la seguridad se alcanza a costa de derechos fundamentales o si es posible diseñar un marco que proteja a las personas sin sacrificar la cooperación entre autoridades y migración. En este sentido, la narrativa de las protestas no es solo un relato de oposición a políticas específicas, sino también una conversación sobre cómo la sociedad equilibra seguridad, derechos civiles y la realidad de comunidades que viven con la presencia de inmigración en su día a día.
Las protestas no solo han puesto de relieve las tensiones entre la administración federal y las comunidades afectadas, sino que también han obligado a instituciones locales a responder con claridad. En Towson, la atención se centra en lo que estas decisiones significan para las personas que trabajan, estudian y viven en el condado. Los organizadores de las protestas insisten en que cualquier cambio en las políticas de ICE debe estar sujeto a escrutinio público y a un marco que garantice la protección de lugares sensibles, la transparencia en la cooperación con ICE y una revisión de las prácticas de detención que, según ellos, pueden erosionar la confianza en las autoridades locales.
En el conjunto nacional, la historia de 2025 señala una tensión entre la necesidad de seguridad y el mandato de derechos, una tensión que ha llevado a movilizaciones masivas y a debates que podrían influir en futuras decisiones políticas. Los analistas señalan que la dinámica de protestas, especialmente en ciudades grandes y en comunidades con una presencia migrante significativa, podría tener un impacto duradero en la forma en que las autoridades locales negocian acuerdos con ICE y supervisan la aplicación de la ley de inmigración. El dato más contundente, sin embargo, es la cifra de protestas que ha alcanzado un número extraordinario y la intensidad con la que muchos manifestantes han señalado que la lucha no es sólo por políticas específicas, sino por el sentido de justicia y dignidad de las comunidades que se han visto afectadas por estas prácticas.
Desde Towson hasta Portland, la pleíade de voces que se ha sumado a las protestas ha dejado claro que el país está atravesando una fase de redefinición de límites entre seguridad pública y derechos civiles en el marco de la inmigración. En cada discurso, en cada pancarta y en cada crónica, la demanda central aparece con claridad: que la aplicación de la ley de inmigración esté sujeta a una supervisión más estricta, que se restauren protecciones para lugares sensibles y que las comunidades puedan vivir con seguridad sin temor a detenciones en espacios públicos o privados. Mientras el país continúa observando las respuestas de los gobiernos locales ante estas presiones, la conversación sobre la protección de derechos en el contexto de la inmigración permanece en el centro de la agenda pública, y las protestas siguen sirviendo como un recordatorio de que el tema no es sólo político, sino profundamente humano.
Para quienes buscan orientación oficial sobre políticas y procedimientos, el debate también ha expuesto la necesidad de información fiable. En este contexto, y cuando sea relevante, las referencias a acciones concretas de ICE deben ir acompañadas de enlaces a fuentes oficiales que expliquen los programas y las normas vigentes, como el programa 287(g) o las directrices sobre lugares sensibles, que son pilares para entender cómo se implementan estas políticas en cada comunidad. En Baltimore, las organizaciones locales y los ciudadanos que se movilizan exigen transparencia y responsabilidad, y continúan presionando para que los gobiernos municipales evalúen y, si corresponde, limiten sus acuerdos con ICE.
La cobertura de estas historias no busca simplificar un fenómeno complejo. En cambio, busca presentar una imagen clara de lo que está sucediendo en ciudades como Towson, con testimonios directos y números precisos que permiten entender la magnitud de la protesta y sus posibles consecuencias. El mapa de la disidencia en torno a la política de inmigración de Estados Unidos se ha ampliado, y cada nueva manifestación añade una capa de complejidad a un debate que, para muchos, es una cuestión de justicia y humanidad tanto como de seguridad. En definitiva, las protestas, las decisiones del ICE y la reacción de las comunidades se entrelazan para dibujar un momento decisivo en la historia de la inmigración en Estados Unidos, una historia que, a falta de soluciones simples, exige respuestas claras, responsables y centradas en las personas que viven cada día bajo estas políticas.
Aprende Hoy
MOU → Memorando de entendimiento; un acuerdo formal que regula la cooperación entre agencias locales y ICE.
287(g) → Programa federal que autoriza a la policía local a ejecutar ciertas funciones de control migratorio.
Lugares sensibles → Escuelas, iglesias y hospitales que antes estaban protegidos de acciones directas de aplicación migratoria.
Este Artículo en Resumen
La retirada de protecciones por ICE el 31 de enero de 2025 y la expansión de acuerdos locales —como el MOU de Baltimore de junio de 2024— desencadenaron más de 700 protestas este año. La participación en 287(g) se duplicó a principios de 2025, con Florida totalmente afiliada, lo que aumentó temores de detenciones durante patrullajes y paradas rutinarias. Activistas, líderes religiosos y estudiantes exigen restaurar salvaguardas, limitar cooperaciones y mejorar la transparencia en la aplicación local de las políticas migratorias.
— Por VisaVerge.com
