Puntos Clave
- La ACLU de Wisconsin presentó el 5 de noviembre de 2025 petición contra detainers que alargan detenciones.
- ICE envió más de 700 solicitudes de detención a cárceles de Wisconsin en los primeros siete meses de 2025.
- La demanda sostiene que los detainers son administrativos, no órdenes judiciales, y no justifican detención prolongada.
(MARATHON COUNTY, WISCONSIN) Immigrantas y defensores de derechos civiles han denunciado con fuerza la cooperación del condado de Marathon con ICE, centrando la crítica en la práctica de cumplir con las solicitudes de detención de ICE, o detainers, que según sostienen está fuera de la ley en Wisconsin y daña a las comunidades migrantes. La acción legal más reciente llegó el 5 de noviembre de 2025, cuando la ACLU de Wisconsin presentó una petición ante la Corte Suprema del estado en representación de Voces de la Frontera, nombrando como respondientes al alguacil de Marathon County, Chad Billeb, y a otros cuatro alguaciles. La intención, explican, es terminar la práctica de mantener a personas en la cárcel a petición de ICE para que la agencia pueda tomar su custodia.
En el núcleo del debate está un argumento legal y práctico: los detainers son solicitudes administrativas firmadas por funcionarios de inmigración, no órdenes judiciales. Y, por lo tanto, sostienen, no autorizan legalmente la detención prolongada de acuerdo con la ley de Wisconsin.
“ICE calls these warrants,” dijo Hannah Schwarz, ACLU of Wisconsin attorney. “We do not consider them warrants. Under Wisconsin state law, a warrant is something issued by a court or a judge. That is not happening here.”
Estas palabras, recogidas en el expediente público, subrayan la línea que el grupo defensor mantiene: que la retención de personas a petición de ICE no puede equipararse a una orden emitida por un tribunal y que, por tanto, no tendría base legal sólida en el marco estatal vigente.
La situación adquiere un matiz humano y de seguridad pública cuando las voces de Voces de la Frontera toman la palabra. Christine Neumann-Ortiz, su directora ejecutiva, afirmó:
“The unlawful collaboration between local law enforcement and ICE destabilizes communities and erodes trust in law enforcement. (It) has a chilling effect on victims and the vulnerable who might otherwise seek help from the police.”
En la misma línea, añadió:
“The US Constitution extends protections to all people living in the U.S, regardless of immigration status. The notion that immigrants can be denied those rights is offensive and unlawful. Too often, simply driving without a license or committing other minor infractions can lead to prolonged detention, deportation, family trauma, and separation.”
Estas afirmaciones, que se citan literalmente, apuntan a un miedo real en las comunidades que temen interactuar con la policía por temor a detenciones asociadas al estatus migratorio.
Del otro lado del debate, Tim Muth, responsable senior de defensa legal de la ACLU de Wisconsin, ofreció una perspectiva contundente sobre el alcance de la autoridad local.
“We believe that state and local law enforcement are overstepping their authority under Wisconsin law by honoring ICE detainers, regardless of whether they operate under a 287(g) agreement with ICE that purports to delegate certain immigration enforcement powers to local law enforcement. This is an important issue that must be addressed quickly, as our immigrant neighbors are living in fear and constantly at risk of being unlawfully held and apprehended by ICE.”
Sus palabras, incluidas en documentos de la denuncia, señalan la percepción de que el marco legal estatal no respalda la cooperación con detainers como práctica cotidiana, y que el alivio para las comunidades afectadas debe ser inmediato.
Los demandantes sostienen que la práctica de respetar detainers equivale a una nueva detención, un arresto adicional que, en Wisconsin, debe estar respaldado por una orden judicial basada en causa probable. Esa es la columna vertebral de su acusación: que la detención solicitada por ICE se aparta de lo que la ley estatal contempla cuando se trata de mantener a alguien en custodia tras una evaluación judicial o un fallo de un juez, y que, de hecho, se trata de un procedimiento que no cumple con ese estándar. Ante esa denuncia, el alguacil de Marathon County, Chad Billeb, se negó a comentar sobre el caso, citando su estatus pendiente. Su portavoz confirmó la decisión de no entrar en un debate público mientras el litigio continúa, una posición que deja a la ciudadanía sin un pronunciamiento oficial sobre la práctica en curso.
El caso se enmarca en un contexto político más amplio en Wisconsin. A principios de 2025, la Asamblea dominada por el GOP aprobó un proyecto de ley que prevé retirar fondos a los condados que no cumplan con las detenciones de ICE, elevando la puesta en juego político de este tema. Se anticipaba que el gobernador demócrata Tony Evers vetaría la medida, lo que, según analistas y defensores, reflejaba un choque entre seguridad pública y derechos civiles. En la lectura de los defensores, estas tensiones políticas no deben ocultar la realidad diaria de las personas que conviven en un estado donde su estatus migratorio puede convertirse en una razón para permanecer en prisión más tiempo del que corresponde, incluso si la acusación que se presentó en su contra ya ha sido retirada o si enfrentan cargos menores.
La narrativa de las organizaciones que presentan la demanda es explícita en cuanto al impacto humano. Según la ACLU y Voces de la Frontera, el sistema actual alimenta errores que pueden resultar en detenciones indebidas y en una pérdida de confianza entre comunidades migrantes y las fuerzas del orden. Señalan que hay casos en los que personas quedan detenidas incluso después de haber pagado una fianza o de que se hayan desestimado cargos, o después de que ya no haya una razón convincente para mantener a alguien en custodia, todo por la presión de ICE para que se cumplan detentions. En el informe reciente de la ACLU, se documenta una cooperación estrecha entre las agencias de seguridad locales y ICE, y se dice que las autoridades locales “alimentan la máquina de deportación para hacer dinero.” Esta acusación, repetida en el material público, busca mostrar que la detención prolongada no es un efecto colateral, sino un motor de un sistema que funciona con incentivos y parafernalia administrativa que afecta a familias enteras.
La discusión no es meramente teórica. Se sitúa en un límite práctico donde las víctimas y testigos de delitos temen acudir a la policía por miedo a ser envueltos en procedimientos migratorios, y donde la detención de personas por delitos menores —aun cuando esas personas ya no enfrentan cargos o han cumplido su fianza— puede generar una cadena de problemas familiares y comunitarios. En Wisconsin, la pregunta es si las detenciones basadas en detainers pueden sostenerse ante un tribunal cuando no hay una orden judicial que acompañe a esa retención, y si las autoridades locales deben o no actuar como operadores de una política federal de inmigración.
La respuesta política y judicial a este dilema ha llegado, en parte, a través de una acción legal que pretende moldear la jurisprudencia estatal. La ACLU de Wisconsin y Voces de la Frontera aspiran a que la Corte Suprema del estado emita una decisión que ponga fin a la práctica de detener a prisioneros a petición de ICE por parte de las dependencias locales. En el expediente, se enumeran las personas y las entidades involucradas, con un enfoque claro en Marathon County y sus responsables directos. El objetivo, dicen, es restablecer el marco de derechos civiles y garantizar que las detenciones se sujeten al debido proceso y a las protecciones constitucionales.
La historia reciente articulada por estas organizaciones se mantiene en constante movimiento. Por un lado, las autoridades estatales y locales insisten en que hay una necesidad de cooperar con ICE para la seguridad pública y, desde su óptica, para combatir el crimen y las redes de contrabando. Por otro, los activistas señalan que la cooperación con detainers produce un costo humano enorme: socava la confianza entre las comunidades —ya de por sí tensas— y el sistema policial, impele a víctimas y personas vulnerables a evitar denunciar delitos, y expone a familias a la separación en momentos de mayor vulnerabilidad.
En este marco, la dinámica entre las políticas de detención y las garantías judiciales está en el centro del debate. El hecho de que ICE haya enviado más de 700 detainer en los primeros siete meses de 2025 a cárceles de Wisconsin es un dato que se ha usado para ilustrar la magnitud del fenómeno y para sostener que el alcance de estas solicitudes es mucho más amplio de lo que podría parecer a simple vista. Este volumen de detainers intensifica la presión sobre los consistentes de justicia y seguridad en los condados y alimenta la discusión sobre si los procedimientos pueden adaptarse para respetar la legalidad estatal, sin dejar de reconocer la complejidad de las dinámicas migratorias modernas.
Para los residentes de Marathon County y comunidades vecinas, la cuestión no es meramente técnica: es una cuestión de seguridad, de derechos y de confianza. Si se considera que estas detenciones pueden ocurrir incluso cuando la persona ya ha pagado una fianza o cuando no se ha probado una acusación formal, el temor a la detención y la deportación se convierte en una sombra que flota sobre la vida cotidiana. Los activistas sostienen que, en un estado con una población diversa y con una historia de inmigración compleja, estas prácticas pueden desincentivar la cooperación de la población con las autoridades y obstaculizar la labor policial en la resolución de crímenes y en la protección de víctimas de violencia.
La dimensión educativa de esta discusión también es crucial. Muchos residentes en Wisconsin pueden desconocer la diferencia entre detainer y una orden de arresto o detención emitida por un juez. Explicar que, en la práctica, un detainer no es equivalente a una orden judicial podría ayudar a las comunidades a entender mejor qué derechos les asisten y qué procesos deben seguirse cuando reciben una notificación de detención. En ese sentido, la demanda presentada ante la Corte Suprema no sólo aborda una cuestión de cumplimiento legal, sino que también busca aclarar las condiciones de detención ICE (detainers) en Marathon County para evitar inseguridades innecesarias y malentendidos que puedan agravar las tensiones entre las comunidades migrantes y la policía local.
A nivel institucional, la conversación sobre la cooperación entre la policía local y las agencias federales continúa evolucionando. Las autoridades mencionadas en la denuncia y los defensores de los derechos civiles siguen esperando respuestas claras de la corte, mientras que las comunidades esperan un marco que equilibre la necesidad de seguridad con el respeto a las garantías constitucionales y los derechos humanos. En este punto, la demanda penal y constitucional que se presenta contra Marathon County y los otros alguaciles se convierte en un litlmao de referencia para el debate más amplio sobre cómo deben funcionar las relaciones entre las jurisdicciones locales y la autoridad migratoria federal.
El estado de Wisconsin, por su parte, atraviesa un período de intensas tensiones políticas sobre este tema. A medida que se acercan los plazos legislativos, las fuerzas conservadoras han defendido que el cumplimiento de detainers es una herramienta necesaria para mantener la seguridad de las comunidades y para evitar que individuos con antecedentes migratorios infrinjan la ley sin consecuencias. En contrapeso, los defensores de derechos civiles, encabezados por la ACLU de Wisconsin y Voces de la Frontera, sostienen que la política debe ajustarse para respetar la ley estatal y las protecciones de la Constitución, para que no se vulneren derechos fundamentales de personas que a menudo están en situación de vulnerabilidad.
Los próximos meses serán decisivos para el litigio y para el análisis público de estas prácticas. Si la Corte Suprema del estado decide prohibir o restringir las detenciones basadas en detainers, podría haber un efecto dominó en otros condados de Wisconsin y, potencialmente, en estados con realidades migratorias similares. En ese escenario, la cooperación entre departamentos de policía y ICE se vería forzada a adaptarse a un marco más claro y, idealmente, más humano, que privilegie el debido proceso y la seguridad sin sacrificar derechos fundamentales.
En resumen, la historia de Marathon County está en el cruce de dos trayectorias: una que defiende la cooperación con ICE como una herramienta de seguridad pública y otra que la cuestiona por considerarla invadir las prerrogativas judiciales y erosionar la confianza comunitaria. La tarea de la corte y de las autoridades locales será, en última instancia, traducir estas tensiones en normas claras que respeten la legalidad y promuevan un entorno de vida más seguro para todos, independientemente de su estatus migratorio. En ese marco, las voces de Hannah Schwarz, Christine Neumann-Ortiz y Tim Muth —con sus declaraciones específicas y su esperanza de una resolución que beneficie a las comunidades— quedan en el centro de la conversación pública.
Para quien observa desde fuera, lo ocurrido en Marathon County señala un dilema constitucional y práctico que no es exclusivo de Wisconsin. Si la justicia estatal decide frenar las detenciones basadas en detainers y de ese modo se afiance una distinción más neta entre órdenes judiciales y solicitudes administrativas, podría estar sentando un precedente importante para otros lugares donde la relación entre las autoridades locales y la inmigración permanece tensa y problemática. La presión política, las consideraciones de seguridad y el respeto a los derechos humanos convergen en una cuestión que, a la vista de los hechos presentados, exige una respuesta clara y fundamentada en la ley.
Para más contexto institucional, la Corte Suprema de Wisconsin y la legislación estatal que regula las detenciones y el papel de las autoridades locales frente a detainers figuran entre los temas que ahora mismo ocupan un lugar prioritario en el debate público y legal del estado. En paralelo, las organizaciones defensoras de derechos civiles advierten que el costo humano de estas políticas ya es evidente en la vida de las comunidades migrantes y en la confianza mínima que se requiere entre la población y sus fuerzas del orden. En este cruce, la demanda presentada el 5 de noviembre de 2025 se sitúa como un hito que podría redefinir las líneas entre cooperación policial y derechos individuales, con consecuencias que podrían sentirse más allá de Marathon County y Wisconsin. Para quienes siguen de cerca el tema, la próxima decisión de la Corte Suprema y el curso que tome la arena política en Wisconsin serán señales decisivas sobre el futuro de las Condiciones de detención ICE (detainers) Marathon County y su impacto en ACLU Wisconsin y las comunidades que, como Voces de la Frontera, están a la espera de una resolución que ponga fin a lo que consideran una práctica injusta y potencialmente ilegal. En medio de esto, la vida de las personas que viven y trabajan en estas comunidades continúa, a la espera de un marco que evalúe con claridad qué es lo justo y qué es lo permitido en un estado que, como muchos otros, se encuentra en la encrucijada entre seguridad y derechos.
Aprende Hoy
Detainer de ICE → Solicitud administrativa de ICE que pide a cárceles locales retener a una persona hasta 48 horas para su transferencia.
Orden judicial → Mandato emitido por un juez que exige una base de causa probable para arrestos o detenciones adicionales.
Acuerdo 287(g) → Programa federal que puede autorizar a ciertos oficiales locales a realizar tareas de inmigración tras capacitación de ICE.
Este Artículo en Resumen
La ACLU de Wisconsin y Voces de la Frontera solicitaron el 5 de noviembre de 2025 que la Corte Suprema estatal prohíba a los alguaciles retener a personas por detainers de ICE tras su liberación legal. La petición, que nombra al alguacil Chad Billeb, argumenta que los detainers son documentos administrativos, no órdenes judiciales con causa probable. Más de 700 detainers llegaron a cárceles del estado en siete meses de 2025. Los demandantes sostienen que la práctica daña la confianza pública y dificulta la cooperación de víctimas y testigos.
— Por VisaVerge.com
