Puntos Clave
- DHS eliminó las extensiones automáticas de EAD el 30 de octubre de 2025; renovantes deben dejar de trabajar al expirar su tarjeta.
- La norma afecta a muchas categorías (ajuste de estatus, cónyuges H-4, refugiados, VAWA) pero exonera a presentaciones anteriores y STEM OPT.
- El periodo de comentarios vence el 1 de diciembre de 2025; los tiempos de USCIS pueden superar seis meses, aumentando brechas salariales.
(UNITED STATES) El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 30 de octubre de 2025 una norma provisional de forma interina (IFR, por sus siglas en inglés) en el Federal Register que pone fin a la extensión automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para la mayoría de los solicitantes de renovación. La medida, que entra en vigor de inmediato, significa que las personas que presenten su renovación de EAD a partir de esa fecha deben dejar de trabajar en cuanto expire su actual permiso y no podrán reanudar la actividad laboral hasta recibir un nuevo EAD aprobado. Este cambio marca un giro sustancial en la forma en que se gestiona la autorización de trabajo y tiene implicaciones directas para miles de trabajadores y sus empleadores.
La norma especifica que su fecha de vigencia es 30 de octubre de 2025 y que afecta a la mayoría de las categorías de EAD, entre ellas las personas que buscan un ajuste de estatus para obtener la green card, los cónyuges H-4 con autorización de trabajo, refugiados y solicitantes de asilo, personas que presentan peticiones VAWA, y solicitantes de protección temporal (TPS) con ciertas excepciones. Quedan fuera de este endurecimiento quienes presentaron su renovación de EAD antes del 30 de octubre de 2025, así como los estudiantes de STEM OPT (F-1) y ciertos titulares de visas no inmigrantes (H-1B, L-1, O-1, P-1, etc.), cuya autorización de trabajo está ligada al estatus migratorio y no al EAD. También se mantienen las extensiones automáticas para los recipientes de TPS y otras categorías autorizadas por la ley o por avisos separados del Federal Register.
El impacto ya se percibe en los empleadores y trabajadores que dependen de una continuidad de permisos, especialmente cuando USCIS suele tardar más de seis meses en procesar renovaciones de EAD. Abogados y defensores advierten que miles de trabajadores podrían enfrentarse a periodos de desempleo prolongados a pesar de haber pasado exhaustivos controles de antecedentes y de estar legalmente autorizados para trabajar. Este punto ha sido un eje de preocupación en el debate público, ya que la extensión automática había funcionado durante años como un salvavidas para evitar lapsos laborales cuando los retrasos administrativos se agravaban. En el plano práctico, la retirada de la extensión automática obliga a muchas personas a esperar la aprobación de un nuevo EAD para poder volver a trabajar, con todas las consecuencias para su sustento y su integración en comunidades de inmigrantes que ya enfrentan desafíos significativos.
Los defensores de los derechos laborales y de la inmigración señalan que la nueva regla podría aumentar la vulnerabilidad de estas personas a la explotación en la economía informal, con posibles vulneraciones salariales y riesgos de trata de personas. En ese sentido, Victor Narro, director de proyectos en el UCLA Labor Center, declaró:
“This is another tool in the process of the Trump administration’s effort to get people to self-deport.”
Sus palabras, citadas al detalle, subrayan el temor de que este cambio se alinee con una estrategia más amplia para incrementar la presión migratoria y, por extensión, las deportaciones, una línea de argumento que algunos críticos han utilizado para describir la medida como parte de un entorno político más hostil hacia los inmigrantes.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) ha expresado rechazo a la medida. Jeff Joseph, presidente de AILA, afirmó:
“Without any notice, the Trump Administration is yet again pulling the rug out from under U.S. employers and workers. The administration is eliminating a longstanding rule that allowed previously vetted individuals who were granted work authorization to continue working while their timely filed renewal application was pending with USCIS. For nearly a decade, the agency automatically extended work permits for 180 days, which was later increased to 540 days, to provide relief from massive backlogs and delays in government processing. Now, the Trump Administration wants to eliminate this failsafe which protected employers and workers from government inefficiencies. This action fast tracks pink slips as employers will have no choice but to fire needed workers. The Trump Administration is again failing to support American businesses and in fact, outright harming our nation’s economic stability.”
Estas palabras aportan una mirada contundente sobre la crítica al cambio y su lectura de impacto económico y social para compañías y familias.
En la versión oficial, DHS sostiene que la modificación responde a la necesidad de una revisión y verificación más rigurosa antes de extender permisos de trabajo. En particular, USCIS Director Joseph Edlow afirmó:
“USCIS is placing a renewed emphasis on robust alien screening and vetting, eliminating policies the former administration implemented that prioritized aliens’ convenience ahead of Americans’ safety and security.”
Con estas palabras, las autoridades intentan situar la medida como parte de un fortalecimiento de la seguridad nacional y de los procesos de revisión, argumentando que la política anterior privilegiaba la conveniencia de los inmigrantes frente a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Las implicaciones prácticas para empleadores quedan claras: se recomienda actuar con antelación para asegurar que la autorización de trabajo de sus empleados siga vigente. Abogados y asesores legales aconsejan evaluar caso por caso el impacto sobre quienes no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales. Además, se insta a los inmigrantes a presentar sus renovaciones de EAD con hasta 180 días de antelación a la fecha de vencimiento para evitar lagunas en la autorización laboral. Este consejo busca que las empresas puedan mantener su fuerza de trabajo sin interrupciones, incluso ante retrasos en el procesamiento de USCIS. En ese sentido, la norma sugiere un cambio práctico de inmediato para miles de trabajadores que podrían verse obligados a dejar de trabajar si su permiso expira antes de recibir la renovación aprobada.
El marco temporal de consulta pública también ha sido informado: el periodo de comentarios públicos para la IFR vence el 1 de diciembre de 2025. Las partes interesadas pueden presentar comentarios a través del Federal Register, en un intento por influir en el desarrollo del reglamento o en posibles modificaciones futuras. Este elemento añade una capa de participación cívica que podría moldear la evolución de la política en semanas posteriores a su implementación inicial.
Desde una perspectiva más amplia, el cambio es visto por analistas y defensores de derechos laborales como un giro que podría alterar no solo las dinámicas de empleo sino también la convivencia de comunidades de inmigrantes y su integración social. Al retirar la extensión automática, el gobierno busca, dicen, reforzar la seguridad nacional y vigilar con mayor rigor a quienes cuentan con autorización de trabajo. Sin embargo, para muchos trabajadores y empleadores, la realidad diaria podría volverse más precaria. En términos prácticos, la medida obliga a empleadores a planificar con mayor anticipación y a cuestionar si los permisos de trabajo de ciertos empleados estarán vigentes al momento de la renovación, lo que puede implicar interrupciones no deseadas en proyectos y cadenas de suministro.
El análisis de impacto económico que acompaña a la IFR no se limita a las cifras inmediatas. Los defensores de los trabajadores migrantes señalan que una parte considerable de las personas afectadas podría sentirse empujada hacia la economía informal, aumentando el riesgo de explotación y de inseguridad laboral. También señalan que la medida podría influir en la productividad de ciertas industrias que dependen fuertemente de trabajadores con estatus mixto, incluidos campos como tecnología, salud, servicios y manufactura, donde la renovación de EAD solía ser un componente clave para la continuidad de equipos con perfiles migratorios variados.
El argumento de seguridad nacional, por su parte, se apoya en la necesidad de “proper screening and vetting” antes de extender permisos de trabajo. En la práctica, eso significa que el personal de USCIS deberá completar evaluaciones y verificaciones adicionales, lo que, según la Administración, podría reducir riesgos y mejorar la integridad del proceso de autorización de empleo. No obstante, la promesa de un proceso más lento para los renovantes de EAD se encuentra en tensión con las responsabilidades de las empresas que deben cumplir con regulaciones laborales y con las leyes laborales federales que protegen a los trabajadores no ciudadanos que ya han pasado los controles previos.
En términos de alcance, el IFR cubre a la mayoría de las categorías de EAD, con excepciones notables para STEM OPT y determinados titulares de visas no inmigrantes, cuyo estatus laboral depende de su visa más que del EAD. Además, quedan protegidos ciertos grupos, como los receptores de TPS y otros que están amparados por estatuto o por avisos regulatorios específicos. Esta distinción es relevante para comprender quién podría estar más vulnerable al nuevo marco y qué perfiles de trabajadores pueden necesitar asesoría más específica de inmediato.
En respuesta a las preguntas de los periodistas, expertos legales y representantes de organizaciones laborales subrayan que el cambio amplía la necesidad de claridad y comunicación entre empleadores, trabajadores y agencias de inmigración. La orientación proactiva a la que llama la norma —a través de asesoría legal y revisión de expedientes de empleo— pretende evitar que las empresas contraten o mantengan personal sin la debida autorización de trabajo vigente. Al mismo tiempo, el debate se intensifica sobre si la medida podría provocar un aumento de despidos y recortes de personal, especialmente en sectores donde la demanda de mano de obra migrante ha sido constante y donde las cadenas de suministro dependen de trabajadores que viven con estatus migratorio cambiante.
Para el público afectado, el llamado a presentar renovaciones con suficiente antelación y a buscar orientación legal se mantiene como una guía práctica. Quienes ya contaban con un EAD para una renovación anterior pueden seguir trabajando hasta agotar el periodo de extensión existente, pero aquellos que presentan una renovación a partir del 30 de octubre de 2025 deben esperar a la aprobación de su nuevo EAD para continuar trabajando. La necesidad de mantenerse informados sobre cambios en las políticas de Seguridad Nacional y en las prácticas de verificación se vuelve más urgente para comunidades que históricamente han enfrentado incertidumbres migratorias y laborales.
En el frente legislativo, los críticos señalan que este cambio puede constituir un paso más hacia una postura más rígida y menos hospitalaria hacia la inmigración, con un impacto directo en quienes ya están integrados en el mercado laboral estadounidense y han pasado por procesos de revisión y verificación anteriores. Por su parte, DHS sostiene que la medida es necesaria para garantizar un marco de seguridad más robusto y un control más estricto de quién recibe permisos para trabajar, sin sacrificar la seguridad de la nación.
Para entender la magnitud de lo que está en juego, es crucial mirar las cifras que rodean la gestión de EAD en los últimos años. Aunque no se detallan en la IFR, los expertos señalan que los tiempos de procesamiento de USCIS han sido históricamente volátiles y que las extensiones automáticas de hasta 540 días, implementadas para aliviar atrasos en solicitudes, representaron una red de seguridad que, según las autoridades, ya no se puede sostener bajo las condiciones actuales de seguridad y de demanda de servicios. En ese contexto, la nueva política busca “extender la seguridad y la integridad” del proceso de autorización, incluso si eso implica un costo inmediato para quienes dependen de esa autorización para trabajar.
Dicho esto, las implicaciones para la vida cotidiana de las personas migrantes y sus familias son palpables. Las historias de comunidades migrantes en ciudades y suburbios de todo el país que ya han enfrentado una avalancha de trámites, demoras y complicaciones administrativas podrían verse aun más desafiadas por la necesidad de certificar de nuevo su estatus de empleo con cada renovación, y por la posibilidad de que una expiración de EAD interrumpa su empleo de manera abrupta. Eso, a su vez, podría afectar a la economía local, a las escuelas, a los servicios comunitarios y a la dinámica de empleo en los vecindarios que han llegado a depender de una fuerza laboral diversa.
Para quienes trabajan directamente en inmigración, hay un interés particular en ver cómo evoluciona la respuesta institucional ante las reformas. El periodo de comentarios públicos, que se abre con la IFR y se cierra el 1 de diciembre de 2025, podría dar lugar a ajustes o aclaraciones que atenúen ciertos impactos o, por el contrario, confirmen la dirección ya anunciada. En este sentido, la conversación pública continúa, y los actores involucrados esperan que las voces de trabajadores, empleadores y comunidades migrantes sean escuchadas de forma equilibrada.
Si bien la política de seguridad nacional y la necesidad de evitar fraudes y autorizaciones sin un control adecuado son argumentos centrales de DHS, la conversación pública no debe perder de vista el corazón del debate: las personas que dependen de los Documentos de Autorización de Empleo para mantener un sustento, una familia y una vida laboral integrada en comunidades que ya resisten tensiones de distinta índole. Este cambio, señalan los críticos, podría no solo recortar derechos laborales temporales sino también empujar a grandes sectores de la población migrante a una situación de mayor vulnerabilidad económica y social, con repercusiones que trascienden el periodo de transición de estas reformas.
En última instancia, lo que está en juego es cómo se equilibra la necesidad de Seguridad Nacional y la integridad de los procesos de revisión con la realidad diaria de millones de personas que ya han pasado por pruebas de antecedentes y que, sin embargo, podrían ver comprometido su derecho a trabajar de forma continua si sus EAD vencen o no reciben renovación a tiempo. La IFR, con su entrada en vigor inmediata, exige de empleadores una vigilancia más estricta de la validez de los permisos y, al mismo tiempo, impone a miles de trabajadores una nueva incertidumbre que pueden convertir la expectativa de trabajar en un horizonte incierto. Este es un momento decisivo para entender si la seguridad y la economía pueden coexistir de forma más estable o si, por el contrario, el costo humano de estos cambios será más alto de lo que muchos anticiparon.
Para quienes deseen consultar los detalles técnicos o presentar comentarios, la IFR ofrece un marco de participación y la posibilidad de aportar ideas antes de que concluya el periodo de revisión pública. Las personas interesadas pueden revisar la normativa y encontrar directrices específicas en el sitio oficial de USCIS, donde se detalla la normativa sobre la extensión de documentos de autorización de empleo y los procedimientos vigentes para renovación. Quienes necesiten información sobre el Formulario I-765, que corresponde al proceso de obtención o renovación de un EAD, pueden consultar el recurso oficial asociado, disponible en el portal gubernamental de inmigración. En particular, las actualizaciones y guías relevantes pueden consultarse a través de la página dedicada a Form I-765 y a las políticas de empleo para no ciudadanos, enlazando directamente a la fuente institucional para una orientación precisa y actualizada.
Para las comunidades afectadas y para el público en general, el mensaje es claro: la seguridad nacional y la verificación robusta se presentan como pilares de la nueva política, pero las implicaciones en la vida cotidiana de trabajadores y empleadores requieren atención continua y una vigilancia de cerca por parte de las autoridades y la sociedad civil. En un momento de debates intensos sobre migración, empleo y derechos laborales, la IFR abre un capítulo que podría redefinir no solo los procesos de verificación, sino también la experiencia de millones de personas que buscan desarrollar una vida estable en los Estados Unidos. La extensión automática, que durante años alivió las presiones de los retrasos administrativos, queda fuera de juego para las renovaciones presentadas a partir del 30 de octubre de 2025, y su desaparición podría convertirse en un referente para futuras discusiones sobre políticas migratorias, empleo y la relación entre Seguridad Nacional y derechos laborales en el país.
Aprende Hoy
EAD → Documento de Autorización de Empleo; tarjeta que acredita el derecho legal a trabajar en EE. UU.
IFR (Norma Provisional) → Regla que entra en vigor de inmediato mientras se solicita la participación pública antes de una versión final.
STEM OPT → Extensión de trabajo para estudiantes F-1 en campos STEM cuya autorización depende del estatus F-1.
TPS → Estatus de Protección Temporal; designación legal que puede incluir autorización de trabajo y protecciones específicas.
Este Artículo en Resumen
El 30 de octubre de 2025 DHS eliminó las extensiones automáticas de EAD para la mayoría de renovantes; quienes presenten renovaciones desde esa fecha deben dejar de trabajar cuando su tarjeta actual expire hasta recibir la nueva. La norma cubre ajuste de estatus, cónyuges H-4, refugiados y peticiones VAWA, con excepciones para presentaciones anteriores, STEM OPT y trabajadores con autorización ligada a visas. DHS invoca mayor verificación; críticos alertan sobre despidos, pérdida de ingresos y riesgo de explotación. Comentarios públicos hasta el 1 de diciembre de 2025.
— Por VisaVerge.com
